Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela Auditoría
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Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela Auditoría

La Sedesol entregó a tres universidades casi 540 millones de pesos en convenios que luego negó o en cuyo cumplimiento se desentendió. Casi la mitad del dinero de plano desapareció, según la ASF.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
10 de enero, 2018
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) tres nuevas denuncias penales por malos manejos de casi 540 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó mediante convenios a tres universidades en 2015, año en que esa dependencia estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade.

Los presuntos desvíos se cometieron con el mismo esquema revelado por Animal Político en la investigación periodística “La Estafa Maestra”, es decir, a través de convenios que dependencias del gobierno federal firmaron con universidades  por servicios que, a su vez, estas terminan subcontratando con otras empresas para eludir los controles de licitación y transparencia. Los bienes y servicios que se contrataron terminaron siendo de dudosa calidad o inexistentes.

Los nuevos casos denunciados por la ASF ante la PGR contemplan convenios de Sedesol firmados en 2015 con la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, quienes recibieron en conjunto casi 540 millones de pesos que estaban destinados, entre otras cosas, a identificar a personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria.

Lo que los auditores descubrieron es, entre otras cosas, que buena parte del dinero simplemente desapareció, que la existencia de algunos convenios fueron negados por la propia SEDESOL, pese a que los firmó y hay copias de los mismos. Además, la comprobación de los servicios realizados es, en el mejor de los casos, sospechosa.

Con estas tres nuevas carpetas de investigación abiertas por PGR en diciembre pasado, ya suman 19 las averiguaciones que la Procuraduría tiene en curso por fraudes y desvíos con el esquema de la “Estafa Maestra”, sin que al momento alguna haya sido resuelta.

Cabe recordar que Rosario Robles fue la secretaria de Desarrollo Social, desde diciembre de 2012 hasta el 28 de agosto de 2015, llegando en su relevo José Antonio Meade, que se mantuvo en el cargo hasta el 6 de septiembre de 2016.

A continuación se mencionan las conclusiones a las que llegaron los auditores al verificar los convenios mencionados y que dieron pie a las denuncias interpuestas. Todo ello forma parte del informe de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 277-DS.

Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero  para los más pobres?

Universidad Intercultural del Estado de México

La Secretaría de Desarrollo Social adjudicó, de forma directa, un monto de 124 millones de pesos a la Universidad Intercultural del estado de México para la aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas, con el objetivo de localizar e identificar a personas que pudieran estar en condiciones de pobreza extrema alimentaria en los 32 estados del país.

La adjudicación se dio mediante la firma del convenio UCD/33901/010/2015 cuya vigencia fue del 5 de marzo de 2015 al 31 de julio de 2015. En este caso el periodo corresponde únicamente a la gestión de Rosario Robles al frente.

Lo que la Auditoría encontró al revisar este convenio fue que Sedesol no proporcionó prueba de las supuestas cotizaciones que hizo con distintas universidades para aplicar los cuestionarios, y elegir a la Universidad Intercultural del Estado de México por ser la mejor opción.

Luego, cuando se solicitó la información, se descubrió que la referida universidad subcontrató la totalidad de los servicios por los que recibió el dinero con dos empresas externas incumpliendo con lo pactado en el convenio: que la Universidad pudiera realizar a los servicios.

La institución pagó a las dos empresas subcontratadas 61.2 millones de pesos para la aplicación de los cuestionarios, sin que exista prueba alguna de donde quedaron los otros 62.8 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social le entregó a la Universidad a través del convenio firmado. El dinero simplemente desapareció por lo que los auditores presumen que se cometió un fraude a la Hacienda Pública.

Cuando los auditores solicitaron la comprobación de los servicios pactados, tanto las empresas contratadas como la Universidad entregaron exactamente los mismos documentos, incluso con los logotipos de la Universidad y la Sedesol, lo que permite presumir que se trataba solo de copias para solventar el trámite.

La ASF cuestionó a la Secretaría de Desarrollo Social sobre este cúmulo de irregularidades pero la dependencia literalmente respondió que no era de su incumbencia.

“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que no es posible pronunciarse respecto de la subcontratación realizada por la UIEM, debido a que corresponde a hechos ajenos a su control.

