Arte tzotzil de exportación: comercio ético impulsa a artesanas indígenas en Chiapas
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Proyecto Impacto Consultores, AC

Arte tzotzil de exportación: comercio ético impulsa a artesanas indígenas en Chiapas

Una iniciativa destaca las habilidades de las artesanas chiapanecas e inserta su trabajo en un cadena comercial justa, sin perder sus tradiciones.
Proyecto Impacto Consultores, AC
Por Nayeli Roldán
28 de enero, 2018
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Rosa Gómez Ruiz tiene 25 años, es delgada y carga a su bebé de un año de edad en un rebozo amarrado a la espalda; sus hijos mayores, de cuatro y dos años, estarán con la abuela por unas horas. Porta un suéter negro que desentona con los bordados morados y azules de la vestimenta tradicional de la comunidad —este le sirve para aguantar los 6 grados de temperatura que alcanzan las mañanas de enero en Aldama, un municipio en Los Altos de Chiapas—. Aunque dice estar acostumbrada al frío extremo o al sol recalcitrante, su piel guarda estragos del clima que la hacen ver mayor a su edad.

En el municipio de Aldama hay 5,072 habitantes y 97.3 por ciento de ellos están en situación de pobreza, es decir, 4,899 personas ni siquiera tienen lo indispensable para vivir, como alimentación o vivienda con drenaje y luz eléctrica. Si alguien enferma, solo puede ir a una de las dos unidades médicas disponibles; pero si el padecimiento es más grave, deben trasladarse hasta Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, a más de dos horas de distancia.

Rosa es uno de los 2,100 adultos que solo estudió la primaria y no pudo avanzar a la secundaria para completar la educación básica. Aun así, tuvo más suerte que el 28 por ciento de la población del lugar, unos 689 habitantes, que no saben leer ni escribir. Ella es de las pocas que sabe español y lo habla bien, aunque con menos fluidez que el tzotzil, su lengua materna.

Con otra decena de mujeres, Rosa acudió a una reunión con una diseñadora de modas y una pequeña empresaria de San Cristóbal de las Casas que vende ropa para niños con bordados tradicionales en la zona turística. Desde hace cinco años, las mujeres tzotziles hacen artesanías que se comercializan en otras regiones del país a través de un modelo de trabajo llamado “comercio ético”.

Se trata de un esfuerzo impulsado por Proyecto Impacto Consultores, AC, una organización que funciona como puente entre las artesanas y los interesados en comprar y vender los productos artesanales, con la condición de respetar los conocimientos de las mujeres e involucrarlas en el proceso de diseño de cada pieza y de pagar su trabajo por hora.

Así, por ejemplo, mientras las artesanas vendían un cojín de 50 centímetros con brocados hechos en telar de cintura por 150 pesos en la zona turística de San Cristóbal de las Casas, ahora lo cotizan en 600 pesos. Es un modelo laboral que, refieren, valora y respeta su trabajo.

Bordado con sello propio

Rosa aprendió a tejer desde los siete años, cuando su madre le hizo un telar de cintura a su tamaño. En su comunidad el conocimiento del tejido se pasa de generación en generación entre las mujeres: primero, porque cada una confecciona la ropa que usa y, segundo, porque el tipo de brocado y los materiales utilizados en sus prendas sirve para distinguir a una comunidad de otra.

El brocado en Aldama es de formas geométricas diminutas que forman animales o paisajes en faldas color azul marino de lana y huipiles y blusas negras o rojas. A diferencia del bordado, donde se forman los diseños sobre una prenda terminada, en el telar de cintura se crean las formas durante el tejido. Los hilos se acomodan de forma vertical y en ellos se entrelazan otros más para formar mariposas, ranas o flores.

Si bien el estilo de bordado es característico de las comunidades, cada mujer imprime su propio sello en las prendas que comercializa. Por eso es que cada pieza es una creación distinta a los diseños tradicionales que utilizan a diario las mujeres de la comunidad.

La organización Impacto se propuso crear un modelo laboral en el que se preserve el conocimiento ancestral en las comunidades y donde, al mismo tiempo, las mujeres aprovechen sus habilidades para obtener ingresos y su trabajo sea valorado en la cadena comercial. Así se constituyó en 2013 con un objetivo principal: combatir la brecha de la desigualdad en regiones de Chiapas, estado donde ocho de cada 10 personas viven en pobreza.

