Renuncian titular y dos integrantes de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX; acusan falta de transparencia
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Renuncian titular y dos integrantes de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX; acusan falta de transparencia

Ricardo Becerra, Mauricio Merino y Katia D' Artigues presentaron sus renuncias ante el manejo de los recursos, aseguran que diputados autorizaron el uso de casi 8 mil millones de pesos ara damnificados del 19S sin dar mayores argumentos ni detalles sobre el destino del dinero.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
17 de febrero, 2018
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Ricardo Becerra Laguna, comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México y Mauricio Merino, integrante de la misma comisión, renunciaron a sus cargos este viernes debido a irregularidades que ambos denunciaron en el manejo de los recursos.

El titular de la comisión argumentó, en una carta dirigida a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX, que su salida se debe a que los diputados autorizaron el uso de casi 8 mil millones de pesos, destinados para los damnificados del sismo del 19 de septiembre e incluso “instruyeron a la Secretaría de Finanzas para que de manera inmediata” procediera a aplicar los recursos, sin justificar la orientación de los mismos.

“Ignoro las justificaciones o las prioridades que han orientado el gasto de los casi 8 mil millones de pesos expresados en sendos escritos. No solo eso, sino que no tiene relación alguna con el diagnóstico de las necesidades de las personas afectadas por el sismo y el orden de prioridades que la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México ha identificado después de más de 150 visitas a lugares críticos”, se lee en su carta de renuncia.

Expone que las prioridades de los damnificados por el sismo en la CDMX son ahora: la certeza jurídica, la anulación de riesgos para las personas así como los estudios de suelo y reforzamiento; temas que fueron detectados por las pláticas constantes con los afectados y que no fueron prioridades para la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF).

Considera que actualmente existe una discrepancia en las formas de trabajo, en la cual la comisión ha perdido fuerza, pues las decisiones son tomadas en su totalidad por la ALDF, argumentando de esta forma su renuncia.

Ricardo Becerra Laguna estuvo al frente de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, desde el 26 de octubre de 2017, designado por Miguel Ángel Mancera.

“No hay transparencia en el uso de recursos”

Por otro lado, Mauricio Merino, integrante de esta misma comisión anunció que la dejará a partir del lunes 19 de febrero dado que en su posición no tiene capacidad de vigilancia y monitoreo sobre la autorización de los recursos destinados a los damnificados del sismo.

“Lo que está en juego no son 15 mil 800 millones de pesos, está en juego vidas, familias enteras y el patrimonio de miles de capitalinos que actualmente pende sobre polines”, señaló mediante un comunicado.

Merino acotó que tanto el Fondo para la Reconstrucción, así como la Comisión para la Reconstrucción se crearon “con el fin de facilitar el ejercicio de recursos con una lógica de participación de múltiples actores y evitar, sobre todo, el uso de los recursos para fines político electorales”, tarea que, desde su perspectiva, no se está cumpliendo del todo.

Katia D’ Artigues también se va

La periodista y activista, Katia D’ Artigues, quien también formaba parte de la comisión, compartió este sábado en  Twitter, su carta de renuncia. En ella agradece la oportunidad brindada para haber participado y argumenta que su salida se debe al hecho de que tres diputados hayan autorizado el manejo de 8 mil 200 millones de pesos.

Dicha acción significa para ella: “un limbo jurídico que no da claridad ni certeza a nadie”.

Katia argumenta que su intenció era entregar la carta personalmente a Miguel Ángel Mancera, sin embargo no fue aceptada en su oficina pues “no hay quien la reciba formalmente” sino hasta el lunes.

El 31 de enero de 2017, la ALDF atribuyó a los diputados Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo, dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos, la capacidad de “autorizar, supervisar, vigilar y proponer” los recursos para la reconstrucción de la ciudad.

La decisión de Becerra, Merino y Artigues viene luego del comunicado emitido, hace unos días por estos diputados, donde argumentan que con base en el artículo 14 de la Ley de Reconstrucción, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, se encargará de “revisar y aprobar los planes de acción que elaboren las dependencias e instituciones del gobierno de la CDMX, a fin de validar la adecuada coordinación y asegurar el máximo beneficio público de los recursos”.

De la misma forma señalaron que el fondo de reconstrucción será administrado por la Secretaría de Finanzas y vigilado por la ALDF, tal y como lo estipula el artículo 109 de la Ley de Reconstrucción.

De esta forma retiraron facultades a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, tanto operativas como de manejo de recursos.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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