Pruebas dudosas, fallas de fiscales y un plazo a modo: victorias de Duarte en su tercera audiencia
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Pruebas dudosas, fallas de fiscales y un plazo a modo: victorias de Duarte en su tercera audiencia

La defensa logró que juez no avalara cuentas bancarias que se obtuvieron sin orden judicial, la PGR defiende que son legítimas pero en el juicio podrían ser desechadas.
Cuartoscuro Archivo
Por Arturo Ángel
1 de febrero, 2018
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La tercera audiencia del caso de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por lavado de dinero y delincuencia organizada dejó victorias clave para su defensa.

Sus abogados lograron que el juez Gerardo Moreno, no avalara – como lo pedía la PGR – la obtención de datos bancarios que ya están en el expediente del caso, una situación que abre la puerta para que al llegar al juicio se pueda solicitar su anulación. También consiguieron un plazo extra para hablar con testigos colaboradores y reunir pruebas a su favor.

A continuación Animal Político te explica las tres ‘victorias’ que obtuvo la defensa del exgobernador de Veracruz:

Evidencia bancaria en duda

El primer objetivo de la reciente audiencia era resolver una solicitud hecha al juez por los fiscales de la PGR, para que avalara una serie de datos bancarios obtenidos en la investigación de caso. Se trataba, según lo que los fiscales expusieron en la audiencia, de movimientos de cuentas de personas y empresas pertenecientes a la presunta red de lavado de dinero que encabezaba el exgobernador.

Pero cuando el abogado Marco del Toro tomó la palabra para fijar la posición de la defensa en torno a dicha solicitud (con el apoyo de 10 diapositivas proyectadas en un monitor de la sala) logró evidenciar que, los datos que la PGR pretendía obtener con aval del juez, ya estaban en el expediente. Sostuvo que lo que en realidad quería la Procuraduría era corregir un error al haber obtenido dicha información sin una autorización judicial, lo que violó entre otras cosas los derechos de intimidad, privacidad y secreto bancario del exgobernador de Veracruz.

Del Toro explicó que en noviembre pasado, la Corte resolvió algo que ya se sabía desde que se redactó el Código Nacional de Procedimientos Penales y está estipulado en su artículo 252: que la obtención de pruebas que puedan afectar los derechos fundamentales de una persona requieren la autorización previa de un juez.

“Lo que ocurre en este caso es que el Ministerio público obtuvo esos datos sin haber solicitado dicha autorización, por lo que lo que pretende ahora es sanear este tema. Y el Ministerio Público pretende disfrazar un saneamiento haciéndolo ver como si fuera una nueva técnica de investigación judicial  faltando al principio de lealtad, porque además no dice que quiere recabar lo que ya hizo previamente”, argumentó el abogado.

En respuesta, los fiscales de la PGR reconocieron que la defensa tenía razón y que eran datos que ya estaban en el expediente, pero subrayaron que era necesario “armonizarlos” con la determinación de la Corte. Insistieron en rechazar que eran datos ilegítimos pues se obtuvieron al amparo del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito que contempla una excepción para que el Procurador solicite datos a la CNBV aunque se rompa el secreto bancario.

Tras escuchar a ambas partes el juez concluyó que la defensa tenía razón y que no tenía sentido avalar la obtención de datos que ya estaban en el expediente. “Este es un asunto demasiado sencillo. Si esos datos ya están en la indagatoria no puedo acceder a que se investigue lo que ya se investigó” dijo.

El juez reconoció que, en efecto, es necesario debatir si estas pruebas bancarias fueron obtenidas ilegalmente por la PGR como sostiene la defensa, pero señaló que eso será materia de la fase del juicio oral y adelantó que sería “un debate interesante”.

En un último intento de obtener el visto bueno del juez sobre las pruebas bancarias, uno de los fiscales de la Procuraduría quiso interponer un “recurso de revocación” para que el juez, en plena audiencia, cambiara su determinación con el argumento de que se causaba un grave daño a la sociedad.

Antes de que pudiera concluir con su exposición, Marco del Toro advirtió que lo que estaba pidiendo la PGR no tenía sentido, pues el recurso de revocación procede solo contra resoluciones de trámite y no temas de fondo discutidos en audiencia.

El juez avaló  lo anterior y desechó por ser “notoriamente improcedente” el recurso solicitado por la Procuraduría por que los datos bancarios del caso Duarte se quedaron en el expediente del caso sin aval judicial. Las consecuencias de esto y el impacto que pueda tener en el caso se conocerán en el juicio que se lleve a cabo en próximos meses.

