Las 14 razones de la ONU para rechazar la Ley de Seguridad Interior
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Las 14 razones de la ONU para rechazar la Ley de Seguridad Interior

Ambigüedad de conceptos, sometimiento de la autoridad civil al mando militar e indebida regulación del uso de la fuerza, entre principales preocupaciones de la ONU sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
6 de diciembre, 2017
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El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, envió una carta al Senado de la República para pedir que no sea aprobada la Ley de Seguridad Interior.

En la misiva, entregada el pasado lunes a la Cámara Alta, la ONU-DH expresa su profunda preocupación por el contenido de la Minuta, pues, “entre otras consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos y no aportaría soluciones para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país”.

Este es el análisis de los 14 rubros de la Ley de Seguridad Interior sobre los cuales ONU-DH muestra mayor preocupación, y por los cuales pide frenar la aprobación de la Minuta:

1. Ambiugüedad de conceptos.

La ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Conceptos tales como “seguridad interior”, “acciones de seguridad interior”, “amenazas a la seguridad interior”, “riesgo a la seguridad interior”, entre otros, se definen de manera laxa. Algunos otros, como el concepto de “actos de resistencia” carecen por completo de definición a pesar de su relevancia.
De igual forma, los escenarios que permiten habilitar las acciones previstas en la ley son demasiado generales y poco precisos, de modo tal que se podrían activar los mecanismos previstos en la ley en una cantidad indeterminada de supuestos.

2. Violación al principio de necesidad.

La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá declararse no solamente cuando se superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, sino también cuando éstas se “comprometan”; lo que reduce el umbral indispensable para su emisión (artículo 11, fracción I).
Asimismo, se podrán llevar a cabo acciones de seguridad interior ante la mera existencia de riesgos de seguridad interior (artículos 4, fracción I y 26), los cuales son definidos como situaciones que potencialmente pueden convertirse en amenazas (artículo 4, fracción III). Al quedar al arbitrio de la autoridad la existencia de éste tipo de situaciones, dichas cláusulas habilitarían la ejecución de la ley en un número indeterminado de escenarios.

Lee: 8 puntos clave de la Ley de Seguridad Interior aprobada por los diputados.

3. Papel indebido de las Fuerzas Armadas.

a) La legislación permite que las Fuerzas Armadas actúen de manera autónoma en esta materia y no necesariamente bajo la subordinación de las autoridades civiles o en coordinación con ellas (Artículos 4, fracción I y IV, 11 y 20).
b) Las “Fuerzas Armadas” podrán realizar actividades relativas a la seguridad interior sin la necesidad de que se emita Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, por lo que el carácter habilitante de la Declaratoria desaparece (Artículos 6 y 26). Incluso el artículo 26, al facultar a las Fuerzas Armadas para llevar “a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos” no establece ningún límite espacial o material y declara estas acciones con carácter permanente.
c) La ley regula la actuación de las Fuerzas Armadas ante la comisión de delitos, facultándolas para preservar el lugar de los hechos y poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos (artículo 27). Sin embargo, no existen reglas claras sobre la intervención de las Fuerzas Armadas como primeros respondientes, con las responsabilidades que esto conlleva en el marco del procedimiento penal.
d) El artículo 28 establece que las Fuerzas Armadas realizarán las Acciones de Seguridad Interior “con su organización, medios y adiestramiento”, lo cual no permite hacer las adecuaciones pertinentes para enfrentar una situación distinta a la habitual que deberían desarrollar, especialmente cuando se ha señalado reiteradamente que la formación y adiestramiento militares resultan inadecuados para la realización de las tareas previstas en la ley.

4. Sometimiento de la autoridad civil al mando militar.

a) Cuando intervengan las Fuerzas Armadas, corresponderá a los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina proponer a un comandante de las Fuerzas Armadas para que dirijan los grupos interinstitucionales. Lo anterior cancela que la autoridad civil que encabeza las tareas previstas por la ley -según el artículo 5 la Secretaría de Gobernación- tenga la capacidad de proponer a quien dirigirá a los grupos institucionales.
b) Se establece un monopolio en la dirección y coordinación en favor de los integrantes de las Fuerzas Armadas, vedando la posibilidad de que sea un civil quien desarrolle dichas funciones (artículo 20, fracciones I y III; artículo 21; artículo 22).
c) La línea de mando del comandante designado sería la Secretaría de la Defensa Nacional o Marina, lo que nuevamente elude el liderazgo y responsabilidad de la autoridad civil.
d) El protocolo de actuación invariablemente será elaborado por un “comandante”, esto es, por un integrante de las Fuerzas Armadas. Dichos protocolos establecerán las “responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles” (artículo 20, fracción II). Debería corresponder a la autoridad civil la elaboración de los protocolos de actuación.

