Meten reversa a exámenes para obtener licencia de manejo en CDMX; gobierno quitó el requisito
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Meten reversa a exámenes para obtener licencia de manejo en CDMX; gobierno quitó el requisito

La Ley de Movilidad contemplaba los exámenes pero estos fueron eliminados del reglamento expedido el 15 de septiembre; en cambio se añadió una prohibición al “carpooling”.
Cuartoscuro Archivo
Por Arturo Angel
4 de diciembre, 2017
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El gobierno de Miguel Ángel Mancera se arrepintió de poner en marcha una de las mayores innovaciones que contemplaba la Ley de Movilidad del Distrito Federal aprobada en 2014: la de los exámenes obligatorios para obtener una licencia de conducir.

Sin ninguna explicación ni anuncio, este requisito contemplado en la ley fue suprimido totalmente del Reglamento de la Ley de Movilidad publicado en la Gaceta Oficial, en la antesala de los pasados festejos por la Independencia, el viernes 15 de septiembre.

La expedición de este reglamento, con dos años de retraso, fue la última acción promovida por el secretario de Movilidad, Héctor Serrano, quien renunció a su cargo al siguiente día hábil, el 18 de septiembre.

Los exámenes para obtener una licencia de conducir eran uno de los avances que trajo consigo la Ley de Movilidad del Distrito Federal, expedida en julio de 2014, y que abrogaba a la antigua Ley de Tránsito y Vialidad.

La nueva norma, a diferencia de las anteriores, reordenaba los esquemas de movilidad para priorizar el uso del transporte no motorizado, y endurecer los lineamientos u restricciones al uso de los automóviles.

El artículo 65 de la Ley definía claramente que la obtención de cualquier licencia de conducir de un automóvil estaba sujeta a un proceso de evaluación: “Artículo 65.- Para la obtención de licencias o permisos para conducir de cualquier tipo, será necesario acreditar las evaluaciones y en su caso los cursos que para el efecto establezca la Secretaria, además de cumplir con los demás requisitos que señala está Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables”.

Tras la expedición de la ley, las autoridades indicaron que su reglamento detallaría cómo operaría el tema de los exámenes para las licencias de conducir, al igual que otras disposiciones. De acuerdo con el artículo Cuarto transitorio de la ley, el reglamento debería expedirse en un periodo máximo de 180 días hábiles.

Pero fue hasta el pasado 15 de septiembre cuando el gobierno de Mancera expidió el Reglamento de la Ley de Movilidad, con más de dos años de vencido el plazo para hacerlo.

En el artículo 126 se estableció una clasificación de licencias y se definió que la denominada “Licencia tipo A” sería la
necesaria para conducir vehículos particulares, además de motocicletas, bicimotos, y similares.

Pero el artículo 127, donde se establece el procedimiento para obtener la licencia, ya no hace mención de examen alguno, como sí lo señalaba la ley. En cambio, lo único que se tiene que hacer para obtener la licencia es, como hasta ahora, un mero trámite y decir bajo protesta de decir verdad que se está capacitado para conducir:

“Artículo 127.- Para la expedición de la licencia para conducir Tipo A, el interesado presentará la solicitud correspondiente en los formatos que al efecto emita la Secretaría, mediando declaración bajo protesta de decir verdad que los datos manifestados son correctos que está capacitado para conducir y que conoce la normatividad en materia de tránsito”.

El referido artículo añade que los documentos que hay que presentar para obtener la licencia son un comprobante de pago del trámite, una identificación oficial y un comprobante de domicilio. Y es todo.

Solamente en los casos en que se desee adquirir una licencia de conducir tipo “C”, “D” y “E”, que es para la conducción de vehículos de transporte público, carga o emergencia, el interesado sí tendrá que ser evaluado por un organismo privado autorizado, o por una dependencia para que se le dé la licencia. Las pruebas que tendrán que acreditarse son médicas, de pericia y de capacitación.

Confirman eliminación de pruebas

La Secretaría de Movilidad del gobierno capitalino confirmó la eliminación de los exámenes como condición para obtener una licencia de conducir. El texto de dicho reglamento fue decidido entre el área jurídica de esa dependencia, bajo el mando de Héctor Serrano, y la Consejería Jurídica del Gobierno de la ciudad, que encabeza Miguel Granados.

Animal Político buscó a la Consejería para conocer qué había ocurrido. La Directora de Asuntos Jurídicos y Estudios Legislativos de la Consejería, Claudia Luengas, dijo que se tomó la determinación de eliminar el tema de las pruebas para la licencia de manejo de forma temporal, al considerar que no existían las condiciones necesarias para implementar la medida.

Sin embargo, la funcionaria sostuvo que en el futuro se podrían comenzar a aplicar gradualmente estos exámenes para obtener una licencia de manejo, tanto para coches particulares así como para motocicletas, aunque no precisó ninguna fecha para ello. Luengas insistió en destacar como un avance, el que la obtención de licencias para choferes de transporte público y de carga sí estén sometidas a un proceso de evaluación.

Otra alternativa, de acuerdo con otras autoridades del gobierno capitalino, es que se diseñe un reglamento específico para la obtención de licencias de conducir, sin embargo, su eventual aprobación difícilmente ocurrirá ya en la presente administración de Mancera.

De acuerdo con la Consejería Jurídica, la instancia que actualmente está evaluando a los conductores para la obtención de licencias de conducir para manejar transportes públicos y de carga es la asociación civil Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (CENFES AC), que cuenta con procesos certificados para ello.

En el caso de que en algún momento haya luz verde para los exámenes de todas las licencias sin excepciones, sería CENFES AC la encargada de aplicar la batería de pruebas.

Y en cambio, prohíben el “carpooling”

Un caso totalmente contrario al de las licencias de conducir ocurrió con la prohibición del servicio conocido popularmente como “carpooling”, que consiste en la prestación de servicio de transporte privado para varias personas que comparten una ruta similar y destino. Un servicio como el de “Uber Pool”, con dos o más personas.

Pese a que la Ley de Movilidad no incluía ninguna restricción sobre este tipo de servicio, el Reglamento de dicha ley aprobado el 15 de septiembre pasado sí incluyó la prohibición total de este forma de transporte. La limitación se encuentra en el artículo 59:

“Artículo 59.- Queda prohibido el servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer, que se genere a través de dos o más solicitudes con una misma unidad vehicular que realice el mismo viaje a diversas personas, en un mismo recorrido, trayecto o ruta”.

Sobre este punto, la Directora de Asuntos Jurídicos y Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica, Claudia Luengas, dijo que esta prohibición fue una propuesta de la Secretaría de Movilidad, sin que pudiera precisar una justificación para ello.

Funcionarios capitalinos de la referida Secretaría señalaron que fue directamente el despacho del hoy extitular de la dependencia, Héctor Serrano, quien solicitó que se estableciera esta proporción.

Esta prohibición afecta directamente a empresas que ya estaban proporcionando el servicio de “car pooling” en la CDMX, o estaban por hacerlo. Entre ellas se encuentran Uber Pool, Carrot, Jetty o Bla Bla Car, y algunas más que aún no comienzan operaciones.

El mismo artículo 59 contempla que las empresas o personas que brinden este tipo de servicio (situación en la que caerían las referidas empresas) cometen el delito de “transportación ilegal de pasajeros”, el cual amerita una pena de tres meses a dos años de prisión además, de una multa económica.

De acuerdo con información obtenida por este medio, las empresas afectadas estarían analizando alguna estrategia jurídica que les permita seguir operando sin incurrir en un delito, o para revertir esta determinación.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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