85 ONG presentan decálogo al Congreso para exigir la regulación de la publicidad oficial
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Artículo 19

85 ONG presentan decálogo al Congreso para exigir la regulación de la publicidad oficial

Colectivo #MediosLibres plantea 10 puntos que deberían cumplirse para que la regulación sea efectiva.
Artículo 19
Por Redacción Animal Político
7 de febrero, 2018
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Por medio del documento “Bases Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial”, el colectivo Medios libres, conformado por 85 organizaciones civiles, académicas y empresariales, así como expertos, medios de comunicación y periodistas exhortaron al Congreso de la República a regular en tiempo y forma, la publicidad oficial antes del próximo 30 de abril.

El pasado 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia para que la publicidad oficial sea regulada tras recibir un amparo de parte de la organización Artículo 19.

La principal finalidad de los 85 firmantes que lanzaron la campaña #MediosLibres es, evitar que la ausencia de transparencia y de control del uso de la publicidad oficial se convierta en una posible herramienta de chantaje que contamine la relación entre los medios y las autoridades, además de afectar la libertad de expresión.

Datos oficiales revelan que a nivel federal, de enero de 2013 a noviembre de 2017, se han gastado 41,041 millones de pesos; mientras que a nivel estatal, en 2015, se ejercieron 11,895 mdp.

Es por esta razón que el colectivo #MediosLibres solicitan a las juntas de coordinación de ambas cámaras y a las comisiones dictaminadoras que se logre un acuerdo legislativo que defina la ruta de trabajo de los próximos 80 días con base en la transparencia, pluralidad, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva.

Asimismo, exigen que la ley se apruebe y construya con base en los más altos estándares. La iniciativa presenta 10 puntos que deberá de contener la regulación para que ésta sea posible. De no tomarlos en cuenta, será insuficiente.

  1. La publicidad oficial no debe desaparecer.
  2. Se requiere una Ley General que atienda a los tres niveles de gobierno.
  3. Definir criterios de asignación basados en la idoneidad
  4. Máxima publicidad de las autoridades como de los medios de comunicación, para contar con una rendición de cuentas eficaz y controlar el uso de la publicidad oficial.
  5. Transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.
  6. Contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada.
  7. La publicidad oficial debe ser siempre identificable.
  8. Fomento a la pluralidad y a la diversidad.
  9. Mecanismos de control eficaces
  10. Uso racional de los recursos públicos.

El colectivo argumenta que sin este trabajo, no se garantiza la equidad de la contienda electoral, además de vulnerarse los derechos humanos al no se escucharse las voces de todas y todos.

Este llamado se hace ante la necesidad de una “información objetiva y rendición de cuentas, evitando el uso discrecional, arbitrario y opaco de nuestros recursos”, se lee en el escrito.

Tema que provoca debate

En diciembre pasado, el New York Times publicó un reportaje donde evidenciaba que el uso de la publicidad oficial en México, es una herramienta de control sobre los medios de comunicación por parte del gobierno federal.

Según cifras dadas a conocer  por el Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR) de 2013 a 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha gastado 8 mil millones de pesos anuales para este fin.  Por otro lado información disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), detalla que de enero a agosto  de 2017 el dinero gastado para ese rubro fue de mil 932 millones 558 mil 689 pesos.

A causa de estas cifras exorbitantes y malos manejos es que se consideró necesario regular y transparentar el tema de la publicidad para que no se usara más con fines políticos.

El amparo interpuesto por Artículo 19 logró que el Congreso estableciera una fecha límite para regular el tema, la cual será el próximo 30 de abril.

Tras esta acción se espera que la cantidad de dinero que el gobierno federal entrega a los medios de comunicación se transparente por medio de contratos con topes claros y que se haga una distribución lógica y equitativa del presupuesto anual.