5. Ausencia de controles.

a) Solamente dos artículos se albergan en el capítulo relativo al “control de las acciones en materia de seguridad interior”. Dichos controles se reducen a que el coordinador de las acciones de seguridad interior mantenga informado al Presidente, por conducto del Secretario de Gobernación, y que éste a su vez remita un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. En ninguna parte se establece cómo éstos informes garantizarían una rendición de cuentas.
b) La intervención de la federación y la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior solamente se somete a “consideración” del Consejo de Seguridad Nacional.
c) El Presidente de la República podría en determinados supuestos ordenar acciones bajo el amparo de la ley sin estar sujetas a temporalidad alguna o a un marco de actuación determinado, lo que favorecerá la actuación unilateral, discrecional y ausente de los débiles controles de la ley (artículo 16, párrafo primero). Aunque el segundo párrafo del artículo referido establece que dichas acciones se tomarán sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, se podría estar habilitando al Ejecutivo Federal a actuar con total discrecionalidad por un margen de tiempo indeterminado de manera precisa.
d) Se podrán llevar a cabo acciones de seguridad interior sin Declaratoria de Protección, para atender los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos (artículo 6). Debido a que éste no es un documento público y su información es reservada, los supuestos de procedencia directos previstos en éste artículo escaparían al escrutinio y supervisión públicos. Además, la Agenda Nacional de Riesgos es un documento de análisis y prospectivo que puede incluso generar escenarios hipotéticos, por lo que no resulta un documento definitorio sobre el cual se deberían basar acciones de una trascendencia como las previstas.
e) Mientras que las legislaturas de las entidades federativas o sus respectivos Ejecutivos deben expresar las consideraciones que motivan las peticiones para la emisión de una Declaratoria, la ley es omisa en precisar los elementos que el Presidente, cuando proceda de motu proprio, deberá acreditar para someter a la consideración del Consejo de Seguridad Nacional una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
f) La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior únicamente se informa a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, no así al Congreso, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dicha notificación debería comunicarse a las autoridades de los estados y municipios concernidos, así como a los organismos públicos estatales de derechos humanos en razón del involucramiento de las autoridades locales y municipales sobre las cuales estas ejercen su competencia.
g) La modificación o prórroga de las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior se adoptarán de manera unilateral por el Presidente sin ser sometidas a la consideración del Consejo de Seguridad Nacional (artículo 15). La ley no establece cuántas prórrogas estarían permitidas ni el plazo de duración de éstas, con lo cual las acciones de seguridad interior podrían tener una duración indefinida.
h) No se contempla la obligación de establecer unos objetivos e indicadores de impacto, ni de generar informes al término de la Declaratoria como un ejercicio fundamental de rendición de cuentas y elemento esencial para evaluar cualquier prórroga de la Declaratoria.
i) La Ley no contempla mecanismos de rendición de cuentas sobre el avance de la implementación de las medidas previstas en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior dirigidas a las autoridades estatales que la hubieran solicitado, privando a los poderes estatales de información de gran trascendencia sobre lo que sucede en su territorio y en su ámbito de competencia, e incluso sobre un instrumento que les generará obligaciones (artículo 14, fracción IV).

6. Ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones.

a) Solamente una fracción de un artículo (la VI del artículo 23) alude a un programa de fortalecimiento de capacidades institucionales. Además de lo insuficiente, dicha disposición solamente alude a las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales y se refiere únicamente a los reportes sobre su avance, sin incluir qué contenido mínimo deberá tener dicho programa.
b) La Ley no contempla una rendición de cuentas efectiva y mecanismos que garanticen la implementación de las actividades de fortalecimiento que deben llevar a cabo estados y municipios (artículo 13, fracción V y artículo 23, fracción VI). De esta forma, el mero compromiso de las autoridades estatales bastará, sin que se dé ninguna garantía real de la transformación de las causas estructurales que llevaron a la emisión de la Declaratoria.
c) Se posibilita la duración indefinida de las acciones de seguridad interior (artículo 15), lo cual es un claro desincentivo para que las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales fortalezcan sus instituciones.
d) La ley contempla un mecanismo de intervención de las Fuerzas Armadas sin precisar en dicho supuesto un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales de las autoridades civiles federales, las cuales en este escenario deberían también adoptar medidas. Si la ley contempla – de manera muy débil- medidas de fortalecimiento de las autoridades locales ante la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, lo mismo debería ocurrir cuando intervengan las Fuerzas Armadas por lo que toca a las autoridades civiles federales.
e) La ley no contempla un programa de adiestramiento para las Fuerzas Armadas para desarrollar las funciones que indebidamente les concede la ley.