Universidad Politécnica de Chiapas

En este caso la Secretaría de Desarrollo Social entregó a la Universidad Politécnica de Chiapas 400 millones de pesos para llevar a cabo la supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios en el Estado de México.

Para ello, la dependencia federal firmó dos convenios con la universidad, cada uno por 200 millones de pesos. El primer convenio, número 710.33901.13/2015 tuvo una vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015, mientras que el segundo, 710.33901.14/2015, fue con una vigencia del 6 de mayo al 31 de diciembre de 2015.

La vigencia en ambos contratos abarcó tanto el periodo de Rosario Robles como el de José Antonio Meade en la Sedesol.

El informe de la Auditoría destaca que, como es el modus operandi en esto casos, la dependencia se excusó de haber entregado el dinero sin ningún tipo de competencia con el argumento de que la Universidad es una institución pública y solo se necesitaba acreditar que tuviera la capacidad técnica de realizar el servicio. ¿Cómo se acredita esa capacidad técnica? Con una promesa escrita sin que se realice ninguna verificación al respecto.

Lo grave es que cuando se pidió a la dependencia los comprobantes del servicio por el cual se pagaron los 400 millones, la SEDESOL de plano no proporcionó evidencia alguna que acreditara que recibió en tiempo y forma los servicios de la Universidad. Posteriormente desconoció por completo haber firmado los referidos convenios.

“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que la Dirección General de Desarrollo Comunitario desconoce la existencia del Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015, y Segundo Convenio Específico número 710.33901.14/2015 formalizados con la Universidad Politécnica de Chiapas debido a que no fueron incluidos en el acta de entrega – recepción del titular de esa dirección”, señala el informe de los auditores.

Esta negativa es incongruente con la realidad, agregan los auditores, ya que la documentación de dichos convenios fue entregada a la Auditoría Superior de la Federación en la visita domiciliaria que se efectuó a la Universidad Politécnica de Chiapas.

“La respuesta de la SEDESOL respecto del desconocimiento de las operaciones con la UPCH, no es congruente con la evidencia documental existente en sus archivos como son los convenios formalizados con la UPCH y el pago de 400,000.0 miles de pesos que se realizó a dicha universidad”, detalla el reporte que dio pie a la denuncia contra Sedesol.

Y como es costumbre en estos casos, la Universidad no realizó el servicio sino que para ello subcontrató a un tercero sin ningún tipo de licitación o competencia. Además pagó por el servicio 278.4 millones de pesos sin que exista justificación sobre dónde quedó el resto de dinero transferido por la dependencia. Los auditores presumen un fraude al erario de, por lo menos, 121.6 millones de pesos.

Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl del Estado de México

Esta universidad logró que la Sedesol le transfiriera directamente poco más de 15 millones de pesos, con el objetivo de operar la coordinación de diversos proyectos vinculados con la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa con el cual se busca abatir la pobreza alimentaria.

El convenio firmado (que no tiene número) tuvo una vigencia del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2015. Abarcó tanto la gestión de Robles como de Meade en Desarrollo Social.

Lo que los auditores encontraron en este caso fue que la Sedesol no tenía documento alguno que acreditara que se cumplió con el objetivo del contrato.

Sobre el cumplimiento de dicho convenio, la SEDESOL informó : “En cuanto a la acreditación en tiempo y forma de los entregables derivados de dichos convenios no existe un documento como tal; sin embargo eso queda plasmado en el Acta de cierre de la Comisión Técnica…” indica el repofrrte de los auditores. El problema es que no se proporcionó tampoco ninguna evidencia documental de que lo anterior fuera cierto.

Cabe señalar que algunos de los conceptos que tendrían que haberse cubierto por parte de la universidad era realizar trabajos como la conformación y consolidación de comités comunitarios, autodiagnósticos comunitarios, planes de desarrollo comunitario, la gestión e implementación de acciones y proyectos específicos y asambleas implementadas para el fomento al desarrollo comunitario.

Pero cuando se pidió a la universidad la comprobación, lo único que entregó fueron documentos donde se asegura que se realizaron 5,001 asambleas de seguimiento. Los auditores revisaron la documentación y encontraron múltiples incongruencias como fechas de 2014 o promotores que no tenían el perfil para serlo. En resumen, ninguna evidencia concreta que acreditara que esas asambleas ocurrieron.

