Una Casa Blanca voladora: así será el nuevo Air Force One que Boeing fabricará para Donald Trump
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Una Casa Blanca voladora: así será el nuevo Air Force One que Boeing fabricará para Donald Trump

La presidencia de EU anunció que Donald Trump habría logrado un acuerdo informal para la compra de dos nuevos aviones Boeing 747-800 diseñados especialmente para trasladar al mandatario más poderoso del mundo.
Getty Images
Por BBC Mundo (bbcmundo)
28 de febrero, 2018
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Podrán volar en los peores escenarios de seguridad, como una guerra nuclear. Dispondrán de sistemas electrónicos típicos de aviones militares, capacidades de comunicación avanzadas y un sistema de defensa propio. Han sido diseñados para funcionar como una Casa Blanca en el aire.

Así serán los dos nuevos aviones 747-800 que Donald Trump negoció con la empresa Boeing como parte de la nueva flota destinada a transportar al presidente de Estados Unidos, los popularmente conocidos como Air Force One.

Las aeronaves han sido modificadas para “proteger y mantener al mandatario y a los pasajeros a bordo durante largos periodos“, señaló un portavoz de Boeing.

Cada uno contará con una sala de comunicaciones, escaleras internas y externas, grandes cocinas y otros equipamientos.

“Buen acuerdo”

De acuerdo con un portavoz de la Casa Blanca, Trump logró un acuerdo informal con la empresa fabricante para adquirir ambos aviones por un monto total de US$3.900 millones, lo que implicaría un ahorro de US$1.400 millones.

Imagen divulgada por Boeing sobre cómo será el próximo Air Force One. (Foto: Boeing)

BBC
Esta imagen divulgada por Boeing muestra cómo será el próximo Air Force One.

La empresa señaló que Trump había “negociado un buen acuerdo”.

“Boeing está orgullosa de construir la nueva generación de aviones Air Force One, proveyendo a los presidentes de Estados Unidos con una Casa Blanca voladora con un precio excepcional para los contribuyentes”, dijo la compañía en un comunicado.

El gobierno de Estados Unidos tenía planes para la compra de los dos nuevos aviones antes de la llegada del magnate inmobiliario a la presidencia.

De hecho, en diciembre de 2016, siendo precandidato presidencial por el Partido Republicano, Trump cuestionó la compra de las aeronaves asegurando que eran demasiado caras y afirmando que la orden debía ser cancelada.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/806134244384899072

“Boeing está construyendo nuevos aviones 747 Air Force One para futuros presidentes, pero los costos están fuera de control, más de US$4.000 millones. ¡Cancelen la orden!”, escribió en Twitter.

Pero, en ese momento, la Casa Blanca puso en duda las cifras mencionadas por Trump.

“Algunas de las cifras que han sido citadas, debemos decir, no parecen reflejar la naturaleza del acuerdo financiero entre Boeing y el departamento de Defensa“, dijo el entonces portavoz de la presidencia, Josh Earnest.

Bill Clinton a bordo del Air Force One.

EPA
Los actuales aviones de la flota Air Force están en servicio desde la época del primer mandato de Bill Clinton.

La afirmación del gobierno actual de que con la nueva negociación se ahorrarán US$1.400 millones no ha sido verificada de forma independiente.

Richard Aboulafia, analista especializado en el sector aeroespacial, señaló que Boeing no tenía demasiado margen para ofrecer descuentos debido a la gran proporción de equipos fabricados por otras empresas que requieren estos aviones.

“No hay evidencia de un descuento”, dijo y agregó que la Casa Blanca estaba haciendo del tema un “teatro político”.

Aviones de tres pisos

Técnicamente, la denominación de Air Force One se le aplica a cualquier aeronave que transporte al presidente de Estados Unidos.

Air Force One

Reuters
En la actualidad, la flota presidencial estadounidense dispone de dos aviones Boeing 747-200B.

Sin embargo, el término se usa con más frecuencia para referirse a la actual flota de aviones en servicio: dos Boeing 747-200B, altamente adaptados para sus funciones especiales, que han estado en servicio desde 1990.

Algunas de características de estas aeronaves son:

  • Capacidad para repostar combustible en pleno vuelo.
  • Disponen de equipos de comunicaciones seguros.
  • En su interior el presidente y sus acompañantes disponen de unos 400 metros cuadrados de espacio distribuidos en tres niveles, lo que incluye una suite presidencial, así como cuartos para asesores, funcionarios del Servicio Secreto y periodistas.
  • Cuenta con médico siempre a bordo y tiene una sala de enfermería que puede convertirse en un quirófano.
  • Dispone de dos cocinas que pueden alimentar a 100 personas al mismo tiempo.

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AFP

FGR incumple plazo final para abrir expediente Odebrecht; el caso suma cuatro años sin juicio ni detenidos

FGR argumenta que no ha sido “oficialmente” notificada de que perdió el amparo que le quedaba para desclasificar la carpeta de investigación del caso, que esta semana cumple cuatro años de haber sido iniciada.
AFP
2 de febrero, 2021
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La Fiscalía General de la República (FGR) incumplió con el plazo final de cinco días hábiles que le dio el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) para transparentar en versión pública la carpeta de investigación iniciada por los sobornos de la constructora Odebrecht, y proporcionar datos y resultados del caso.

Pese a las advertencias del INAI de posibles sanciones y hasta denuncias si no acataba la orden, la Fiscalía no desclasificó ni un dato. El argumento que dio esta vez, según autoridades del Instituto, es que no había sido notificada formalmente de que el último de los amparos que tramitó en contra de la orden de abrir el caso ya había sido desechado.

