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Hinojosa Cantú, empresario de la Casa Blanca de EPN, recibe recursos a través de La Estafa Maestra
Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública con el gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014.
Por Nayeli Roldán
9 de marzo, 2018
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Innovación Integrada S. A. de C. V., propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, fue una de las compañías subcontratadas por la Universidad Politécnica de Chiapas para prestar servicios a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016.

Esta forma de contratación es parte del esquema de desvío de recursos públicos documentado en la investigación La Estafa Maestra, en la que dependencias del gobierno federal contratan a universidades para hacer supuestos servicios y éstas a su vez subcontratan a empresas ilegales, que no cumplen con los servicios o los realizan con sobrecostos, según han planteado  diversas auditorías.

Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública del gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014.

Pese a los señalamientos y críticas por un presunto conflicto de interés entre Hinojosa y el mandatario, la empresa Innovación Integrada recibió casi 10 millones de pesos entre 2015 y 2017 a través de cuatro contratos por adjudicación directa —es decir, no fue elegida en un concurso público en el que haya resultado como mejor opción— del ISSSTE, Sedatu y Exportadora de Sal S. A. de C. V., empresa dependiente de la Secretaría de Economía.

Contratos bajo el esquema de La Estafa Maestra

La triangulación de recursos fue el esquema que se aplicó entre la Sedatu y la empresa de Hinojosa.

La Sedatu contrató a la Universidad Politécnica de Chiapas para realizar una aplicación móvil que diera “una solución tecnológica basada en web, que asistiera en la automatización de los procesos de consulta dentro del Sistema Nacional de Inclusión Sedatu”, según documentó la Auditoría Superior de la Federación(ASF) en la auditoría 195-DS realizada a la institución como parte del informe de Cuenta Pública 2016.

La Universidad a su vez subcontrató a la empresa Innovación Integrada para realizar el trabajo a través de un contrado por 5 millones 568 mil pesos provenientes de la Sedatu.

La contratación fue por asignación directa apelando a la excepción prevista en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones que permite contratar sin hacer licitaciones cuando solo existe en el mercado un proveedor capaz de dar el servicio; que el servicio sea con fines militares o atiendan casos de fuerza mayor como un desastre natural, entre otros.

En este caso no se cumplen los criterios para que la Universidad haya optado por la asignación directa a la empresa, y solo “evadió la licitación”, según la Auditoría. Por ello, al contratar a Innovación Integral “no se acreditaron los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez” y, por tanto, “no se obtuvieron las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad financiamiento y oportunidad”.

Al revisar el cumplimiento del servicio, la empresa proporcionó evidencia de los trabajos y la Auditoría comprobó que la aplicación móvil estaba en funcionamiento, pero la compañía “no acreditó los insumos tanto humanos como materiales que presumiblemente utilizó, ni presentó evidencia de la integración de los costos para ejecutarlos”.

La Universidad tampoco pudo comprobar que hubiese hecho algún cálculo e integración de costo sobre los servicios, lo que evidencia que la institución cobró “de forma discrecional sin una base de costos”.

Incluso en el convenio SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07/2016 realizado entre la Universidad y la dependencia el 1 de marzo de 2016 (un mes después del contrato con la empresa) para “servicios profesionales y técnicos del Servicio Tecnológico para el sistema para el control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la Sedatu”, por 18 millones 860 mil pesos, la institución sólo pudo comprobar el pago de 5 millones 658 mil pesos a Innovación Integrada, según el contrato mostrado a la Auditoría.

El resto del dinero se considera como un sobrecosto “en beneficio de la universidad y lo utilizó para fines distintos a los servicios convenidos con la Sedatu”, dice la Auditoría.

Animal Político acudió a la sede de Innovación Integrada, en Santa Fe, Ciudad de México, un lujoso complejo de oficinas, pero no se permitió la entrada y la mujer que atendió por teléfono informó que la empresa no daría información adicional a la que entregó a la Auditoría en 2017, ni nada respecto a Juan Armando Hinojosa Cantú.

 Más contratos

Innovación Integrada S. A. de C. V. recibió cuatro contratos más mediante asignación directa, es decir, sin competir con otras empresas, según información publicada en la plataforma Compranet, donde la administración pública federal está obligada subir los contratos con empresas.

El contrato con el ISSSTE es por el mismo objeto que el convenio de Sedatu: hacer un “sistema de control de la estrategia de inclusión nacional”, por el que la empresa cobró 5 millones 200 mil pesos en un contrato con vigencia de julio a diciembre de 2016.

El funcionario encargado de la contratación fue Raúl Marmolejo Pacheco del Departamento de control de servicios operativos, según la información de Compranet. Sin embargo, el ISSSTE no publicó las razones por la que el contrato fue otorgado por asignación directa. Tampoco se encuentra el contrato completo sino un documento con “datos relevantes del contrato”, que sólo incluyen datos del funcionario público y el monto pagado, pero ningún desglose del servicio ni más datos de la empresa que el nombre.  