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7. Indebida regulación del uso de la fuerza.

El concepto de “uso legítimo de la fuerza” no se ajusta a los estándares internacionales en la materia. En su definición, sólo se hace referencia al uso “racional y proporcional”, excluyendo principios centrales para que el uso de la fuerza pueda entenderse como legítimo, como los principios de necesidad, idoneidad, eficacia y eficiencia.
La Ley carece de mecanismos de control sobre el uso de la fuerza. Cualquier regulación relativa al uso de la fuerza debe incluir mecanismos efectivos de rendición de cuentas, partiendo de que cualquier uso de la fuerza por parte de servidores públicos debe ser investigado de forma pronta, independiente e imparcial, y que corresponde a las autoridades que hicieron uso de la fuerza demostrar que dicho uso fue legítimo.
La Ley utiliza conceptos ambiguos y de los que no ofrece definición para referirse a las circunstancias en las cuales podría darse el uso de la fuerza, tales como “actos de resistencia”, lo que podría dar lugar a una actuación arbitraria.
Además, la definición de “uso legítimo de la fuerza” solamente aplica a las “fuerzas federales, y en su caso, las Fuerzas Armadas”; lo cual deja de lado a las fuerzas estatales y municipales, quienes también podrían desarrollar acciones bajo los parámetros de la ley. Dicho de otra forma, mientras que a las autoridades federales –civiles y militares- se les sujetaría al uso legítimo de la fuerza, a las estatales y municipales se les eximiría.
Si bien el artículo 3 menciona que se observarán las “obligaciones relativas al uso de la fuerza”, en México no existe un marco legal omnicomprensivo que regule el uso de la fuerza de todas las instituciones. Lo que existe son algunas leyes locales y protocolos que no abarcan a todas las instituciones, no necesariamente son compatibles con los estándares internacionales en la materia y cuyo nivel de obligatoriedad y rendición de cuentas, para el caso de los protocolos, es inferior al de una disposición legal.

8. Indebida protección y garantía de los derechos humanos.

a) La ley prevé que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la ley deberán “preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes” (artículo 7).
Llama la atención que los derechos humanos se sujeten a un estándar de obligación más bajo que el previsto en la Constitución, misma que consagra como obligaciones por parte de las autoridades las de “promover, respetar, proteger y garantizar” los derechos humanos.
Es igualmente criticable que la obligación de “preservar” los derechos humanos, se sujete a los protocolos por emitirse y no al conjunto de normas nacionales e internacionales existentes en la materia.
b) Se indica en la ley (artículo 7, segundo párrafo) que cuando se requiera la “suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas”. Es de señalar aún no existe la ley reglamentaria del artículo 29, no obstante que la misma debió emitirse desde el año 2012 de acuerdo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. Por lo tanto, no están generadas las condiciones normativas idóneas para un eventual escenario como el que prevé la ley. Además, la ley solamente refiere a una fuente de derecho (el derecho de origen interno) y a uno de sus
artículos (el 29), por lo que deja de lado al extenso corpus iuris vigente en la materia, tanto en el derecho y la jurisprudencia nacional como en las normas y jurisprudencia del Sistema Universal e Interamericano de derechos humanos.
c) La ley no ofrece recursos excepcionales a los organismos públicos de derechos humanos para fortalecer la correcta supervisión de las acciones desplegadas durante la vigencia de una Declaratoria de Protección de Seguridad Interior.
d) La ley no contempla mecanismos especiales de rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos que puedan ser cometidas por las Fuerzas Federales en el marco de acciones de seguridad interior.

