El presidente de Perú indulta por razones humanitarias a Alberto Fujimori
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El presidente de Perú indulta por razones humanitarias a Alberto Fujimori

El exmandatario fue condenado a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes contra la humanidad. Su figura sigue generando una profunda polarización en Perú
Reuters
Por Redacción BBC Mundo @bbcmundo
25 de diciembre, 2017
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El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó este domingo un “indulto humanitario” al ex presidente Alberto Fujimori. Según el “fallo histórico” de la Corte Suprema que lo condenó en 2009, Fujimori debería permanecer preso hasta 2032 por estar detrás de 25 asesinatos y dos secuestros.

La noticia de su indulto se supo apenas horas antes de la Nochebuena y luego de que una junta médica recomendara su liberación por enfermedad.

“El señor Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”, informó la Presidencia de la República en un comunicado. Añadió que “las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad”.

Fujimori, de 79 años, fue trasladado el sábado desde la prisión hasta una clínica en Lima tras sufrir un cuadro de hipotensión y arritmia.

El indulto llega días después de que su hijo y congresistas allegados salvaran al presidente Kuczynski, de la destitución. Esta semana, el presidente superó una votación en el Parlamento que, de haber perdido, hubiera supuesto su salida de la presidencia.

En la votación en el Congreso resultaron decisivas las abstenciones de Kenji Fujimori, hijo del ex presidente indultado, y otros nueve legisladores afines del partido opositor Fuerza Popular.

Fujimori, fue condenado a 25 años de prisión por dos matanzas, la de Barrios Altos, en 1991, con 15 muertos, y la de la Universidad La Cantuta, en 1992, con 10 muertos. Ambas fueron cometidas por un escuadrón paramilitar conocido como el grupo Colina. También, se le acusó de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.

Seguidores de Fujimori celebraron el indulto.

Seguidores de Fujimori celebraron el indulto. El ex presidente, que fue condenado por violaciones a los derechos humanos, es una figura que divide Perú. Reuters

El fallo para su encarcelamiento fue considerado “histórico”, pues fue la primera vez que un ex mandatario constitucional latinoamericano fue juzgado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Durante la lectura de la sentencia, los jueces de la Corte Suprema de Justicia dijeron que el fallo respondía a la “gravedad” de los hechos juzgados, los cuales se inscribían en un plan de desapariciones forzadas y asesinatos a cargo del Estado, las fuerzas armadas y el servicio de inteligencia.

El ex presidente también fue encontrado culpable de entregarle 15 millones de dólares de fondos públicos a su entonces asesor Vladimiro Montesinos y de otros casos de corrupciónentre los que se encontraban soborno de congresistas, espionaje telefónico y compra ilegal de canales de TV.

Fujimori, que gobernó entre 1990 y 2000, es una figura que divide Perú. Sus detractores lo consideran
un dictador de mano dura y corrupto, mientras que sus seguidores le dan crédito por sacar al país sudamericano de una crisis económica y por terminar con el terrorismo.

Keiko Fujimori llega a visitar a su padre al hospital tras la noticia de su indulto.
Keiko Fujimori llega a visitar a su padre al hospital tras la noticia de su indulto. Reuters

En 2000 su régimen se desmoronó tras la difusión de un video en el que se veía a Montesinos entregando dinero a un congresista de la oposición. Fujimori se escapó a Japón, país de nacimiento de sus padres, desde donde envió su renuncia por fax. En 2005 viajó a Chile y desde ahí fue extraditado a Perú en 2007.

Desde 2009 permaneció en una prisión en Lima adaptada para él y que sus opositores consideraban una “jaula de oro” por tener mejores condiciones que la mayoría de presos. Allí recibía continuamente visitas de familiares y partidarios.

Sus hijos han seguido con su legado politíco. Kenji, fue el congresista más votado en las elecciones de 2011 y 2016. Keiko quedó segunda en las elecciones presidenciales de los mismos años.


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Cuartoscuro

En 17 estados se debilitan los contrapesos a gobiernos, alerta el Índice de Estado de Derecho

Los 32 estados del país se mantienen por debajo de la calificación idónea del índice de WJP, que es de un punto. Los cinco estados con peores puntuaciones son: Guerrero (0.34), Morelos (0.35), Quintana Roo (0.36), Ciudad de México (0.36) y Estado de México (0.36).
Cuartoscuro
Por Sergio Rincón
17 de mayo, 2022
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En el último año, el poder de los gobiernos estatales en México ha crecido, mientras los contrapesos y los espacios de la sociedad civil se debilitan. En 17 entidades federales, la influencia de los poderes legislativo y judicial frente al ejecutivo se vio mermada, al tiempo en que los espacios de participación de las organizaciones no gubernamentales, prensa y partidos políticos perdieron terreno. Así lo revela el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, de la organización World Justice Project (WJP).

De acuerdo con el WJP, el factor llamado “Límites al poder gubernamental” bajó en 17 estados del país y permaneció sin cambios en nueve. 