Animal Político preguntó al ISSSTE por qué benefició con una adjudicación directa de más de 5 millones a la compañía fundada por Juan Armando Hinojosa, y la respuesta fue que la empresa fue beneficiada sin pasar por una licitación porque “acreditó los criterios de economía, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”, y porque era la mejor opción económica para el Estado, ya que según una “investigación de mercado” esta sociedad daba los servicios entre un 13 y 23% más barato “que las empresas competidoras”.

No obstante, el ISSSTE no precisó en su escrito cuáles son las empresas que supuestamente compitieron por el contrato, ni entregó el “estudio de factibilidad” a partir del cual se le otorgaron recursos públicos a Innovación Integrada.

Además, los argumentos esgrimidos por el ISSSTE en su escrito tampoco coinciden con la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones; el cual, como ya se expuso líneas arriba, permite las adjudicaciones directas solo cuando hay un único proveedor capaz de dar un servicio; que el servicio sea con fines militares; o que se ponga en riesgo la seguridad nacional si la contratación del proveedor se realiza mediante licitación pública, entre otros.

Cursos millonarios… de una semana

Innovación integrada recibió 4 millones 777 mil pesos de tres contratos directos por parte de Exportadora de Sal, S. A. de C. V., una compañía dependiente de la Secretaría de Economía, productora y proveedora de sal para la industria del cloro-álcali en la cuenca del pacífico.

Por un “estudio de evaluación y diagnóstico” cuyo contrato tuvo vigencia de una semana (del 15 al 22 de diciembre de 2015) la empresa cobró 2 millones 874 mil pesos y el contrato también fue otorgado por adjudicación directa.

En 2016, Innovación Integrada ganó 1 millón 300 mil pesos por un “programa de capacitación en SAP” del 2 al 9 de mayo; al siguiente año cobró 602 mil pesos por el servicio de “capacitación a usuarios”, del 12 al 31 de octubre de 2017. Las tres contrataciones fueron realizadas por la funcionaria Victoria Vergara Flores, de la Gerencia de adquisiciones y almacenes de Exportadora de Sal.

Animal Político buscó a Exportadora de Sal, pero no hubo respuesta.

Una empresa de familia

Innovación Integrada SA de CV es una de las múltiples compañías del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú y sus familiares más cercanos.

De acuerdo con su acta constitutiva, cuya copia guarda Animal Político, esta sociedad fue creada el 4 de enero de 2013 en Toluca, Estado de México, y se dedica a múltiples giros relacionados con proveer servicios de “telecomunicaciones” y “tecnologías de la información”.

Los fundadores de Innovación Integrada SA de CV son el propio Juan Armando Hinojosa Cantú y su socio Alberto del Moral González, quien tal y como consta en su perfil de Facebook y en múltiples notas de revistas de sociedad, es pareja sentimental de María Teresa Hinojosa García; una de las dos hijas de Juan Armando Hinojosa.

Un mes después de la fundación Innovación Integrada SA de CV, el 15 de febrero de 2013, tanto Hinojosa Cantú como Alberto del Moral cedieron sus acciones a otras dos personas. Pero no formalizaron este cambio ante el Registro Público de Comercio hasta más de cuatro años después, el dos de junio de 2017.

A pesar de la venta de acciones de Juan Armando Hinojosa, su familia mantuvo la presencia en la compañía a través de María Teresa Hinojosa García, quien ocupa el cargo de comisaria en la misma. ‘Maritere’ Hinojosa es la encargada de vigilar el correcto funcionamiento financiero de esta sociedad.

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Patriotas Constitucionales Unidos: la milicia civil armada que ha detenido a cientos de inmigrantes en la frontera
Larry Mitchell Hopkins lidera el grupo de los Patriotas Constitucionales Unidos, que realiza operativos para detener a inmigrantes en la frontera de EE.UU. con México. Las autoridades lo señalan como un "delincuente peligroso".
22 de abril, 2019
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Frontera

Getty Images
El grupo de los Patriotas Constitucionales Unidos se vio involucrado en una polémica detención de migrantes la semana pasada en Sunland, Nuevo México.

Un “patriota” detenido injustamente, según sus seguidores. Un “delincuente peligroso”, según las autoridades.

Larry Mitchell Hopkins fue detenido el sábado y acusado de posesión ilegal de armas de fuego y municiones, informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El hombre, de 69 años, fue enviado a una cárcel del estado de Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos, donde este lunes debía comparecer ante un tribunal.

Hopkins es considerado líder de los Patriotas Constitucionales Unidos, un grupo de hombres armados que patrulla la frontera de Estados Unidos con México en busca de inmigrantes indocumentados.

