Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela Auditoría
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Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela Auditoría

La Sedesol entregó a tres universidades casi 540 millones de pesos en convenios que luego negó o en cuyo cumplimiento se desentendió. Casi la mitad del dinero de plano desapareció, según la ASF.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
10 de enero, 2018
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) tres nuevas denuncias penales por malos manejos de casi 540 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó mediante convenios a tres universidades en 2015, año en que esa dependencia estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade.

Los presuntos desvíos se cometieron con el mismo esquema revelado por Animal Político en la investigación periodística “La Estafa Maestra”, es decir, a través de convenios que dependencias del gobierno federal firmaron con universidades  por servicios que, a su vez, estas terminan subcontratando con otras empresas para eludir los controles de licitación y transparencia. Los bienes y servicios que se contrataron terminaron siendo de dudosa calidad o inexistentes.

Los nuevos casos denunciados por la ASF ante la PGR contemplan convenios de Sedesol firmados en 2015 con la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, quienes recibieron en conjunto casi 540 millones de pesos que estaban destinados, entre otras cosas, a identificar a personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria.

Lo que los auditores descubrieron es, entre otras cosas, que buena parte del dinero simplemente desapareció, que la existencia de algunos convenios fueron negados por la propia SEDESOL, pese a que los firmó y hay copias de los mismos. Además, la comprobación de los servicios realizados es, en el mejor de los casos, sospechosa.

Con estas tres nuevas carpetas de investigación abiertas por PGR en diciembre pasado, ya suman 19 las averiguaciones que la Procuraduría tiene en curso por fraudes y desvíos con el esquema de la “Estafa Maestra”, sin que al momento alguna haya sido resuelta.

Cabe recordar que Rosario Robles fue la secretaria de Desarrollo Social, desde diciembre de 2012 hasta el 28 de agosto de 2015, llegando en su relevo José Antonio Meade, que se mantuvo en el cargo hasta el 6 de septiembre de 2016.

A continuación se mencionan las conclusiones a las que llegaron los auditores al verificar los convenios mencionados y que dieron pie a las denuncias interpuestas. Todo ello forma parte del informe de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 277-DS.

Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero  para los más pobres?

Universidad Intercultural del Estado de México

La Secretaría de Desarrollo Social adjudicó, de forma directa, un monto de 124 millones de pesos a la Universidad Intercultural del estado de México para la aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas, con el objetivo de localizar e identificar a personas que pudieran estar en condiciones de pobreza extrema alimentaria en los 32 estados del país.

La adjudicación se dio mediante la firma del convenio UCD/33901/010/2015 cuya vigencia fue del 5 de marzo de 2015 al 31 de julio de 2015. En este caso el periodo corresponde únicamente a la gestión de Rosario Robles al frente.

Lo que la Auditoría encontró al revisar este convenio fue que Sedesol no proporcionó prueba de las supuestas cotizaciones que hizo con distintas universidades para aplicar los cuestionarios, y elegir a la Universidad Intercultural del Estado de México por ser la mejor opción.

Luego, cuando se solicitó la información, se descubrió que la referida universidad subcontrató la totalidad de los servicios por los que recibió el dinero con dos empresas externas incumpliendo con lo pactado en el convenio: que la Universidad pudiera realizar a los servicios.

La institución pagó a las dos empresas subcontratadas 61.2 millones de pesos para la aplicación de los cuestionarios, sin que exista prueba alguna de donde quedaron los otros 62.8 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social le entregó a la Universidad a través del convenio firmado. El dinero simplemente desapareció por lo que los auditores presumen que se cometió un fraude a la Hacienda Pública.

Cuando los auditores solicitaron la comprobación de los servicios pactados, tanto las empresas contratadas como la Universidad entregaron exactamente los mismos documentos, incluso con los logotipos de la Universidad y la Sedesol, lo que permite presumir que se trataba solo de copias para solventar el trámite.

La ASF cuestionó a la Secretaría de Desarrollo Social sobre este cúmulo de irregularidades pero la dependencia literalmente respondió que no era de su incumbencia.

“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que no es posible pronunciarse respecto de la subcontratación realizada por la UIEM, debido a que corresponde a hechos ajenos a su control.

Universidad Politécnica de Chiapas

En este caso la Secretaría de Desarrollo Social entregó a la Universidad Politécnica de Chiapas 400 millones de pesos para llevar a cabo la supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios en el Estado de México.

