Con un test de Facebook, Cambridge Analytica obtuvo información de millones de usuarios
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Con un test de Facebook, Cambridge Analytica obtuvo información de millones de usuarios

La polémica consultora usó datos personales de millones de usuarios de Facebook sin que estos lo supieran. La información fue recolectada usando un test que le proponía a la gente descubrir su personalidad.
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Por BBC Mundo
20 de marzo, 2018
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Facebook y la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica se encuentran en medio de una tormenta por el último escándalo sobre privacidad y seguridad informática que afecta a internet.

Según investigaciones de los diarios The Observer y The New York Times, Cambridge Analytica obtuvo información personal de 50 millones de perfiles de Facebook sin que los usuarios lo supieran.

La empresa de análisis de datos -que no tiene ninguna relación con la conocida universidad británica- es conocida por el papel que jugó en durante la campaña para la elección de Donald Trump como presidente de EE.UU., durante la cual aportó información compleja sobre el pensamiento de los votantes estadounidenses.

Alexander Nix, CEO de Cambridge Analytica.

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Cambridge Analytica y su CEO, Alexander Nix, trabajaron para la campaña electoral que llevó a Donald Trump a ganar las elecciones aportando información sobre el pensamiento de los votantes.

Pero ¿cómo consiguió Cambridge Analytica recolectar la información personal de más del 15% de la población total de EE.UU.?

El método

En 2013 un profesor de la Universidad de Cambridge llamado Aleksandr Kogan desarrolló -como un proyecto personal ajeno a la universidad- un test que proponía a los usuarios descubrir su personalidad.

Cuando un usuario quería hacer la prueba llamada “thisisyourdigitallife” (“estaestuvidadigital” en español), la app solicitaba permisos para acceder a su información personal y también a la de su red de amigos.

De esta forma, los individuos que hacían el test y aceptaban las condiciones para ello estaban proporcionando todos sus datos al desarrollador de la app, al que, a la vez, le permitían recolectar la información de todos sus contactos.

El extrabajador de Cambridge Analytica Christopher Wylie explicó en una entrevista al diario The Guardian que Kogan vendió la información que había recabado con su app a la empresa de Nix, violando así la política de Facebook.

Para la red social, los datos recopilados solo pueden ser usados para propósitos de la misma app, y no pueden ser transferidos o vendidos.

“Lo que Kogan nos ofreció era mucho más barato, mucho más rápido y de una calidad incomparable”, aseguró Wylie.

¿Cómo usaban los datos?

Unas 265.000 personas accedieron al test desarrollado por Kogan. Lo que, sumando la red de amigos de cada uno de estos usuarios, le permitió acceder a “unos 50 o 60 millones de perfiles de Facebook en dos o tres meses”, según Wylie.

El mismo Christopher Wylie cuenta: “Solo necesitábamos tocar un par de cientos de miles de personas para expandirnos en toda su red social, que luego podíamos escalar al resto de EE.UU.“.

Entre la información que recabó la app se encuentra la información personal de los perfiles, actualizaciones de estado, “me gusta” y “en algunos casos, mensajes privados”.

Ello, según le dijo Wylie a The Guardian, le permitió a Cambridge Analytica conocer a qué tipo de mensaje iba a ser susceptible cada usuario para tratar de influir en su forma de pensar, así como el contenido, el tema y el tono que debían usar en cada caso.

Facebook y Cambridge Analytica se defienden

Facebook suspendió a Cambridge Analytica y asegura que no hubo mala praxis en sus actuaciones, algo que también alegó Alexander Nix, fundador de la empresa de análisis de datos.

Según la red social, “ya no es posible” que una app acceda a la información personal de los amigos de los usuarios que la usan.

Pero en aquel momento esa opción dependía de la configuración de privacidad de cada usuario.

Cambridge Analytica aseguró que una vez supo cómo Kogan había recopilado los datos, los borró en 2015.

También dijo que ninguno de esos datos fue usado en los servicios que proporcionó a la campaña del presidente Trump, y añadió que no usó ni guardó datos de perfiles de Facebook.

Sin embargo, Wylie asegura que no solo se usaron los datos de Facebook para la campaña, sino que eran “la base sobre la que se construyó la compañía”.

