Hinojosa Cantú, empresario de la Casa Blanca de EPN, recibe recursos a través de La Estafa Maestra
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Hinojosa Cantú, empresario de la Casa Blanca de EPN, recibe recursos a través de La Estafa Maestra

Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública con el gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014.
Por Nayeli Roldán
9 de marzo, 2018
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Innovación Integrada S. A. de C. V., propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, fue una de las compañías subcontratadas por la Universidad Politécnica de Chiapas para prestar servicios a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016.

Esta forma de contratación es parte del esquema de desvío de recursos públicos documentado en la investigación La Estafa Maestra, en la que dependencias del gobierno federal contratan a universidades para hacer supuestos servicios y éstas a su vez subcontratan a empresas ilegales, que no cumplen con los servicios o los realizan con sobrecostos, según han planteado  diversas auditorías.

Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública del gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014.

Pese a los señalamientos y críticas por un presunto conflicto de interés entre Hinojosa y el mandatario, la empresa Innovación Integrada recibió casi 10 millones de pesos entre 2015 y 2017 a través de cuatro contratos por adjudicación directa —es decir, no fue elegida en un concurso público en el que haya resultado como mejor opción— del ISSSTE, Sedatu y Exportadora de Sal S. A. de C. V., empresa dependiente de la Secretaría de Economía.

Contratos bajo el esquema de La Estafa Maestra

La triangulación de recursos fue el esquema que se aplicó entre la Sedatu y la empresa de Hinojosa.

La Sedatu contrató a la Universidad Politécnica de Chiapas para realizar una aplicación móvil que diera “una solución tecnológica basada en web, que asistiera en la automatización de los procesos de consulta dentro del Sistema Nacional de Inclusión Sedatu”, según documentó la Auditoría Superior de la Federación(ASF) en la auditoría 195-DS realizada a la institución como parte del informe de Cuenta Pública 2016.

La Universidad a su vez subcontrató a la empresa Innovación Integrada para realizar el trabajo a través de un contrado por 5 millones 568 mil pesos provenientes de la Sedatu.

La contratación fue por asignación directa apelando a la excepción prevista en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones que permite contratar sin hacer licitaciones cuando solo existe en el mercado un proveedor capaz de dar el servicio; que el servicio sea con fines militares o atiendan casos de fuerza mayor como un desastre natural, entre otros.

En este caso no se cumplen los criterios para que la Universidad haya optado por la asignación directa a la empresa, y solo “evadió la licitación”, según la Auditoría. Por ello, al contratar a Innovación Integral “no se acreditaron los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez” y, por tanto, “no se obtuvieron las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad financiamiento y oportunidad”.

Al revisar el cumplimiento del servicio, la empresa proporcionó evidencia de los trabajos y la Auditoría comprobó que la aplicación móvil estaba en funcionamiento, pero la compañía “no acreditó los insumos tanto humanos como materiales que presumiblemente utilizó, ni presentó evidencia de la integración de los costos para ejecutarlos”.

La Universidad tampoco pudo comprobar que hubiese hecho algún cálculo e integración de costo sobre los servicios, lo que evidencia que la institución cobró “de forma discrecional sin una base de costos”.

Incluso en el convenio SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07/2016 realizado entre la Universidad y la dependencia el 1 de marzo de 2016 (un mes después del contrato con la empresa) para “servicios profesionales y técnicos del Servicio Tecnológico para el sistema para el control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la Sedatu”, por 18 millones 860 mil pesos, la institución sólo pudo comprobar el pago de 5 millones 658 mil pesos a Innovación Integrada, según el contrato mostrado a la Auditoría.

El resto del dinero se considera como un sobrecosto “en beneficio de la universidad y lo utilizó para fines distintos a los servicios convenidos con la Sedatu”, dice la Auditoría.

Animal Político acudió a la sede de Innovación Integrada, en Santa Fe, Ciudad de México, un lujoso complejo de oficinas, pero no se permitió la entrada y la mujer que atendió por teléfono informó que la empresa no daría información adicional a la que entregó a la Auditoría en 2017, ni nada respecto a Juan Armando Hinojosa Cantú.

