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Proyecto Impacto Consultores, AC

Arte tzotzil de exportación: comercio ético impulsa a artesanas indígenas en Chiapas

Una iniciativa destaca las habilidades de las artesanas chiapanecas e inserta su trabajo en un cadena comercial justa, sin perder sus tradiciones.
Proyecto Impacto Consultores, AC
Por Nayeli Roldán
28 de enero, 2018
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Rosa Gómez Ruiz tiene 25 años, es delgada y carga a su bebé de un año de edad en un rebozo amarrado a la espalda; sus hijos mayores, de cuatro y dos años, estarán con la abuela por unas horas. Porta un suéter negro que desentona con los bordados morados y azules de la vestimenta tradicional de la comunidad —este le sirve para aguantar los 6 grados de temperatura que alcanzan las mañanas de enero en Aldama, un municipio en Los Altos de Chiapas—. Aunque dice estar acostumbrada al frío extremo o al sol recalcitrante, su piel guarda estragos del clima que la hacen ver mayor a su edad.

En el municipio de Aldama hay 5,072 habitantes y 97.3 por ciento de ellos están en situación de pobreza, es decir, 4,899 personas ni siquiera tienen lo indispensable para vivir, como alimentación o vivienda con drenaje y luz eléctrica. Si alguien enferma, solo puede ir a una de las dos unidades médicas disponibles; pero si el padecimiento es más grave, deben trasladarse hasta Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, a más de dos horas de distancia.

Rosa es uno de los 2,100 adultos que solo estudió la primaria y no pudo avanzar a la secundaria para completar la educación básica. Aun así, tuvo más suerte que el 28 por ciento de la población del lugar, unos 689 habitantes, que no saben leer ni escribir. Ella es de las pocas que sabe español y lo habla bien, aunque con menos fluidez que el tzotzil, su lengua materna.

Con otra decena de mujeres, Rosa acudió a una reunión con una diseñadora de modas y una pequeña empresaria de San Cristóbal de las Casas que vende ropa para niños con bordados tradicionales en la zona turística. Desde hace cinco años, las mujeres tzotziles hacen artesanías que se comercializan en otras regiones del país a través de un modelo de trabajo llamado “comercio ético”.

Se trata de un esfuerzo impulsado por Proyecto Impacto Consultores, AC, una organización que funciona como puente entre las artesanas y los interesados en comprar y vender los productos artesanales, con la condición de respetar los conocimientos de las mujeres e involucrarlas en el proceso de diseño de cada pieza y de pagar su trabajo por hora.

Así, por ejemplo, mientras las artesanas vendían un cojín de 50 centímetros con brocados hechos en telar de cintura por 150 pesos en la zona turística de San Cristóbal de las Casas, ahora lo cotizan en 600 pesos. Es un modelo laboral que, refieren, valora y respeta su trabajo.

Bordado con sello propio

Rosa aprendió a tejer desde los siete años, cuando su madre le hizo un telar de cintura a su tamaño. En su comunidad el conocimiento del tejido se pasa de generación en generación entre las mujeres: primero, porque cada una confecciona la ropa que usa y, segundo, porque el tipo de brocado y los materiales utilizados en sus prendas sirve para distinguir a una comunidad de otra.

El brocado en Aldama es de formas geométricas diminutas que forman animales o paisajes en faldas color azul marino de lana y huipiles y blusas negras o rojas. A diferencia del bordado, donde se forman los diseños sobre una prenda terminada, en el telar de cintura se crean las formas durante el tejido. Los hilos se acomodan de forma vertical y en ellos se entrelazan otros más para formar mariposas, ranas o flores.

Si bien el estilo de bordado es característico de las comunidades, cada mujer imprime su propio sello en las prendas que comercializa. Por eso es que cada pieza es una creación distinta a los diseños tradicionales que utilizan a diario las mujeres de la comunidad.

La organización Impacto se propuso crear un modelo laboral en el que se preserve el conocimiento ancestral en las comunidades y donde, al mismo tiempo, las mujeres aprovechen sus habilidades para obtener ingresos y su trabajo sea valorado en la cadena comercial. Así se constituyó en 2013 con un objetivo principal: combatir la brecha de la desigualdad en regiones de Chiapas, estado donde ocho de cada 10 personas viven en pobreza.

