Damnificados del 19S, entre el olvido y la rapiña

A 120 días del 19S, Animal Político y Newsweek en Español realizan un recorrido por algunas de las zonas más dañadas por el temblor que dejó 228 víctimas en la Ciudad de México, 110,000 damnificados, y 22,000 inmuebles dañados.

Damnificados del 19S, entre el olvido y la rapiña
Elizabeth Cruz

Han pasado cuatro meses del sismo que dejó 369 víctimas mortales en diferentes puntos de la república, de las cuales 228 perdieron la vida en la Ciudad de México. Ciento veinte días en los que, si bien las excavadoras ya comenzaron a remover los escombros y se han logrado avances en los despachos —como la presentación del Programa de Reconstrucción para la capital del país—, miles de damnificados denuncian que su situación es igual o más precaria que los días posteriores al 19 de septiembre pasado, cuando un temblor de 7.1 cambió para siempre sus vidas.

 

Han comenzando a remover escombro, pero no es suficiente: denuncian damnificados

La lista de pendientes es larga: familias que siguen viviendo en albergues, una recuperación lenta de la economía o dictámenes de seguridad que no llegan son algunos de los más repetidos. Aunque, por encima de todo, los damnificados expresan un mismo sentimiento: se sienten “abandonados” por unas autoridades que les ofrecen otra deuda para reconstruir sus hogares, y también por una parte de la sociedad que, desinflado el boom de  la solidaridad, comienza a pasar la página.

Por su parte, el comisionado del gobierno capitalino para la reconstrucción, Ricardo Becerra, subraya que “ningún afectado se ha quedado sin apoyo” desde que estalló la contingencia, y pide paciencia para enfrentar a lo largo de los próximos cinco años un reto mayúsculo: reconstruir y reparar más de 22,000 inmuebles, y atender las necesidades de más de 110,000 damnificados.

LAS AYUDAS QUE NO LLEGAN, O SE REPARTEN MAL

Es mediodía en San Gregorio y la vida fluye por sus calles estrechas. Han pasado más de 100 días del sismo del 19 de septiembre, y el pequeño zócalo de esta comunidad de la delegación Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, ha recobrado su estampa habitual de niños correteando y transeúntes que caminan de un lado para otro.

En San Gregorio, Xochimilco, la actividad económica comienza a recuperar el pulso.

A un costado de la explanada, la actividad económica también comienza a recuperar el pulso: un hormiguero de gente se mueve a trompicones entre puestos que lo mismo ofrecen zapatos, ropa y aguacates, que pollos rostizados, y los bicitaxis culebrean esquivando obstáculos tras la reapertura del centro; la “zona cero” que registró mayores daños por el sismo.

No obstante, las cicatrices aún están frescas. Basta con dar un paseo de unos minutos para observar que, aunque llamativos murales pintados con azules y rosas estridentes aseguran que “San Gregorio está de pie”, la torre amputada de la iglesia recuerda a todos los vecinos que el camino hacia la reconstrucción apenas está comenzando.

Torre amputada de la iglesia de San Gregorio.

De hecho, no hay calle en la que no se escuche el sonido ronco de las excavadoras, o donde no haya enormes huecos de terreno baldío que atestiguan que aquí más de 500 casas colapsaron, o se quedaron al borde del derrumbe, según el censo de daños que la Asociación Civil 19 de Septiembre entregó a las autoridades de Xochimilco.

María del Carmen Saldaña es damnificada, y una de las principales dirigentes de esta asociación que, según explica, nació como una necesidad de los vecinos de organizarse y actuar frente a la “falta de credibilidad” de las autoridades.

Desde el patio de la casa donde la asociación tiene su centro de operaciones, Saldaña expone que el censo de viviendas con daños no ha parado de engordar en estos cuatro meses: de las 1,058 viviendas registradas seis días después del temblor —de las que 158 colapsaron, 348 estaban en rojo, y el resto tenían daños de diferente consideración—, se ha pasado en la actualidad a 1,496 viviendas, cuyos dueños necesitan de las ayudas gubernamentales para reconstruirlas o repararlas.

