México se volvió más inseguro, en 2017 los delitos subieron en 22 estados
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México se volvió más inseguro, en 2017 los delitos subieron en 22 estados

La incidencia total delictiva a nivel nacional tuvo un crecimiento superior al 10%; además de los homicidios, repuntaron delitos como los robos en la calle o en el transporte público.
Cuartoscuro Archivo
Por Arturo Angel
5 de febrero, 2018
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México se volvió un país más inseguro en 2017. En 2 de cada 3 estados se cometieron más delitos el año pasado que en 2016, y la incidencia total delictiva a nivel nacional tuvo un crecimiento superior al 10 por ciento. No solo repuntaron los homicidios y feminicidios, también ilícitos mucho más numerosos como los robos en la calle o en el transporte público, los cuales se cometen casi siempre con violencia.

El balance del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojó que, en el año 2017, se denunciaron un millón 817 mil 61 delitos de todo tipo en las agencias del Ministerio Público del país, que equivalen a una tasa de al menos mil 471 nuevos ilícitos por cada cien mil habitantes.

En comparación con 2016 -donde se registraron un millón 628 mil 438 delitos, equivalentes a una tasa de 1,334 ilícitos-, se tuvo un crecimiento de la incidencia delictiva en el país del 10.26 por ciento.

Como ya se publicó previamente, los homicidios dolosos, el delito de mayor impacto pues atenta contra la vida, registró un crecimiento del 22 por ciento en solo un año. La tasa pasó de 16.8 ilícitos en 2016 a 20.51 en 2017. Y si contamos solo los homicidios cometidos con arma de fuego, estos crecieron 30 por ciento, al pasar de una tasa de 10.2 a 13.26 casos en 2017.

La tasa de feminicidios también se agravó. En 2016 el registro fue de 0.9 por cada cien mil mujeres mientras que, en 2017, fue de 1.06 casos, que es un crecimiento del 15 por ciento.

Pero no es todo. Otro de los delitos más graves, que es el de las lesiones perpetradas con arma de fuego registró un repunte significativo. En 2016, la tasa de incidencia fue de 5.2 casos por cada cien mil habitantes, mientras que para 2017 se disparó a 7.2 casos, lo que equivale a un crecimiento del 38.26 por ciento en la incidencia.

Hay distintas modalidades de robo en el país que también registraron un crecimiento el año pasado. El caso más grave es el del robo cometido en el transporte público. En 2016, se denunciaron 13 mil 340 casos (tasa de 10.9), pero para 2017 el total ascendió a 18 mil 208 carpetas de investigación por este delito (tasa de 14.59) lo que representa un alza de casi el 34 por ciento en estos robos.

Los datos muestran que del total de robos en el transporte público cometidos en 2017 hay 14 mil 583 casos que fueron hechos perpetrados con violencia, es decir, el 80 por ciento de los que se cometieron.

Otro delito que creció fue el robo contra negocios. En 2016, se registraron 72 mil 239 casos, mientras que en 2017 la cifra fue de 93 mil 200. Es decir un crecimiento de más de 20 mil casos de un año, un alza del 28.9 por ciento.

Uno de los robos más comunes es el que se comete a los transeúntes en vía pública. La tasa de asaltos de este tipo pasó de 48.25 casos por cien mil habitantes en 2016 a 59.21 casos en 2017, lo que equivale a un crecimiento de casi 23 por ciento. Es decir en 2017 subió la probabilidad de ser víctima de un robo al caminar por las calles. El 80 por ciento de estos atracos se cometen con violencia, al igual que en el transporte.

Los robos de automóviles también registraron un ascenso. En 2016, se denunciaron 146 mil 986 casos, mientras que en 2017 se reportaron 166 mil 827, lo que representa un alza del 13.5 por ciento en la incidencia de este ilícito.

Los robos a casa habitación crecieron aunque en menor medida. En 2016, hubo 83 mil 704 denuncias mientras que el año pasado fueron 84 mil 895, que representan un repunte del 0.4 por ciento en la incidencia.