El proyecto se aboca a crear una plataforma en la que existe un intercambio de conocimientos, estrategias y vinculación entre las comunidades y el sector comercial para crear una cadena de valor. La organización imparte talleres en tres aspectos: técnico-productiva, con capacitaciones en color y tendencias, desarrollo de producto o diseño participativo; capacitación para el desarrollo humano con cursos de empoderamiento, liderazgo o equidad de género y capacitación de negocios, con talleres sobre comercialización o cadena de valor.

Adriana Aguerrebere, directora de Impacto, explica que la apuesta es por el “desarrollo y empoderamiento de mujeres”. Esta estrategia busca “ayudar a las mujeres a generar otras capacidades y herramientas para crear estos sistemas de emprendimiento social sanos así como generar una cadena de valor”.

En el sector comercial, Impacto busca dar herramientas para que las artesanas reconozcan el valor de su trabajo y tomen decisiones de mercado que las beneficien. “Ellas tienen un patrimonio, tienen un conocimiento profundo sobre el telar de cintura o pedal, y nosotras nada más les damos estas herramientas para explotar este conocimiento y crear un producto que puede ser mucho más vendible desde un punto de vista más occidental”.

Al tiempo de que las artesanas preservan el patrimonio, aprenden otras herramientas de producción e innovación de producto y logran el acercamiento a vínculos comerciales que sean directos en su mayoría con el “consumidor ético”, es decir, aquel que valora el trabajo de las artesanas, reconoce la riqueza histórica de cada brocado y está dispuesto a pagar por ello.

Para determinar el precio de los productos, Impacto “contextualiza el mercado local regional”, tomando en cuenta los salarios para otros oficios y con el ingreso familiar; además, se toma como base el salario mínimo. “Sabemos perfectamente que eso no alcanza ni para la canasta básica, pero (el pago) no puede estar por debajo de eso”. Por ello el pago determinado por hora es de 15 pesos mínimo, dice Aguerrebere.

Sin embargo, la organización vincula a las artesanas con diseñadores y pequeños empresarios que comercializan los productos y, dependiendo del mercado al que van dirigidas y las exigencias en el terminado de los productos, el pago puede ascender hasta 35 pesos por hora, sobre todo con marcas internacionales.

La directora de Impacto explica que ellos validan que las artesanas reciban un pago mínimo por hora, Y justo por su trabajo.

En Aldama formaron un grupo de una docena de mujeres que trabaja con Impacto. Ellas han hecho productos para la marca Carmen Rion, con sede en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. La diseñadora elige el tipo de bordado y solicita el tipo de productos: ropa, manteles o cojines. Cada artesana tiene su propio estilo y si alguno de sus diseños es elegido obtiene el pago, porque cada una trabaja a su tiempo y, según determinó la asamblea, lo justo es que quien trabaje más, gane más, afirma Micaela Ruiz.

A veces las diseñadoras proveen los hilos y las mujeres solo tejen. Así, por ejemplo, una artesana tarda 15 horas en hacer una blusa talla 1 para niña en telar de cintura y le pagan 250 pesos. En San Cristóbal de las Casas los turistas regatean tanto que el mismo producto lo vendían en 80 pesos.

Además de acordar el precio por el tiempo laboral, Impacto creó una metodología para unir a las artesanas con las diseñadoras y complementar ambos conocimientos. Las artesanas que deciden participar en alguno de los pedidos primero dibujan algo que les gusta, sin importar que no sean los brocados tradicionales. Hacen animales o paisajes, combinación de colores, figuras geométricas.

Con ellas, las diseñadoras eligen aquellas que funcionen para alguna colección, como el caso de la marca Andrea Velazco para hacer un número de piezas específicas que se venden en alguna tienda. Ana Pérez, de la comunidad de San Juan Cancuc, por ejemplo, dibujó un conejo y su diseño quedó plasmado en un huipil color salmón por el que ganó 700 pesos y la prenda se comercializa en 3,000 pesos, aproximadamente.

El esposo de Ana trabaja en el campo y por cada cosecha de café gana 10,000 pesos, pero es todo su ingreso en 365 días; es decir, unos 27 pesos al día, porque el maíz y frijol que cosechan es solo para autoconsumo. Lo que ella gana alcanza para comprar leche o carne, que no forma parte de su dieta diaria.