El problema, denuncia, es que las ayudas económicas que otorgó el gobierno federal a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no se están repartiendo bien entre los damnificados.

“Vinieron del gobierno a hacer un censo a partir del cual asignar este recurso —expone la vecina y activista—. El problema se produce cuando a personas que solo tuvieron daños menores en sus casas les dieron por daño total. Mientras que a otros que perdieron totalmente su vivienda, les dieron por daños menores. O incluso, gente que ya tiene su casa demolida no fue incluida en la ayuda”.

“Es decir, las ayudas no se clasificaron correctamente, ni se les dio a quien realmente lo necesita”, insiste Saldaña, quien recuerda que la comunidad es una zona económica “muy vulnerable”, por lo que no otorgar estos recursos de manera adecuada puede dejar, literalmente, a muchas familias en la calle.

En cuanto a la reconstrucción, admite que “sí ha habido trabajo” de las autoridades capitalinas, ya que a cuatro meses suman 100 casas que fueron demolidas, y otras 240 que están en ese proceso. Aunque, en este punto, la activista matiza dos aspectos: el primero, que ha sido la organización y la presión de los vecinos de San Gregorio la que ha dado como resultado que las excavadoras estén trabajando. Y el segundo, que la retirada de escombro, o más bien la falta de un lugar donde poder depositarlo, se ha convertido en uno de los principales problemas para los damnificados que necesitan demoler antes de reconstruir.

“Inicialmente nos dieron la oportunidad de depositarlo en San Luis (una comunidad vecina), pero hubo situaciones de inconformidad de los vecinos, porque los camiones tiran el cascajo y generan mucho polvo. Ahora estamos buscando otras opciones, porque esta situación está deteniendo las obras de reconstrucción”, lamenta Saldaña.

“NOS SENTIMOS  ABANDONADOS”

Para Florencio Martínez, vecino de la comunidad, no solo las obras de reconstrucción van “muy lentas”, sino también la recuperación de la economía.

Parado junto a las ruinas de lo que un día fue un local, el hombre enjuto de unos 45 años de edad transporta en una carretilla los restos que quedaron de su negocio: un puñado de zapatos de mujer que vende a 160 pesos el par.

Con el gesto adusto y los ojos negros entrecerrados, Florencio mira a lo que quedó del predio repleto de cascotes y explica con voz queda que ahí, justo donde está parada una enorme excavadora amarilla, él tenía su negocio. Y que a tan solo unos cuatro pasos de distancia, donde antes existía una barda, el sismo tumbó una pared que sepultó a una niña.

“Todavía se puede respirar mucho dolor y sufrimiento —murmura el comerciante frotándose la barbilla—. Cada día 19 recordamos que es un mes más de luto por quienes murieron aquí. Y un mes más de que perdimos nuestros hogares, y nuestros negocios”.

En cuanto al empleo, Florencio dice, con ambas manos puestas sobre la cintura del desgastado pantalón tejano que viste, que la situación “sigue muy deprimida”. La gente, asegura con voz áspera, ya no llega a comprar ropa y zapatos al mercado del pueblo como lo hacía antes del temblor. Además, hay comercios que siguen cerrados ante la falta de capital para reabrir, y muchos vecinos “tuvieron que emigrar” a la ciudad para tratar de buscarse la vida.

“Nos sentimos abandonados por las autoridades, porque lejos de apoyarnos en lo que requerimos para continuar con nuestras vidas, ha habido un ausentismo total”, critica Florencio, quien, para ejemplificar su enfado, trae a colación la promesa que les hicieron de que repararían la carretera que une a Xochimilco con San Gregorio; la cual continúa siendo un camino repleto de fango y baches, por el que es casi imposible circular.


CASAS DE PAPEL

A unos pocos metros calle abajo, frente a la vieja iglesia estilo colonial cuyo campanario se derrumbó con el temblor, Arely está sentada en una silla en espera de clientes a los cuales cortarles el cabello.