Mientras tanto, la carpeta de investigación del caso Odebrecht cumple esta semana cuatro años de haber sido abierta sin que, hasta el momento, se haya conseguido llevar a ningún probable responsable a juicio. No hay detenidos, no hay condenas, y tampoco reparación del posible daño.

El único exfuncionario procesado, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, también está libre. El 31 de enero terminó el periodo original de seis meses que un juez había dado para que la FGR definiera si lo lleva a juicio o no, pero debido a la pandemia sanitaria la resolución de su situación se aplazó hasta marzo.

La importancia de conocer quiénes son los funcionarios o exfuncionarios implicados en los hechos, y qué ha hecho la Fiscalía para investigar y esclarecer el caso, fueron justamente los argumentos que llevaron a jueces federales a confirmar las 13 resoluciones del INAI en donde ordenaba transparentar el expediente.

Lo anterior ya que la corrupción de Odebrecht, según las resoluciones judiciales, es un caso de interés público relacionado con graves hechos de corrupción, excepciones que Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla para la desclasificación de una averiguación previa o carpeta de investigación.

Sin embargo, la FGR encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero se ha rehusado reiteradamente a desclasificar el caso, al igual que lo hiciera la PGR en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. En cambio, emprendieron desde hace tres años una ofensiva legal a través de demandas de amparo contra el pleno del INAI.

Gracias a las suspensiones provisionales obtenidas como parte de dichas demandas de amparo, la FGR logró retrasar por tres años la entrega de la información. Pero en noviembre pasado un juez federal desechó de manera definitiva el último recurso judicial que la Fiscalía había propuesto.

En ese contexto, el INAI determinó dar un plazo de cinco días hábiles a la Fiscalía para cumplir con dichas determinaciones. Ese periodo venció la semana pasada por lo que ahora el instituto analizará con el poder judicial cuando fue notificada la FGR de la pérdida de los amparos y, a partir de ello, definirá posibles sanciones.

Animal Político requirió directamente a la FGR conocer las razones del incumplimiento a las resoluciones del INAI o un posicionamiento oficial, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.

Opacidad… también en el Poder Judicial

A diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, la información relacionada con la investigación del caso Odebrecht difundida oficialmente al público es escasa. En primera instancia porque la Fiscalía se ha rehusado a cumplir con las órdenes de transparentar el caso, pero también porque el propio Poder Judicial ha reservado información.

De acuerdo con un reportaje publicado en el diario El País, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha usado evasivas para no responder integralmente a las peticiones de información sobre el proceso penal en curso por el caso Odebrecht.

En algunos casos, señala dicho reportaje, las peticiones no han sido respondidas, mientras que en otros casos sí se han aportado documentos, pero con páginas faltantes o con la mayor parte de la información suprimida. Además, hay múltiples retrasos en la entrega de informes bajo el argumento de que la pandemia complica los plazos y hay exceso de carga de trabajo.

El único proceso penal en marcha, el del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, tampoco ha podido ser presenciado por el público en general debido a que el Poder Judicial decidió restringir la presencia de personas ajenas a las partes en las audiencias, excluyendo con ello a los medios de comunicación. Ello bajo el argumento de prevenir posibles contagios.

Dichas restricciones para ingresar a las salas de audiencias de este y de otros casos se mantienen vigentes hasta la fecha.

Cuatro años de impunidad

El 25 de enero de 2017, la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia penal ante la entonces PGR para que se indagara y, en su caso, se sancionara a los funcionarios que resultaran responsables de haber acordado o recibido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Lo anterior, luego de que directivos de dicha compañía confesaran ante autoridades estadounidenses que pagaron sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos a cambio de obtener ventajas y contratos.

Pero a diferencia de investigaciones relacionadas con la misma empresa en otros países -donde incluso se han procesado a presidentes y expresidentes- en México los resultados conocidos han sido escasos.

En octubre de 2017 el entonces titular de la PGR Raúl Cervantes, dijo a senadores que el caso estaba prácticamente resuelto y eran inminentes las acusaciones contra los probables responsables. Sin embargo, los meses pasaron y nada de ello ocurrió. Los fiscales mexicanos argumentaron que había complicaciones con sus contrapartes brasileñas para que les proporcionaran información.

Fue hasta 2019, ya con el cambio de gobierno, cuando la FGR envió a un juez un desglose de la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 para solicitar cinco órdenes de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y familiares suyos. Esto por los cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

En julio de ese mismo año fue detenida en Alemania Gilda Margarita Austin, madre de Lozoya, y en noviembre fue extraditada a México. Debido a su avanzada edad el juez que revisó el caso le permitió seguir su proceso en libertad.

En febrero de 2020, tres años después de iniciada la indagatoria y tras varios meses de búsqueda, Lozoya fue detenido en una zona exclusiva desde Málaga, España. Ya bajo custodia judicial el exfuncionario ofreció colaborar con las autoridades para revelar y probar una supuesta red de corrupción encabezada por expresidentes, a cambio de ser exculpado de los cargos que se le imputaron.

De vuelta en México, dicha colaboración le ha permitido a Lozoya mantener su libertad condicional pese a estar vinculado a proceso y a que originalmente se dio a la fuga para no ser capturado. Ello mientras se resuelve si la denuncia e información que aportan le alcanzan para darle un criterio de oportunidad que, al menos, suspenda los procesos en su contra.

Hasta ahora la información aportada por Lozoya le ha permitido a la FGR iniciar una nueva carpeta de investigación en contra de varios exfuncionarios y exlegisladores, sin que hasta ahora alguno de ellos haya sido procesado. A finales de enero estaba prevista una audiencia en donde se comenzarían a imputar cargos a uno de los denunciados, el exsenador de PAN Jorge Luis Lacalle Maury, pero de última hora la Fiscalía General pidió su suspensión.

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