El proyecto se aboca a crear una plataforma en la que existe un intercambio de conocimientos, estrategias y vinculación entre las comunidades y el sector comercial para crear una cadena de valor. La organización imparte talleres en tres aspectos: técnico-productiva, con capacitaciones en color y tendencias, desarrollo de producto o diseño participativo; capacitación para el desarrollo humano con cursos de empoderamiento, liderazgo o equidad de género y capacitación de negocios, con talleres sobre comercialización o cadena de valor.

Adriana Aguerrebere, directora de Impacto, explica que la apuesta es por el “desarrollo y empoderamiento de mujeres”. Esta estrategia busca “ayudar a las mujeres a generar otras capacidades y herramientas para crear estos sistemas de emprendimiento social sanos así como generar una cadena de valor”.

En el sector comercial, Impacto busca dar herramientas para que las artesanas reconozcan el valor de su trabajo y tomen decisiones de mercado que las beneficien. “Ellas tienen un patrimonio, tienen un conocimiento profundo sobre el telar de cintura o pedal, y nosotras nada más les damos estas herramientas para explotar este conocimiento y crear un producto que puede ser mucho más vendible desde un punto de vista más occidental”.

Al tiempo de que las artesanas preservan el patrimonio, aprenden otras herramientas de producción e innovación de producto y logran el acercamiento a vínculos comerciales que sean directos en su mayoría con el “consumidor ético”, es decir, aquel que valora el trabajo de las artesanas, reconoce la riqueza histórica de cada brocado y está dispuesto a pagar por ello.

Para determinar el precio de los productos, Impacto “contextualiza el mercado local regional”, tomando en cuenta los salarios para otros oficios y con el ingreso familiar; además, se toma como base el salario mínimo. “Sabemos perfectamente que eso no alcanza ni para la canasta básica, pero (el pago) no puede estar por debajo de eso”. Por ello el pago determinado por hora es de 15 pesos mínimo, dice Aguerrebere.

Sin embargo, la organización vincula a las artesanas con diseñadores y pequeños empresarios que comercializan los productos y, dependiendo del mercado al que van dirigidas y las exigencias en el terminado de los productos, el pago puede ascender hasta 35 pesos por hora, sobre todo con marcas internacionales.

La directora de Impacto explica que ellos validan que las artesanas reciban un pago mínimo por hora, Y justo por su trabajo.

En Aldama formaron un grupo de una docena de mujeres que trabaja con Impacto. Ellas han hecho productos para la marca Carmen Rion, con sede en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. La diseñadora elige el tipo de bordado y solicita el tipo de productos: ropa, manteles o cojines. Cada artesana tiene su propio estilo y si alguno de sus diseños es elegido obtiene el pago, porque cada una trabaja a su tiempo y, según determinó la asamblea, lo justo es que quien trabaje más, gane más, afirma Micaela Ruiz.

A veces las diseñadoras proveen los hilos y las mujeres solo tejen. Así, por ejemplo, una artesana tarda 15 horas en hacer una blusa talla 1 para niña en telar de cintura y le pagan 250 pesos. En San Cristóbal de las Casas los turistas regatean tanto que el mismo producto lo vendían en 80 pesos.

Además de acordar el precio por el tiempo laboral, Impacto creó una metodología para unir a las artesanas con las diseñadoras y complementar ambos conocimientos. Las artesanas que deciden participar en alguno de los pedidos primero dibujan algo que les gusta, sin importar que no sean los brocados tradicionales. Hacen animales o paisajes, combinación de colores, figuras geométricas.

Con ellas, las diseñadoras eligen aquellas que funcionen para alguna colección, como el caso de la marca Andrea Velazco para hacer un número de piezas específicas que se venden en alguna tienda. Ana Pérez, de la comunidad de San Juan Cancuc, por ejemplo, dibujó un conejo y su diseño quedó plasmado en un huipil color salmón por el que ganó 700 pesos y la prenda se comercializa en 3,000 pesos, aproximadamente.

El esposo de Ana trabaja en el campo y por cada cosecha de café gana 10,000 pesos, pero es todo su ingreso en 365 días; es decir, unos 27 pesos al día, porque el maíz y frijol que cosechan es solo para autoconsumo. Lo que ella gana alcanza para comprar leche o carne, que no forma parte de su dieta diaria.

