Por medio del documento “Bases Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial”, el colectivo Medios libres, conformado por 85 organizaciones civiles, académicas y empresariales, así como expertos, medios de comunicación y periodistas exhortaron al Congreso de la República a regular en tiempo y forma, la publicidad oficial antes del próximo 30 de abril.
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El pasado 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia para que la publicidad oficial sea regulada tras recibir un amparo de parte de la organización Artículo 19.
La principal finalidad de los 85 firmantes que lanzaron la campaña #MediosLibres es, evitar que la ausencia de transparencia y de control del uso de la publicidad oficial se convierta en una posible herramienta de chantaje que contamine la relación entre los medios y las autoridades, además de afectar la libertad de expresión.
Datos oficiales revelan que a nivel federal, de enero de 2013 a noviembre de 2017, se han gastado 41,041 millones de pesos; mientras que a nivel estatal, en 2015, se ejercieron 11,895 mdp.
Es por esta razón que el colectivo #MediosLibres solicitan a las juntas de coordinación de ambas cámaras y a las comisiones dictaminadoras que se logre un acuerdo legislativo que defina la ruta de trabajo de los próximos 80 días con base en la transparencia, pluralidad, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva.
Asimismo, exigen que la ley se apruebe y construya con base en los más altos estándares. La iniciativa presenta 10 puntos que deberá de contener la regulación para que ésta sea posible. De no tomarlos en cuenta, será insuficiente.
- La publicidad oficial no debe desaparecer.
- Se requiere una Ley General que atienda a los tres niveles de gobierno.
- Definir criterios de asignación basados en la idoneidad
- Máxima publicidad de las autoridades como de los medios de comunicación, para contar con una rendición de cuentas eficaz y controlar el uso de la publicidad oficial.
- Transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.
- Contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada.
- La publicidad oficial debe ser siempre identificable.
- Fomento a la pluralidad y a la diversidad.
- Mecanismos de control eficaces
- Uso racional de los recursos públicos.
El colectivo argumenta que sin este trabajo, no se garantiza la equidad de la contienda electoral, además de vulnerarse los derechos humanos al no se escucharse las voces de todas y todos.
El conjunto de organizaciones civiles, académicas y empresariales y medios de comunicación, agrupados en el colectivo #MediosLibres, busca una mayor transparencia y regulación de la publicidad oficial
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— Animal Político (@Pajaropolitico) February 7, 2018
Este llamado se hace ante la necesidad de una “información objetiva y rendición de cuentas, evitando el uso discrecional, arbitrario y opaco de nuestros recursos”, se lee en el escrito.
Tema que provoca debate
En diciembre pasado, el New York Times publicó un reportaje donde evidenciaba que el uso de la publicidad oficial en México, es una herramienta de control sobre los medios de comunicación por parte del gobierno federal.
Según cifras dadas a conocer por el Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR) de 2013 a 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha gastado 8 mil millones de pesos anuales para este fin. Por otro lado información disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), detalla que de enero a agosto de 2017 el dinero gastado para ese rubro fue de mil 932 millones 558 mil 689 pesos.
A causa de estas cifras exorbitantes y malos manejos es que se consideró necesario regular y transparentar el tema de la publicidad para que no se usara más con fines políticos.
El amparo interpuesto por Artículo 19 logró que el Congreso estableciera una fecha límite para regular el tema, la cual será el próximo 30 de abril.
Tras esta acción se espera que la cantidad de dinero que el gobierno federal entrega a los medios de comunicación se transparente por medio de contratos con topes claros y que se haga una distribución lógica y equitativa del presupuesto anual.