9. Afectaciones a la protesta social.

El artículo 8 regula de manera deficiente el tema. En efecto, dice el numeral:
“Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo políticoelectoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior.”
No obstante que la ley regula tanto las “amenazas a la seguridad interior” (artículo 4, fracción II) como el “riesgo a la seguridad interior” (artículo 4, fracción III); la norma prevista en el artículo 8 sí incluye a la protesta dentro del ámbito material de la norma pues solamente impide que la misma sea considerada “amenaza”, más no “riesgo”.
Además, el hecho de condicionar las movilizaciones a su realización pacífica a efecto de excluirlas –parcialmente- del objeto material de la ley trastoca el principio de racionalidad y necesidad, pues permitiría que aquellas que no se realicen de manera pacífica puedan estar sujetas al alcance de la ley y de las autoridades encargadas de su aplicación, incluidas las Fuerzas Armadas. Lo anterior, al arbitrio de la autoridad.
Se debe tener en cuenta que el derecho a la protesta social también es un derecho individual que debe preservarse incluso en presencia de acciones violentas por parte de algunas personas. La acción violenta en un contexto de protesta social sólo podría ameritar la acción pública en contra de las personas que están cometiéndola, pero no una actuación global contra la protesta y las personas que están actuando de manera pacífica.
La participación de las Fuerzas Armadas en movilizaciones, aunque no sean pacíficas, es en detrimento del empleo proporcional y gradual de la fuerza y podría favorecer el empleo de una fuerza excesiva, lo cual contraviene los principios internacionales sobre la materia.
Se establece una diferenciación artificial e innecesaria entre la protesta en razón de su motivación, lo cual es ilegítimo.
Por último, la ley solamente contempla a un derecho como objeto de exclusión de los alcances de la norma, lo que permitirá entender que otros derechos como podrían ser la libertad de expresión, el derecho de asociación o el derecho de huelga sí serían materia de sus alcances.

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10. Ausencia de transparencia.

El artículo 9 inhibe la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Indica el numeral:
“La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”.
La naturaleza de la información no se puede determinar a priori en razón de la ley que regula su generación, sino en función de su contenido y de conformidad a la prueba del daño establecida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La norma, además, trastoca el principio de máxima publicidad al establecer como premisa que la misma será objeto de clasificación.
Por otro lado, las amplias definiciones que utiliza la ley llevarían a considerar a un alto porcentaje de las actuaciones de las autoridades en materia de seguridad interior como de seguridad nacional y por consiguiente a limitar su acceso y transparencia.

11. Lesión a la autonomía.

El artículo 31 contempla que los “órganos autónomos deberán proporcionar la información que le requieran las autoridades”. Dicha disposición es particularmente riesgosa pues incluiría, por ejemplo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual podría debilitar su misión de supervisión de las acciones de las autoridades.
Además, se incluirían en dicha disposición al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Instituto Nacional Electoral (INE).

12. Inconstitucionalidad e Inconvencionalidad.

La ley podría tener problemas de inconstitucionalidad, al menos, en tres sentidos:
a) La emisión de la ley no se deriva de una atribución del artículo 73 constitucional que habilite al Congreso de la Unión para legislar en la materia.
b) La ley establece atribuciones y obligaciones a las autoridades de las entidades federativas y municipales sin base para ello en razón de que se trata de una legislación emitida por la Federación sin alcances  constitucionales para vincular a los Estados y municipios, con lo cual se vulnera el pacto federal. Más aún, la ley contempla supuestos de intervención y suplantación de la jurisdicción de las entidades federativas (artículo 11, fracción II), que no atienden a los procedimientos constitucionales previstos para tales efectos.
c) La ley regula materias propias de seguridad pública que según el artículo 21 constitucional son propias de las autoridades civiles. Dice el artículo en comento: “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil…”. A pesar de que la ley establece que las acciones de seguridad interior no se considerarán de seguridad pública (artículo 18), las acciones descritas a lo largo de la ley no se distinguen de las tareas de seguridad pública, lo cual se debe a la ambigüedad del concepto de seguridad interior.

Adicionalmente, la ley posee problemas de inconvencionalidad, según los criterios que han planteado tanto organismos de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de derechos humanos. Estos organismos han planteado que el concepto de seguridad interior se asocia a regímenes autoritarios, debido a que a través de éste concepto se faculta a los militares a llevar a cabo funciones de seguridad pública. Con esto, se incumple con la obligación del Estado, prevista en los tratados internacionales ratificados por México.

13. Ámbito de excepción del derecho procesal administrativo.

