Gobierno de Guanajuato da contratos de publicidad oficial a presunta empresa fantasma

Los nuevos contratos que el gobierno de Guanajuato dio a F.B.M. Comercializadora suman más de 793 mil pesos; en 2017, la empresa observada por el SAT por actividades inexistentes obtuvo 3 millones 836 mil pesos del erario público del estado.

El Gobierno de Guanajuato “reservó” todos los comprobantes que prueban que F.B.M. Comercializadora realizó los servicios para los que fue contratada.
El Gobierno de Guanajuato “reservó” todos los comprobantes que prueban que F.B.M. Comercializadora realizó los servicios para los que fue contratada. Cuartoscuro

El gobierno de Miguel Márquez dio dos contratos más por 793 mil 13 pesos durante el último trimestre de 2017 a la empresa F.B.M. Comercializadora,  la cual fue boletinada por el SAT y enlistada como presunta empresa fantasma por el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, mientras fungía como proveedora de la Coordinación General de Comunicación Social de Guanajuato.

Antes de hacer públicos estos nuevos contratos, la Coordinación de Comunicación Social, encabezada por Enrique Avilés Pérez “reservó” por un año todos los comprobantes de F.B.M. Comercializadora por lo que no se puede verificar si la empresa cumplió con sus compromisos publicitarios.

Los dos nuevos contratos que suman más de 793 mil pesos, aparecen reportados en el cuarto trimestre de 2017. Sin embargo, uno de ellos, registrado con la referencia PT 49666 fue firmado el 1 de febrero de 2017, por un monto de 605 mil 993 pesos. En total, durante el año pasado, la empresa observada por actividades inexistentes obtuvo del gobierno de Guanajuato 3 millones 836 mil 346 pesos.

Avilés Pérez había explicado cuando se publicaron las primeras contrataciones, que se encargó a F.B.M. la producción del material editorial que aparecería en los diarios de la cadena Organización Editorial Mexicana.

Sin embargo, los nuevos convenios cambian el giro, ya que establecen que la vocería del gobernador “entregará con oportunidad los materiales a transmitir mediante las órdenes de transmisión correspondientes, por su parte la empresa se obliga a difundir con oportunidad y en los términos que se indiquen, respetando en todo momento la integridad del contenido de los materiales”. Aunque hablan de transmisión, se contrataron banners por un costo mensual de 19 mil 999 pesos en diversos medios de la Organización Editorial Mexicana.

Llama la atención que la factura con número IR 1677, que fue emitida el 25 de octubre de 2017 hace aparecer un domicilio diferente a los anteriores que F.B.M había reportado y diferente también al que registró ante el IMSS.

El contrato PT 49687 es por un monto de 187 mil pesos y es por encartes en los diferentes periódicos de la OEM que serán entregados por Comunicación Social. El convenio fue firmado el 14 de agosto de 2017 y la factura IR 1679 fue elaborada el 27 de octubre del mismo año.

El pasado 11 de diciembre, Zona Franca difundió que el gobierno de Guanajuato ha realizado convenios de intermediación para adquirir servicios periodísticos con F.B.M. Comercializadora, empresa boletinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), como sospechosa de operaciones inexistentes.

A través de su Coordinación de Comunicación Social, el mandatario panista ha otorgado en 3 años por lo menos siete contratos por 4.6 millones de pesos.

Como reacción a la publicación del reportaje, el vocero de la administración ofreció entregar toda la información al respecto, incluyendo los testigos del cumplimiento de los servicios brindados por F.B.M., primero de forma directa, y luego la condicionó a la solicitud de información a través de la Unidad de Transparencia, para terminar con la reserva argumentada en un proceso de auditoría.

La negación de información y explicaciones, han sido una constante.

Súbita reserva

El Gobierno de Guanajuato “reservó” todos los comprobantes que prueben que la empresa F.B.M. Comercializadora realizó los servicios para los que fue contratada, lo mismo sucedió con los periódicos integrantes de la Organización Editorial Mexicana.

Luego de que Zona Franca publicara que la empresa contratada por la Coordinación de Comunicación Social de gobierno del estado, F.B.M. Comercializadora, estuviera boletinada por la SHCP y por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción como sospechosa de operaciones inexistentes, es decir “fantasma”, el vocero estatal, Enrique Avilés, se comprometió en el noticiero de Carmen Aristegui a entregar todos los elementos que prueban que la empresa asentada en Irapuato ha brindado los servicios para los que fue contratada.

Sin embargo, la documentación no fue entregada bajo el argumento de que debía hacerse por medio de la Unidad de Transparencia.

La respuesta de transparencia, entregada mediante el folio 00062718, fue que toda la información estaba reservada por un año, pues podría alterar las investigaciones.

El 20 de enero de 2018, el periódico A.M. publicó una nota en la que señala que tuvieron en su poder todos los “testigos” de F.B.M. y verificaron que dicha empresa había cumplido con los contratos.

Se le preguntó a Enrique Avilés porqué dicho periódico sí tuvo acceso a los documentos y su respuesta fue: “porque no los pidieron por transparencia” y aseguró que los mismos se entregarían. En el mismo sentido respondió Andrés Alcocer Carballido, quien dijo a Zona Franca que, dado el volumen de información solicitada, ‘estaban muy atareados’ organizándola. Finalmente fue reservada.”

Zona Franca solicitó todos los testigos de F.B.M. Comercializadora y los correspondientes a los contratos con los diarios Sol de León, Sol de Irapuato, Noticias Vespertinas y Esto del Bajío con la intención de cotejar que todas las empresas hayan cumplido lo acordado con la vocería.

Expertos y activistas en temas de transparencia señalan que la entrega de los “testigos” no viola el debido proceso de la auditoría, porque en teoría es información pública y no se pidieron datos de la auditoría.

Hasta el momento, la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), Isabel Tinoco Torres, indicó que todos los contratos que ha firmado la coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado a cargo de Enrique Avilés Pérez, con la empresa boletinada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), F.B.M. Comercializadora, se encuentran en un proceso de revisión.

Al cuestionarle sobre el caso, la secretaria explicó que la auditoría a la Coordinación de Comunicación Social no se inició a raíz de la denuncia pública, sino porque está contemplada en el plan anual de la STyRC. No obstante, aseguró que los contratos que se le han dado a esta empresa serán prioridad en los trabajos de revisión que se llevan, por la presunción de ser una empresa presuntamente “fantasma”.

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