Los datos oficiales también muestran alzas en otro tipo de delitos. Por ejemplo, el narcomenudeo avanzó de 34 mil 531 averiguaciones en 2016, hasta 43 mil 957 en 2017. Lo anterior significa que la tasa de este delito pasó de 28.24 casos a 35.28, que es un alza de casi el 26 por ciento.

Los casos de violencia familiar, de acuerdo con la estadística del Secretariado Ejecutivo, mostraron un crecimiento en la tasa de denuncia de 125.5 casos en 2016 a 135.1 en 2017, que equivalen a 7.5 por ciento de incremento.

El informe también registra un crecimiento del dos por ciento en los delitos de tipo sexual. El año pasado la tasa de comisión de estos ilícitos fue de al menos 29 casos por cada cien mil personas, mientras que en 2016 fue 28.7 casos.

Un problema generalizado

Los números oficiales del SESNSP confirman que el deterioro en las condiciones de seguridad pública es un problema que ya alcanza a la mayoría de las entidades federativas. Durante 2017, los delitos subieron en 22 de las 32 entidades del país y en varias de ellas el alza fue significativa.

El caso más grave y por mucho es el de Colima. Dicha entidad pasó de una tasa de mil 478 delitos denunciados en 2016 a tres mil 266 en 2017, que significa un repunte en la incidencia delictiva de más del 120 por ciento. En síntesis, los ilícitos en Colima crecieron más del doble el año pasado.

Le sigue Aguascalientes, donde la tasa delictiva pasó de mil 818 denuncias por cien mil habitantes en 2016 a dos mil 538 denuncias en 2017, que equivale a un incremento del 39.6 por ciento. Después está Quintana Roo, estado donde la tasa de incidencia delictiva registró un ascenso del 36 por ciento el año pasado.

Después vienen cinco entidades en donde el incremento de los delitos estuvo entre el 20 y 30 por ciento: Estado de México, Hidalgo Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí. Además tenemos cuatro estados con un repunte de entre 10 y 20 por ciento en sus delitos: Chihuahua, Veracruz, Ciudad de México y Chiapas.

El caso totalmente contrario es el de Sonora donde, en 2017, hubo un descenso del 35 por ciento de sus delitos. La tasa se redujo de mil 326 denuncias en promedio en 2016 a 25 mil 969 reportes el año pasado.

Los otros nueve estados en donde hubo una reducción en la incidencia delictiva en 2017 fueron: Yucatán, Nayarit, Guerrero, Campeche, Baja California Sur, Tamaulipas, Morelos, Nuevo León y Oaxaca.

¿Cuáles son los estados donde es más posible ser víctima hoy de un delito?

De acuerdo con los datos oficiales se trata de Colima, donde la incidencia delictiva, como ya se mencionó líneas arriba, es de 3 mil 266 ilícitos por cada cien mil habitantes. Le sigue Baja California con una tasa de 3 mil 94 delitos, Baja California Sur con 2 mil 985, Querétaro con 2 mil 587 y Aguascalientes con 2 mil 538.

En total, hay 16 entidades federativas que en 2017 estuvieron por encima de la tasa nacional promedio de delitos, que fue de mil 471 denuncias por cada cien mil habitantes.

En el caso de la Ciudad de México registró una tasa delictiva de dos mil 316 denuncias, lo que la ubica como la séptima entidad con mayor incidencia del país

¿Qué partido gobierna en los estados foco rojo?

La crisis de seguridad en el país afecta a múltiples estados sin importar el partido político que lo haya gobernado en 2017.

Si tomamos como muestra las cinco entidades en donde hubo un mayor repunte de delitos en 2017, el escenario es el siguiente: Colima es gobernado por el PRI, Aguascalientes por el PAN, Quintana Roo por la alianza PAN– PRD, el Estado de México por el PRI e Hidalgo por el PRI.

Y si lo que analizamos son los cinco estados con el índice más alto delictivo tenemos en el primer lugar al PRI, que gobierna a Colima, pero los cuatro estados que le siguen son gobernados por el PAN: Baja California, Baja California Sur, Querétaro y Aguascalientes.

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Qué significa que el caso Ayotzinapa haya sido calificado de ‘crimen de Estado’ y qué puede pasar ahora

BBC Mundo entrevistó a Humberto Guerrero, abogado y representante de la sociedad civil en la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, para conocer las implicaciones de este último informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
24 de agosto, 2022
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El vendaval que supuso el último informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa dejó secuelas en México y la pregunta ahora es qué otras consecuencias tendrá.