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Los diseños que hacen las artesanas se comercializan en una tienda de Guadalajara y en la Ciudad de México especializadas en diseño mexicano y las artesanas ganan 18 pesos por hora. “El corazón de la colección es su inspiración. Su mundo, en medio de la naturaleza, está trasladado en las prendas y eso solo ellas lo pueden hacer”; después cada prenda se adecua a diseños más occidentales como chalecos o blusas, dice la diseñadora Andrea Velazco.

Roxana Cuello creó la marca Lek-Lek especializada en ropa para bebés y niños con la idea de hacerse de un negocio familiar y fomentar el trabajo de las artesanas. Desde 2014 abrió una tienda en San Cristóbal de las Casas y las prendas son diseños de artesanas de Aguacatenango, San Juan Chamula, Amatenango, Aldama y San Juan Cancuc.

En estos cuatro años, dice Roxana, el negocio ha crecido y beneficiado a todos. “La clave del éxito es hacer una buena conexión para las mujeres artesanas y tomarlas en cuenta en todo el tema de diseño, que se sientan parte del equipo”.

Plagios y protección

La forma de trabajo de Impacto es una buena práctica que intenta, sobre todo, respetar y empoderar a las mujeres artesanas. Sin embargo, existen ejemplos de abuso y plagios de los diseños de las comunidades. Impacto ha detectado al menos nueve casos de plagio de brocados tradicionales por marcas reconocidas como Isabel Marant con las blusas de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca y Pahuatlán, Puebla. Rapsodia con el diseño de las blusas de San Antonino Castillo Velasco, en Oaxaca, y Madewell copió el huipil de San Andrés Larráinzar, Chiapas.

La marca Pineda Covalín plagió los tenangos de Doria, Hidalgo, igual que Mara Hoffman y Mango. La firma Zara también usó los bordados de Aguacatenango, Chiapas, e Intropia copió los diseños de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, Oaxaca.

Sin embargo, en México no existe ningún instrumento jurídico que pudiera defender a las comunidades indígenas por el plagio de los brocados y bordados tradicionales porque ninguno de ellos está registrado bajo el derecho de autor. Es decir, no pueden demandar la propiedad porque en la ley no es de nadie.

Esto abre un debate que contrapone ambos mundos porque mientras uno protege al individuo, en los pueblos originarios la convivencia busca el bien comunitario, advierte la profesora de Oakland University Technology, de Nueva Zelanda, Diana Albarrán González.

“Hay un encuentro de mundos en donde las ideologías de Occidente, la propiedad, la creación pertenece a una sola persona, pero los pueblos originarios de todo el mundo hablan de colectividad (por lo tanto), no pueden registrar algo que no les pertenece como persona sino como comunidad”, explica la especialista que realiza un doctorado sobre la descolonización del diseño con artesanos indígenas en México para el consumo ético.

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No existe ningún instrumento en el mundo que proteja a los pueblos indígenas de estas prácticas “depredadoras”, pero en Guatemala, por ejemplo, el Movimiento Nacional de Tejedoras Mayas propuso un proyecto de ley que busca reconocer “la propiedad intelectual colectiva” de los pueblos indígenas, en un intento por protegerse de otro despojo, como consideran a los plagios de sus diseños; pero hasta el momento no se ha concretado. En Colombia funciona “la denominación de origen”, igual que en México con el tequila, por ejemplo, pero no se ha avanzado en los textiles.

“Jurídicamente es poco probable en protección al derecho patrimonial”, asegura el especialista en derecho del Tecnológico de Monterrey, Carlos Blanco, porque no podría determinarse quién es el primer autor de una obra como los textiles tradicionales. “Para determinar la titularidad del derecho de autor habría que ver el origen. Una opción podría ser propiedad colectiva, pero al no encontrar el origen, ahí es donde se rompe el derecho y (complica) a quién le damos la titularidad del derecho”, dice Blanco.

Sin embargo, existe una posibilidad de defensa a través de tratados internacionales del patrimonio cultural, que apela al derecho moral de los autores. Es decir, si una marca utiliza algún diseño tradicional la marca no tendría que pagarle, pero sí hacer un reconocimiento público sobre la comunidad de origen.

El debate también pasa por una discusión ideológica porque la propiedad intelectual podría considerarse como otra forma de “colonizar”, explica la experta Albarrán González. Por eso “lo que quiere hacer Guatemala empieza a explorar una vía para protegerse de externos que depredan”, porque no es lo mismo que entre comunidades se “copien” a que una transnacional produzca en masa.

