Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz y los otros 18 exmandos detenidos por su presunta implicación en por lo menos quince desapariciones forzadas en 2013, seguirán su proceso en prisión, así lo determinó el juez de control del penal estatal de Pacho Viejo.
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De la misma forma el juez decretó como legal su detención e informó que será el próximo martes cuando se defina si hay elementos para vincularlos a proceso por los delitos imputados.
Bermúdez Zurita, quien fungió en el puesto durante la administración de Javier Duarte, sería el responsable de haber implementado una “política ilegal” a través de la cual se detuvieron sin órdenes judiciales a supuestos integrantes del crimen organizado.
De acuerdo con la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017 el exjefe policial, en complicidad con los otros 18 imputados que trabajaban bajo sus órdenes, creó dos fuerzas especiales que actuaban de manera organizada, denominadas: Fuerza de Reacción de la División de la Policía Estatal y Fuerza Especial de la Secretaría de Seguridad Pública.
Los elementos de ambas tenían la orden de “detectar, torturar y desparecer forzadamente a personas supuestamente vinculadas a grupos de la delincuencia organizada. Un juicio sumario, al que se enfrentaban sin defensor y sin garantías judiciales, sujetos a la apreciación de elementos policiacos”, indica el expediente de las autoridades.
La Fuerza de Reacción de la División de la Policía Estatal se encargaba de hacer las “detenciones” de personas que consideraran “sospechosas” con el objetivo de extraer información a los detenidos con mecanismos de tortura e incluso de abuso sexual.
Posteriormente entregaban los detenidos a la Fuerza Especial de la Secretaría de Seguridad Pública – grupo de élite conformado en su mayoría por exmilitares y que no estaba reconocido oficialmente – para que fueran trasladados a la Academia de Policía Estatal, en El Lencero, lugar ubicado en el municipio de Emiliano Zapata. Ahí se les torturaba, extraía información y después desaparecían a las personas.
Ese fue el proceso para las 15 víctimas registradas dentro del expediente de acusación, “de quienes a partir de la entrega del mismo, no se volvió a tener noticia sobre la suerte y paradero”, indica el documento.
De acuerdo con la Fiscalía, las desapariciones forzadas de estas 15 personas se dieron entre abril y octubre de 2013, la mayoría de ellos jóvenes y entre los que había cuatro menores de edad. Todos fueron detenidos por elementos de la policía estatal y nunca se volvió a saber de su paradero.
Aunado a esta investigación, la Fiscalía estatal que encabeza Jorge Wnckler investiga por lo menos 110 presuntas desapariciones forzadas más en la gestión de Javier Duarte.
Al ser la desaparición forzada un delito grave y más aún cuando se habla de menores de edad, los 19 detenidos podrían ser sentenciados hasta a 90 años de prisión. Mientras permanecerán encarcelados en el penal Pacho Viejo.