Solo horas después de darse a conocer el informe, se detuvo por presunta desaparición forzada y tortura al exprocurador (fiscal) general de la República, Jesús Murillo Karam, creador de la versión conocida como “verdad histórica”, que explicaba qué ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y que fue descartada años después por la investigación.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo sin embargo en la presentación del informe que existían indicios suficientes para que la Fiscalía investigara a 33 personas señaladas en el documento, entre las que hay funcionarios públicos y militares, para lo que ya se estaban llevando a cabo “las diligencias judiciales correspondientes”.

Además de confirmar públicamente que “no hay indicios” de que los estudiantes sigan con vida, uno de las conclusiones más tajantes destacadas por Encinas fue calificar lo ocurrido de “crimen de Estado”.

Para entender qué implicaciones tiene esta calificación, conocer el impacto del informe y saber qué podría ocurrir a partir de ahora, BBC Mundo entrevistó a Humberto Guerrero*, representante de las organizaciones de sociedad civil en la Comisión de la Verdad por parte del Centro de investigación Fundar, quien estuvo presente en la presentación del informe a los padres de los estudiantes.


¿A qué nos referimos cuando hablamos de “crimen de Estado”?

Hay que decir que este concepto como tal no existe en el ordenamiento jurídico mexicano. Sí existe en el Derecho internacional cuando hablamos de delitos internacionales, entre los que están la desaparición forzada o la tortura, y que se convierten en crímenes de lesa humanidad cuando se cometen de manera sistemática o generalizada.

Hay una serie de principios de Naciones Unidas sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos que incluyen cuando el Estado incurre en estas conductas. Se habla entonces de una “responsabilidad agravada”.

¿Cuál es esa responsabilidad?

Se refiere a que, cuando se cometen esos delitos, se invierte la lógica del Estado. Es decir, quien debe proteger, pasa a ser el atacante.

Además de que, al tratarse de delitos que se cometen desde el poder político principalmente a través del aparato del Estado, se dice que son delitos de realización oculta que dificulta su investigación.

Alejandro Encinas presenta el informe.

Getty Images
El subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, fue el encargado de presentar el informe de la Comisión de la Verdad.

¿Qué consecuencias jurídicas implica que un caso sea calificado como tal?

El Derecho internacional ha desarrollado una serie de reglas que tratan de desmontar todo ese aparato de protección que genera el Estado para evitar que eso se investigue.

Por ejemplo, aunque la mayoría de códigos penales del mundo contemplan la obediencia debida como justificante el estar obedeciendo órdenes, cuando se trata de crímenes de Estado no exime de responsabilidad ante un delito el estar obedeciendo órdenes. Ni en estructuras altamente jerarquizadas como la militar.

También para este tipo de delitos donde participa el aparato estatal se ha desarrollado la regla de que, incluso si tú no tenías certeza de que tus subordinados los estaban cometiendo, puedes llegar a ser responsable bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si había información que te pudo haber puesto en alerta de lo que sucedía y fuiste negligente por no hacerle caso.

Entonces sí estamos ante un cambio importante en la investigación del caso Ayotzinapa al darle esta calificación de “crimen de Estado”.

Sí, este es un total cambio de enfoque al caso que supone que tanto la Fiscalía como los juzgadores mexicanos van a tener que aplicar este conjunto de reglas desarrolladas en el Derecho Penal Internacional para analizar la desaparición de los 43 estudiantes y las conductas desplegadas después para ocultar lo ocurrido.

Con este reconocimiento se demuestra que en Guerrero existía una red criminal conformada no solo por delincuencia organizada sino también por autoridades de distintos niveles. Y que lo ocurrido no un hecho aislado sino que formaba parte de un patrón de actuación. La investigación debería reflejar eso.

Ahora lo que hay que analizar es si estas declaraciones que se han dado más en el ámbito de lo político, se traducen en un cambio de actuación en el aparato judicial o si sigue enfocándose, por ejemplo, únicamente en perpetradores directos.