Un plazo a modo para la defensa

El pasado 22 de enero concluyó el plazo de seis meses de investigación complementaria que el juez otorgó a la PGR y a la defensa para preparar sus casos. Tres días antes de que concluyera el plazo, los abogados de Javier Duarte solicitaron por escrito que dicho plazo se ampliara hasta por seis meses más.

De Toro argumentó que la necesidad de ampliar dicho periodo obedece a que a la defensa le interesa entrevistarse con cuatro personas que hoy son testigos colaboradores de la PGR en el caso.

Al hacer uso de la palabra los fiscales de la PGR dijeron no tener objeción en que se amplíe el caso pero le pidieron al juez que también se le concediera dicha ampliación al Ministerio Público, el cual tiene aún temas pendientes por desahogar. Ante esto los abogados de Duarte insistieron en que la PGR ya había agotado su tiempo y que dicho plazo solo debería beneficiar a la defensa.

El juez Gerardo Moreno decidió conceder a la defensa la ampliación que solicitaba pese a que con ello se excediera el plazo de seis meses que estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales. Argumentó que el principio de la debida defensa se interpone a cualquier regla escrita.

El juez además avaló, con oposición de la defensa, que la PGR realice investigaciones en ese periodo. Sin embargo les “advirtió” a los fiscales que se trata de un periodo concedido a la defensa y si esta decide terminarlo anticipadamente en una semana, o en tres meses, puede hacerlo y la Procuraduría tendrá que atenerse a ello.

“Este es un término de 6 meses para la defensa, que puede usarlo hasta el momento en que el considere. Para el Ministerio Público es solo un plazo que puede aprovechar pero que terminará en el momento en que la defensa decida”, explicó.

Por ese motivo no se fijó de momento una nueva fecha para la audiencia del caso, y solo se acordó que el plazo inicia el 1 de febrero y concluye el 31 de julio.

Las fallas de los fiscales 

No habían pasado ni cinco minutos de la audiencia, cuando el juez pronunció el primer llamado de atención a Nelly Nabor Alvarado, una de las fiscales de la PGR, por haber usado la palabra para intentar argumentar algo que no se le había solicitado en ese momento. Este fue el primero de varios ejemplos que los fiscales exhibieron fallas al tratar de responder peticiones del juez o de la defensa.

Otro ejemplo: Antes de que concluyera la primera media hora de audiencia el juez le preguntó a Nabor Alvarado la fecha en la que habían solicitado al gobierno de Suiza que entregara datos bancarios sobre el caso, pero la fiscal no pudo precisar una fecha aproximada. Luego el juez le preguntó si ya habían logrado conseguir esos datos, a lo que la fiscal respondió que aún no lograban que Suiza entregara la información.

En respuesta el juez Gerardo Moreno dijo que conocía que las solicitudes de asistencia jurídica internacional pueden ser tardadas, pero también advirtió a los fiscales que es común que estas no soliciten las cosas de inmediato y dejen pasar tiempo muerto.

“Yo no tengo idea del motivo por el cual no me han dicho qué gestiones han hecho para obtener esa prueba y que pasará sino la obtienen porque en teoría su periodo de investigación ya terminó. Estamos en una situación donde la defensa ha pedido una prórroga del plazo pero si no fuera el caso y tuviéramos ya que pasar a la audiencia me pregunto si ustedes estarían listos…”, cuestionó el juez.

En otro momento, el juez impidió que otro de los representantes de la Procuraduría leyera la solicitud del aval de las cuentas bancarias que habían solicitado, pues se trataba de un documento de 40 páginas.

Las resoluciones del juez a lo largo de la audiencia evidenciaron que los argumentos de los fiscales no eran suficientes para convencerlo prácticamente de nada.

Lo más claro fue cuando al PGR quiso invocar un recurso en contra de la determinación que acababa de tomar el juez, quien calificó como “notoriamente improcedente” lo que la PGR estaba solicitando.

“Llama la atención que un órgano técnico como es el Ministerio Público este tan… por decirlo de alguna manera… desinformado”, remató el abogado Del Toro.

Breves intervenciones de Duarte

Duarte reapareció en la sala de audiencias con un pantalón y una sudadera de color caqui. Lucía una barba tupida y el cabello corto, portaba sus tradicionales lentes aunque esta vez con un armazón de color café, distinto al rojo y al negro de ocasiones anteriores.