Para ello, la dependencia federal firmó dos convenios con la universidad, cada uno por 200 millones de pesos. El primer convenio, número 710.33901.13/2015 tuvo una vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015, mientras que el segundo, 710.33901.14/2015, fue con una vigencia del 6 de mayo al 31 de diciembre de 2015.

La vigencia en ambos contratos abarcó tanto el periodo de Rosario Robles como el de José Antonio Meade en la Sedesol.

El informe de la Auditoría destaca que, como es el modus operandi en esto casos, la dependencia se excusó de haber entregado el dinero sin ningún tipo de competencia con el argumento de que la Universidad es una institución pública y solo se necesitaba acreditar que tuviera la capacidad técnica de realizar el servicio. ¿Cómo se acredita esa capacidad técnica? Con una promesa escrita sin que se realice ninguna verificación al respecto.

Lo grave es que cuando se pidió a la dependencia los comprobantes del servicio por el cual se pagaron los 400 millones, la SEDESOL de plano no proporcionó evidencia alguna que acreditara que recibió en tiempo y forma los servicios de la Universidad. Posteriormente desconoció por completo haber firmado los referidos convenios.

“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que la Dirección General de Desarrollo Comunitario desconoce la existencia del Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015, y Segundo Convenio Específico número 710.33901.14/2015 formalizados con la Universidad Politécnica de Chiapas debido a que no fueron incluidos en el acta de entrega – recepción del titular de esa dirección”, señala el informe de los auditores.

Esta negativa es incongruente con la realidad, agregan los auditores, ya que la documentación de dichos convenios fue entregada a la Auditoría Superior de la Federación en la visita domiciliaria que se efectuó a la Universidad Politécnica de Chiapas.

“La respuesta de la SEDESOL respecto del desconocimiento de las operaciones con la UPCH, no es congruente con la evidencia documental existente en sus archivos como son los convenios formalizados con la UPCH y el pago de 400,000.0 miles de pesos que se realizó a dicha universidad”, detalla el reporte que dio pie a la denuncia contra Sedesol.

Y como es costumbre en estos casos, la Universidad no realizó el servicio sino que para ello subcontrató a un tercero sin ningún tipo de licitación o competencia. Además pagó por el servicio 278.4 millones de pesos sin que exista justificación sobre dónde quedó el resto de dinero transferido por la dependencia. Los auditores presumen un fraude al erario de, por lo menos, 121.6 millones de pesos.

Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl del Estado de México

Esta universidad logró que la Sedesol le transfiriera directamente poco más de 15 millones de pesos, con el objetivo de operar la coordinación de diversos proyectos vinculados con la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa con el cual se busca abatir la pobreza alimentaria.

El convenio firmado (que no tiene número) tuvo una vigencia del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2015. Abarcó tanto la gestión de Robles como de Meade en Desarrollo Social.

Lo que los auditores encontraron en este caso fue que la Sedesol no tenía documento alguno que acreditara que se cumplió con el objetivo del contrato.

Sobre el cumplimiento de dicho convenio, la SEDESOL informó : “En cuanto a la acreditación en tiempo y forma de los entregables derivados de dichos convenios no existe un documento como tal; sin embargo eso queda plasmado en el Acta de cierre de la Comisión Técnica…” indica el repofrrte de los auditores. El problema es que no se proporcionó tampoco ninguna evidencia documental de que lo anterior fuera cierto.

Cabe señalar que algunos de los conceptos que tendrían que haberse cubierto por parte de la universidad era realizar trabajos como la conformación y consolidación de comités comunitarios, autodiagnósticos comunitarios, planes de desarrollo comunitario, la gestión e implementación de acciones y proyectos específicos y asambleas implementadas para el fomento al desarrollo comunitario.

Pero cuando se pidió a la universidad la comprobación, lo único que entregó fueron documentos donde se asegura que se realizaron 5,001 asambleas de seguimiento. Los auditores revisaron la documentación y encontraron múltiples incongruencias como fechas de 2014 o promotores que no tenían el perfil para serlo. En resumen, ninguna evidencia concreta que acreditara que esas asambleas ocurrieron.

Por ello la Auditoria concluyó que existe un quebranto a erario público que asciende a los 15 millones 658 mil pesos. La denuncia penal se interpuso en contra de los funcionarios de la Sedesol que resulten probables responsables.

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Coronavirus: los países de América Latina cuyas economías tardarán más en recuperarse de la pandemia

América Latina será la región más golpeada del mundo, pero algunos países están más preparados que otros. Los analistas apuntan a los más endeudados como los que más tardarán en reponerse del golpe del virus.
13 de octubre, 2020
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Mujer esperando

EPA
No todos los países tendrán que esperar lo mismo para recuperar su nivel de PIB.

