19 estados tienen números rojos en productividad laboral: #SemáforoEconómico
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Cuartoscuro

19 estados tienen números rojos en productividad laboral: #SemáforoEconómico

Solo nueve estados en todo el país presentaron niveles de productividad superiores a lo estimado por el #SemáforoEconómico; siete de ellos se encuentran en el norte del país.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
13 de febrero, 2018
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Al menos 19 estados presentaron una productividad laboral inferior a la nacional durante el tercer trimestre de 2017, por lo que su #SemáforoEconómico de productividad está en rojo. No solo preocupa el alto número de estados con bajos niveles de productividad laboral, sino también la brecha que con cada trimestre se amplía entre éstos y el resto.

Únicamente hubo 9 estados con #SemáforoEconómico en verde, por presentar niveles de productividad superiores a la productividad nacional y un aumento superior a ésta. Entre ellos, 7 están en el norte del país, otro es la Ciudad de México y el último es Aguascalientes, localizado en el Bajío.

En los últimos 5 años, la productividad laboral a nivel nacional ha crecido a un ritmo de 0.8% promedio anual. Actualmente, el nivel de productividad laboral en México equivale a $162 pesos producidos por hora trabajada. Este nivel es el resultado de la combinación de unos pocos estados – principalmente localizados en el norte y Bajío – donde los recursos se utilizan de manera eficiente, y de muchos otros donde el valor de la producción por cada hora trabajada está muy lejos de alcanzar la cifra nacional.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, Chiapas y Oaxaca son los estados menos productivos del país. En ellos se generan $77 y $79 pesos por hora trabajada respectivamente. En ambos casos la productividad es de apenas 29% y 30% de la observada en Nuevo León, cuarto estado con la mayor productividad laboral del país, donde se generan $265 pesos por hora trabajada.

Al hacer la comparación con la Ciudad de México, donde se generan $349 pesos por hora trabajada, los niveles de productividad de Chiapas y Oaxaca representan apenas 22% y 23% la productividad de la capital del país.

Es claro que el rezago histórico en la productividad de los estados no se corregirá de inmediato. Sin embargo, vale la pena notar los cambios en el último año en la producción por hora trabajada. En Baja California Sur, la productividad laboral pasó de $194 pesos producidos por hora trabajada en el tercer trimestre de 2016 a $218 en el mismo trimestre del año pasado, un aumento de $24 pesos en un año. Por el contrario, estados como Veracruz y Durango tuvieron fuertes disminuciones en productividad durante el mismo periodo; Veracruz pasó de $134 a $127 pesos, mientras que Durango pasó de $138 a $131 pesos por hora trabajada.

El crecimiento de la productividad laboral es fundamental para el crecimiento económico de los estados. Existen diversos factores que influyen en la productividad laboral. Entre ellos, están la adecuada infraestructura que facilita la conectividad de las regiones, el Estado de derecho y la facilidad para abrir negocios.

De manera general, las facilidades otorgadas para la apertura de una empresa pueden influir en que las empresas dediquen más tiempo a mejorar sus procesos productivos y menos tiempo a trámites burocráticos.

El índice Doing Business, presentado por el Banco Mundial, otorga una perspectiva general sobre este tema. De acuerdo con las últimas cifras disponibles, Nuevo León y Querétaro ocupan los lugares 1 y 5 en la facilidad para abrir una empresa a nivel nacional.

Por el contrario, Oaxaca y Chiapas están en la posición 27 y 30 respectivamente en este mismo indicador. Mientras en Nuevo León el número de trámites necesarios para abrir un negocio requieren de un proceso de 8 días, y en Querétaro de 9 días, en Oaxaca y Chiapas son necesarios 24 y 30 días respectivamente para el mismo fin.

Los obstáculos regulatorios, entre muchos otros impedimentos, representan un freno a la productividad de la mayoría de los estados localizados en el sur y, en consecuencia, también merman su capacidad para atraer inversiones.

La Ciudad de México, Chihuahua, Baja California y Nuevo León son cuatro entidades cuyos niveles de productividad laboral son mayores a la nacional y han crecido más que la misma; también son 4 de los 6 estados con mayor flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en todo el país. En conjunto, estos 4 estados acumularon 34% de la IED que entró al país durante los primeros 9 meses de 2017.

Los bajos niveles de productividad son el centro de un círculo vicioso en México. Obstáculos regulatorios, falta de infraestructura y un Estado de derecho defectuoso impiden la atracción de inversiones, la generación de empleo y crecimiento económico a tasas altas y sostenidas.

Aunque no existe una única solución para disminuir la brecha de productividad en el país, la simplificación de trámites para hacer negocios es un primer paso en este sentido, y debería estar presente en las propuestas de campaña de los candidatos donde habrá elecciones en 2018. Entre los 9 estados con elecciones, 6 tienen niveles de productividad más bajos al nivel nacional: Morelos, Puebla, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Guanajuato.

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5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución

Tras intensas negociaciones, los partidos que forman parte de la coalición gobernante llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a hacer modificaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, si los chilenos votan a favor de un nuevo texto constitucional.
11 de agosto, 2022
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Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (…) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:

1- Plurinacionalidad

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile“.

EL presidente de Chile sostiene el borrador de nueva Constitución

Getty Images
El presidente Gabriel Boric ha promovido que los chilenos aprueben la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

2- Derechos sociales

Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Una mujer sostiene un ejemplar del proyecto de nueva Constitución

Reuters

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

3- Seguridad

Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

4- Sistema Político

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Puntualmente acordaron que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

5- Poder Judicial

Finalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.

Y argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.


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