Aunque en este periodo de seis meses se sometió a una huelga de hambre en la que se dijo que perdió varios kilos, en la audiencia se le vio con el mismo sobrepeso con el que llegó extraditado a México.

A lo largo de las tres horas de audiencia, el exgobernador permaneció con un semblante serio, con los brazos sobre el escritorio y los dedos cruzados. En algunos momentos intercambio palabras con Del Toro u algún otro abogado, pero en general, callado.

Tuvo cuatro intervenciones en la audiencia únicamente. La primera para señalar que se llamaba Javier Duarte de Ochoa y que pedía que sus datos se mantuvieran en reserva, y las otras tres para rechazar hacer algún comentario extra. Incluso, cuando las resoluciones fueron favorables a su defensa, el exgobernador de Veracruz no mostró mayor gesto de aprobación.

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"Dejé a mi familia un instructivo de qué hacer si desaparezco": jóvenes en Nuevo León, en alerta constante

El aumento de la inseguridad ha llevado a las mujeres de Nuevo León a vivir en una alerta constante y a tomar sus propias medidas de seguridad ante el abandono, aseguran, de las autoridades.
14 de mayo, 2022
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Un paseo de pocos minutos por las calles del centro de Monterrey deja ver hasta cuatro fotos de personas desaparecidas. También hay murales con rostros y nombres de aquellos en paradero desconocido. Se ven en cada poste, en cada esquina.

Son la muestra cotidiana de la crisis que vive la capital y todo el estado de Nuevo León, en el norte de México, convertido en la cuarta entidad del país con más desaparecidos según cifras oficiales: más de 6,000.

Pero fue el reciente aumento de casos, especialmente de chicas muy jóvenes, lo que encendió todas las alarmas sobre la inseguridad que ha trastocado la vida diaria de miles de mujeres regiomontanas. Dicen que si no se cuidan ellas mismas, nadie lo hará.

“¿Cómo sé que eres periodista? ¿Por qué no usas grabadora?”, me preguntó con desconfianza Guadalupe, una mujer que estaba en un café pasadas las 10:00 de la noche en el barrio antiguo de Monterrey, considerado el motor industrial de México.

“Yo ya me había fijado que caminaste para allá, que luego te acercabas… Es que estamos como en alerta constante, hasta ese extremo llegamos”, me confiesa su amiga Diana, sentada en la misma mesa de la calle José María Morelos, la más animada de esta zona repleta de bares y restaurantes.

Ambas se niegan a “vivir con miedo encerradas”, pero no ocultan que esta noche “se pensaron un poco más” el salir las dos solas. “Sí estamos más observadoras porque no nos queda otra que cuidarnos. Duele y es triste, pero así es”.

Otras mujeres sí que optan por renunciar a su derecho a disfrutar de la noche.

En el emblemático salón Morelos, un local cercano con música en vivo, dicen que “desde el caso de Debanhi” reciben menos clientas y, sobre todo, ven que las que llegan se retiran a casa más temprano.

“Mira, es muy raro que ya veas por la calle a chicas solas. Siempre vienen en grupos grandes o acompañadas ”, dice María Palacios, una de sus trabajadoras, quien asegura que ahora están más pendientes de ellas cuando salen del bar o que “cuando están tomadas” se niegan a venderles más alcohol.

“Entre nosotras nos tenemos que cuidar”, afirma.

María Palacios

Marcos González / BBC
María Palacios ve cómo las mujeres jóvenes se marchan antes a casa del local nocturno donde trabaja.

Joven e hija de desaparecida

Nuevo León está bajo el foco desde que medios locales reportaran, a inicios de abril, la desaparición de ocho mujeres jóvenes en solo diez días, la mayoría en la capital Monterrey y su zona metropolitana.

Según cifras del gobierno, 376 mujeres fueron reportadas este año como desaparecidas en este estado hasta el 12 de mayo. De ellas, 48 permanecen como “no localizadas” y seis aparecieron sin vida.

Y en un país donde el 95% de denuncias generales queda en la impunidad, el papel de las autoridades a la hora de garantizar la seguridad y de investigar estos casos está bajo el punto de mira.

Map

Pero lo cierto es que esta tragedia ya golpea a Nuevo León desde hace mucho tiempo. Lo sabe Maya Hernández, una joven estudiante de psicología clínica cuya madre, Mayela Álvarez, desapareció en Monterrey hace casi dos años.