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Los diseños que hacen las artesanas se comercializan en una tienda de Guadalajara y en la Ciudad de México especializadas en diseño mexicano y las artesanas ganan 18 pesos por hora. “El corazón de la colección es su inspiración. Su mundo, en medio de la naturaleza, está trasladado en las prendas y eso solo ellas lo pueden hacer”; después cada prenda se adecua a diseños más occidentales como chalecos o blusas, dice la diseñadora Andrea Velazco.

Roxana Cuello creó la marca Lek-Lek especializada en ropa para bebés y niños con la idea de hacerse de un negocio familiar y fomentar el trabajo de las artesanas. Desde 2014 abrió una tienda en San Cristóbal de las Casas y las prendas son diseños de artesanas de Aguacatenango, San Juan Chamula, Amatenango, Aldama y San Juan Cancuc.

En estos cuatro años, dice Roxana, el negocio ha crecido y beneficiado a todos. “La clave del éxito es hacer una buena conexión para las mujeres artesanas y tomarlas en cuenta en todo el tema de diseño, que se sientan parte del equipo”.

Plagios y protección

La forma de trabajo de Impacto es una buena práctica que intenta, sobre todo, respetar y empoderar a las mujeres artesanas. Sin embargo, existen ejemplos de abuso y plagios de los diseños de las comunidades. Impacto ha detectado al menos nueve casos de plagio de brocados tradicionales por marcas reconocidas como Isabel Marant con las blusas de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca y Pahuatlán, Puebla. Rapsodia con el diseño de las blusas de San Antonino Castillo Velasco, en Oaxaca, y Madewell copió el huipil de San Andrés Larráinzar, Chiapas.

La marca Pineda Covalín plagió los tenangos de Doria, Hidalgo, igual que Mara Hoffman y Mango. La firma Zara también usó los bordados de Aguacatenango, Chiapas, e Intropia copió los diseños de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, Oaxaca.

Sin embargo, en México no existe ningún instrumento jurídico que pudiera defender a las comunidades indígenas por el plagio de los brocados y bordados tradicionales porque ninguno de ellos está registrado bajo el derecho de autor. Es decir, no pueden demandar la propiedad porque en la ley no es de nadie.

Esto abre un debate que contrapone ambos mundos porque mientras uno protege al individuo, en los pueblos originarios la convivencia busca el bien comunitario, advierte la profesora de Oakland University Technology, de Nueva Zelanda, Diana Albarrán González.

“Hay un encuentro de mundos en donde las ideologías de Occidente, la propiedad, la creación pertenece a una sola persona, pero los pueblos originarios de todo el mundo hablan de colectividad (por lo tanto), no pueden registrar algo que no les pertenece como persona sino como comunidad”, explica la especialista que realiza un doctorado sobre la descolonización del diseño con artesanos indígenas en México para el consumo ético.

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No existe ningún instrumento en el mundo que proteja a los pueblos indígenas de estas prácticas “depredadoras”, pero en Guatemala, por ejemplo, el Movimiento Nacional de Tejedoras Mayas propuso un proyecto de ley que busca reconocer “la propiedad intelectual colectiva” de los pueblos indígenas, en un intento por protegerse de otro despojo, como consideran a los plagios de sus diseños; pero hasta el momento no se ha concretado. En Colombia funciona “la denominación de origen”, igual que en México con el tequila, por ejemplo, pero no se ha avanzado en los textiles.

“Jurídicamente es poco probable en protección al derecho patrimonial”, asegura el especialista en derecho del Tecnológico de Monterrey, Carlos Blanco, porque no podría determinarse quién es el primer autor de una obra como los textiles tradicionales. “Para determinar la titularidad del derecho de autor habría que ver el origen. Una opción podría ser propiedad colectiva, pero al no encontrar el origen, ahí es donde se rompe el derecho y (complica) a quién le damos la titularidad del derecho”, dice Blanco.

Sin embargo, existe una posibilidad de defensa a través de tratados internacionales del patrimonio cultural, que apela al derecho moral de los autores. Es decir, si una marca utiliza algún diseño tradicional la marca no tendría que pagarle, pero sí hacer un reconocimiento público sobre la comunidad de origen.

El debate también pasa por una discusión ideológica porque la propiedad intelectual podría considerarse como otra forma de “colonizar”, explica la experta Albarrán González. Por eso “lo que quiere hacer Guatemala empieza a explorar una vía para protegerse de externos que depredan”, porque no es lo mismo que entre comunidades se “copien” a que una transnacional produzca en masa.

