Seguridad y salud, los derechos humanos más vulnerados durante el sexenio de Peña Nieto
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Seguridad y salud, los derechos humanos más vulnerados durante el sexenio de Peña Nieto

De acuerdo con los informes anuales de la CNDH, entre 2012 y 2017 se han presentado ante el organismo más de 5 mil quejas relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos.
Cuartoscuro
Por Eréndira Aquino
29 de marzo, 2018
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El sexenio de Enrique Peña Nieto está marcado por las violaciones graves a los derechos humanos, principalmente las cometidas por instituciones públicas encargadas de tareas de seguridad, afirmó este miércoles Luis Raúl González Pérez, ombudsman nacional.

González Pérez señaló frente al presidente Enrique Peña que “nuestro país requiere seguridad, pero no a cualquier costo” y que “sin respeto a los derechos humanos las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptadas y serán estas como una imposición autoritaria”.

De acuerdo con titular de la CNDH, las recomendaciones a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Procuraduría General de la República (PGR), tan solo en el último año, aumentaron 117%.

En 2017, 16 recomendaciones fueron emitidas por detenciones arbitrarias; 9 por privación de la vida; 9 por tortura; 9 por tratos crueles, inhumanos o degradantes; 8 por integración irregular o deficiente de averiguaciones previas; 7 por retención ilegal.

Otras 6 recomendaciones se emitieron por desaparición forzada o involuntaria de personas. y 5 por retardar o entorpecer funciones de investigación o procuración de justicia.

Las autoridades señaladas con mayor frecuencia por violaciones a derechos humanos en 2017 fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 2 mil 634 quejas; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 1,078 quejas, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 656.

El Instituto Nacional de Migración recibió 521 recomendaciones; la Policía Federal 425; se emitieron 422 para la PGR; la Sedena 415; la Secretaría de Desarrollo Social 386; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación 377, y la Marina 219.

El mismo año, nivel local, los cinco gobiernos estatales con mayor número de recomendaciones fueron Oaxaca (16), Guerrero (15), Chiapas (12), Tabasco (11) y San Luis Potosí (9).

Los ayuntamientos con más recomendaciones fueron Tijuana, Baja California (4); Hermosillo, Sonora (3); Benito Juárez, Quintana Roo (2); Acapulco de Juárez, Guerrero (2), y Ensenada, Baja California (1).

Entre 2012 y 2017, en total se han emitido 142 recomendaciones por violaciones de derechos humanos dirigidas a las instituciones de seguridad a nivel federal, como son la CNS, la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar), que representan el 33% del total de las 427 emitidas por la CNDH en el sexenio.

Durante la entrega del Informe 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ombudsman refirió que de todas las violaciones graves de los últimos seis años, las desapariciones de los 43 normalistas en Iguala, el enfrentamiento en Tanhuato, el de Apatzingán, Tlatlaya y el enfrentamiento en Nochixtlán fueron las que marcaron la administración de Peña Nieto.

En los últimos seis años, la CNS recibió 54 recomendaciones de la CNDH, la PGR 34, Sedena 29 y la Semar 25.

Salud, derecho humano que se viola más en México

De acuerdo con los informes anuales de la CNDH, entre 2012 y 2017 se han presentado ante el organismo más de 5 mil quejas relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos.

Las principales conductas que motivan estas quejas son omitir proporcionar atención médica, negligencia médica, omitir suministrar medicamentos, omitir brindar la atención, cuidados o prestar auxilio a cualquier persona y realizar deficientemente trámites médicos.

La dependencia con más recomendaciones por violaciones a derechos humanos en el sexenio es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ha recibido 67.

A través de su Informe, la CNDH señaló a las personas mayores; jóvenes; personas desaparecidas; víctimas del delito; niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; mujeres; personas privadas de la libertad; migrantes y periodistas como los grupos más vulnerables en el país.

Asimismo, informó que en 2017 el organismo presentó 154 denuncias ante las autoridades competentes, relacionadas con recomendaciones en trámite, a fin de que se termine la responsabilidad de los servidores públicos involucrados: 44 corresponden a denuncias penales y 110 a quejas administrativas.

Este mismo año, 117 servidores públicos fueron sancionados administrativamente con amonestaciones privadas (5), amonestaciones públicas (7), suspensiones o sanciones económicas (6), suspensión entre 16 días y 3 meses (49) e inhabilitación de 15 días a 12 años (26); otros 24 fueron destituidos o inhabilitados de 1 a 10 años.

El presidente Enrique Peña señaló en la presentación del informe de la CNDH que su gobierno, desde el inicio, ha demostrado absoluta disposición para recibir, aceptar y dar cumplimiento a las recomendaciones por violaciones a derechos humanos.

Peña reconoció que en México hay pendientes en materia de derechos humanos, pero dijo estar “convencido de que avanzamos en la dirección correcta”.