La protección, además, no solo se trata de instrumentos jurídicos, sino también de defensa social. Los casos de plagio ocurridos el año pasado, por ejemplo, se visibilizaron en redes sociales y eso también es una manera de “educar al consumidor” porque si se denuncia que alguna marca internacional vende productos plagiados, los consumidores tienen la opción de elegir comprar o no.

Educar al consumidor es acercarlo a estos significados, el valor de los brocados tradicionales, a saber cuántas horas cuesta hacer una prenda y así “visibilizar a los artesanos y que sus procesos para que valoren”, dice Diana Albarrán.

Las paisanas

En San Juan Cancuc se vive en “alta marginalidad”, según las mediciones de pobreza. En 2015 ocupó el lugar 116 de 118 municipios en la escala estatal de rezago social porque la mitad de las viviendas tienen piso de tierra y pocas tienen drenaje o poseen refrigerador.

Aquí está la cooperativa X-Chilul Pak, el grupo de trabajo Las Paisanas, que se autollaman así porque las 16 mujeres que participan son de la misma comunidad. Ellas comenzaron a recibir capacitaciones desde 2016 y consiguieron un pequeño financiamiento a través de un programa de proyectos sustentables.

En asamblea decidieron abrir una tienda donde se ofertan los productos de todas. El espacio está construido con madera y muestra en maniquíes las blusas o vestidos con el tipo de brocado de la comunidad, pero más ceñidas o con colores distintos a los rosas tradicionales.

Con la organización Huellas que trascienden consiguen crédito de hilos, no en efectivo, pero les es muy útil y con la venta de las prendas “vamos ahorrando para comprar material y así vamos cada año haciendo más piezas para la tienda”, explica Juana Hernández, líder de la organización.

“Tenemos que checar cuál color se vende más o qué brocado”, así, cada artesana va adecuando sus diseños a las demandas del mercado. Cada una también gana de acuerdo con lo que trabaja y vende en la tienda o en los pedidos con los diseñadores y tiendas.

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Coronavirus: por qué México es el país de América Latina que menos dinero ha gastado durante la pandemia de COVID-19

Al comparar los paquetes de estímulo fiscal aplicados en la región, México aparece en el último lugar de la lista. ¿Cuáles son las razones de esta decisión?
13 de mayo, 2021
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México siguió el camino de la austeridad fiscal durante la pandemia de COVID-19. Un camino que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado.

A diferencia de lo que hizo al desatarse la crisis financiera de 2008, el FMI esta vez se mostró a favor del endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a la recesión, excepto en aquellas economías cuyas arcas fiscales están secas o no tienen ninguna capacidad de conseguir recursos en los mercados financieros.

“Para detener el declive de la actividad económica y el aumento de la pobreza, México se beneficiaría de un mayor apoyo fiscal temporal a corto plazo”, señala un informe del organismo publicado en octubre del año pasado, en el cual recomienda gastar entre 2,5% y 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB.

“México tiene cierto espacio fiscal y disfruta de un cómodo acceso al mercado que podría utilizarse durante estos tiempos difíciles”, agrega el documento.

Y en febrero de este año, Alejandro Werner, quien era director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que un aumento del gasto fiscal “obviamente hubiese beneficiado a la población” y habría evitado que empresas medianas se fueran a la quiebra.

Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió mantener el cinturón bastante apretado y gastó un 0.7% del Producto Interno Bruto en medidas de estímulo fiscal, la cifra más baja de todos los países latinoamericanos.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, defendió la política del gobierno hace unas semanas argumentando que, en comparación con otras economías de América Latina, México tendrá una posición macroeconómica y fiscal mucho más fuerte cuando termine la crisis, gracias a la decisión de no contratar deuda adicional y generar buenas expectativas ante los inversores.

Agregó que en los próximos meses, la herramienta fiscal y financiera más importante será la campaña de vacunación, la cual tendrá un efecto positivo en la economía.

Y en enero de este año argumentó que el gobierno no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

“Había cuestiones legales ligadas, en el caso de México, se tiene una ley muy antigua en la cual se prohíbe el uso de deuda pública para otra cosa que no sea infraestructura pública“, dijo Herrera en un foro organizado por la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

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El gobierno de López Obrador argumenta que no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

En otra ocasión, Herrera dijo que mientras los países desarrollados pagan una tasa de interés cercana a cero por la emisión de deudas, México, en cambio, tiene que pagar un 4.25% por los préstamos.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Hacienda, pero no recibió respuesta.