Todos los informes económicos que publican los organismos internacionales repiten la advertencia: América Latina será la región más golpeada por la pandemia de coronavirus.

Para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal) se trata de la mayor crisis económica en un siglo para la región.

Pese a que empieza a detectar señales positivas inesperadas, el Banco Mundial calculó que el Producto Interno Bruto del área caerá un 7,9% en 2020, un desplome sin precedentes en la historia reciente.

Pero Abhijit Surya, analista especializado en América Latina de la Unidad de Inteligencia Económica de “The Economist” advierte: “Hay países que se van recuperar muy rápidamente, como Chile o Uruguay, y otros que tienen muchos problemas que no lograrán superar hasta probablemente 2023 ó 2024″.

En realidad, determinar cuándo un país se ha recuperado de una crisis no es sencillo y los economistas tienen diferentes ideas sobre cuáles son los indicadores que hay que observar para ello.

Uno de los que más a menudo se utilizan es el Producto Interno Bruto, el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado.

Pese a las dudas que genera sobre el comportamiento de la economía el virus, para el que aún no hay disponible una vacuna efectiva, se espera que el PIB de la mayoría de los países latinoamericanos vuelva a crecer ya en 2021.

Pero el PIB regional no recuperará los niveles previos a la pandemia al menos hasta 2023.

En algunos países esa ardua senda hacia la recuperación de la riqueza perdida podría ser aún más larga.

Surya indica que “a los países que puedan mantener por más tiempo los estímulos a la economía les irá mejor en la fase de recuperación”.

Deuda fiscal en América Latina. (como % del PIB). .

Como sucedió en otros lugares, cuando el coronavirus golpeó a los países de la región, los gobiernos que pudieron permitírselo comenzaron a adoptar medidas para apoyar a la economía, desde las ayudas directas a las familias puestas en marcha en Brasil por el presidente Jair Bolsonaro, hasta los programas de compra de deuda pública adoptados por los bancos centrales de Chile y Colombia.

El objetivo era apoyar el crecimiento y la actividad en un momento en el que el virus los deprimía sin piedad.

Pero la persistencia de la pandemia obligará a los países a mantener este esfuerzo extra y nadie sabe por cuánto tiempo.

En palabras de Martín Rama, economista jefe para la región del Banco Mundial: “Cuando empezó la pandemia se aplicaron estímulos como si se tratara de un esprint; ahora vemos que va a ser más bien una maratón”.

¿Quiénes son los peor equipados para una carrera de fondo de estas características?

Los economistas lo tienen claro. A mayor endeudamiento, mayor riesgo. Cuanto mayor sea la deuda de un país, menor margen tendrá para seguir apoyando a sus empresas y ciudadanos.

Estos son los países con el pronóstico más oscuro en la América Latina pandémica.

Argentina

Con una de las cuarentenas más largas y estrictas de la región, la de argentina es una de las economías que más ha sufrido y el Banco Mundial estima que el país cerrará 2020 con un 12,3% menos en su PIB y casi el doble de pobres que a comienzos de año.

El gobierno de Alberto Fernández aplicó medidas de estímulo por valor del 3,5% del PIB, pero Argentina, agobiada por problemas de solvencia desde hace décadas no puede mantener ese esfuerzo indefinidamente.

Buenos Aires.

Reuters
La economía argentina sigue lastrada por su alto endeudamiento.

Surya señala que “en algún momento las van a tener que retirar porque no es sostenible fiscalmente”.

Fernández logró un respiro a comienzos de año cuando acordó con los acreedores una reestructuración de más de US$66.000 millones de la deuda vencida.

William Jackson, analista de la consultora británica Capital Economics le dijo a BBC Mundo que “el gobierno actuó rápido en la reestructuración de la deuda, pero en realidad lo que hizo fue aplazar un problema que va volver a plantearse a mediados de la década”.

Alberto Ramos, investigador para América Latina de la firma Goldman Sachs tampoco es optimista. “Argentina tiene mucha dificultad e incertidumbre, pese a la reestructuración, porque tiene un gran déficit fiscal que se está monetizando y esto está generando mucha presión cambiaria”.

Esta dinámica amenaza con agravar la espiral de la inflación, aumento de los precios, en la que la economía argentina lleva años atrapada, un lastre para el crecimiento.

