Una jueza del Estado de México decidió regresar la patria potestad de una menor de 6 años a su padre, a pesar de que especialistas del Instituto Nacional de Pediatría (INP) determinaron que la niña había sido víctima de abuso sexual y de que ésta lo identificó como su agresor.
[contextly_sidebar id=”m3sMUr10QUVfW4cGrqmvUFwFV8rMStV1″] El pasado 15 de febrero la jueza determinó que la menor “no había sido violada” por su padre, César Alan Cabrera, sin considerar el diagnóstico médico, de acuerdo con la madre de la víctima. “Se trata de un caso de impunidad y corrupción, donde el único protegido ha sido el presunto violador”, señaló en entrevista, tras exigir justicia a las autoridades mexiquenses.
La decisión de la jueza implica que el padre podrá seguir viendo a la menor y conviviendo con ella, a pesar del abuso.
De acuerdo con la versión de la madre de la niña, todo inició en 2013 cuando se separó de César. “Yo me mudé a la Ciudad de México y él se la llevaba cada dos semanas a su casa en Nezahualcóyotl, fue entonces cuando la niña comenzó con problemas de estreñimiento y a sangrar, por lo que la llevé al doctor”, relató.
Los problemas persistieron con el paso del tiempo y en 2015, a sus cuatro años, comenzó a ser atendida por especialistas del Instituto Nacional de Pediatría. Éstos al realizar más de 20 estudios determinaron que había abuso sexual.
“Ellos encontraron signos de agresión sexual, por lo que el 17 de noviembre de 2015 la mandaron al área de salud mental para que fuera valorada”, explica su madre.
Semanas después las pruebas psicológicas demostraron que la niña sufría de abusos sexuales constantes. “En las entrevistas mi hija señala como responsable a Alan, quien le decía cada vez que se la llevaba a su casa que jugarían con Kitty, con la intención de abusar de ella”, aseguró.
El INP canalizó en diciembre de 2015 a la pequeña y a su madre al Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), de la entonces PGJDF, donde la pequeña ratificó los hechos y volvió a señalar al padre como el responsable. “Los resultados médicos arrojaron que el abuso tenía más de un año”, indicó.
En 2016 inició el proceso en contra de César Alan Cabrera por el presunto delito de abuso sexual en contra de su hija. El caso fue remitido al Estado de México bajo el argumento de que ahí se había cometido el delito.
“Solicité que le retiraran la patria protestad de la niña y lo conseguí, además lo acusé de violencia intrafamiliar pues durante el tiempo que estuvimos juntos él me golpeó”, aseguró la madre.
Sin embargo, entre marzo de 2016 y agosto de 2017 la Juez Segundo Familiar de Nezahualcóyotl, Blanca Colmenares Sánchez, tomó el caso y desde entonces “ha tratado de desacreditar las pruebas en su contra y quiso revictimizar a mi hija. Incluso solicitó un nuevo peritaje y al ver que la niña dijo lo mismo y acusó a su padre, argumentó que era inducida por nosotros para dar esa versión”.
Tras asegurar que el padre de la niña era beneficiado por la jueza, la familia de la menor interpuso una denuncia en 2017 ante la Procuraduría General de la República, instancia que al investigar el caso giró una orden de aprehensión en contra de Cabrera, misma que no ha sido ejecutada.
En la última audiencia, realizada el pasado 15 de febrero, la jueza declaró a Cabrera inocente, además de dictaminar que la niña no fue violada y regresarle al presunto responsable la patria protestad de la pequeña. También recomendó que la niña sea enviada al DIF de Nezahualcóyotl cada quince días con el fin de que reciba ayuda psicológica y “borre la mala imagen que tiene ahora de su padre”.
La familia de la menor tratará el próximo viernes 2 marzo de revertir tal decisión y hacer valer la orden de aprehensión emitida por la PGR.
“El caso ha estado lleno de irregularidades, incluso la carpeta se encuentra en el área de secuestros y cateos, la cual no le corresponde, y César Alan ha sido representado por más de dos años por su padre. Es decir, él no se presenta en las audiencias desde hace dos años”, explicó la madre de la niña.