Su negocio, dice paseando la mirada por unas paredes pintadas de un fuerte color fucsia sobre las que cuelgan fotografías de niños y adolescentes con diferentes estilos de corte, no sufrió daños graves en su estructura, pero sí en su contabilidad: si antes de que cerraran las dos escuelas por el sismo llegaba a ganar 1,000 pesos “en un buen día”, ahora se da por satisfecha si llega a los 200.

Y, desde luego, ella no es la única en esa situación: con el temblor han proliferado junto al zócalo de San Gregorio otros pequeños negocios improvisados que llegan a ofrecer el corte para niños en 20 y hasta en 15 pesos.

“Imagínate hasta donde hemos tenido que bajar el precio —dice airada con los ojos negros muy abiertos y los brazos cruzados sobre el abdomen—. Y todo por tener algo de ingreso en la bolsa al final del día”.

En el predio colindante a la modesta peluquería, un grupo de albañiles golpea con mazos los restos de cascotes que quedaron de una casa que fue derrumbada por maquinaria pesada.

Arely escucha los impactos secos y encoge los hombros en un gesto de desdén cuando se le pregunta por la reconstrucción de San Gregorio. Como otros vecinos en el pueblo, admite que al menos las autoridades del gobierno capitalino se han puesto manos a la obra, aunque asegura que lleva semanas viendo llegar camiones cargados con muchos ladrillos, pero con pocas vigas pesadas, columnas y trabes con los que construir viviendas que resistan futuros temblores como el del 19S.

“Mucha gente está confiada en que el gobierno de la ciudad les va a ayudar a reconstruir sus casas —dice Arely con una sonrisilla que denota suspicacia en sus palabras—. Pero si tú sales ahí afuera, lo que ves es que están construyendo casas de papel”.

LA RAPIÑA Y LA CULTURA DE LA VÍCTIMA

Otra situación que, paradójicamente, está retrasando que la comunidad vuelva a retomar el pulso de su actividad cotidiana son las donaciones. Varios vecinos consultados por separado cuentan, bajando la voz, como si fuera un secreto a voces, que en San Gregorio ya se han producido altercados cuando llegan ciudadanos con coches a donar enseres y víveres.

“Aquí hay mucha gente que necesita la ayuda, y también mucha otra que no y que todos los fines de semana la ves ahí en la iglesia esperando a que lleguen los coches para juntar sus despensas de toda la semana”, critica la señora Carmen, que atiende un puesto de tortillas que colinda con otro terreno donde colapsó una vivienda.

María del Carmen Saldaña, de la asociación civil 19 de Septiembre, corrobora que lo expresado por los vecinos no es un chisme: “Desafortunadamente, sí se han visto muchos actos de rapiña; de gente que no necesita la ayuda y que abusa. Incluso, hemos registrado casos de personas a los que se les cayó un cuartito que usaba como bodeguita, y que ya exige que se les haga una casa”.

La activista cuenta que hay vecinos que han llegado a colocar polines en las puertas de sus inmuebles sin daños, para llamar la atención de los coches y camiones de particulares que llegan cargados con la ayuda.

“Es un abuso”, critica Saldaña con un tono severo, para acto seguido subrayar que es “tremendamente complicado” para ellos como asociación civil buscar “el equilibrio y la justicia” entre ayudar a quienes de verdad lo necesitan, y dejar a un lado a quienes, por el contrario, hacen de “la cultura de la víctima” su particular modus vivendi.

“Abusar de las ayudas hace que la gente entre en una zona de confort. Es decir, provoca que haya quien diga: ‘A mí, que me vengan a solucionar todo a la puerta de mi casa’. Y eso no es correcto, ni es justo. Porque como damnificados no podemos esperar a que nadie venga a solucionarnos los problemas. Nosotros tenemos que buscar alternativas para salir adelante”, hace hincapié la integrante de la A. C. 19 de Septiembre.

“PAGUÉ IMPUESTOS DURANTE 35 AÑOS, NO QUIERO OTRA DEUDA”

“El sismo agarró parejo”, dice con una sonrisa trémula el señor Raúl Suárez para explicar que, desde la esquina de la avenida Canal de Miramontes, donde aún yacen los escombros de un pequeño centro comercial que colapsó parcialmente, hasta varios kilómetros en dirección opuesta hacia Tasqueña, el temblor dañó severamente las estructuras de una fila de inmuebles, incluido el suyo, el número 3040.