Por ello la Auditoria concluyó que existe un quebranto a erario público que asciende a los 15 millones 658 mil pesos. La denuncia penal se interpuso en contra de los funcionarios de la Sedesol que resulten probables responsables.

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Cinco controversias de la estricta cuarentena por COVID en Argentina, país donde ha durado más que en Wuhan

Argentina, uno de los países que más rápido impuso un confinamiento obligatorio, registra una de las cifras más bajas de muertos por COVID en América Latina. Pero la extensión de la cuarentena ha tenido otros efectos y generado polémicas.
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5 de junio, 2020
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Mascarilla con los colores de la bandera argentina.

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La larga cuarentena argentina ha sido exitosa para frenar el coronavirus pero también ha paralizado la economía, en un país que ya estaba en crisis.

En enero pasado los argentinos miraban atónitos los reportes desde Wuhan, China, donde millones de personas vivían un estricto confinamiento que buscaba evitar la transmisión de un nuevo tipo de coronavirus.

Seguramente pocos imaginaron que dos meses más tarde su propio país viviría una cuarentena similar, que incluso sería más extensa que la de Wuhan.

Este viernes Argentina alcanza los 77 días de encierro obligatorio, uno más que la ciudad china donde comenzó el brote, y el gobierno anunció que la medida se extenderá al menos hasta el 28 de junio, es decir, hasta alcanzar un total de 100 días.

Los expertos coinciden en que el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” decretado por el presidente Alberto Fernández el 20 de marzo ha servido para contener la pandemia.

Hasta el jueves 4 de junio, el país registraba 588 muertes, 12,8 por cada millón de habitantes, a causa del coronavirus.

Eso es mucho menos que las fatalidades en las otras grandes economías de la región, Brasil y México, que no establecieron restricciones fuertes.

Incluso es menos que otros países que sí aplicaron confinamientos, como Perú, Colombia y Chile.

Pero algunas de las cosas que hicieron que la cuarentena argentina sea tan exitosa -principalmente su extensión y rigidez– también han provocado otras polémicas.

Una mujer en Buenos Aires usando un tapabocas frente a un cartel que dice: "Si no nos mata el coronavirus, nos mata el hambre".

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Aunque la economía se ha reactivado en partes del país, cientos de miles de argentinos permanecen sin poder trabajar.

Mientras muchos aplaudieron al país por la rapidez con la que impuso un confinamiento obligatorio -empezó cuando apenas había tres muertos a causa del coronavirus- hoy, cuando es ya una de las más prolongadas del mundo, cada vez son más los que la cuestionan.

Si bien en las regiones del país con bajo o nulo nivel de transmisión se han flexibilizado las restricciones, en los principales centros urbanos, sobre todo en Buenos Aires, el corazón demográfico y productivo del país, el confinamiento continúa.

Según el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa), en la región metropolitana, donde vive cerca del 40% de la población argentina, la mitad de los ciudadanos no asiste al trabajo desde hace 11 semanas.

La cuarentena argentina también es una de las más estrictas del mundo.

A diferencia de lo que ocurrió en muchos países, que permitieron y hasta incentivaron a la población a salir a tomar aire y sol una vez al día, en las zonas más pobladas los argentinos no pueden realizar salidas recreativas.

Recién la semana próxima se permitirá que los habitantes de la capital salgan a caminar o correr, pero solo de noche.

En cambio, las 13 millones de personas que viven en los suburbios del Gran Buenos Aires solo pueden salir a realizar compras esenciales.

Y los argentinos tampoco podrán viajar por un buen tiempo: el gobierno prohibió todos los vuelos comerciales, tanto internos como internacionales, hasta el 1 de septiembre.

El presidente Alberto Fernández, que es asesorado por un comité de infectólogos e epidemiólogos, pero ha descartado convocar a asesores económicos -“porque su voluntad no es necesariamente salvar vidas”, según dijo-, también ha tomado otras polémicas medidas para paliar la crisis.

En BBC Mundo te contamos cuáles son las cinco principales controversias en torno a la larga cuarentena argentina.