El artículo 10 contempla que “la materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la ley Federal de Procedimiento Administrativo”, lo cual crea un ámbito de excepción que favorece la arbitrariedad y vulnera el principio de legalidad y el adecuado control administrativo y podría generar vacíos normativos para la adecuada regulación de las actuaciones realizadas en el marco de la Ley.

14. Ausencia de explicitud de los principios rectores.

El artículo 3 refiere los principios que se observarán en ejercicio de las atribuciones de seguridad interior. Empero, la mayoría de dichos principios sólo están referenciados a los de otro ordenamiento legislativo, lo que dificultará observarlos por parte de las autoridades involucradas en la aplicación de la ley.
Además, los principios rectores de la ley previstos en el artículo 3 se usan en la definición de amenazas a la seguridad interior como supuestos de actualización de la misma en el supuesto de que dichos principios se vean afectados, lo cual genera un efecto circular que propicia confusión (Artículo 4, fracción II).

Si quieres consultar y descargar el documento del anexo con los 14 puntos más preocupantes de la Ley de Seguridad Interior para ONU-DH, consulta la siguiente página.

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Vacuna contra COVID-19: "Ahora mismo no hay evidencia de que funcionen, sólo sabemos que se ven prometedoras"

Paul Offit tiene una experiencia de décadas en el campo de las inmunizaciones; sobre la creación de una vacuna contra COVID-19 cree que necesitamos "ser realistas" y manejar las expectativas.
Getty Images
29 de julio, 2020
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Una persona siendo vacuna

Getty Images
Decenas de grupos de investigación llevan a cabo estudios para desarrollar una vacuna. Esta foto fue tomada en Sudáfrica, donde se realiza un ensayo clínico.

“Ser realistas”, “manejar las expectativas”, “humildad”, son algunas de las ideas que el doctor Paul Offit está tratando de introducir en la conversación global sobre las vacunas contra el coronavirus.

El científico estadounidense no sólo habla sobre la base de su experiencia como director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital de Niños de Filadelfia, sino a la luz del largo camino que recorrió para crear, junto a dos colegas, una vacuna contra el rotavirus, la causa más común de diarrea intensa en niños y bebés en todo el planeta.

En medio de la pandemia de covid-19, que ha causado 15 millones y medio de casos y más de 600.000 muertes en decenas de países, es difícil no emocionarse cuando se escuchan noticias de un nuevo desarrollo en la búsqueda de una vacuna.

Pero Offit, profesor de vacunología y pediatría y especialista en inmunología, hace una advertencia: “Necesitamos ser realistas. En circunstancias normales cuando las compañías fabrican una vacuna no sacan comunicados de prensa en los ensayos clínicos de fase 1, ni para estudios pequeños de rango de dosis de fase 1. Tampoco lo hacen para estudios que involucran a 45 personas”.

“En cambio, esperan hasta llegar a los ensayos de fase 3, el ensayo clínico grande, prospectivo controlado de placebo, que es cuando, de hecho, pueden hacer comentarios sobre si la vacuna funciona”, le dice a BBC Mundo.

“Ahora mismo no tenemos evidencia de que esas vacunas de las que se habla funcionen, sólo sabemos que se ven prometedoras”.

“Debemos calmarnos y esperar hasta ver más información antes de golpearnos el pecho por lo maravillosas que son estas vacunas”.

Offit también es uno de los miembros del comité creado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), conocido como Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV).

Se trata, según el NIH, de una asociación pública y privada que busca establecer una estrategia de investigación que priorice y acelere el desarrollo de los tratamientos y las vacunas más prometedoras para combatir el covid-19 y que reúne a organismos estatales como el Departamento de Salud, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), entre otros, y a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), representantes de la academia, organizaciones filantrópicas y varias compañías biofarmacéuticas”.

“Corta vida”

Científicos y compañías farmacéuticas en varios países están trabajando contrarreloj y a toda máquina para desarrollar una vacuna contra la covid-19.

Paul Offit

Frederick M. Brown/Getty Images
El médico Paul Offit tiene una experiencia de décadas en los campos de la inmunología y las enfermedades infecciosas.

En ese contexto, el experto ha dicho que “necesitamos manejar las expectativas”.

¿A qué se refiere?, le preguntamos.

“Pienso que si somos lo suficientemente afortunados podríamos tener vacunas para mediados del próximo año”, indica.

“Es probable que esas vacunas puedan inducir inmunidad”, pero -advierte- puede llegar a ser de “corta vida e incompleta”.

