Al menos 18 personas murieron en Acapulco, Guerrero y Cabo San Lucas, Baja California Sur, durante diversos enfrentamientos armados registrados este fin de semana, protagonizados por civiles armados, supuestos grupos delictivos y fuerzas armadas de México.
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El primero de ellos se reportó en la zona rural de Acapulco, donde un grupo de hombres armados, que se oponen al proyecto de la presa La Parota perpetraron la madrugada de este domingo un ataque contra elementos de la policía comunitaria del poblado La Concepción, durante la celebración de una fiesta. Tras este enfrentamiento ocho personas resultaron muertas.
Posteriormente, más de 100 agentes de la Policía Estatal y del Ejército mexicano ingresaron a dicha comunidad, pero, de acuerdo con el gobierno del estado, fueron agredidos por policías comunitarios, al repeler el ataque abatieron a otras tres personas integrantes de la policía comunitaria.
La cifra de fallecidos fue confirmada durante una conferencia de prensa por el vocero de Seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia. Además tras el operativo de seguridad fueron detenidos 30 policías comunitarios junto a su dirigente, Marco Antonio Suástegui Muñoz, a quienes se les decomisaron 580 dosis de marihuana y siete armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, reportó Xavier Olea, fiscal general del estado de Guerrero.
La organización de derechos humanos Tlachinollan señaló en un comunicado que las autoridades trasladaron a Marco Antonio Suástegui fuera de la Fiscalía con sede en Acapulco y hasta el momento sus familiares desconocen su paradero.
Denunciaron que las autoridades han negado cualquier información sobre la situación jurídica de Marco Antonio. “La Fiscalía General del Estado de Guerrero realiza las investigaciones y diligencias en total opacidad manteniendo a los detenidos incomunicados y sin que se garantice un debido proceso”, explican en un comunicado.
Otras violaciones a derechos humanos que reportó Tlachinollan son la detención arbitraria de 30 policías comunitarios; la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios; se ha hecho uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policiales en los domicilios de los miembros del CECOP; y se ha incomunicado a los detenidos.
La ola de violencia que impera en Guerrero, ha cobrado decenas de víctimas en los últimos meses a pesar de ser unos de los estados con mayores destinos turísticos del país.
Fuerzas federales repelen a sicarios en BCS
Por otro lado, un enfrentamiento armado entre hombres armados y elementos de la Marina Armada dejó la noche del sábado siete muertos en San José del Cabo (Baja California Sur, noroeste), informó la fiscalía local.
De acuerdo con un boletín emitido por la Semar, personal las primeras investigaciones, los marinos fueron agredidos por presuntos criminales mientras realizaban dos operativos en Cabo San Lucas.
Según las fiscalía estatal, al menos siete hombres “con chalecos tácticos y armas largas” tipo fusil AK-47, atacaron a los elementos federales, éstos repelieron la agresión y como resultados, siete presuntos criminales fallecieron.
Las autoridades incautaron siete armas largas, varios cargadores, chalecos tácticos y dos vehículos con placas de California (oeste de Estados Unidos), uno de ellos reportado como robado en la mexicana Tijuana.
La violencia no cesa en esta entidad, cabe recordar hace unos días, un grupo armado abrió fuego contra una familia matando a dos adultos e hiriendo a tres menores.
En diciembre pasado, seis cadáveres fueron hallados colgando de tres puentes, un hecho inédito en este estado.
Según cifras oficiales, este estado sumó 499 asesinatos entre enero y noviembre de 2017, más del doble que en todo el año anterior.