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¿Cuán factible (y conveniente) puede ser la compra privada de vacunas contra COVID-19?

Varios países han abierto la puerta para el acceso privado a las vacunas. Sin embargo, existen reparos sobre la conveniencia de un modelo de negocio particular a la hora de enfrentar una emergencia de salud pública como la del coronavirus.
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10 de mayo, 2021
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Vacunas con un dólar

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Varios países han intentado abrir sus legislaciones para permitir la venta de vacunas de forma privada.

La vacunación contra la covid-19 avanza a contrarreloj en el mundo, a cargo de gobiernos y entidades de salud pública: hasta el momento se han administrado más de 1.150 millones dosis a nivel mundial, según el monitoreo de la Universidad de Oxford.

Mientras países como Israel, Reino Unido y Estados Unidos han logrado ejecutar campañas de vacunación masiva que alcanzan a más de la mitad de su población (incluso con las dos dosis requeridas por la mayoría de las vacunas disponibles), otras naciones se encuentran rezagadas.

En ese escenario, y ante el aumento de contagios, países como Indonesia, India y Pakistán, entre otros, han optado por incorporar a privados a la compra de vacunas, pero controlados desde instancias gubernamentales.

Y en América Latina, impulsados por el desabastecimiento, Brasil, Colombia, Perú y México están abriendo puertas para que empresarios y gobiernos locales puedan adquirir las dosis que se necesitan.

Sin embargo, la opción de la compra privada es aún muy incipiente y genera reparos.

Distintos expertos en salud han expresado inquietudes, no sólo por las cuestiones comerciales asociadas a la compra de vacunas, sino también sobre la conveniencia de un modelo de negocio privado a la hora de enfrentar esta emergencia de salud pública de gran escala.

¿Ayuda o estorbo?

El principal objetivo de las vacunas es “salvar vidas, y ese objetivo es mejor financiado por fondos públicos”, afirma un documento que la OPS compartió con BBC Mundo.

“Los países se han alineado con el marco de valores y objetivos de la Organización Mundial de la Salud y consideran garantizar la vacunación sin ningún costo para la población“, señala.

El objetivo de la vacuna actualmente es su utilización como medida de salud pública. El primer objetivo es proteger a las personas que tienen un riesgo mayor de enfermarse gravemente de covid-19 o de morir por la enfermedad”, le dice a BBC Mundo Ana Elena Chévez, asesora regional en inmunizaciones del organismo.

vacunas rodeadas de Euros

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“Los planes de cada país contemplan brindar la vacunación sin ningún costo para las personas, y no solamente para los que puedan pagar”, señala la OPS.

“Por eso el uso de las vacunas por ‘pago de bolsillo’ puede ampliar las inequidades que desafortunadamente la pandemia ha subrayado tanto en la región”, agrega la asesora, en su análisis de América Latina.

Ante la escasez de vacunas, resulta problemático “pensar que un adulto mayor por no tener acceso a la vacuna no se pueda vacunar, y una persona joven y saludable que pague por ella pueda tener acceso”, compara Chévez.

Quienes rechazan la idea de “privatizar” la compra de vacunas señalan que la apertura de un mercado privado, en vez de ayudar a alcanzar las metas de vacunación completa en los países, generaría un efecto contrario: los particulares entrarían a competir con el Estado como proveedor, lo que podría incluso entorpecer la campaña de inmunización.

Los países de América Latina no tienen recursos ilimitados para, además de atender una emergencia de salud pública como lo es la pandemia en todos sus niveles, prestar recursos a los privados para que ellos puedan aplicar las vacunas que adquirieron”, le dijo a BBC Mundo Ángela Uyén, investigadora especialista en enfermedades infecciosas y asesora de Médicos Sin Fronteras.

“Los privados necesitan enfermeras para aplicar las vacunas, lugares para almacenarlas, centros de vacunación… y eso no va a venir de otro lugar que no sea el Estado, o en competencia con él”.

El médico cirujano mexicano Xavier Tello, añade un elemento técnico.

“Muchas de esas vacunas están aún en fase III de ensayos clínicos. Por esa razón técnica, sin hablar de la conveniencia de que exista o no, es que no hay todavía un mercado establecido como sí sucede con otros medicamentos aprobados para su venta al público”, añade Tello en diálogo con BBC Mundo.

Logística

Uyén señala que, en los países donde se han adelantado propuestas para la implementación de un mercado privado de vacunas, las empresas y los particulares ya tienen una alta participación en la prestación de los servicios regulares de salud.

Ella y otros especialistas coinciden en que tal vez la mejor manera en que los privados pueden ayudar a los procesos de inmunización es haciendo parte de la cadena logística.

Vacunas con signo de Copyright

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Varios expertos han señalado que la liberación de las patentes ayudaría aumentar la producción de vacunas alrededor del mundo.