1. Salud vs pobreza

Muchos gobiernos alrededor del mundo han intentado balancear el cuidado de la salud de la población con la necesidad de mantener activa la economía. Pero para el gobierno argentino nunca existió ese dilema.

Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más“, ha repetido el presidente Fernández, defendiendo la estricta cuarentena que ordenó.

Alberto Fernández

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Alberto Fernández ha mantenido que “de la economía se vuelve, de la muerte no”.

Consultado por el diario Perfil sobre el inevitable aumento de pobreza que esta traerá, el mandatario dijo que prefiere “tener el 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina”.

Sin embargo, algunos resaltan que esa pobreza extra afectará sobre todo a los niños argentinos, 50% de los cuales ya eran pobres antes de la pandemia.

“Para salvar a la población más en riesgo de morir a causa del coronavirus -los mayores de 65 años- el gobierno está condenando a los más chicos, muchos de los cuales morirán como consecuencia de esa pobreza”, le dijo a BBC Mundo Jorge Colina, presidente de Idesa.

Hace unos días Unicef le puso una cifra al problema: estimó que 700.000 niños caerán por debajo de la línea de pobreza como consecuencia del desplome de la actividad económica.

Sin embargo, Fernández mantiene que es la pandemia y no la cuarentena la que genera el problema.

“En la ciudad (de Buenos Aires) se habilitó el 60% de los comercios, de los cuales abrió el 40%. Y ese 40% vendió el 30% de lo que vendía. No están los consumidores”, señaló.

Sus críticos responden que los consumidores no están porque el gobierno les ordenó que se queden en sus casas y que vender el 30% es mejor que no vender nada.

“Me parece que Fernández se va enredando en sus discursos”, criticó el exministro de Hacienda durante el gobierno anterior, Alfonso Prat-Gay, en declaraciones a CNN Radio.

“También dijo que estaba muy entusiasmado porque en el interior del país (donde se relajaron las restricciones) la economía se había recuperado en un 80% por la salida de la cuarentena”.

Un hombre con tapabocas hace cola frente al Banco de la Nación Argentina.

Getty Images
Millones de argentinos reciben ayuda estatal durante la pandemia.

No obstante, el principal argumento del presidente contra quienes lo acusan de no preocuparse por la economía y por la pobreza es la ayuda financiera que el Estado está brindando a los sectores más desfavorecidos y a las empresas.

Un gasto estatal gigante que ha creado otra polémica.

2. El Estado que gasta lo que no tiene

Cuando asumió la presidencia en diciembre de 2019, Fernández recibió un país en crisis, que ya llevaba dos años de recesión y una década de déficit fiscal (es decir, de gastar más de lo que se recaudaba).

También heredó una deuda pública récord, que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró “insostenible”, y que ha hecho que Argentina entre en default (cese de pagos) y no pueda acceder al mercado de capitales para obtener financiamiento extranjero.

A eso suma que desde que comenzó la pandemia, la recaudación impositiva cayó bruscamente.

En ese contexto, la decisión del presidente de cerrar la economía por más de dos meses y aumentar fuertemente el gasto público -haciéndose cargo, por ejemplo, del 50% de los salarios de las empresas privadas que no pueden facturar- preocupa a muchos economistas.

Hay países que se pueden dar el lujo de encerrar a la población porque tienen los recursos, y otros, no“, fustigó Prat-Gay, haciéndose eco de miles de personas que exigen a través de las redes sociales poder volver a trabajar.

Al no tener suficientes reservas ni acceso al crédito, Argentina -al igual que muchos otros países- ha recurrido a la emisión monetaria para poder aumentar el gasto público ante la pandemia.

Es decir: ha imprimido millones de billetes de pesos.

Billetes de 500 y 1000 pesos detrás de una mascarilla

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Argentina tuvo que aumentar en más de un tercio su gasto público por la pandemia y la parálisis económica.

Pero muchos economistas temen que esa solución dispare aún más la inflación, que ya supera el 45% interanual.

“Históricamente la emisión en Argentina generó más inflación”, le dice a BBC Mundo Martin Vauthier, director de la consultora económica Eco Go.