 Más contratos

Innovación Integrada S. A. de C. V. recibió cuatro contratos más mediante asignación directa, es decir, sin competir con otras empresas, según información publicada en la plataforma Compranet, donde la administración pública federal está obligada subir los contratos con empresas.

El contrato con el ISSSTE es por el mismo objeto que el convenio de Sedatu: hacer un “sistema de control de la estrategia de inclusión nacional”, por el que la empresa cobró 5 millones 200 mil pesos en un contrato con vigencia de julio a diciembre de 2016.

El funcionario encargado de la contratación fue Raúl Marmolejo Pacheco del Departamento de control de servicios operativos, según la información de Compranet. Sin embargo, el ISSSTE no publicó las razones por la que el contrato fue otorgado por asignación directa. Tampoco se encuentra el contrato completo sino un documento con “datos relevantes del contrato”, que sólo incluyen datos del funcionario público y el monto pagado, pero ningún desglose del servicio ni más datos de la empresa que el nombre.  

Animal Político preguntó al ISSSTE por qué benefició con una adjudicación directa de más de 5 millones a la compañía fundada por Juan Armando Hinojosa, y la respuesta fue que la empresa fue beneficiada sin pasar por una licitación porque “acreditó los criterios de economía, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”, y porque era la mejor opción económica para el Estado, ya que según una “investigación de mercado” esta sociedad daba los servicios entre un 13 y 23% más barato “que las empresas competidoras”.

No obstante, el ISSSTE no precisó en su escrito cuáles son las empresas que supuestamente compitieron por el contrato, ni entregó el “estudio de factibilidad” a partir del cual se le otorgaron recursos públicos a Innovación Integrada.

Además, los argumentos esgrimidos por el ISSSTE en su escrito tampoco coinciden con la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones; el cual, como ya se expuso líneas arriba, permite las adjudicaciones directas solo cuando hay un único proveedor capaz de dar un servicio; que el servicio sea con fines militares; o que se ponga en riesgo la seguridad nacional si la contratación del proveedor se realiza mediante licitación pública, entre otros.

Cursos millonarios… de una semana

Innovación integrada recibió 4 millones 777 mil pesos de tres contratos directos por parte de Exportadora de Sal, S. A. de C. V., una compañía dependiente de la Secretaría de Economía, productora y proveedora de sal para la industria del cloro-álcali en la cuenca del pacífico.

Por un “estudio de evaluación y diagnóstico” cuyo contrato tuvo vigencia de una semana (del 15 al 22 de diciembre de 2015) la empresa cobró 2 millones 874 mil pesos y el contrato también fue otorgado por adjudicación directa.

En 2016, Innovación Integrada ganó 1 millón 300 mil pesos por un “programa de capacitación en SAP” del 2 al 9 de mayo; al siguiente año cobró 602 mil pesos por el servicio de “capacitación a usuarios”, del 12 al 31 de octubre de 2017. Las tres contrataciones fueron realizadas por la funcionaria Victoria Vergara Flores, de la Gerencia de adquisiciones y almacenes de Exportadora de Sal.

Animal Político buscó a Exportadora de Sal, pero no hubo respuesta.

Una empresa de familia

Innovación Integrada SA de CV es una de las múltiples compañías del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú y sus familiares más cercanos.

De acuerdo con su acta constitutiva, cuya copia guarda Animal Político, esta sociedad fue creada el 4 de enero de 2013 en Toluca, Estado de México, y se dedica a múltiples giros relacionados con proveer servicios de “telecomunicaciones” y “tecnologías de la información”.

Los fundadores de Innovación Integrada SA de CV son el propio Juan Armando Hinojosa Cantú y su socio Alberto del Moral González, quien tal y como consta en su perfil de Facebook y en múltiples notas de revistas de sociedad, es pareja sentimental de María Teresa Hinojosa García; una de las dos hijas de Juan Armando Hinojosa.