“Estas caídas se explican por dos tendencias. La primera es el debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal. La segunda es la contracción del espacio cívico, el cual se manifiesta mediante caídas en 15 estados en los puntajes que miden la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso efectivo al poder público”, según el WJP. 

El estado con peor calificación en el rubro de Límites al poder gubernamental” fue Quintana Roo, al pasar de 0.37 en el periodo de 2020-2021, a 0.35 en 2021-2022. Pero la entidad que tuvo un mayor retroceso fue Coahuila, pues en el periodo pasado tenía una calificación de 0.44, y ahora es de 0.37.

Los datos del índice de WJP refieren que en Coahuila el poder legislativo disminuyó su figura de contrapeso “eficaz”, pues en el periodo pasado tenía una calificación de 0.49 y actualmente es de 0.35.

Otro estado que presentó un retroceso de su poder legislativo como contrapeso fue Colima, al pasar de 0.42 a 0.37.  Y su peor caída la presenta en los organismos de control, pasando de 0.34 a 0.31. 

Algo que tienen parecido estos estados es que en su proceso electoral ocurrió el llamado carro completo, es decir, que tanto el gobernador como la mayoría legislativa son del mismo partido. En 2017, Miguel Riquelme del PRI ganó la gubernatura, y ese partido político también se llevó la mayoría del congreso. Algo similar pasó en las elecciones de 2021 en Colima, donde Indira Vizcaíno Silva ganó y también Morena se llevó la mayoría parlamentaria.

Eréndira González Portillo, quien participó en la creación del índice del WJP, explicó que el debilitamiento de los contrapesos en estados donde el gobernador y la mayoría del congreso, en comparación con los estados donde están divididos presentan una tendencia a la baja, pero es marginal.

“Vemos tres puntos en esta caída, el poder legislativo, judicial y en los contrapesos no gubernamentales. Ahora, en los gobiernos divididos (donde no hay un congreso con mayoría del partido del gobernador) vemos una caída marginal menor, que los gobiernos unitarios. Aunque también están sus contrapartes, como Chiapas, que tiene un gobierno unitario, pero hemos visto mejoras, o Tlaxcala o Querétaro. Sí vemos una tendencia en estados donde hubo carro completo, pero hasta ahora es marginal”, dijo Eréndira González.

En el subfactor relacionado a contrapesos no gubernamentales, como las organizaciones civiles, prensa y partidos políticos, los estados con la peor calificación fueron Sonora y Veracruz con 0.39, seguido de Guerrero con 0.45.

Y justo en estos estados la prensa ha sufrido ataques. En lo que va de 2022, tres periodistas fueron asesinados en Veracruz, uno en Michoacán y uno en Sonora.

Respecto a la ausencia de corrupción en los gobernadores, bajó en 17 estados y se mantuvo sin cambios en seis. Ciudad de México presentó  la peor calificación en el subfactor de “Ausencia de corrupción en el ejecutivo”, donde obtuvo una calificación de 0.25, seguido del Estado de México con 0,28;  Guerrero, 0.28 y Morelos, 0.28.

Ven estancamiento

Los 32 estados del país se mantienen por debajo de la calificación idónea del índice de WJP, que es de un punto. Los cinco estados con peores puntuaciones son:  Guerrero (0.34), Morelos (0.35), Quintana Roo (0.36), Ciudad de México (0.36) y Estado de México (0.36). 

Eréndira González Portillo, del equipo de WJP, explicó que a lo largo de cuatro ediciones del índice, no ven grandes cambios, sino un estancamiento del Estado de derecho en las entidades del país. 

Inclusive los estados con mayor puntaje siguen siendo los mismos. En esta ocasión Querétaro obtuvo 0.49, seguido de Yucatán con 0.47, Guanajuato 0.46 y Aguascalientes con 0.46.

Pero un factor de preocupación para el WJP es el de justicia penal y civil, cuyos puntajes han bajado cada año.

“El Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 nos muestra que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una alternativa para mejorar el acceso de justicia en México”, refiere el WJP.

Animal Político publicó que tan solo en el primer trimestre del 2022, el encarcelamiento de personas en México creció a un ritmo récord. En promedio, cada mes se sumaron por lo menos mil individuos más a la cifra total de personas privadas de su libertad, la mayoría de ellos sin un juicio o sentencia. Una tendencia que va en aumento desde 2018, tras una reforma que amplió la prisión preventiva para más delitos. 

Datos del índice de WJP muestran que, a pesar de que muchas entidades enfrentan una grave crisis de seguridad, existen ligeros avances. Los puntajes sobre “Órden y seguridad” subieron en 19 estados, y la sensación de seguridad de las personas subió en 24 entidades federativas.

En ocasiones pasadas, los datos del índice del WJP han generado inconformidad gubernamental a tal grado de salir en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la organización informó que: “El Índice no representa una evaluación hacia una persona, institución o política pública específica, a nivel federal o estatal. Nuestra intención es que esta herramienta sirva para identificar fortalezas y debilidades de orden estructural de las entidades federativas”.

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