Gobierno de Guanajuato da contratos de publicidad oficial a presunta empresa fantasma
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Gobierno de Guanajuato da contratos de publicidad oficial a presunta empresa fantasma

Los nuevos contratos que el gobierno de Guanajuato dio a F.B.M. Comercializadora suman más de 793 mil pesos; en 2017, la empresa observada por el SAT por actividades inexistentes obtuvo 3 millones 836 mil pesos del erario público del estado.
Cuartoscuro
Por Kennia Velázquez/Zona Franca
19 de febrero, 2018
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El gobierno de Miguel Márquez dio dos contratos más por 793 mil 13 pesos durante el último trimestre de 2017 a la empresa F.B.M. Comercializadora,  la cual fue boletinada por el SAT y enlistada como presunta empresa fantasma por el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, mientras fungía como proveedora de la Coordinación General de Comunicación Social de Guanajuato.

Antes de hacer públicos estos nuevos contratos, la Coordinación de Comunicación Social, encabezada por Enrique Avilés Pérez “reservó” por un año todos los comprobantes de F.B.M. Comercializadora por lo que no se puede verificar si la empresa cumplió con sus compromisos publicitarios.

Los dos nuevos contratos que suman más de 793 mil pesos, aparecen reportados en el cuarto trimestre de 2017. Sin embargo, uno de ellos, registrado con la referencia PT 49666 fue firmado el 1 de febrero de 2017, por un monto de 605 mil 993 pesos. En total, durante el año pasado, la empresa observada por actividades inexistentes obtuvo del gobierno de Guanajuato 3 millones 836 mil 346 pesos.

Avilés Pérez había explicado cuando se publicaron las primeras contrataciones, que se encargó a F.B.M. la producción del material editorial que aparecería en los diarios de la cadena Organización Editorial Mexicana.

Sin embargo, los nuevos convenios cambian el giro, ya que establecen que la vocería del gobernador “entregará con oportunidad los materiales a transmitir mediante las órdenes de transmisión correspondientes, por su parte la empresa se obliga a difundir con oportunidad y en los términos que se indiquen, respetando en todo momento la integridad del contenido de los materiales”. Aunque hablan de transmisión, se contrataron banners por un costo mensual de 19 mil 999 pesos en diversos medios de la Organización Editorial Mexicana.

Llama la atención que la factura con número IR 1677, que fue emitida el 25 de octubre de 2017 hace aparecer un domicilio diferente a los anteriores que F.B.M había reportado y diferente también al que registró ante el IMSS.

El contrato PT 49687 es por un monto de 187 mil pesos y es por encartes en los diferentes periódicos de la OEM que serán entregados por Comunicación Social. El convenio fue firmado el 14 de agosto de 2017 y la factura IR 1679 fue elaborada el 27 de octubre del mismo año.

El pasado 11 de diciembre, Zona Franca difundió que el gobierno de Guanajuato ha realizado convenios de intermediación para adquirir servicios periodísticos con F.B.M. Comercializadora, empresa boletinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), como sospechosa de operaciones inexistentes.

A través de su Coordinación de Comunicación Social, el mandatario panista ha otorgado en 3 años por lo menos siete contratos por 4.6 millones de pesos.

Como reacción a la publicación del reportaje, el vocero de la administración ofreció entregar toda la información al respecto, incluyendo los testigos del cumplimiento de los servicios brindados por F.B.M., primero de forma directa, y luego la condicionó a la solicitud de información a través de la Unidad de Transparencia, para terminar con la reserva argumentada en un proceso de auditoría.

La negación de información y explicaciones, han sido una constante.

Súbita reserva

El Gobierno de Guanajuato “reservó” todos los comprobantes que prueben que la empresa F.B.M. Comercializadora realizó los servicios para los que fue contratada, lo mismo sucedió con los periódicos integrantes de la Organización Editorial Mexicana.

Luego de que Zona Franca publicara que la empresa contratada por la Coordinación de Comunicación Social de gobierno del estado, F.B.M. Comercializadora, estuviera boletinada por la SHCP y por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción como sospechosa de operaciones inexistentes, es decir “fantasma”, el vocero estatal, Enrique Avilés, se comprometió en el noticiero de Carmen Aristegui a entregar todos los elementos que prueban que la empresa asentada en Irapuato ha brindado los servicios para los que fue contratada.

Sin embargo, la documentación no fue entregada bajo el argumento de que debía hacerse por medio de la Unidad de Transparencia.

La respuesta de transparencia, entregada mediante el folio 00062718, fue que toda la información estaba reservada por un año, pues podría alterar las investigaciones.

El 20 de enero de 2018, el periódico A.M. publicó una nota en la que señala que tuvieron en su poder todos los “testigos” de F.B.M. y verificaron que dicha empresa había cumplido con los contratos.

Se le preguntó a Enrique Avilés porqué dicho periódico sí tuvo acceso a los documentos y su respuesta fue: “porque no los pidieron por transparencia” y aseguró que los mismos se entregarían. En el mismo sentido respondió Andrés Alcocer Carballido, quien dijo a Zona Franca que, dado el volumen de información solicitada, ‘estaban muy atareados’ organizándola. Finalmente fue reservada.”

Zona Franca solicitó todos los testigos de F.B.M. Comercializadora y los correspondientes a los contratos con los diarios Sol de León, Sol de Irapuato, Noticias Vespertinas y Esto del Bajío con la intención de cotejar que todas las empresas hayan cumplido lo acordado con la vocería.

Expertos y activistas en temas de transparencia señalan que la entrega de los “testigos” no viola el debido proceso de la auditoría, porque en teoría es información pública y no se pidieron datos de la auditoría.

Hasta el momento, la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), Isabel Tinoco Torres, indicó que todos los contratos que ha firmado la coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado a cargo de Enrique Avilés Pérez, con la empresa boletinada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), F.B.M. Comercializadora, se encuentran en un proceso de revisión.

Al cuestionarle sobre el caso, la secretaria explicó que la auditoría a la Coordinación de Comunicación Social no se inició a raíz de la denuncia pública, sino porque está contemplada en el plan anual de la STyRC. No obstante, aseguró que los contratos que se le han dado a esta empresa serán prioridad en los trabajos de revisión que se llevan, por la presunción de ser una empresa presuntamente “fantasma”.

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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