Un mes después de la fundación Innovación Integrada SA de CV, el 15 de febrero de 2013, tanto Hinojosa Cantú como Alberto del Moral cedieron sus acciones a otras dos personas. Pero no formalizaron este cambio ante el Registro Público de Comercio hasta más de cuatro años después, el dos de junio de 2017.

A pesar de la venta de acciones de Juan Armando Hinojosa, su familia mantuvo la presencia en la compañía a través de María Teresa Hinojosa García, quien ocupa el cargo de comisaria en la misma. ‘Maritere’ Hinojosa es la encargada de vigilar el correcto funcionamiento financiero de esta sociedad.

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Cómo es la pobreza en el multimillonario Qatar, uno de los países más ricos del mundo

En este pequeño estado, con algunos de los residentes más pudientes del mundo, se habla poco de la pobreza y los extranjeros que la padecen.
30 de noviembre, 2022
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Ver pobreza y hablar sobre ella no es asunto fácil en Qatar.

Algunos de los que acceden a hablar al respecto eligen con cuidado sus palabras porque es un tema “complicado con el que hay que protegerse porque las autoridades intentan controlar”, le dice a BBC Mundo un taxista pakistaní que prefiere mantenerse bajo anonimato.

Qatar, uno de los países más ricos del mundo, no está libre de pobreza. Y si no se habla lo suficiente de ella es también por lo oculta a la vista que puede resultar.

Parte de los extranjeros que la experimentan viven en barrios aislados y peor comunicados, lejos de las zonas frecuentadas por turistas y aficionados.

Gracias principalmente al dinero del gas y el petróleo, Qatar cuenta con un producto interno bruto de US$180.000 millones que ha atraído a cientos de miles de migrantes para poder invertir en construcciones enormes en el desierto.

Qatar tiene alrededor de tres millones de habitantes. De ese total, solo 350.000 (un 10% de la población) son qataríes. El resto son extranjeros. Qataríes y expatriados occidentales cuentan con altos salarios y grandes beneficios sociales.

Según las estadísticas oficiales, Qatar eliminó virtualmente la pobreza, aunque hay otra realidad distinta para muchos migrantes del sudeste asiático.

“Muchos de los que vienen de países como India, Nepal, Bangladesh o Pakistán no tienen cualificación y apenas hablan inglés. Aunque aquí tienen mejores estándares de vida que en sus países de origen, una parte importante vive con lo justo, bajo salario mínimo y compartiendo una habitación de seis para mandar dinero a sus países”, cuenta el taxista pakistaní.

Logo de la Copa del Mundo con la vista de rascacielos de Doha al fondo.

Reuters
Las condiciones de los trabajadores de la construcción en Qatar ha sido un tema controvertido, aunque el país insiste en sus avances para mejorar la vida de esos trabajadores.

Tratamiento desigual

En un país donde qataríes y expatriados occidentales pueden ganar varias decenas de miles de dólares al año más beneficios, muchos empleados sin cualificar no tienen mayor paga asegurada que la del salario mínimo mensual, apenas US$275.

Qatar se convirtió en 2020 en el primer país árabe en abolir en efecto el controvertido sistema kafala (patrocinio en árabe) y el segundo en establecer un salario mínimo para todos los trabajadores independientemente de su nacionalidad después de Kuwait.

Cuando el kafala estaba vigente, si un empleado cambiaba de trabajo sin autorización, por ejemplo, podía enfrentar cargos penales, arresto y deportación.

Los empleadores a veces confiscaban el pasaporte de sus empleados, forzándolos en la práctica a permanecer de forma indefinida en el país.

Muchos migrantes también debían pagar una tasa de contratación a sus reclutadores de entre US$500 y US$3.500 antes de abandonar sus países.

Para ello, la mayoría tuvo que recurrir a préstamos con intereses que les dejó en posiciones vulnerables.

Como parte de su regulación en materia de derechos laborales, Qatar también promulgó una ley que permitía a los trabajadores que habían completado sus contratos cambiar de trabajo libremente e impuso multas a las empresas que confiscaban pasaportes a empleados.

Trabajadores en el estadio de Al Bayt en Qatar.