La protección, además, no solo se trata de instrumentos jurídicos, sino también de defensa social. Los casos de plagio ocurridos el año pasado, por ejemplo, se visibilizaron en redes sociales y eso también es una manera de “educar al consumidor” porque si se denuncia que alguna marca internacional vende productos plagiados, los consumidores tienen la opción de elegir comprar o no.

Educar al consumidor es acercarlo a estos significados, el valor de los brocados tradicionales, a saber cuántas horas cuesta hacer una prenda y así “visibilizar a los artesanos y que sus procesos para que valoren”, dice Diana Albarrán.

Las paisanas

En San Juan Cancuc se vive en “alta marginalidad”, según las mediciones de pobreza. En 2015 ocupó el lugar 116 de 118 municipios en la escala estatal de rezago social porque la mitad de las viviendas tienen piso de tierra y pocas tienen drenaje o poseen refrigerador.

Aquí está la cooperativa X-Chilul Pak, el grupo de trabajo Las Paisanas, que se autollaman así porque las 16 mujeres que participan son de la misma comunidad. Ellas comenzaron a recibir capacitaciones desde 2016 y consiguieron un pequeño financiamiento a través de un programa de proyectos sustentables.

En asamblea decidieron abrir una tienda donde se ofertan los productos de todas. El espacio está construido con madera y muestra en maniquíes las blusas o vestidos con el tipo de brocado de la comunidad, pero más ceñidas o con colores distintos a los rosas tradicionales.

Con la organización Huellas que trascienden consiguen crédito de hilos, no en efectivo, pero les es muy útil y con la venta de las prendas “vamos ahorrando para comprar material y así vamos cada año haciendo más piezas para la tienda”, explica Juana Hernández, líder de la organización.

“Tenemos que checar cuál color se vende más o qué brocado”, así, cada artesana va adecuando sus diseños a las demandas del mercado. Cada una también gana de acuerdo con lo que trabaja y vende en la tienda o en los pedidos con los diseñadores y tiendas.

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¿Podría EU borrar "de la faz de la tierra" al crimen en México como ofreció Trump?

El reciente ofrecimiento del presidente Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para combatir y eliminar el crimen organizado tiene muchos problemas, opina el analista político Mariano Aguirre.
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11 de noviembre, 2019
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El reciente ofrecimiento de Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para “borrar de la faz de la tierra” al crimen organizado tiene muchos problemas.

El estado mexicano lleva 13 años combatiendo con las fuerzas de seguridad a las organizaciones criminales, sin haber podido desmantelarlas. El ejército estadounidense ha intervenido masivamente desde 2001 en Afganistán y en Irak desde 2003 sin acabar con las milicias en los dos países.

En los tres casos los grupos armados han ganado poder, se multiplicaron y diversificaron. Una intervención militar de Estados Unidos incrementaría la violencia, y retrasaría soluciones de largo plazo.

Inmediatamente después de la matanza de miembros de una comunidad mormona por parte de criminales mexicanos, el presidente Donald Trump ofreció ayuda militar a México para que “libre la guerra a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el ofrecimiento, pero indicó que es un asunto que “corresponde resolver al gobierno de México”. En 2017 Trump amenazó al expresidente Enrique Peña Nieto con enviar el ejército para frenar a los “malos hombres” mexicanos que quieren entrar en Estados Unidos.

La compleja relación entre México y Estados Unidos se ha vuelto más crítica sobre cómo luchar contra las organizaciones traficantes de droga (DTO, en sus siglas en inglés). Se calcula que el 90% de la droga que entra en Estados Unidos proviene de México, y que las organizaciones criminales obtienen unos beneficios de US$60.000 millones anuales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa a raíz de la matanza de una familia religiosa en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la intervención de EE.UU. en sus asuntos como interferencia en la soberanía.

En octubre pasado, el frustrado intento de apresar a un hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán (el Chapo) en la ciudad de Culiacán mostró las limitaciones del Estado ante la capacidad operativa y de fuego que tiene el crimen organizado.

El Gobierno admitió haber lanzado la operación sin prever una respuesta tan contundente por parte del cartel de Sinaloa, y que continuar con ella habría supuesto más víctimas.

En círculos del gobierno de Estados Unidos aumentan las críticas hacia el gobierno de López Obrador por haber cedido ante los criminales.