Se trata de una de varias milicias que tienen presencia en la zona fronteriza y que realizan operativos de búsqueda y captura de migrantes, sin tener consentimiento expreso de las agencias federales.

Su presencia se ha incrementado recientemente a raíz de la llegada de caravanas de migrantes a la frontera sur del país.

El fiscal general de Nuevo México, Héctor Balderas, confirmó el sábado la detención de Hopkins a quien describió como “un delincuente peligroso que no debe tener armas cerca de niños y familias”.

Larry Mitchell Hopkins

AFP
Hopkins también usa el alias de Johnny Horton Jr.

“El arresto de hoy (sábado) hecho por el FBI indica claramente que el estado de derecho debe estar en manos de oficiales de policía entrenados, no de vigilantes armados”, dijo Balderas en un comunicado.

Y es que este mismo mes los Patriotas Constitucionales Unidos realizaron un controvertido operativo en el que detuvieron a al menos 300 migrantes cerca de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas.

La acción fue criticada por la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan.

Un portavoz de Patriotas Constitucionales Unidos, Jim Benvie dijo en un video en Facebook que su grupo no ha infringido ninguna ley y que espera que el “patriota” Hopkins sea exonerado.

¿Quién es Larry Hopkins?

El FBI indicó que Hopkins es residente de la localidad de Flora Vista, Nuevo México un lugar ubicado a más de 500 km de la frontera.

Se sabe que a veces también utiliza el alias Johnny Horton Jr., el mismo nombre de un popular cantante de música country de la década de 1950, cuyas canciones interpreta Hopkins en videos de YouTube.

Durante los últimos meses se ha vuelto en uno de los rostros más visibles de los grupos de hombres que patrullan la zona fronteriza en su búsqueda de indocumentados.

Se hace llamar “comandante nacional” de los Patriotas Constitucionales Unidos, según el Southern Poverty Law Center (SPLC), un centro de análisis de grupos de odio de EE.UU.

Larry Mitchell Hopkins con un miembro de Patriotas Constitucionales Unidos

AFP
Hopkins y su grupo han establecido un centro de comando en Anapra, Nuevo México.

El hombre aseguró a esa ONG en una entrevista que tiene contactos con autoridades de alto nivel: “Nuestra información proviene de lo más alto (…) No te estoy diciendo dónde, pero sale de agencias muy altas”.

Se describe como alguien que va a la frontera cuando sabe “que el enemigo está cerca”, una presunta referencia a las caravanas de migrantes que se dirigen a Estados Unidos por la frontera sur.

“Voy a luchar y puedo dar mi vida, pero al menos estaré allí y defenderé mi juramento (…) Si me abaten ahora, al menos moriré por nuestro país y de lo que se trata mantener a EE.UU. libre”, aseguró.

Un grupo de vigías de la frontera

Getty Images
Al igual que los Patriotas Constitucionales Unidos, otros civiles han organizado grupos armados con presencia en la frontera.

Esta no es la primera vez que Hopkins tiene problemas con la ley, pues en 2006 fue arrestado y acusado de hacerse pasar por un agente de policía en Klamath, Oregón.

Un reporte de la policía indica que el hombre, vestido con ropa similar a la que usan los agentes locales y una insignia de “agente especial”, estaba “mostrando dos armas a un grupo de jóvenes”.

“Arrestos ciudadanos”

El grupo de los Patriotas Constitucionales Unidos se vio involucrado en una polémica detención de migrantes la semana pasada en Sunland, Nuevo México.

En un video publicado en Facebook se veía a hombres armados reteniendo a unos 300 migrantes, entre ellos decenas de mujeres y niños.

En un momento, se les ve apuntando con sus armas directamente a los detenidos, pese a que el grupo no tiene facultad para realizar este tipo de detenciones ni de hacer uso de sus armas para esos fines.

El objetivo proclamado del grupo es “defender la Constitución de Estados Unidos de América” y proteger los derechos de los ciudadanos “contra todos los enemigos, tanto extranjeros como nacionales”.

Benvie, el portavoz del grupo, le dijo al diario The New York Times que han estado acampando en la región durante los últimos dos meses y planean quedarse hasta que el presidente Donald Trump logre construir un muro fronterizo.

Indicó que las acciones de detención que realizan son “arrestos ciudadanos, y añadió: “La Patrulla Fronteriza nunca nos ha pedido que nos retiremos”.

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha dicho previamente que se opone a que los civiles patrullen la frontera en busca de cruces ilegales.

Mientras, la gobernadora Michelle Lujan Grisham dijo en Twitter que “intimidar o amenazar a familias migrantes y solicitantes de asilo es absolutamente inaceptable y debe cesar”.

Milicia

AFP
Patriotas Constitucionales Unidos realiza operativos para detener a inmigrantes en la frontera de EE.UU. con México.

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