“En este momento, por la pandemia, la demanda de pesos aumentó, pero el tema va a ser qué pasa después”, apuntó.

“Tradicionalmente los argentinos demandan dólares. Si usan esos pesos que emite el Banco Central para comprar dólares, eso hará que pierdan valor, lo que provocará una suba de precios”, explicó.

El valor del dólar paralelo, considerado un referente para muchos sectores económicos, ya aumentó un 50% desde el comienzo de la pandemia.

A pesar de la preocupación de muchos, Fernández se muestra confiado, asegurando que ya pudo levantar al país de su peor crisis hasta ahora -el colapso de 2001- cuando fue jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner.

“Antes de que asumiéramos con Néstor en 2003 la economía había caído 11%, (había un) 57% de pobreza, 25% de desocupación, y volvimos. Todo eso se puede recuperar, lo que no puedo recuperar es una vida”, señaló a Perfil.

No obstante, muchos advierten que hoy no existen las condiciones favorables -precios récord de los commodities y alta demanda de soja, el principal bien argentino- que impulsaron la recuperación del país a comienzos de este siglo.

3. Un país sin despidos

Además de la ayuda estatal, el gobierno ha recurrido a una inusual táctica -que algunos aplauden y otros repudian- para intentar contener una de las consecuencias más graves que está teniendo la pandemia a nivel global: el desempleo.

¿La “solución” de Argentina? Prohibir los despidos.

Una mujer usando una mascarilla que fue despedida

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La prohibición de despedir ha evitado la crisis de desempleo de otros países, pero muchos advierten que podría llevar a miles de empresas a quebrar.

El 31 de marzo Fernández firmó un decreto que prohíbe echar a trabajadores. Tampoco pueden ser suspendidos sin goce de sueldo.

La medida, que debía durar dos meses, se extendió dos meses más, y estará vigente al menos hasta finales de julio.

Aunque para muchos asalariados es un alivio saber que seguirán cobrando su sueldo, varios expertos advierten que la medida pone en riesgo el empleo a mediano y largo plazo, ya que podría ser la gota que colma el vaso para miles de empresas que ya tambalean como consecuencia de no facturar o facturar muy poco desde marzo.

Según la Fundación Observatorio Pyme, más de 61.000 empresas están en riesgo de cerrar por no poder afrontar el sueldo de sus trabajadores (incluso con la ayuda estatal).

En tanto, el 80% de las pymes tuvieron que endeudarse o aumentar el aporte de capital propio para poder hacer frente al pago de sueldos.

“Este tipo de medidas sirven si la crisis dura un mes. Sino, el impacto que pueden tener es que las empresas tengan que cerrar, sobre todo las pymes, que al ser más chicas están más complicadas”, señala Vauthier de Eco Go.

Por el momento varias empresas en problemas, incluyendo a la estatal Aerolíneas Argentina, han recurrido a la única alternativa que les permite la ley: acordar con sus trabajadores suspensiones con el pago de la mayor parte -generalmente el 75%- de su salario.

Pero el temor es que el colapso de un gran número de pymes -que generan tres cuartos del empleo en Argentina- termine provocando igual o más desempleo del que se quiere evitar con la prohibición de despedir.

4. Concentración del poder

Las anomalías que han generado la pandemia y la cuarentena en Argentina también se ven en el campo político, con consecuencias que preocupan a algunos.

Estatua de la justicia con mascarilla y guantes de latex

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Con el Poder Judicial de feria y el Congreso sin poder sesionar, el Poder Ejecutivo estuvo gobernando a través de decretos.

Desde que se declaró el confinamiento obligatorio, el Poder Judicial ha estado de “feria extraordinaria” (por decisión de la Corte Suprema), y, salvo las provincias donde se relajaron las restricciones, solo se atienden emergencias.

En tanto, el Congreso tardó casi dos meses en poder organizar sesiones virtuales para volver a funcionar.

En el ínterin, las decisiones han sido tomadas exclusivamente por el Poder Ejecutivo, a través de decretos presidenciales, incluyendo las varias extensiones que tuvo la cuarentena.

Esto ha causado alarma entre los sectores más críticos del gobierno. Unos 300 intelectuales denunciaron a través de una carta abierta que Argentina vive una “infectadura”, con un gobierno que concentra el poder “en nombre de la salud pública”.

