Las empresas fantasma ya no se limitan a dar ‘servicios’ a los gobiernos federal y estatales, también aparecen como proveedoras de campañas políticas en los registros del Instituto Nacional Electoral (INE).
[contextly_sidebar id=”VvpiOvDULhm9X3YV9QuTkMMqonROXt3l”]Eso pasó con la excandidata al gobierno de Tlaxcala, la senadora panista Adriana Dávila Fernández, que tuvo como proveedora de servicios publicitarios durante su campaña de 2016 a dos empresas que recientemente fueron calificadas como fantasmas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
El Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala fue quién pagó 3.9 millones y 183 mil pesos, respectivamente, a las compañías Comercializadora en General Hercalop y Woonter Well por utilitarios de campaña, impresión de lonas, anuncios espectaculares, volantes, microperforados y banderas, entre otros productos.
La cifra no es menor, representa el 50 % de los 8.1 millones de pesos que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones fijó como tope de campaña en la elección a gobernador en ese estado.
De acuerdo con el SAT, estás empresas “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
Al respecto, la excandidata y actual senadora aseguró que las compañías contratadas formaban parte del Registro Nacional de Proveedores del INE, e incluso proporcionó a Animal Político los listados.
“Los candidatos estamos obligados a elegir entre esas empresas, de no hacerlo así incurrimos en un delito electoral”, arguementó.
El reglamento de fiscalización del INE señala en su artículo 356: “solo podrán proveer bienes y servicios a los partidos políticos, candidatos y candidatos independientes los proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores”.
Por ello, sostiene Dávila Fernández, si hay una responsabilidad en el caso, “tendrán que ser el INE y el SAT los que respondan, pues ellos autorizaron a esas empresas”.
La legisladora panista cuestionó un posible uso político del SAT “para golpear a contrincantes políticos”, como, dijo, ha pasado en el caso del aspirante presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya.
“Qué raro que dos años después venga la autoridad fiscal a señalar a estas empresas pero no hacen nada en casos ya comprobados como los desvíos en el gobierno federal, y ahí si hay un tema de delito que la autoridad no investiga”.
Hercalop, proveedora también de ayuntamientos
Hercalop fue creada en la ciudad de Puebla el 10 de mayo de 2011 y tiene como socios a tres personas: Guillermo Carrillo López, Raúl Roca Godoy y Fabiola Hernández Hernández, de acuerdo con el acta constitutiva asentada en el Registro Público de la Propiedad.
Además de la campaña de Dávila Fernández, la compañía también le ha vendido servicios al gobierno de Tepeaca, municipio vecino a la ciudad de Puebla, que encabeza el priista David Huerta Ruiz. Es decir, se trata de una compañía que no discrimina por colores de partidos.
La relación comercial con la administración de Huerta Ruiz comenzó en 2014, recién iniciado su gobierno. Como suele pasar con ese tipo de empresas, su catalogo de servicios es muy amplio, pues mientras que en Tlaxcala vendió artículos publicitarios, en Tepeaca se encargó de proveer capacitación ofreciendo talleres en temas distantes entre sí, como la prevención del acoso escolar (que incluyó un taller complementario en voleibol), la gastronomía certificada o la herrería. En todos los casos la asignación fue en licitaciones cerradas, y la mayoría por adjudicación directa.
Entre 2014 y 2016 la empresa le facturó a ese gobierno municipal 3.6 millones de pesos por 72 talleres.
En 201, la empresa también estuvo registrada como proveedora en el ayuntamiento de San Pedro Cholula, en ese registro tuvo como representante legal a Gabriel Eduardo Sánchez Rivera, quien también aparece como representante legal en la empresa Soluciones Empresariales Índigo, compañía también reportada como fantasma por el SAT.
Esta última empresa es un poco más compleja, fue registrada en 2014 en Tlaxcala; sus socios son originarios de la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México y su apoderado fue registrado en una notaria de San Pedro Cholula.
Woonter Well, una empresa que desapareció
La segunda empresa señalada por el SAT que quedó registrada como proveedora en la campaña de Dávila Fernández solo estuvo activa tres años, en ese periodo vendió productos al gobierno de Puebla para equipar escuelas y servicios de vallas publicitarias. Al gobierno de San Martín Texmelucan, otro municipio poblano, le vendió botas para policías. Incluso tuvo como cliente al Comité Directivo Estatal del PAN poblano.
Y después de facturarle 24 millones de pesos al gobierno estatal de Puebla la empresa fue liquidada.