“El mejor ejemplo de eso es Estados Unidos, donde todas las vacunas han sido provistas por el gobierno pero se ha contado con el apoyo de clínicas, farmacias y entidades particulares que han sido parte de la masiva campaña que han tenido”, señala Uyén.

Sin embargo, su intervención no debe cambiar el modelo ni las prioridades actuales, indican los especialistas.

“Los planes de cada país contemplan brindar la vacunación sin ningún costo para las personas, nunca debe ser solamente para los que puedan pagar”, dice Chévez.

Los ministerios de salud cuentan con el personal, la logística y la cadena de frío necesaria para implementar la vacunación universal. El sector privado podría contribuir de forma solidaria”, añade la representante de la OPS.

Demora en el programa Covax

El problema al que se enfrenta la mayor parte de países es el desabastecimiento global de dosis de vacunas contra el covid-19.

En América Latina son varios los gobiernos que han anunciado retrasos en los planes oficiales por falta de dosis, entre ellos, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador, donde los suministros han alcanzado apenas para vacunar a entre 3% y 14% de sus poblaciones con al menos una dosis.

A lo que se suma la demora en las entregas por parte del programa Covax, que pretendía, mediante un plan solidario, garantizar el acceso a las vacunas de forma equitativa a todos los países, especialmente los de menores ingresos.

En América Latina, muchos gobiernos habían elaborado sus planes de vacunación contando con esas dosis.

Creo que el problema ha sido la adquisición desmesurada de algunos países, que ha impactado en algo tan importante como el plan Covax”, señala Ayén.

Vacunas en un podio.

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Hasta ahora los principales laboratorios que producen la vacuna se han negado a negociar con particulares.

Hasta el momento, Covax ha entregado cerca de 40 millones de dosis en 102 países. Y su objetivo es llegar a 2.000 millones de dosis a finales de este año.

“Que Covax no esté funcionando como se pensó que iba a funcionar no puede dar cabida a la entrada de un mercado privado”, anota la analista.

Iniciativas en la región

Con un cuadro crítico por los casos de covid-19 en Colombia -cerca de 17.000 nuevos contagios y 400 muertos diarios-, el gobierno del presidente Iván Duque decidió abrir a privados la adquisición de las vacunas el pasado 21 de abril.

Los anuncios ocurrieron antes de las masivas protestas que han sacudido al país en los últimos días y que han dejado al menos 19 personas muertas.

“Solo se podrán adquirir vacunas que tengan la autorización por parte del Invima (Instituto de Vigilancia de Medicamentos del país) para uso de emergencia”, aseguró el mandatario.

Aunque el decreto permite la importación de las vacunas, no permite su venta.

“Solo podrán ser adquiridas (por privados) para su aplicación gratuita a grupos poblacionales previamente definidos y aprobados por el Ministerio de Salud”, señala el decreto.

De acuerdo con el gobierno colombiano, la idea es permitir que las empresas puedan facilitar la vacunación de sus empleados de una forma más directa.

Actualmente en Colombia se están aplicando las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna y Sinovac.

Ya se conoció públicamente que las farmacéuticas Pfizer y Sinovac han rechazado hacer negocios con privados allí, mientras que no han trascendido detalles de negociaciones con los otros tres laboratorios.

Covax

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Lo cierto es que el programa Covax no ha cumplido con todos los objetivos que se había propuesto para la entrega de dosis.

Las trabas que se ven en Colombia ya se han registrado antes en otros países: aunque la normativa permita la importación de vacunas, los privados no consiguen alcanzar acuerdos con las farmacéuticas.

A principio de año, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó a un conglomerado de clínicas privadas llamado ACBVAC a buscar de forma particular vacunas para luchar contra el incesante aumento de casos en el gigante sudamericano.

Sin embargo, las farmacéuticas productoras de vacunas insistieron en que solo negociaban con gobiernos.

“Creo que en el futuro va a existir un mercado privado, sin duda, pero ahora no están dadas las condiciones para que algo así ocurra”, señala Tello.

Al caso de Brasil y Colombia se suma Perú, que esta semana aprobó una legislación que habilita la adquisición de vacunas por parte de privados y gobiernos regionales.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se mostró abierto a la posibilidad, aunque no existe al momento una decisión oficial en este sentido, y lo mismo ocurre en otros países como Ecuador y Argentina (donde se planteó la posibilidad en el Congreso).

Vacunas

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Analistas señalan que los gobiernos son los encargados de garantizar el éxito de los planes masivos de vacunación.

“Si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna”, apuntó López Obrador y dejó abierto el juego para que el cuestionado mercado privado sea una realidad en su país.

Los analistas no descartan que en el futuro, una vez las vacunas hayan terminado la fase III de investigación y la situación de la pandemia haya mejorado ostensiblemente, que pueda existir una venta a particulares de la vacuna de covid-19.

Pero ahora, están de acuerdo, la prioridad debe ser la salud pública.


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