La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas hasta hoy 21 averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con un esquema sistemático de presunto desvío de recursos, en la administración de Enrique Peña Nieto, que involucra a dependencias federales, instituciones públicas y empresas fantasma, pero hasta ahora, ninguno de los casos está consignado y no hay funcionarios acusados.
[contextly_sidebar id=”894GcPUJCHreZyNRInZau6L7UdshWM1u”]Las averiguaciones –promovidas por denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)- abarcan irregularidades en los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015, e involucran recursos federales transferidos a dependencias federales, que a su vez triangularon el recurso con universidades o instituciones públicas, las cuales lo entregaron finamente a compañías privadas que simulan servicios.
Se trata del mecanismo documentado en el reportaje “La Estafa Maestra”, a través del cual, aprovechando una excepción en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, las dependencias asignan recursos sin pasar por procesos mínimos de licitación ni competencia.
Bajo este mecanismo se han dispersado más de 7 mil millones de pesos, de los cuales se desconoce el destino real de al menos la mitad.
La Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales de PGR, a través de su unidad especializada para investigar delitos cometidos por servidores públicos, es la responsable de integrar y resolver las carpetas iniciadas por las denuncias interpuestas. Animal Político pudo confirmar que hasta ahora el estatus de todas ellas es “en integración”.
Autoridades ministeriales y de la ASF consultadas por este medio indicaron que hay averiguaciones que llevan más de un año sin que haya mayor avance y, en muchos casos, ni siquiera se ha citado a funcionarios involucrados a declarar ante el Ministerio Público en calidad de probables responsables.
Esto pese a que los auditores entregan un dictamen técnico que identifica a los servidores públicos que tuvieron responsabilidad en el manejo de los recursos.
Las denuncias de la Auditoría no solo señalan irregularidades específicas, sino un esquema de simulación que se repite y permanece impune. Las empresas contratadas en su mayoría son irregulares o fantasma que – al igual que las universidades que sirven de comparsa- no tienen ninguna infraestructura para cumplir con los servicios que se les asignen de forma totalmente discrecional.
En la mayoría de los casos las dependencias o las universidades e instituciones auditadas entregan expedientes que supuestamente prueban que los servicios se cumplieron, sin embargo los auditores han descubierto – sobretodo en los últimos casos denunciados donde se han profundizado las revisiones – que esto es una fabricación de entregables y que el dinero no se sabe en realidad dónde está.
Gobierno ha “propiciado la reincidencia”: ASF
La ASF acusó que el gobierno federal no ha implementado los mecanismos suficientes para frenar y castigar el desvío de recursos a través de los convenios con universidades públicas, pese a que se trata de un problema que lleva, al menos, cuatro años reportándose por parte de los auditores.
En el informe de resultados de la auditoría forense 1639-DS, que dio pie a la última averiguación previa iniciada por PGR a finales del año pasado, la ASF subrayó que la presentación de las denuncias penales ha carecido de repercusión alguna, lo que además ha propiciado que los desvíos continúen
“La presentación de denuncias de hechos ante las autoridades competentes no ha tenido resultados que permitan inhibir estas conductas irregulares, lo que ha propiciado la reincidencia en estas contrataciones que no aportan ningún beneficio tangible a la entidad contratante”, señaló el informe.
Pero las omisiones no solo caen en el terreno de la PGR. La Auditoría también condenó el hecho de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) se haya negado a determinar que estas contrataciones deben aparecer en el sistema Compranet, con el argumento de que son convenios entre entidades públicas–dependencias con universidades.
La ASF había pedido formalmente a la SFP que corrigiera esta situación, toda vez que la Constitución es clara en manifestar que por regla general las contrataciones con dinero público deben ser procesos de licitación transparentes, lo que no ocurre con estos convenios que además han propiciado el desvío de recursos.
Pero la respuesta de la SFP fue negativa, lo que desde el punto de vista de los auditores contribuye a generar “opacidad, corrupción e impunidad”.
“No obstante la presentación de denuncias de hechos de carácter penal y administrativo y del irreversible daño social ocasionado, continúa la misma práctica para la asignación, adquisición y contratación irregular de bienes y servicios, bajo el mismo esquema de simulación de actividades empresariales con terceros y proveedores, los cuales resultan no localizados, inexistentes o vinculados entre sí”, expuso la ASF.
Intentos de simulación
En los últimos meses la ASF incrementó la presentación de denuncias relacionadas con el modus operandi de “La Estafa Maestra”.
De octubre de 2017 a enero de 2018 presentó ante la PGR seis casos en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Sagarpa, las cuales firmaron convenios con nueve universidades distintas.
En estos casos los auditores profundizaron en sus indagatorias y no solo documentaron el manejo irregular del recurso, sino intentos por simular que el dinero se había usado para lo que, en el papel, estaba destinado. Algunos de estos casos fueron publicados por Animal Político.
Por ejemplo en 2015 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarpa) transfirió más de 220 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), para que esta llevara a cabo diversos estudios, diagnósticos e investigaciones que permitieran, entre otras cosas, identificar nuevas zonas propicias para el desarrollo de cultivos.
Cuando los auditores buscaron a las personas que supuestamente se encargaron de hacer el trabajo, resultó que la mitad de ellos negó haber colaborado con Sagarpa en cualquier convenio, mientras que la otra mitad eran personas que por su perfil era imposible que hubieran hecho el trabajo.
Para poner un ejemplo, entre ellos había carniceros, recepcionistas, edecanes, policías, vendedores de seguros, cajeros, nutriólogos y hasta columnistas.
Otro ejemplo fue lo ocurrido con tres convenios que la Secretaría de Desarrollo Social firmó en 2015 con la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM); la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) y la Universidad Politécnica de Texcoco (UPT), a las que les transfirió más de 600 millones de pesos que eran para supervisar comedores comunitarios, entre otros.
La Sedesol y las universidades argumentaron que el trabajo lo habían hecho “coordinadores sociales” y entregaron expedientes con todo y fotos de las supuestas supervisiones. Pero cuando los auditores verificaron los documentos se encontraron fotografías repetidas de lugares que supuestamente eran distintos, había fotos copiadas de años pasados, e incluso, se habían falsificado firmas.
Otro caso – ya denunciado penalmente por la ASF ante PGR en octubre pasado – es el del convenio que en 2015 firmó Sedesol con el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo.
En el desarrollo de la investigación los funcionarios de dicho instituto público confesaron ante los auditores que firmaron contratos con otras empresas y expedientes que comprobaban servicios, sin haber visto nunca nada, esto luego de que la Sedesol los obligara a hacerlo.
