Detienen a exfuncionarios por no investigar feminicidios en campo algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua

El ex subprocurador de justicia de Ciudad Juárez José Manuel Ortega Aceves y otros tres ex funcionarios fueron arrestados; su captura responde a la sentencia de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Detienen a exfuncionarios por no investigar feminicidios en campo algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua
Especial

La Fiscalía General del Estado detuvo al exsubprocurador de justicia de Ciudad Juárez y a otros dos exfuncionarios, acusados de los delitos de abuso de autoridad e imputaciones falsas dentro de las investigaciones efectuadas en el año 2001, relacionadas a las víctimas de feminicidio del Campo Algodonero.

La averiguación previa se inició por la denuncia de familiares de las niñas y mujeres, víctimas del Campo Algodonero, documento en el que señalan fallas en el debido proceso legal y de las obligaciones de los funcionarios.

La captura responde a la sentencia de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso “González y otras (Campo Algodonero) Vs México”, en la que la instancia internacional condenó al Estado mexicano por la violación a los derechos humanos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, quienes fueron desaparecidas y se les encontró asesinadas en Ciudad Juárez en noviembre de 2001.

“En el momento en que fueron encontrados los ocho cuerpos en el denominado Campo Algodonero, las personas encargadas de investigar tenían a su alcance diversos instrumentos y manuales internacionales para llevar a cabo el trabajo; sin embargo, no los utilizaron, evidenciando la serie de inconsistencias, omisiones, negligencias e irregularidades”, se lee en la acusación.

En la sentencia de 2009 la CIDH resaltó la responsabilidad del Estado mexicano en los crímenes por la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de las mujeres, por no investigar los asesinatos con la debida diligencia, por obstruir el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias y negarles una reparación adecuada; además de recalcar que las autoridades fueron omisas porque no previnieron los crímenes pese a conocer que existía un patrón de violencia de género en la zona.

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