Raúl está sentado frente a una mesita de madera, en el interior de una de las cinco tiendas de campaña que desde el 19S están instaladas en la banqueta paralela a los edificios dañados, donde cientos de familias se turnan para vigilar lo que les resta de patrimonio y para presionar a las autoridades.

Fruto de esa presión, dice el señor Raúl con uno tono que denota más cansancio que triunfalismo, en los próximos días los vecinos del 3040 van a obtener, al fin, una copia del dictamen de daños estructurales que determinará la suerte de sus hogares.

No obstante, Raúl dice que no se hace muchas ilusiones. Está consciente de que el dictamen es solo la primera etapa, y que en caso de que el inmueble tenga que ser demolido, la propuesta del gobierno capitalino es ofrecerle “un crédito blando” para que vaya pagando poco a poco la reconstrucción. Una propuesta que le parece “inaceptable”.

“El 70 por ciento de los dueños de estos edificios somos gente pensionada, que no se puede comprometer a pagar durante otros 30 años un financiamiento que implica cuotas de 8,000 a 10,000 pesos mensuales”, plantea Raúl, quien hace una pausa enfática de varios segundos y añade, rotundo: “Nosotros no queremos que el gobierno nos financie nada, sino que asuma los costos de la reconstrucción. Yo trabajé más de 35 años y pagué impuestos, y lo sigo haciendo. Así que creo que es justo que haya un retorno de alguna manera”.

¿Y TRAS LAS ELECCIONES QUÉ?

Además de quién asumirá la reconstrucción, Raúl pone sobre la mesa otra de las grandes preocupaciones de los damnificados: qué pasará tras las próximas elecciones del mes de julio, cuando el actual ejecutivo de la ciudad, presidido por Miguel Ángel Mancera, dejará paso a otro equipo de gobierno.

“Por si no tuviéramos bastante con lo que hemos vivido estos meses, ahora las elecciones nos generan todavía más incertidumbre”, apunta Raúl, quien explica que en este tiempo han tenido que tratar con múltiples funcionarios, con los que ya llegaron a una serie de acuerdos.

“Desconocemos si lo que acordamos con ellos ahora se vaya a cumplir después con el nuevo gobierno. Porque, además, muchas cosas no quedaron por escrito, fueron más que nada promesas”, dice el vecino.

Ante esta inquietud, el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, Ricardo Becerra, asegura en entrevista que la comisión que lidera es una figura jurídica, cuyos actos y programas para la reconstrucción tendrán efecto y legalidad a largo plazo, independientemente de quién gobierne la ciudad.

“Precisamente, por el tiempo político-electoral en el que estamos, el jefe de gobierno emitió una Ley para la Reconstrucción, que busca darle estabilidad y permanencia no a los señores que estamos en la comisión, sino a las acciones y programas que se han puesto en marcha para atender la contingencia del sismo”, plantea Becerra, quien detalla que a cuatro meses ya arrancaron 23 programas de acción, y que en este 2018, el cual las autoridades bautizaron como “el año intenso en la reconstrucción”, van a iniciar otros 22 proyectos.

Por ejemplo, puntualiza Becerra, uno de los programas que permanecerá más allá de la orientación política del próximo ejecutivo capitalino es el de la Reconstrucción de la Ciudad de México. Este proyecto, que fue presentado el pasado 12 de enero, contiene 45 acciones divididas en 11 ejes y seis etapas para la recuperación de los daños por el sismo.

Entre las acciones está que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) participará en una mesa con autoridades para agilizar el pago de seguros de edificios dañados que se han visto retrasados por la falta de dictámenes. Asimismo, se realizarán otros seis censos para conocer el daño en las zonas afectadas de la ciudad.

Pero el señor Raúl lamenta que todas estas medidas le suenan a algo todavía “muy lejano” en el tiempo. De hecho, el propio Becerra apunta que, tal y como ya lo expresó Miguel Ángel Mancera, la reconstrucción de la capital no será cosa de meses, sino que se necesitarán al menos otros cinco años, en los que el funcionario asegura que “lo más importante será que ningún predio de los afectados se quede estancado, ni jurídica, ni estructural, ni materialmente”.