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Jurado acusa a dos hombres por tráfico de personas y muerte de migrantes hallados en camión en Texas

Homero Zamorano y Christian Martínez enfrentarán una condena que puede llegar a ser la pena de muerte.
21 de julio, 2022
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Dos hombres fueron acusados por el tráfico y la muerte de 53 migrantes en Texas, informó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un gran jurado federal en la ciudad de San Antonio acusó formalmente a Homero Zamorano y a Christian Martínez, ambos texanos, de cuatro cargos:

  • conspiración para transportar migrantes de forma ilegal con resultado de muerte,
  • transporte de extranjeros de forma ilegal con resultado de muerte,
  • conspiración para transportar migrantes de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro,
  • transporte de extranjeros de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro.
El conductor del tráiler con migrantes muertos

Reuters
Homero Zamorano ha sido acusado por la muerte de los 53 migrantes en San Antonio.

La pena máxima por estos cargos es la cadena perpetua o la pena de muerte, algo que analizará el fiscal general antes de pedir la condena en los próximos días.

Un juez federal determinará luego la sentencia.

Una tragedia

El incidente en San Antonio, ocurrido el pasado 27 de junio, es el caso de tráfico de personas más mortífero en la historia reciente de EE.UU.

“Un trabajador de uno de los edificios aquí atrás escuchó un grito de ayuda. Salió a investigar, encontró un remolque con las puertas entreabiertas, las abrió para mirar y encontró varias personas fallecidas adentro”, narró entonces el jefe de la Policía de San Antonio, William McManus.

Además de los 50 adultos y tres menores de edad que murieron, 10 adultos y un menor resultaron heridos.

Entre las víctimas había mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

Muerte por calor

Zamorano, de 46 años, conducía el camión y fue captado por las cámaras en un punto de inspección del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., aunque en ese momento no fue detenido.

Horas después, cuando ocurrió el hallazgo de los migrantes, Zamorano “fue encontrado escondido en la maleza después de intentar fugarse”, según la investigación del Departamento de Justicia.

En un principio, los servicios de emergencia le prestaron ayuda, pero luego fue detenido por la policía de San Antonio.

La policía investiga un camión en el que fueron hallados decenas de migrantes muertos

Getty Images
San Antonio queda aproxidamente a 250 km de la frontera con México.

Martínez, de 28 años, fue identificado en comunicaciones con Zamorano en las que hablaban sobre la operación de tráfico de personas.

Dos mexicanos, Juan Claudio D’Luna Méndez y Juan Francisco D’Luna Bilbao, también estaban siendo procesados bajo distintos cargos por su posible participación en el fatal incidente, aunque de momento no fueron incluidos en la acusación formal.

El jefe del Departamento de Bomberos de San Antonio, Charles Hood, dijo a fines de junio que las personas murieron de agotamiento y exceso de calor dentro del camión, que no tenía aire acondicionado.

Las víctimas estaban “calientes al tacto”.

La investigación reveló que, aparentemente, Zamorano no sabía que el aire acondicionado del tráiler no funcionaba.

Los migrantes estaban en el vehículo con mínima ventilación en un día que rozó los 40 °C a la sombra.

Rutas peligrosas

El vehículo fue encontrado en una zona de poco tránsito, cerca de una vía de tren en el suroeste de San Antonio, que queda a unos 250 kilómetros de la frontera entre EE.UU. y México.

Zamorano había tomado la ruta que va desde Laredo, en la frontera de México y Texas, hasta San Antonio.

Mapa del sitio de incidente

BBC

La inmigración es un tema político polémico en EE.UU., donde el año pasado se detuvo a un número récord de inmigrantes indocumentados que cruzaban al país desde México, muchos de ellos viajando por rutas extremadamente peligrosas e inseguras.

Huyendo de la pobreza y la violencia en América Central, muchos de los inmigrantes indocumentados terminan pagando enormes sumas de dinero en efectivo a traficantes de personas para cruzar la frontera.

En los últimos años ha habido muchos ejemplos similares de migrantes que fallecieron durante su viaje, pero ninguno tan mortal como el de San Antonio.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, culpó al presidente estadounidense, Joe Biden, del Partido Demócrata, por las muertes y las describió como “resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas”.

Beto O’Rourke, el candidato demócrata que compite contra Abbott en las elecciones de noviembre, dijo que los informes eran devastadores y pidió una acción urgente para “desmantelar las redes de contrabando de personas y reemplazarlas con vías ampliadas para la migración legal”.


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