Facebook también emitió un comunicado en el que aseguraba que recibió informaciones según las cuales “no todos los datos fueron borrados”.

Asimismo, un portavoz de la empresa de Mark Zuckerberg dijo que la recopilación de los datos por parte de Kogan y Cambridge Analytica no significan que se haya vulnerado la seguridad de la plataforma, ya que “los usuarios cedieron su información; no hubo infiltración en los sistemas y no hubo robo de contraseñas ni de información sensible”.

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Cuartoscuro

Una mayoría de ministros va contra la prisión preventiva oficiosa, pero aún se busca acuerdo sobre resolución 

Será hasta el jueves cuando en el pleno de la Suprema Corte se vote y defina qué pasará con esta figura legal, que organizaciones y especialistas consideran violatoria de los derechos humanos.
Cuartoscuro
6 de septiembre, 2022
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En la segunda jornada de discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión preventiva oficiosa, la mayoría de los ministros y ministras se manifestó en contra del uso excesivo en México de esta figura legal y expuso la necesidad de revisarla, por considerarla violatoria de derechos humanos. 

No obstante, varios también difirieron sobre si pueden o no modificar el artículo 19 de la Constitución para no aplicarlo, por lo que aún no está claro cuál será el sentido de la votación final

Hasta el momento, solo cuatro de 11 ministros se han pronunciado abiertamente a favor de eliminar parte del artículo 19, que es el que incluye un catálogo con una veintena de delitos por los que se otorga prisión preventiva automática y sin el análisis de un juez. Estos van desde homicidio hasta robo simple.

Ante esta indefinición, Luis María Aguilar, autor del proyecto en revisión, propuso que la votación se posponga hasta este jueves, con algunos ajustes para tratar de lograr un consenso entre los ministros. Para una mayoría calificada, se requieren ocho votos.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, aceptó la propuesta y anunció que la votación se realizará ese día a partir de las 11:00 de la mañana. Además, dijo que también se discutirá y se votará otro proyecto relacionado con la prisión preventiva oficiosa, elaborado por la ministra Norma Lucía Piña

“¿Debemos dejar que nos condene la Corte Interamericana?”

En su intervención al final de la sesión de este martes, Zaldívar fue el más enfático al defender la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, por considerarla violatoria del derecho a la presunción de inocencia y de la libertad. 

“Es un problema humano de una extraordinaria gravedad”, dijo Zaldívar, que insistió en hacer la diferencia entre la prisión preventiva oficiosa, que es la que se aplica en automático por cometer alguno de los delitos del artículo 19 constitucional, y la justificada, que es la que se busca mantener, pues sí requiere de un análisis caso por caso de los jueces, que determinan si una persona puede o no poner en riesgo el proceso judicial o a las víctimas, o darse a la fuga. 

A diferencia de otros ministros, como Loretta Ortiz o Alberto Pérez Dayán, que en la sesión del lunes señalaron que la Corte no puede modificar ni alterar la Constitución, puesto que esto corresponde al Congreso, el ministro Zaldívar debatió que sí se podría hacer esa modificación con base en el artículo 1 de la Carta Magna, que establece la obligatoriedad de proteger y promover los derechos humanos de todos los mexicanos. 

“Se ha dicho aquí que la Corte no está facultada, que está de por medio la supremacía constitucional, que solo puede reformar la Constitución el Congreso… Pero, con todo respeto, ese constitucionalismo se encuentra rebasado”, dijo Zaldívar, que recordó que desde la reforma de 2011 se incorporó a la Constitución, en su artículo 1, un amplio catálogo de derechos humanos que el Estado mexicano debe proteger y garantizar. 

“También se ha dicho que no se puede inaplicar el artículo 19, pero… ¿entonces sí se puede inaplicar el artículo 1? No se trata de arrancarle páginas a la Constitución, ni tampoco estamos usurpando las atribuciones de nadie, pues fue el Congreso el que estableció en ese artículo 1 que los derechos humanos están reconocidos y que tienen una jerarquía superior”, alegó Zaldívar, que se preguntó qué pasaría si en el futuro el Congreso incluyera en la Constitución la tortura, los azotes, o la esclavitud. “¿Entonces este tribunal tampoco podría hacer nada?”, insistió. 