El subsecretario de Estado para cuestiones internacionales de narcóticos y aplicación de la ley, Richard Glenn, dijo ante el Congreso en Washington: “es de gran importancia que en este momento México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia amplia para enfrentar al crimen transnacional organizado. Si eso no ocurre no veremos progresos”.

El presidente mexicano criticó esa intervención como interferencia en la soberanía.

Estados Unidos y México llevan muchos años cooperando contra el crimen organizado, con pocos resultados exitosos.

Paradójicamente, la política militar del Estado mexicano, especialmente durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), de enfrentar a las organizaciones criminales no logró desmantelarlas, sino que se multiplicaron y volvieron más violentas.

Esta fragmentación es una característica de los conflictos violentos no convencionales en los que se cruzan crimen, competencia por la explotación de recursos y producciones ilícitas, control de comunidades, mercados y rutas de comercialización, corrupción, e internacionalización.

Neutralizar a los jefes

Desde 2016 hasta fin de 2017, Washington invirtió US$2.900 millones en la lucha contra los carteles en México, aparte de US$108 millones en el programa de informantes.

La ayuda contempla reforma de la política y del sector de la justicia, y controlar los movimientos ilícitos de dinero. Pero la estrategia central ha sido apresar o matar a los jefes de los carteles (kingpin strategy, en inglés).

Esta fue promovida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en sus siglas en inglés) desde la década de 1990 en Colombia y luego en México. Fue exitosa por el número de jefes presos o muertos (y con gran impacto mediático, como se ha visto en el juicio de El Chapo). Sin embargo, acarrea consecuencias indeseadas.

Agentes especiales de Estados Unidos escoltan al capo "El Chapo" Guzmán, tras su extradición a ese país

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La extradición a Estados Unidos, juicio y condena del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán es uno de los éxitos de la estrategia de Washington contra los carteles de las drogas.

Diversas investigaciones muestran que, al descabezar a las organizaciones criminales, estas se fragmentan y reproducen, los mandos intermedios pugnan brutalmente por el poder, y las dinámicas se vuelven más violentas. La falta de control de los líderes genera un vacío que produce más enfrentamientos.

Entre tanto, se debilitan los esfuerzos del Estado en desmantelar las estructuras del crimen organizado.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., en 2006 había seis grandes organizaciones de narcotraficantes en México. Actualmente hay diez: cartel de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana/Alejandro Félix, Juárez/Vicente Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, el Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el Cartel Jalisco-Nueva Generación, y los CUINIS.

Estos, a la vez, subcontratan a grupos criminales locales y regionales, cubriendo diversas actividades ilícitas (extorsión, prostitución, tráfico de emigrantes, robos, entre otras).

La implantación social de los carteles se debe también a la falta de presencia y legitimidad del Estado, el uso brutal de la violencia y la provisión de servicios sociales (básicos) y mecanismos de resolución de conflictos a la población que controlan, como indica un estudio de Brookings Institution.

Violaciones de derechos humanos

La ofensiva del gobierno de Calderón (proseguida durante la presidencia de Enrique Peña Nieto) fue acompañada de acusaciones de violación de derechos humanos por parte del ejército contra la población civil.

Por su lado, las organizaciones criminales incrementaron los asesinatos masivos y extra judiciales, secuestros, extorsiones, y desapariciones. Diversas comunidades se organizaron militarmente para defenderse (y fueron, a la vez, cooptadas por los carteles de la droga).

Un miembro de un grupo civil armado monta guardia en Tlacotepec, Guerrero

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Varias comunidades han creado grupos armados para defenderse de la violencia relacionada al narcotráfico.

La falta de control civil sobre el ejército y las violaciones de derechos humanos llevaron a la Corte Suprema a pronunciarse en 2017 en contra de la Ley de Seguridad Interior que pretendía aprobar el gobierno.

El presidente López Obrador ha creado una Guardia Nacional de 60.000 miembros, que sustituye a la policía (mal pagada, mal entrenada y, en general, corrompida).

Según Gema Santamaría, profesora en Loyola University (Chicago) el conflicto mexicano es plural por el alto número de actores, dinámico por la rápida capacidad de adaptación de los actores armados, e híbrido porque del mismo forman parte actores estatales y no estatales.

Entre esos actores se dan alianzas, confrontaciones y subordinaciones que desmienten que haya una línea clara de “nosotros contra ellos”. El ambiente menos propicio para una intervención extranjera.

