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Cuartoscuro

El Paso Exprés es una obra de mala calidad, con gastos inflados, concluye Auditoría

En la auditoría realizada a la construcción a cargo de las empresa Aldesa y Epccor se encontraron pagos por 491 millones de pesos que deben ser aclarados y la probable recuperación de 108 millones más en el gasto de la Cuenta Pública 2016.
Cuartoscuro
Por Ernesto Aroche Aguilar
1 de noviembre, 2017
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El Paso Exprés es una obra de mala calidad pese a su costo millonario, en donde además hubo pagos por obras no realizadas y gastos inflados, entre otras irregularidades, señala revisión de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La auditoría señala que “la carpeta de concreto hidráulico y las bases estabilizadas eran de mala calidad, y hubo incumplimiento de espesores”.

En julio pasado, solo tres meses después de su inauguración, se abrió un socavón en el Paso Exprés que provocó la muerte de dos personas – padre e hijo – al caer su vehículo.

La ASF comprobó que hubo pagos por obras no realizadas, gastos inflados por 186 millones de pesos y material que supuestamente se compró pero no apareció ni colocado en la obra ni en las bodegas.

Según la Auditoria hay más de 491 millones de pesos que deben ser aclarados; se estima que el gobierno federal debe recuperar 108.6 millones de pesos que fueron pagados de manera indebida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, a través del Centro SCT Morelos.

A eso se suman 270 millones recuperables por irregularidades detectadas en la obra y 31.8 millones pendientes de aclarar por parte de la SCT, en la revisión de los contratos realizados durante 2015.

Lee: Autoridades federales fueron alertadas de fallas en el Paso Exprés; ahora se deslindan

En la revisión también se detectó que en marzo de 2014, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) asignó al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) el contrato para la elaboración del estudio y el proyecto de la ampliación del libramiento de Cuernavaca o Paso Exprés, por un total de 26 millones de pesos.

En agosto de ese año se firmó un convenio modificatorio para aumentar a 33 millones más IVA el costo de los servicios y alargar el plazo para entregarlos.

El INAP, dice la ASF, no sólo carece de experiencia en ese tipo de trabajos sino que además no está en sus atribuciones el elaborar proyectos ejecutivos de infraestructura vial, de hecho el INAP terminó subcontratando a la empresa jalisciense ORVA Ingeniería, SA de CV sin que la SCT se inconformara por la irregularidad.

El proyecto ejecutivo definitivo se entregó hasta enero de 2015, cuando la obra ya había sido licitada y adjudicada, es decir, se sacó a concurso y se eligió ganador sin que se tuviera un proyecto ejecutivo concluido.

La Auditoría recomendó a la SCT “en lo subsecuente se cerciore de que los proyectos para las obras públicas ejecutadas a su cargo y que sean realizados por empresas, dependencias, entidades, órganos u organismos, éstos cuenten con las facultades, atribuciones y capacidad técnica”.

También emitió dos inicios de procedimiento sancionador, el primero para que la Secretaría de la Función Pública investigue y castigue a los funcionarios del INAP que aceptaron el contrato “fuera de su objeto social y sin contar con la especialidad técnica requerida”, y el segundo para que Banobras investigue y castigue a los funcionarios que contrataron al INAP.

Compras inexistentes, pagos inflados

El Paso Exprés costó 2,213 millones de pesos, según el titular de la SCT, sin embargo la ASF auditó solo 772 millones, que es el gasto que realizó durante el 2016.

La revisión incluyó el contrato para la ampliación del libramiento, a cargo de las empresas Aldesa – Epccor, y los acuerdos con las empresas SACC Ingeniería SA de CV y Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología SA de CV, que tuvieron a cargo la coordinación y supervisión de la obra, respectivamente.

En los tres casos la ASF encontró pagos por servicios no realizados, y aunque la SCT entregó información complementaria para justificar las erogaciones, el organismo concluyó que la información no justifica ni explica las deficiencias halladas ni el incumplimiento de contratos.

En el reporte se señala que el Centro SCT Morelos autorizó a Aldesa y Epccor un pago de 7.9 millones de pesos para la compra de unas barreras viales “aun cuando no se justificaba su adquisición”, pues ya se habían comprado otras barreras viales con anterioridad, pero que además, al hacer la inspección a la obra, las barreras no se encontraron ni colocadas ni en el almacén, es decir no había prueba de que se hubieran comprado.

También se detectó pagos de más en el caso de la contratación de andamios para la instalación de pasos peatonales que no estaban considerados en el proyecto, erogaciones por 184 millones de pesos por volúmenes de obra que no coinciden con lo proyectado, y el pago de 3.3 millones de pesos por trabajos que no hay constancia de que se hayan realizado.

Por todas las irregularidades la ASF emitió un total de 23 observaciones que incluyen 21 solicitudes de aclaración y 3 promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias.