Teniendo entonces apenas 16, a Maya le tocó madurar de golpe y no solo liderar la búsqueda sino también dirigir su casa, en la que vive con su abuela y un hermano pequeño.

“Antes de que mi mamá desapareciera, yo no tenía idea de que esto era una crisis social. Y entonces me di cuenta de que no soy la única, que hay muchos desaparecidos en Nuevo León. Y que en lugar de ir disminuyendo, han aumentado con los años”, le dice a BBC Mundo.

Asegura que, en todo este tiempo, no ha habido avances en la investigación. “La Fiscalía nos ha fallado”, denuncia, a la vez que exige la implicación del gobernador del estado, Samuel García, como ha hecho con otros casos recientes más mediáticos como el de Debanhi Escobar, María Fernanda Contreras o Yolanda Martínez.

“Que mi mamá desapareciera me hizo ser más precavida y tener más conciencia. Pero cada vez me siento más insegura porque puede que un día no regrese a casa”, reflexiona.

“¿Por qué no? ¿Por qué no podemos salir?”, pregunta a quienes dicen que esa sería la solución a esta crisis. “Tenemos derecho a divertirnos y no tendríamos que encerrarnos en casa. Ya lo hicimos por una pandemia, ahora no deberíamos hacerlo por la inseguridad”.

Maya Hernández

Marcos González / BBC
Maya Hernández reclama que casos como el de su madre sean atendidos de la misma manera como se ha dado seguimiento a otras desapariciones recientes más mediáticas.

BBC Mundo no obtuvo respuesta de sendas solicitudes de entrevistas al gobernador de Nuevo León y a la Fiscalía del estado, cuya labor ha sido duramente criticada por familiares de desaparecidos y que llegó a reconocer claras irregularidades en casos como el de Debanhi.

La fiscal de feminicidios estatal, Griselda Núñez, insistió este miércoles en descartar que exista una tendencia generalizada u organizada de violencia contra las mujeres en Nuevo León, por lo que aseguró que cada caso debe ser abordado individualmente.

“No existe una situación de desaparición o de secuestro de mujeres, sino que son condiciones específicas por cada uno de los hechos”, subrayó en una conferencia de prensa a la que asistió BBC Mundo.

Plaza de los desaparecidos

Marcos González / BBC
La rebautizada como plaza de los desaparecidos rememora en Monterrey a las miles de personas en paradero desconocido en el estado.

Instrucciones de búsqueda para familiares

Pero estos mensajes están lejos de tranquilizar a las mujeres de Nuevo León y de su capital, que optan por tomar medidas para protegerse de posibles ataques en una ciudad donde la inseguridad se siente como el tema de conversación de casi cada día.

Según Mariana Limón Rugerio, es “el desamparo por parte del Estado” lo que no les deja otra salida que organizarse. Y más en su caso, que siente el triple de vulnerabilidades como mujer, joven menor de 30 años y periodista de Monterrey.

“Yo dejé a mi familia un instructivo de qué hacer y a quién contactar si desaparezco” para ayudarles a lidiar “con el dinosaurio burocrático que es México”, asegura a BBC Mundo.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC

Gracias a una aplicación, su familia puede monitorear su ubicación a través de su teléfono, del que la joven se comprometió a estar pendiente en todo momento.

Según sus propias instrucciones, sus familiares deben empezar a preocuparse si transcurren tres horas sin que ella dé noticias. Si pasan cinco, deben acudir inmediatamente a la Fiscalía y exigir que inicien su búsqueda, dado que esos primeros momentos de la desaparición son cruciales.

“Obviamente espero que nunca lo utilicen . Es muy agobiante explicarles a tus papás qué hacer si llegas a desaparecer. Pero prefiero que tengan un cuerpo que velar a que me tuvieran que buscar, porque a nivel psicológico es mucho más pesado para la familia no tener ni un cadáver que enterrar”, reconoce la periodista.

Las jóvenes regiomontanas con las que habló BBC Mundo han agudizado su ingenio en las últimas semanas a la hora de adoptar medidas de protección.

Desde compartir su ubicación a través del celular en todo momento, hasta llevar gas pimienta o aparatos de descargas eléctricas en el bolso, pasando por evitar publicar fotos en sus redes sociales a tiempo real para evitar que desconocidos sepan su ubicación al momento, son algunas de ellas.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC
Nuevo León pide justicia para sus desaparecidas.

Mónica López, quien es maestra de educación especial de 26 años y vive en el municipio de Escobedo, lamenta que se vean obligadas a adoptar estas restricciones y limitarse por el hecho de ser mujeres.