En este mismo sentido se pronunció Norma Lucía Piña, que cuestionó cuál es la función de la Corte si, por un lado, la Constitución la obliga a proteger los derechos humanos y, por otro, la misma Constitución establece en su artículo 19 una serie de restricciones “que violan de manera injustificada” esos derechos. 

“¿Qué debemos hacer? ¿Dejar que nos condene la Corte Interamericana de Derechos Humanos?”, preguntó retórica la ministra, en alusión a otra discusión que se lleva a cabo en esa Corte internacional, de la que probablemente saldrá una sentencia contra el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa en México. 

“¿O debemos llevar a cabo todos los ejercicios interpretativos que nos lleven a cumplir con lo que deriva del artículo 1 constitucional para proteger los derechos humanos?”, insistió la ministra, que adelantó que su voto será a favor del proyecto de Luis María Aguilar

Lee: Ante la Corte IDH, fiscales llaman a eliminar prisión preventiva oficiosa; funcionarios piden que México tenga última palabra

“¿Cuántos ricos están en prisión preventiva oficiosa?”

Zaldívar recordó que en el sistema acusatorio actual “es muy fácil” vincular a una persona a proceso cuando se le imputa un delito, puesto que hay “muy poca exigencia” para que el Ministerio Público aporte pruebas. 

“Para vincular se necesita casi nada, y encima con esa vinculación viene casi segura una prisión preventiva de oficio. Me parece un sistema muy injusto”, señaló Zaldívar, que destacó que este tipo de prisión “tiene a miles de personas en la cárcel” sin juicio ni sentencia, y que la mayoría son pobres. 

“Vayamos a las prisiones y veamos cuántas personas ricas hay en prisión preventiva oficiosa y cuántos pobres”, retó Zaldívar. 

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena también criticó que, en la actualidad, con la figura legal de la prisión preventiva oficiosa “se otorga prácticamente un cheque en blanco al Ministerio Público”, puesto que “el juez solo actúa como un autómata”.

“El artículo 19 constitucional exige del juez de control una actitud de franca indiferencia frente a cualquier arbitrariedad”, recalcó. 

El ministro Javier Laynez también criticó la prisión preventiva oficiosa, señalando que un uso excesivo e injustificado de esta “coloca al ciudadano en el peor de los escenarios posibles”. 

“Se bajó el estándar para vincular a una persona a proceso y se incrementó el número de delitos de prisión preventiva oficiosa. Esto es lo más peligroso para la ciudadanía, y esto es lo que los legisladores deben tomar en cuenta”. 

“No podemos ser un gobierno de jueces”

En su turno, la ministra Margarita Ríos Farjat dijo que desde 2008 hay un uso abusivo de la prisión preventiva oficiosa, al mismo tiempo que continúa habiendo cuerpos de policía poco capacitados ante “la voracidad del crimen organizado”. 

“Comparto las preocupaciones sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa”, señaló, aunque a continuación dijo —en concordancia con lo argumentado por otros ministros como Pérez Dayán— que no está entre las facultades de los ministros inaplicarla. 

“La Constitución es un coto vedado para nosotros, no nos corresponde inaplicarla, sino armonizarla. Es el máximo pacto social y nos corresponde respetar ese pacto y no desbaratarlo, pues no podemos ser un gobierno de jueces”.   

Hasta el momento, de los 11 ministros solo Yasmín Esquivel se ha pronunciado abiertamente a favor de mantener la prisión preventiva oficiosa en la Constitución. 

“La prisión preventiva oficiosa no es deseable, pero declararla inconvencional tendría enormes costos para quienes demandan seguridad. Es decir, suprimirla implicaría un mayor costo para la sociedad mexicana, pues supondría dejarla a merced de las bandas del crimen organizado”, dijo. 

La ministra Loretta Ortiz también se manifestó el lunes en el sentido de votar en contra del proyecto de Luis María Aguilar, empleando el mismo argumento de que los ministros de la Corte no están facultados para modificar el texto constitucional. 

“Sería una falacia que, al tiempo que estamos llamados a proteger la Constitución, llamemos ahora a desaplicarla”, señaló. 

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