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Familia Dudek

Ikea indemniza con 46 mdd a padres de un niño que murió aplastado por uno de sus muebles

El gigante sueco alcanzó un acuerdo millonario con la familia de un niño de 2 años que en 2017 fue aplastado por los cajones de un gavetero de la línea Malm que le cayeron encima.
Familia Dudek
7 de enero, 2020
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El fabricante de muebles sueco Ikea alcanzó un acuerdo por el que pagará US$46 millones a los padres de un niño que murió cuando varios cajones de un mueble fabricado por esa empresa le cayeron encima.

Jozef Dudek, de 2 años, falleció en mayo de 2017 cuando los cajones de un gavetero de Ikea modelo Malm se desplomaron sobre él en el hogar familiar en California, Estados Unidos.

El mueble, que pesa unos 32 kilogramos, había sido retirado del mercado un año antes por una alerta de seguridad tras la muerte de otros tres menores.

Se trata de la mayor indemnización por homicidio imprudente de un niño en la historia de Estados Unidos, según dijeron los abogados.

Tres hombres participan en una demostración, con una muñeca, de cómo se pueden volcar los cajones de una cómoda Malm de Ikea

AFP
Expertos realizaron en 2016 demostraciones del peligro que pueden suponer las cómodas de la línea Malm de Ikea.

“Si bien ningún acuerdo puede alterar los trágicos eventos que nos trajeron hasta aquí, por el bien de la familia y de todos los implicados estamos agradecidos de que el litigio se haya resuelto”, declaró una portavoz de Ikea.

“Seguimos comprometidos en nuestro esfuerzo por abordar esta cuestión de seguridad doméstica tan importante”, añadió.

Una familia devastada

En un comunicado, los padres del niño, Joleen y Craig Dudek, dijeron que están “devastados” por la pérdida de su hijo.

“Nunca pensamos que un niño de 2 años pudiera hacer que un gavetero de 76 centímetros de altura volcara y lo aplastara”, añadieron. “Solo después supimos que el mueble era inestable por diseño“.

Exposición de un gavetero Malm de Ikea en China

Getty Images
Los gaveteros Malm fueron también retirados de las tiendas de Ikea en China en 2016.

“Contamos nuestra historia porque no queremos que esto le suceda a otra familia”, prosiguió la pareja, que instó a cualquiera que todavía tenga uno de los muebles retirados del mercado a devolverlo.

La familia también dijo que donarán US$1 millón del acuerdo a grupos que trabajan para proteger a los niños de productos peligrosos.

Retirada del mercado

En 2016, Ikea llamó a sacar del mercado norteamericano millones de gaveteros Malm por una alerta de seguridad. Fue el retiro más grande de un producto del mercado en la historia de la compañía.

Inicialmente, la empresa aconsejó a los clientes utilizar una sujeción de pared para estos muebles, pero la muerte de un tercer niño hizo que Ikea decidiera retirarlos.

Camden Ellis y Curren Collas, de 2 años cada uno, y el bebé de 23 meses Ted McGee fueron todos aplastados por este tipo de gavetero.

De izquierda a derecha: Camden Ellis, Curren Collas y Ted McGee

Feldman Shepherd
De izquierda a derecha: Camden Ellis, Curren Collas y Ted McGee, tres niños que murieron aplastados por cajones de gaveteros Malm de Ikea.

En diciembre de ese año, la empresa aceptó pagar US$50 millones en un acuerdo combinado con las familias de los tres niños.

Bajo aquel acuerdo, Ikea se comprometió a vender en EE.UU. solamente gaveteros que cumplan con -o excedan- los estándares voluntarios de seguridad nacional para unidades para guardar ropa.

Las muertes propiciaron que la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de EE.UU. lanzara una campaña educativa sobre el riesgo de caída de los muebles con cajones.

En 2017, Ikea volvió a lanzar una orden de retirada en EE.UU. y Canadá.

La empresa dijo que unidades de su línea Malm y otros gaveteros y tocadores suponen “un serio peligro de volcado y aprisionamiento” si no están sujetos a la pared de forma segura.


Recientes indemnizaciones millonarias en EE.UU.:

  • En diciembre de 2019, la familia de un chico de 15 años que murió después de que un agente de policía lo alcanzara con un arma eléctrica Taser logró una indemnización de US$12 millones por homicidio imprudente.
  • Ese mismo mes, el condado de Sacramento, California, accedió a pagar al menos US$25 millones tras un accidente que involucró un auto del sheriff y que dejó a una niña de 10 años con daño cerebral permanente.
  • En noviembre de 2019, un jurado ordenó a las tabacaleras RJ Reynolds y Philip Morris pagar más de US$157 millones a un hombre de Florida por la muerte por cáncer de su esposo.
  • En mayo de 2019, un jurado de California le concedió más de US$2.000 millones a una pareja que denunció que el herbicida Roundup era responsable de su cáncer. La empresa estudia apelar.
  • En 2017, la firma Johnson & Johnson fue condenada a pagar US$417 millones a una mujer que dice que desarrolló cáncer de ovarios después de usar productos como polvos de talco (también pendiente de apelación).

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