“Pero, aunque no es justo, te acabas resignando por tu familia y por llegar viva a casa”, admite.

La joven le dice a BBC Mundo que, a raíz de los últimos casos, algunas de sus amigas entraron en una ansiedad social por la que se alegraban incluso de trabajar desde casa para no tener ni que salir. “Es una incertidumbre. Te limitas, pierdes la seguridad, restringes tus horarios…”.

“Yo tengo miedo porque yo sí salgo, sí estoy en la noche, sí voy a fiestas. Si llego a ser yo la víctima, ojalá que me digan ‘la maestra’ y no ‘la que desapareció porque estaba tomando'”, dice criticando a quienes tienden a revictimizar a las víctimas o sus familiares por su comportamiento como si eso justificara que las desaparecieran.

Mónica López

Marcos González / BBC
Mónica López comparte su ubicación casi en todo momento con grupos de amigas.

E inevitablemente, esa inseguridad de la que tanto se habla en Nuevo León salpica también a su trabajo y la relación con sus alumnos.

“Estableces muchos consejos y recomendaciones de seguridad, trabajas para que confíen en ti. Qué feo, porque son niños, pero al final es la cultura en la que están creciendo y a la escuela nos toca prepararlos para lidiar con eso”.

Mujer, joven y policía

Temprano en la mañana, en el parque Fundidora -actual pulmón verde de Monterrey tras décadas ocupado por la compañía de hierro y acero de la ciudad- se pueden ver a decenas de personas haciendo deporte.

Carolina Ayala, una chica de 25 años que acude casi todos los días a caminar en patines, dice que prefiere hacerlo a esa hora que en la noche. “Cuando está medio oscuro, hay mucho hombre, ya no sabes… a esta hora, como que está más seguro”.

Desde hace semanas, todo desplazamiento lo hace en el auto de su mamá o hermano. “No puedo andar sola, me da miedo, y eso que yo soy muy independiente. Pero toca cuidarse. Ahorita, ni de chiste me arriesgo”, cuenta antes de que llegue su madre, quien también hace deporte con ella.

Carolina Ayala

Marcos González / BBC
“Ni de chiste me arriesgo”, dice Carolina Ayala ante la posibilidad de hacer deporte al final del día.

Las autoridades, tan señaladas por las jóvenes por no garantizar su seguridad, se ven a veces en “una situación complicada” como la que reconoce vivir Gabriela Martínez.

Ella es policía local de Monterrey desde los 19 años, pero antes que nada es una mujer joven a la que también afecta el escenario actual.

“A pesar de trabajar en esta área, sí se tiene un temor porque también soy mamá. Creen que uno es policía 24 horas y que tenemos como ese chip de estar más alerta, pero eso tampoco quita que nos pueda llegar a pasar algo y estamos expuestas”, le dice a BBC Mundo.

La oficial asegura que, tras el incremento de la inseguridad hacia la mujer, los agentes de la ciudad han implementado medidas para aumentar el apoyo y protección a jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo acompañarlas cuando están esperando solas la llegada de su transporte.

Sin embargo, Martínez es consciente de que uno de los mayores retos de la policía es volver a ganar la confianza de la ciudadanía “que se perdió por cosas que pasaron en años anteriores” y lograr así que las mujeres se acerquen a ellos en situaciones de riesgo.

Gabriela Martínez

Marcos González / BBC
Gabriela Martínez dice que ingresó en la policía local de Monterrey con solo 19 años con la intención de aportar su granito de arena en la mejora de la seguridad del municipio.

“Yo, como mujer, obviamente voy a velar por las demás. Tengo una niña por la que me gustaría que también alguien se preocupara cuando anda en la calle. De verdad, que tengan la confianza en nosotros de que vamos a hacer todo lo posible para que lleguen bien a casa”, promete.

Pero la situación de inseguridad en Nuevo León no parece mejorar a ojos de muchas mujeres, quienes se muestran muy pesimistas sobre la posibilidad de una solución

Mientras algunas se ven obligadas a limitar sus movimientos para no terminar secuestradas, los familiares de las desaparecidas siguen alzando su voz para que sus casos no caigan en el olvido de las autoridades.

Ellos, como muchos otros, se siguen preguntando lo que los trabajadores de la Fiscalía estatal ven pintado en el suelo frente a su edificio en letras grandes, junto a los nombres de algunas de las miles de mujeres desaparecidas en el estado: “¿dónde están?”.


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