A todo ello se suman los controles cambiarios y de precios que entorpecen la actividad económica y que, a juicio de los analistas, disuaden a potenciales inversores.

El Banco Mundial cree que el PIB de Argentina no recuperará su nivel anterior a la pandemia antes de 2023.

Ecuador

Ecuador también acordó recientemente una reestructuración de su deuda, que alcanza ya el 68,9% de su PIB. Un obstáculo demasiado grande para hacer el esfuerzo fiscal que requiere la situación actual.

Con un déficit fiscal que se ha disparado hasta el 8,9% este año, Ecuador se enfrenta al más difícil reto de aumentar sus ingresos fiscales sin ahogar aún más su ya golpeada economía.

“Podríamos ver un retorno a la austeridad cuando la economía aún está sufriendo”, indica Jackson.

Mujer en Ecuador.

Reuters
Ecuador ha sido muy afectado por el virus y su economía se resentirá.

Los analistas del Banco Mundial señalan que la economía ecuatoriana necesita “reformas estructurales”, pero cuando en octubre de 2019 el presidente Lenín Moreno intentó aumentar los impuestos al combustible para así incrementar los ingresos del Estado se encontró con masivas protestas que le obligaron a rectificar.

Ramos advierte que “el clima de tensión política se mantiene en el país y podría afectar al crecimiento”.

Ecuador es otro de los candidatos a no recuperar su PIB de 2019 al menos hasta 2023.

México

La recuperación será también probablemente mas lenta en México.

Al contrario que a Argentina o a Ecuador, su lastre no será la deuda.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con la promesa de sanear las cuentas públicas y reducir el déficit público, y la pandemia no parece haberlo desviado de su objetivo.

“En circunstancias normales eso está bien, pero en este momento necesitas más gasto público”, dice Surya.

AMLO

Reuters
El presidente de México prioriza frenar el déficit y muchos economistas que creen que no es el momento de eso.

El gobierno mexicano ha sido uno de los más reacios a aplicar medidas de apoyo a la economía, lo que probablemente explique en parte que el PIB mexicano vaya a reducirse en torno a un 10% en 2020.

La caída del turismo, clave para México, también ha golpeado la economía, y lo peor es que los expertos coinciden en que ese será uno de los últimos sectores en recuperarse.

El descenso de los precios del petróleo tampoco ayuda a México, que, paradójicamente, podría estar también ante su gran oportunidad.

Los problemas en el transporte y el peligro potencial de restricciones aduaneras han llevado a “una tendencia global a acercar las cadenas de suministro a los mercados, y México está muy cerca del gran mercado que es Estados Unidos”, afirma Surta.

Pero, según señala Ramos, de Goldman Sachs, el gobierno de López Obrador, “no ha creado el ambiente más favorable a los negocios”.

Venezuela

Sin cifras oficiales desde hace años, el Banco Mundial no incluye a Venezuela en sus análisis, pero según apunta Jackson, de Capital Economics, en un contexto de precios del petróleo bajos “las cosas no harán sino empeorar en un país que ya era una tragedia antes de la pandemia”.

La Unidad de Inteligencia Económica de The Economist” cree que el país perderá este año cerca de un 30% de su PIB en 2020, con lo que desde que Nicolás Maduro llegó al poder acumulará una caída cercana al 70%.

El gobierno venezolano culpa a las sanciones de Estados Unidos de sus problemas económicos, mientras que la mayoría de observadores los achacan a la mala política económica del gobierno y a graves problemas estructurales de la economía venezolana.

Ningún informe pronostica cuándo el PIB de Venezuela dejará de caer y tampoco cuándo recuperará su nivel de 2019.

Según la ONU, un tercio de los venezolanos no recibe comida suficiente y millones de ellos han abandonado su país en los últimos años.


Datos positivos inesperados

Pese al sombrío panorama general, el último informe del Banco Mundial detectó algunos datos positivos inesperados para América Latina.

El comercio mundial está volviendo a niveles prepandemia, lo que favorece a los países de la regiónque dependen de las exportaciones de materias primas, cuyo precio en los mercados internacionales se ha mantenido, quizá favorecido por la recuperación vigorosa de la demanda de China.

También se ha mantenido el volumen de remesas. Pese a un pronunciado descenso inicial, los migrantes latinoamericanos siguen enviando dinero que ha ayudado a sostenerse a muchos en sus países de origen.

También han sido más “robustos” de lo esperado las medidas de estímulo aplicadas por gobiernos y bancos centrales.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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