Fue un error

“El nivel de gasto fue bajísimo, fue un error”, dice Héctor Villareal, profesor del Tec de Monterrey y director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP.

Aunque reconoce que el gobierno creó algunos programas para combatir la pandemia, Villareal sostiene en diálogo con BBC Mundo que muchas medidas fueron financiadas con ajustes en otros rubros de las finanzas públicas.

Funcionarios del gobierno han argumentado que fue necesario tener un criterio fiscal prudencial en caso de que la crisis se prolongara por más tiempo.

Dinero mexicano

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“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador”, dice Héctor Villareal.

Con una deuda pública cercana al 60% del PIB, mucho menor que la de Argentina y Brasil, la decisión fue, aparentemente, no correr riesgos.

“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador“, apunta Villareal.

“Combatir la pobreza y la desigualdad”

Aunque la economía cayó un 8.2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población, hay expertos que han destacado las decisiones tomadas por el gobierno.

“La política de México frente a la pandemia ha sido importante porque uno de los objetivos de este gobierno ha sido combatir la pobreza y desigualdad”, dijo en marzo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

“Antes de la pandemia el gobierno empezó a preocuparse por los pobres, se adelantaron y se expandieron las transferencias monetarias”, agregó.

Proteger las finanzas públicas

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) considera que “la respuesta fue limitada” en los apoyos fiscales.

“No hubo movimiento en las tasas impositivas o en transferencia de subsidios, o mecanismos que facilitaran el financiamiento en el sector privado”.

Hombres caminando

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La economía de México cayó 8,2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población.

Aunque reconoce que hubo programas de transferencias directas a micronegocios, le dice a BBC Mundo que “no se aplicó un programa contracíclico en materia fiscal”.

“Si bien el gobierno tiene un profundo sentido social, en materia fiscal en realidad es un gobierno muy ortodoxo y más tendiente hacia lo liberal”, dice el investigador.

Según De la Cruz, estaba claro que, por su dimensión, la crisis iba a generar un costo importante y por eso la mayoría de los países trató de suavizar el impacto.

En el caso de México, argumenta, la decisión fue evitar que las finanzas públicas terminaran pagando el costo de la crisis.

“La mayor parte del costo social y económico terminó siendo pagado por la sociedad“, apunta.

Argumenta que un millón de empresas tuvieron que cerrar y al menos dos millones de personas no han logrado recuperar sus empleos, una situación que desde su perspectiva, podría haberse mitigado.

“El costo político”

En eso coincide Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY.

De la Torre cuenta que uno de los argumentos del gobierno para evitar el aumento del nivel de deuda fue que en rescates financieros previos los beneficios fueron aprovechados por la clase empresarial y no por los más vulnerables.

Mujer cocinando

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Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones económicas apuntan a un rebote en el crecimiento cercano al 5% este año.

“Me parece que ese argumento es muy débil”, le dice a BBC Mundo.

Para De la Torre, aunque en el pasado pudo haber desviaciones de los recursos fiscales, “también es cierto que esos recursos apoyaron al conjunto de la economía y evitaron un colapso mayor”.

Pero, a su juicio, hay una razón más de fondo que explica por qué las ayudas fiscales fueron las más bajas de América Latina.

“Habría existido un gran costo político si el gobierno, después de endeudarse, hubiese tenido que realizar una reforma fiscal profunda para pagar las deudas”, advierte.

Como esas reformas o ajustes, suelen provocar un descontento generalizado, agrega, optó por evitar ese costo político.

El experto cree que el gobierno hizo un balance y determinó que el costo político actual, de no haber aumentado las ayudas fiscales, tiene un costo político más disperso en un gran número de personas, generalmente poco organizadas.

“Es un costo que estaría parcialmente justificado por un factor externo, que en este caso sería la pandemia y sus secuelas”.

Si el objetivo era mejorar el bienestar de la población y aumentar las posibilidades de una recuperación económica, agrega, “había que endeudarse, gastar, y después hacer una reforma fiscal, incurriendo en un costo político”.

Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones del gobierno y de organismos internacionales señalan que este año se producirá un rebote y el crecimiento estará cercano al 5%.

Mientras la vacunación avance y no se produzca una nueva ola de contagios, los expertos creen que este año debería marcar una clara recuperación, siguiendo la tendencia global.

Lo que no se va a recuperar muy rápidamente son las secuelas sociales de la pandemia que, al igual que en el resto de los países de la región, requerirán varios años antes de regresar a los niveles de bienestar previos.


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