“Con ‘incompleta’ me refiero a que las vacunas protegerán contra la enfermedad moderada y severa, pero podrían no hacerlo contra la enfermedad que se desarrolla de forma leve”.

Y quizás tampoco puedan proteger contra las infecciones que no desencadenan síntomas.

La protección contra la covid-19 que se manifieste de forma moderada o grave podría ayudar a evitar hospitalizaciones y más muertes, explica, pero el virus podría seguir provocando síntomas leves en algunas personas y, hasta cierto punto, causando contagios.

“Pienso que la protección podría durar sólo seis, nueve meses, un año y eso requerirá que la gente sea sometida a una dosis de refuerzo el año siguiente”.

La importancia de la fase 3

De acuerdo con Offit, en términos de seguridad, los ensayos clínicos de fase 3 están planeados para que se realicen en aproximadamente unas 30.000 personas.

Tomando en cuenta ese escenario, la vacuna se le suministraría a unas 20.000 personas y a las otras 10.000 se les daría un placebo.

Una jeringa

NurPhoto via Getty Images
Se calcula que 200 grupos de científicos, en diferentes países, buscan una vacuna contra la covid-19.

Con lo que arrojen las pruebas de las 20.000 personas, asegura el experto, se podría garantizar que la vacuna potencialmente no tendría ningún efecto secundario grave poco común y ese sería un paso fundamental para decidir si se aprueba.

“Pero 20.000 personas no son 20 millones de personas. Creo que cuando vacunas a decenas de millones o cientos de millones de personas, puedes descubrir efectos adversos graves que desconocías”.

Por eso es crucial que haya sistemas y mecanismos en funcionamiento para que se pueda detectar cualquier problema y reaccionar rápidamente.

“No quieres sacrificar seguridad por velocidad y no lo haremos si probamos (la vacuna) en, al menos, 20.000 personas antes de aprobarla”, indica.

De esa manera, el riesgo se puede mitigar hasta cierto punto.

Saltarse etapas

¿Existe algún riesgo de que en el desarrollo de las vacunas contra covid-19 se omitan algunas etapas del proceso que generalmente se sigue?, le pregunta BBC Mundo.

Una calle

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El uso de mascarillas, el confinamiento y el distanciamiento social son algunas de las medidas implementadas para evitar los contagios de coronavirus, mientras llega la vacuna.

“El tiempo promedio que lleva fabricar una vacuna es de alrededor 15 a 20 años“, responde.

Y evoca su experiencia con la vacuna de rotavirus que desarrolló junto a los doctores Fred Clark y Stanley Plotkin, conocida como RotaTeq, “que ha sido aprobada para su uso desde 2006”, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

“La vacuna que hicimos en el Hospital de Niños (de Filadelfia) tomó aproximadamente 26 años. (Ese tiempo) no es algo inusual“, añade.

“Ahora estamos intentando fabricar una vacuna en un año y medio. Por definición, habrán etapas que se omitirán o se truncarán”.

Pero eso no necesariamente es algo negativo. Y explica en qué circunstancias “no es peligroso”:

Siempre y cuando se hagan los ensayos clínicos de fase 3, considero que estaremos bien”.

Offit hace referencia a los planes anunciados por algunos investigadores de poner a prueba las vacunas en ensayos que involucren a 30.000 voluntarios.

“Eso nos dará tanta información como la que normalmente se tendría en el proceso (convencional) de (desarrollar) una vacuna”.

Es posible que se salten algunas etapas iniciales, pero una vez las pruebas de la fase 3 muestren datos convincentes, “estaremos, al menos, tan informados como normalmente lo estaríamos sobre una vacuna”, en términos de seguridad y efectividad.

Pruebas en animales

De acuerdo con el docente, no siempre es esencial probar las vacunas en animales.

Un mono en una jaula

Getty Images
A lo largo de la historia de las vacunas, los animales han sido unos aliados.

“Con nuestra vacuna pasamos 10 años trabajando con modelos de animales para intentar demostrar conceptualmente que, de hecho, en animales experimentales la vacuna protegía”.

Pero, reflexiona: ¿ratones o personas?

Y cuenta la famosa frase de un investigador de vacunas: “Los ratones mienten y los monos exageran”.

“Nunca sabrás realmente si algo es efectivo hasta que lo implementas en las personas”.