Sin embargo, políticos de la oposición, como algunos gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, han apoyado e incluso replicado las medidas tomadas por Fernández.

Y muchos observadores han elogiado al presidente por realizar sus conferencias de prensa junto con líderes opositores.

La mayoría de los argentinos también apoya las acciones del presidente: varias encuestas señalan que al menos el 80% de la población aprueba la gestión del mandatario en relación a la pandemia.

5. La “falta de libertad”

Pero a pesar de su popularidad, Fernández también enfrenta cada vez más críticas y protestas a medida que sigue extendiendo la cuarentena.

Una mujer sostiene un cartel reclamando poder circular y trabajar, durante una protesta en contra de la cuarentena en Buenos Aires, el 30 de mayo.

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Una mujer sostiene un cartel reclamando poder circular y trabajar, durante una protesta en contra de la cuarentena en Buenos Aires, el 30 de mayo.

Por un lado, están quienes expresan preocupación por los efectos que el encierro obligatorio, sin salidas recreativas, está teniendo sobre la salud física y mental de los argentinos, en especial de los más chicos.

La ciudad de Buenos Aires empezó a autorizar el esparcimiento de los niños después de dos meses de confinamiento, pero muchos consideran que las salidas -una hora, solo los fines de semana y en un radio no mayor a 500 metros del hogar- no alcanzan.

Y en la región más poblada del país, el llamado conurbano bonaerense, ni siquiera eso se permite: allí los menores solo pueden salir para acompañar a sus padres a realizar compras esenciales.

Algunos médicos han advertido que los argentinos han dejado de consultar por otros problemas de salud, que incluso pueden ser más letales que el coronavirus, por ejemplo, las afecciones cardíacas.

Esto, a su vez, está impactando en el sistema sanitario privado: la prestigiosa Fundación Favaloro informó que tendrá que cerrar dos de sus sanatorios por la caída en los ingresos y varias clínicas privadas corren riesgo similar.

Irónicamente, el éxito que está teniendo la cuarentena para frenar la transmisión del covid-19 ha hecho que los centros de salud tampoco tengan pacientes con coronavirus, por lo que muchos funcionan muy por debajo de su capacidad.

Pero más allá de la salud y de la economía, también están quienes afirman que una cuarentena obligatoria tan extensa viola la libertad de circulación, uno de los derechos básicos de la constitución.

Cuestionan, además, la creación de una línea especial -el 134- promocionado por el Ministerio de Seguridad en radios, televisión y carteles, para denunciar a quienes violen el confinamiento.

Un aviso del Ministerio de Seguridad argentino sobre la línea especial creada para denunciar a quienes violan la cuarentena

Ministerio de Seguridad de Argentina
El Ministerio de Seguridad argentino creó una línea especial para denunciar a quienes violan la cuarentena. En los primeros diez días recibió casi 40.000 llamadas.

“La Argentina vive un virtual estado de sitio que nadie quiere llamar por su nombre”, acusó en un duro artículo el periodista del diario La Nación Joaquín Morales Solá.

Uno de los eventos que más preocupó a los críticos se dio en el partido de Tigre, un suburbio residencial al norte de Buenos Aires, donde la policía prohibió, bajo amenaza de prisión, una caravana de autos organizada por vecinos de barrios privados para protestar contra el aislamiento.

“El Estado ha tenido que restringir algunas de las libertades pero es en pos del bienestar general”, señaló la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

“El Estado regula, pero no es autoritario, totalitario”, aseguró en declaraciones a radio La Red.

Por su parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti coincidió que el gobierno actúa “dentro del Estado de derecho”. Pero advirtió que las medidas restrictivas “tienen que estar limitadas en el tiempo”.

“Los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales”, afirmó a CNN Radio. “Hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial si la emergencia se prolonga en el tiempo”, indicó.

Pero nada de esto inquieta al presidente, que cada vez se muestra más fastidiado con las críticas y más convencido de los méritos del confinamiento obligatorio.

La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos y para que los argentinos no se mueran“, sentenció al respecto.

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https://www.youtube.com/watch?v=GlC2empuaB4

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