Organizaciones integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra hicieron un llamado a los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para declarar inconstitucional a la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el diciembre pasado.
[contextly_sidebar id=”U82QBHN6CtsmoZd85hGVmNhfGWK4ZBgN”]”Exhortamos a las y los ministros a que defiendan la Constitución y declaren inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Es lo que esperamos de nuestras Juezas y Jueces Constitucionales”, explicó el organismo en un comunicado.
El colectivo insistió en que la ley busca afianzar una estrategia de seguridad que ha resultado “en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia”.
#SeguridadSinGuerra señaló que por estos motivos hay un número “histórico” de acciones legales contra la Ley de Seguridad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), diputados y senadores de oposición, comisiones estatales de derechos humanos, el gobierno de Chihuahua, así como municipios del Estado de México, Yucatán y Puebla, son quienes han promovido recursos legales contra la legislación aprobada a finales de 2017.
¡NO a la #LeyDeSeguridadInterior!
La @SCJN debe declarar insconstitucional esta ley violatoria de derechos. Todos queremos una #SeguridadSinGuerraAquí el posicionamiento 👉https://t.co/n2MMZv0zJ1 pic.twitter.com/xkY1pjTiS8
— Cencos (@cencos) 13 de febrero de 2018
En esa ley se establece el procedimiento con el que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a “la amenaza”.
Aunque la promulgó, el presidente Peña Nieto dijo que no la utilizaría, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre su constitucionalidad.
Organizaciones nacionales e internacionales han criticado que la Ley de Seguridad Interior vulnera los derechos humanos, que le quita autonomía a los estados, y que no fomenta el desarrollo de mejores policías en el país, sino al contrario, relega la seguridad pública en las fuerzas armadas.