Insurgencia criminal

Trabajadores forenses descargan los ataúdes de víctimas no identificadas de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua

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El número de personas asesinadas en la última década en México se cuenta en los cientos de miles.

El impacto social de la ofensiva del Estado y la respuesta de las organizaciones criminales ha sido devastador.

Desde 2006 murieron asesinadas 250.000 personas, y otras 40.000 han desaparecido. En 2018 los homicidios superaron los 33.000 casos, un 33% más que el año anterior.

Entre enero y junio de 2019 han sido asesinadas 17.000 personas. La mayor violencia se da en los estados donde enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de producción, tráfico y venta de droga, y con las fuerzas de seguridad.

Un estudio del centro británico Chatham House dice que en México hay una “insurgencia criminal”. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, el número víctimas producido por la violencia mexicana le equipara a una guerra.

Sin embargo, no es una guerra convencional, ni puede ser sólo enfrentada como la imagina Trump.

Combatir las complicidades

El presidente Obrador ha cuestionado la política de sus predecesores, poniendo el énfasis en programas educativos para jóvenes, planes de desarrollo y políticas de diálogo con las organizaciones criminales.

También ha especulado con una amnistía para quienes no hayan cometido crímenes de sangre. Pero su plan es poco concreto.

Protesta contra la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, 26 de septiembre de 2015

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Muchos vinculan a funcionarios del gobierno y otras élites con atrocidades cometidas como la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en 2015.

La organización Justice in Mexico, de la Universidad de San Diego, considera que además de ocuparse de los déficits socioeconómicos que llevan a muchos hombres jóvenes a integrarse en grupos criminales, el Estado debe hacer responsable a los actores violentos, y combatir la corrupción y vínculos con el narcotráfico que tienen funcionarios de gobierno y grupos de la élite económica en los niveles regionales y locales.

Son esas complicidades las que sostienen al crimen organizado.

Se debe, así mismo, remediar la impunidad que permite la falta de condenas a socios “de cuello blanco” del narcotráfico que lavan dinero, cometen fraudes y manejan esquemas de manejo de fondos y evasión. Para ello se precisa capacidad de análisis e investigación y seguimiento a los desafíos al estado de derecho,

Otras medidas, en las que coinciden expertos como Santamaría, son priorizar los planes sociales en zonas altamente afectadas por la violencia, invertir más en prevención que en castigo, prevenir el reclutamiento de niños, jóvenes e inmigrantes, y proveer protección a políticos no corruptos (en particular alcaldes), comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Migración, tráfico de armas y el mercado del Norte

Efectivos de la Marina de México escoltan a 5 supuestos miembros del cartel de los Zetas, frente a una multitud de armas confiscadas

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Muchas de las armas en posesión de los carteles son adquiridas sin restricciones por intermediarios en de Estados Unidos.

Parte del problema de México es la demanda de droga en Estados Unidos y otros países. En vez de ofrecer el ejército para continuar una estrategia errada, el presidente Trump debería plantearse combatir a los intermediarios del mercado interno estadounidense, e interrogarse por las razones que producen esa demanda masiva.

Otra cuestión que la Casa Blanca podría revisar es la compra de armas estadounidenses que realizan las organizaciones criminales mexicanas.

Armas automáticas y semi-automáticas (altamente letales) son adquiridas sin restricciones por intermediarios en Texas y otros estados para ser revendidas en México, donde rige una prohibición muy estricta sobre posesión de armamento.

Según la Government Accountability Office siete de cada 10 armas que son confiscadas en ese país a grupos armados provienen de su vecino del Norte.

La preocupación principal del presidente de Estados Unidos respecto de México es que el gobierno de ese país colabore en frenar la migración centroamericana y mexicana, y obtener ventajas en el marco del tratado de libre comercio (NAFTA, en sus siglas en inglés) con ese país y Canadá.

Después de haberlo presionado y chantajeado durante meses, Trump agradeció a López Obrador que México haya desplegado miles de efectivos en la frontera con Guatemala para bloquear el paso a miles de centroamericanos que tratan de emigrar a Estados Unidos.

En reciprocidad, acaba de ofrecerle el ejército, algo que resuena bien entre su base electoral, y que aceleraría la inseguridad en México.

Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales. Autor de Salto al vacío. Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria editorial, Barcelona, 2017).


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