Marco Antonio Leyva Mena, alcalde con licencia de Chilpancingo, acusa que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, mantiene una campaña en su contra, y exige que lo restituyan en su puesto.
[contextly_sidebar id=”UL4EOzvrXGVJFwYRg5OiWLp6SiOBiNZU”]En conferencia de prensa, Leyva señaló que pidió licencia para dejar la presidencia municipal desde octubre de 2017, por lo que los señalamientos en su contra y la policía municipal, por la desaparición de dos jóvenes en Chilpancingo durante la noche del 30 de diciembre pasado, no tiene sustento.
Durante su gestión, dijo, evaluaron “al 100 % de toda nuestra policía, y en el caso del secretario de Seguridad Pública y el subsecretario (quienes abandonaron el cargo debido a la investigación por la desaparición) tenían la denominación de aceptables, es decir, que podían seguir en la corporación”.
Leyva Mena explicó que el gobernador del estado puede tomar decisiones en materia de seguridad, ya que preside el Consejo Estatal de Seguridad, y tiene facultades para remover del cargo a funcionarios públicos.
Si los policías no cumplían con los estándares requeridos para desempeñar sus funciones, pudieron haber sido sacados de la corporación de manera directa por el ejecutivo estatal, mencionó.
Acerca de las acusaciones por peculado durante su gestión como edil en Chilpancingo, Leyva señaló que estas no tienen fundamento, debido a que el municipio “todavía no ha entregado la cuenta pública, ni existen las auditorías respectivas para poder señalar delitos que no se han cometido ni comprobado por la autoridad correspondiente”.
“No estoy en contra de rendir cuentas ni de las auditorías, pero sí de que se adelanten juicios, como una forma de abuso de poder por parte del gobernador”, agregó.
El presidente municipal con licencia explicó que pidió retirarse del cargo en octubre pasado, por “motivaciones de carácter político”, pues tuvo problemas con el “destino final” de la basura que se produce en Chilpancingo, por el cierre de los basureros en Tixtla y Eduardo Neri, donde vertía los desechos, lo que ocasionó que el congreso de Guerrero le pidiera abandonar el cargo.
Su abogado, Julio Hernández Barros, señaló que aunque desde el 8 de enero pasado Leyva solicitó ser restituido en sus funciones como alcalde, debido a que “ya tiene todo para enfrentar, de manera clara y directa el juicio de revocación de mandato”, el Congreso no ha resuelto el asunto, lo que, de acuerdo con él, “viola los derechos electorales de los ciudadanos que lo eligieron a través del voto”.
Hernández dijo que, desde que se presentó la solicitud de restitución del cargo, el Congreso local ha sesionado en 18 ocasiones, sin que se resuelva el regreso de Leyva a la presidencia municipal.
Por la presunta violación al derecho de Leyva a ejercer el cargo, y a los derechos de las personas que eligieron a través del voto al presidente municipal, anunció que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Esta es una clara violación constitucional no solo a Marco, sino al electorado que eligió un representante y que el Congreso, por sus pistolas no le está dando derecho a gobernar”, subrayó.
Sobre los señalamientos en su contra, Leyva consideró que estas son acusaciones sin fundamento del gobernador Héctor Astudillo, quien “quiere involucrar a un presidente municipal con licencia en un asunto en el que nada tiene que ver”, y exigió al Congreso local que se resuelva a la brevedad su regreso como alcalde a Chilpancingo.