AFP via Getty Images
De acuerdo a la OIT, Qatar subestima el número de trabajadores muertos en la construcción de estadios.

Pero a pesar de los progresos, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) insisten en que “los trabajadores migrantes aún dependen de sus empleadores para facilitar la entrada, la residencia y el empleo en el país, lo que significa que los empleadores son responsables de solicitar, renovar y cancelar sus permisos de residencia y trabajo”.

“Los trabajadores pueden quedarse sin documentos por causas ajenas a ellos cuando los empleadores no cumplen con dichos procesos, y son ellos, no sus empleadores, quienes sufren las consecuencias”, dice este informe de HRW de 2020.

El año pasado, HRW señaló que los trabajadores extranjeros todavía sufren “deducciones salariales punitivas e ilegales” y enfrentan “meses de salarios impagos por largas horas de trabajo agotador”.

Y según Amnistía Internacional, las empresas aún presionan a los trabajadores para evitar que cambien de trabajo.

Un portavoz del gobierno de Qatar le dijo a la BBC que las reformas implementadas por el país están mejorando las condiciones laborales para la mayoría de los trabajadores extranjeros.

“Se ha logrado un progreso significativo para garantizar que las reformas se implementen de manera efectiva”, dijo el vocero.

“El número de empresas que incumplen las reglas seguirá disminuyendo a medida que se implementen las medidas de cumplimiento”, aseguró.

Copa del Mundo

Qatar construyó siete estadios para el Mundial, además de un nuevo aeropuerto, metro, calles y alojamientos.

La sede de la final, el Estadio Lusail, se encuentra en la ciudad del mismo nombre que prácticamente fue construida en los últimos cinco años.

Según el gobierno de Qatar, 30.000 trabajadores extranjeros fueron contratados para construir los estadios. La mayoría vinieron de Bangladesh, India, Nepal y Filipinas.

La cifra sobre el número de esos migrantes que murieron durante la preparación del Mundial es tema polémico y divisorio.

Funeral en Nepal de un trabajador fallecido en la construcción de estadios en Qatar.

BBC
Funeral en Nepal de un trabajador fallecido en la construcción de estadios en Qatar.

Basándose en informaciones de las embajadas en Qatar, el periódico británico The Guardian reportó que 6.500 trabajadores de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron en Qatar desde 2010, cuando se le otorgó la sede del Mundial.

Pero Qatar condena tal cifra como engañosa e imprecisa, porque no todas esas muertes registradas son de trabajadores de proyectos vinculados a la Copa del Mundo y muchos pudieron haber muerto de vejez u otras causas naturales.

Qatar dice que en sus registros entre 2014 y 2020 hubo 37 muertes de trabajadores de la construcción de estadios y que solo la causa de tres de ellos estaba “relacionada al trabajo”.

Pero la Organización Internacional de Trabajo (OIT) dice que ese número no muestra toda la realidad, ya que Qatar no cuenta como vinculadas al trabajo las muertes por ataques cardíacos o insuficiencia respiratoria, síntomas comunes de insolación y cargas pesadas bajo altas temperaturas.

Según la OIT, 50 trabajadores extranjeros murieron y más de 500 resultaron gravemente heridos solo en 2021, mientras que otros 37.600 sufrieron lesiones leves a moderadas.

El servicio árabe de la BBC también ha reunido evidencia de que el gobierno de Qatar subestima las muertes entre los trabajadores extranjeros.

Tras la presión internacional por el trato a los trabajadores de los estadios y como parte de sus medidas de mejora, Qatar construyó Labour City (la ciudad del trabajo), un campo para acoger a muchos de estos migrantes.

Pero dicha instalación, para la que se destinaron cientos de millones de dólares, está fuertemente restringida para la prensa aquí en Qatar y ha sido criticada por su localización, en las afueras de Doha y lejos del lujo que aparece en las pantallas de televisión durante la cita mundialista.

*Reporte adicional de José Carlos Cueto, enviado especial de BBC News Mundo a Qatar.

Qatar 2022

BBC

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