En marzo de 2011, un grupo armado se presentó en Allende, Coahuila, destruyó residencias y privó de la libertad a decenas de personas, lo que de acuerdo con declaraciones de presuntos delincuentes, se realizó con consentimiento de la policía municipal, indicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al emitir la recomendación 10/2018.
En ese documento, se señala que se violó el derecho a la libertad e integridad personal, con la desaparición forzada de 38 personas, incluidos 3 menores de edad y diversos pobladores de Allende, cuya identidad no fue posible determinar.
Esos hechos, detalló, son imputables a personas que -de acuerdo con la investigación ministerial sobre el caso- aceptaron formar parte del grupo criminal de los “Zetas”, y dijeron que actuaron con apoyo o aquiescencia de elementos de seguridad del municipio.
Otra violación a derechos en el caso, agregó, fue “a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal derivado de las detenciones arbitrarias cometidas en agravio de 34 personas, así como de diversos pobladores del Municipio de Allende, cuya identidad no fue posible establecer y la privación ilegal de la libertad de 5 menores de edad, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Allende, Coahuila”.
La CNDH también determinó que se violó el derecho a la verdad, por las imprecisiones en los informes proporcionados por la PGR, en relación a la averiguación por los hechos acontecidos, y a la debida procuración de justicia, por la omisión en la investigación de conductas que posiblemente constituyen un delito.
Otro punto señalado por la Comisión, es que se violó el derecho a la seguridad personal, lo que derivó en el desplazamiento forzado interno de diversos pobladores del municipio de Allende.
Una violación más fue a la inviolabilidad del domicilio, “derivado del allanamiento del Rancho ‘Los Garza’, atribuible a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo denominado “Los Zetas”, quienes contaron con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Allende, así como por la detención ilegal de una víctima en el interior de un local comercial, imputable a elementos de esa secretaría”.
Las recomendaciones
La CNDH recomendó a la PGR iniciar una carpeta de investigación “en contra de los servidores públicos del Municipio de Allende y los particulares involucrados en los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, así como en contra de quien o quienes resulten responsables de los hechos materia de la presente Recomendación”.
Otra solicitud a la PGR es que indague cuál fue la actuación del Ejército, ante los hechos ocurridos en Allende entre el 18 y el 20 de marzo.
“De las constancias que esta Comisión Nacional se allegó, obran dos declaraciones que mencionan que servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, presenciaron los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, sin embargo, no se contó con mayores elementos que pudieran acreditar el dicho de los testigos”, apuntó la CNDH.
“Además se advirtieron imprecisiones en los informes relativos a la fecha y hora en la que elementos del Ejército Mexicano se constituyeron en el rancho “Los Garza”. En consecuencia, este Organismo Nacional estima que la Procuraduría General de la República, deberá iniciar una investigación al respecto, y en caso de advertirse la comisión de algún delito, ejercer la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables”, agregó.
Al gobernador de Coahuila, la CNDH recomendó implementar, en no más de 6 meses, acciones para solucionar y combatir la violencia en el estado, y coadyuvar con las autoridades municipales de la región fronteriza para evaluar sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la debida prestación del servicio público en materia de seguridad.
También recomendó que, en seis meses, elabore un censo en el que se establezca el número total de personas víctimas de desplazamiento forzado interno, y se implementen las medidas necesarias para que regresen a su residencia.
A la Fiscalía del estado, recomendó continuar con la indagatoria por la desaparición forzada de 38 personas, realizar las diligencias para determinar la identidad de las víctimas de las 219 muestras biológicas encontradas en el rancho “Los Garza”, e investigar la comisión de conductas delictivas contra 14 personas.
Consulta la Recomendación 10/2018 completa aquí.