¿Así que esa calificación puede quedarse en una declaración del gobierno pero no ser aceptada y aplicada por los jueces?

No se aplicaría por el solo hecho de que lo haya declarado el subsecretario Encinas, ya que hay una autonomía tanto del poder judicial como de la Fiscalía.

Pero sí que hay forma legal de decir que “se tendría que hacer de esta forma”, ya que México es parte de diversos tratados que contienen todo este conjunto de normas al que hemos hecho referencia. Así que tanto Fiscalía como judicatura tienen normas jurídicas de las que echar mano para aplicar esta perspectiva.

Atendiendo a esta calificación, obviamente, la responsabilidad del caso no recaería únicamente sobre individuos sino también sobre el propio Estado.

En este tipo de delitos, y así lo señaló el Comité contra las Desapariciones Forzadas en su reciente visita a México, es que las investigaciones se enfocan mucho en autores materiales y a exigir que haya pruebas directas en contra de las personas.

Y muchas veces es muy difícil encontrarlas porque justo lo que hace el aparato de poder es desplegarse para ocultar toda evidencia y generar impunidad, por lo que hay que ir relacionando distintas pruebas indirectas.

Respecto a la responsabilidad del Estado, sí, subsiste de manera paralela esa responsabilidad por la que le corresponde ofrecer una serie de medidas de reparación, la cual incluye la propia justicia.

Y teniendo en cuenta que el Estado es un ente abstracto, claro, corresponde al gobierno actual asumir esa responsabilidad aunque no viviera aquellos hechos ocurridos hace casi ocho años.

Protesta por caso Ayotzinapa

Getty Images

¿Qué otros casos han sido considerados crímenes de Estado en los tribunales mexicanos?

Es relativamente nuevo que los jueces mexicanos aborden este tipo de casos con esa perspectiva. Hay sistemas judiciales con mucha más experiencia como el argentino, el chileno o incluso el guatemalteco, que han procesado a personajes de alto perfil político.

Sí hay algunos casos, como cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a México continuar con las investigaciones de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco porque quedó demostrado que hubo una política generalizada en las desapariciones de los años 70 por parte de las fuerzas militares en el país. Y la investigación debe reflejar el carácter sistemático de esas desapariciones.

También están todos los casos de la llamada “guerra sucia” en México entre los años 60 y parte de los 80. Y hay que recordar que informes de la ONU han insistido en que se deben esclarecer los grados de responsabilidad del Estado en las desapariciones en el país, ya que han identificado casos donde los agentes del Estado participan directamente en ellas y otros donde hay una clara colaboración entre crimen organizado y autoridades.

Aunque estos organismos internacionales no los han calificado así, en mi opinión, deberían calificar como crímenes de Estado.

Al igual que los familiares de los estudiantes, Fundar no quiere entrar a una valoración exhaustiva del último informe hasta conocer la postura del grupo de expertos independientes (GIEI), que este lunes pidió acceso a las nuevas pruebas y documentos que plantea el documento. Sin embargo, en base al listado de funcionarios señalados en el informe y el posterior arresto de Murillo Karam, ¿podríamos ver pronto nuevas detenciones?

Hasta donde tenemos conocimiento por lo que se nos informó en la reunión con el presidente donde Alejandro Encinas presentó el informe, no. No se nos informó de más detenciones, se nos informó de lo que hemos estado viendo en estos días.

¿Sí se les adelantó el arresto de Murillo Karam?

No se habló expresamente de detenciones. Se nos dijo que en estos días se estarían viendo acciones por parte del gobierno con relación al caso, pero no se mencionaron nombres específicos. De hecho, se habló de esa famosa lista de 33 personas y en la reunión con padres y madres también se reservaron los nombres .

Jesús Murillo Karam

AFP
Jesús Murillo Karam era procurador general de la República cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Ya informes anteriores de expertos habían señalado la presunta responsabilidad de las autoridades y en 2020 la Fiscalía descartó públicamente la validez de la llamada “verdad histórica” creada por Murillo Karam. Pero su detención no tuvo lugar hasta horas después de conocerse este último documento. ¿Qué cambia tanto con este informe respecto a publicaciones anteriores?