“Aunque los modelos de animales te pueden guiar para saber cuán probable es que una vacuna funcione y te pueden orientar para conocer qué parte de la respuesta inmune es la que probablemente predecirá la protección, nunca sabrás sobre una vacuna hasta que se la pones a la gente”.

Una investigadora

Boston Globe via Getty Images
Una de las vacunas cuya evolución se ha dado a conocer es la desarrollada por la compañía Moderna, en Estados Unidos. Esta foto es de una de las investigadoras del laboratorio.

“No sabemos”

Offit ha dicho que es importane que las compañías dejen de decir cuándo “saldrá” la vacuna porque en realidad no lo saben.

“Deberíamos ser humildes sobre cuánto no sabemos”, insiste.

“Cuando este coronavirus surgió por primera vez en noviembre de 2019 en Wuhan, (…) creo que la gente pensó que actuaría como el virus del MERS o el virus del SARS, pero no fue así”.

También se pensó que se comportaría como otros coronavirus humanos, lo que tampoco sucede.

Este virus, explica el doctor, “hace una serie de cosas que ninguno de esos virus hace: se propaga fácilmente durante los meses de verano, afecta el funcionamiento de los vasos sanguíneos y causa una variedad de inflamaciones de los mismos, llamada vasculitis”, por citar dos ejemplos.

También puede llegar a causar una enfermedad inusual en los niños llamada MIS-C (síndrome multisistémico inflamatorio), “la cual, hasta donde yo sé, nunca se ha demostrado que la cause un virus”.

“Simplemente sigue sorprendiéndonos y es apenas el comienzo. Creo que pronto habrá más sorpresas, pues es un virus difícil de caracterizar, de anticipar“.

Y la comunidad científica está tratando de vencerlo de diferentes maneras.

Una de ellas es a través de varias estrategias de vacunas, “que nunca antes se han utilizado y con las cuales no tenemos experiencia, pero de las cuales estoy seguro de que también vamos a aprender”.

“Creo que deberíamos ser lo suficientemente humildes como para darnos cuenta de que el próximo año o en los siguientes dos años, aprenderemos algunas cosas que desearíamos haber sabido ahora”.

Volverla universal

El experto, quien también es autor de varios libros, cree que hay una alta probabilidad de que la vacuna que se desarrolle necesitará de dos dosis.

Vacuna

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Otro desafío que se asoma, una vez se haya desarrollado la vacuna contra covid-19, es hacerla accesible a todos.

Hacerla universal será un desafío sin precedentes, no sólo por el número de dosis que se requerirán sino porque cada región del planeta tendrá su propio ritmo de producción.

Offit pone como ejemplo Estados Unidos.

“Si se va a administrar solo a grupos de alto riesgo y se trata de una vacuna de dos dosis, se necesitarán 250 millones de dosis”, calcula.

“Francamente, creo que estas vacunas irán saliendo lentamente durante un período de años antes de que realmente podamos inmunizar a un número crucial de personas”.

Y si se tiene en consideración que la respuesta inmune pudiera ser de corta vida, “hay que ofrecer dosis de refuerzo, lo que se traduce en más dosis”.

La experiencia del rotavirus frente al coronavirus

El doctor explica que la primera vez que se tuvo conocimiento de los rotavirus fue en la década de los años 40 y se identificó como causantes de una enfermedad en los animales (mamíferos).

“Supimos que los rotavirus provocaban una enfermedad en los humanos a inicios de la década de los 70”.

Rotavirus

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“Las dos causas más frecuentes de diarrea moderada a grave en países de ingresos bajos son los rotavirus y Escherichia coli”, señala la OMS.

La primera vacuna contra el rotavirus estuvo disponible en 1998, pero estuvo en el mercado sólo 10 meses porque los científicos la vincularon con un problema intestinal llamado invaginación intestinal, que podía tener consecuencias fatales.

“Era un virus con el que teníamos décadas de experiencia. Sin embargo, nos sorprendió el hallazgo de la obstrucción intestinal”.

“Ahora, estamos ante un virus con el que tenemos menos de un año de experiencia y ya nos ha sorprendido”.

“Creo que es justo decir que podrían haber más sorpresas frente a nosotros y simplemente considero que la gente debe ser más consciente de eso”.

Y hace una última reflexión:

“Esperamos que los avances lleguen sin costo, que los milagros lleguen sin costo, asumimos que no hay curva de aprendizaje, pero siempre la hay”.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

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