“Sabemos que las autoridades de la ciudad están haciendo su esfuerzo —concede, diplomático, Raúl—, pero no vemos que hagan las cosas con la urgencia que la situación requiere. Ellos ven todo esto como algo a largo plazo porque no tienen nuestra necesidad. Por eso, nos sentimos abandonados”.

“ADEMÁS DE CASAS, HAY MENTES DEVASTADAS”

En la avenida Plutarco Elías Calles de la colonia Banjidal, delegación Iztapalapa, siete ciudadanos platican entre sí relajados alrededor de un improvisado call center en espera de llamadas que los regresen a la acción.

Se trata de un grupo heterogéneo de voluntarios que nació espontáneamente el día posterior al sismo y que ha ido creciendo hasta formar en la actualidad una especie de equipo de “acción rápida” que, a cuatro meses de la contingencia, sigue recibiendo llamadas de albergues que les solicitan ayuda para recabar enseres, atención médica, o cualquier cosa que se necesite.

Aquí, recalca Carmen Villanueva, una de las integrantes más activas del equipo, todos donan algo: desde el local que hace de ‘campamento base’ —el aparcamiento del restaurante Aremys—, a la camioneta para atender emergencias médicas, hasta simplemente el tiempo de cada uno de los integrantes, que alternan sus trabajos, estudios y vida familiar con apoyar a quienes perdieron su casa.

“Seguimos aquí porque aún hay gente que está viviendo literalmente en la calle”, subraya Villanueva, quien expone que los damnificados tienen las mismas necesidades básicas que cuando tuvieron que abandonar sus hogares: les urge comida, ropa, artículos de aseo personal y muchos medicamentos.

Y no solo eso. Necesitan algo de certidumbre.

“La mayoría de los damnificados no piden que el gobierno les solucione la vida —dice la activista levantando la palma de la mano derecha—. Si les dicen: ‘Oye, tu casa ya no se puede habitar, pero te puedo ofrecer una ayuda’, ellos lo que exigen es que les expliquen dónde pueden pedir esa ayuda. Lo que no quieren es estar sentados, esperando. Necesitan moverse. Pero como dependen de los tiempos y de la burocracia, ahí es cuando muchos se desesperan y dicen: las autoridades me están fallando”.

Gabriela Sandoval, otra de las voluntarias que se encarga de visitar diferentes albergues de damnificados, opina que, más que abandonados, estos se sienten “ignorados”. Sobre todo, por la clase política del país.

“Ahora viene un ambiente electoral y la gente está con preocupación porque no quieren ser un objeto de burla. No quieren que otra vez les prometan, y que a la mera hora no les cumplan”, apunta la activista ciudadana, quien recuerda que los damnificados llevan cuatro meses de escuchar muchas promesas incumplidas, lo que les ha generado un “enorme desgaste” físico y emocional.

“Además de casas, he visto muchas mentes devastadas. Faltan hogares por reconstruir, es cierto. Pero no nos olvidemos de que también falta la reconstrucción de las mentes de los damnificados”, comenta Gabriela con un tono grave, e insiste en que, además de apoyo para solventar los trámites legales de la reconstrucción, se necesitan psicólogos, psiquiatras, tanatólogos y terapeutas que quieran seguir donando su tiempo.

Las ayudas no se clasificaron correctamente.

“El miedo al sismo se apoderó de todos nosotros —dice la activista mientras observa a lo lejos un poste metálico en cuya parte superior descansan en silencio los dos altavoces de la alerta sísmica—. Hoy hay mucha gente que está muriendo de miedo, literalmente. Yo lo he visto y lo he constado. Y no son dos o tres casos, sino muchos. Por eso hay que generar confianza y paz en el ser humano. Y esa paz la podemos generar con algo tan simple como tenderle la mano a quien perdió su hogar”, concluye Gabriela, que esboza en sus labios una sonrisa franca.

Close
Comentarios