Esa pregunta es fundamental. El GIEI ya mostró en un comunicado su preocupación por una posible premura en la publicación del informe, ya que no conocieron con tiempo su contenido y las pruebas que le dan sustento y se presentó a las familias apenas unas horas antes.

En esa reunión con los papás, Encinas mencionó que mucha de la información del informe estaba siendo entregada a la Fiscalía en el momento en que se presentaba. Si esto es cierto, querría decir -y esto es mera especulación mía- que no necesariamente las solicitudes de órdenes de aprehensión y lo que están presentando ahora en la Fiscalía contra Murillo Karam incorpora la evidencia adicional que aportaría este último informe. Pero eso no está muy claro aún.

Así que para responder a la pregunta: no sé si necesariamente este informe marcó una diferencia. O quizá se pusieron a trabajar a marchas forzadas para incorporar esta nueva evidencia al proceso. No está claro.

¿A qué se podría deber esa premura en la publicación y a que los familiares fueran informados con tan poca antelación, al contrario de con otros informes?

Hay que tomar en cuenta que había un contexto de mucha presión, y no solo por los padres y madres que venían haciendo reclamos fuertes al gobierno. Teníamos casi un año sin que hubiera reunión con el presidente, cuando al inicio teníamos como unas dos o tres anuales. Pero tras la última reunión con el presidente, que creo que todo el mundo sabe que fue tensa, hubo un vacío de casi un año.

Además, el presidente reconoció que esta es una de las promesas de campaña que le quedaba pendiente por cumplir, y ya está cerca el octavo aniversario de los hechos. Creo que es imposible no tomar en cuenta este contexto para entender la decisión de salir con el informe en este momento.

AMLO

Gobierno de México
Tras la publicación del informe, AMLO aseguró que el caso Ayotzinapa “no está cerrado” y abogó por “castigar a los responsables” para “la no repetición”.

Si pudo haber premura en la publicación del informe y la detención de Murillo Karam ocurrió solo horas después, ¿hay riesgo de que pudiera acabar siendo liberado porque su arresto no se ha hecho conforme al debido proceso o porque su acusación no incluye esas últimas pruebas? ¿Podría haber ganado la presión pública?

Esa es nuestra principal preocupación. Sin duda, la detención de un personaje como Murillo Karam puede abrir las puertas a conocer la verdad, porque incluso puede resquebrajar el pacto de silencio entre otros personajes.

Pero si esto se hace de manera precipitada o apresurada, se estaría agotando una oportunidad que quizás no volvamos a tener.

En la audiencia contra Murillo Karam, se presentaron testimonios que apuntan a que se habría reunido para fraguar la “verdad histórica” con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón -prófugo en Israel- y con el entonces coordinador de la policía federal en Guerrero, Omar García Harfuch, quien ya ha negado tajantemente el señalamiento. Tras la detención del exprocurador, ¿sobre quién o quiénes más cree que recaería la responsabilidad de lo sucedido?

Para esclarecer la cadena de responsabilidades, lo primero es que hay que establecer con solidez la responsabilidad de Murillo Karam, ya sea por omisión o como actuación deliberada para ocultar la verdad y contribuir al ocultamiento de los estudiantes, tal y como se plantea.

La gran pregunta es ¿Murillo Karam tomó esa decisión solo? Aunque la respuesta fuera afirmativa, o si la tomó de manera compartida al menos con sus pares en otras instituciones intervinientes que son los secretarios de Estado, habría que esclarecer cuál sería esa contribución.

Sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, quien gobernaba cuando desaparecieron los estudiantes, Encinas ya descartó que estuviera en la lista de funcionarios señalados y el propio López Obrador dijo que procesarlo “va a estar difícil”.

Justamente, otra pregunta es si Murillo Karam informó de esa decisión al menos a sus superiores. Ya no es cuestión de si sus superiores se lo ordenaron o no, lo importante es si informó de su decisión incluso después de ejecutarla.

En ese caso, como decía antes, haber tenido conocimiento y no actuar como un superior jerárquico tiene consecuencias.

* Humberto Guerrero es licenciado en Derecho, especialista en Derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional, y ejerce como coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad del centro Fundar.


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