Si el gobierno tuviera vergüenza analizaría todas las líneas de investigación: padres de normalistas

Familiares de los 43 desaparecidos reclaman falta de avances en las investigaciones. A tres años de la desaparición aseguran que no permitirán un carpetazo del caso y que el gobierno evade la investigación sobre la participación de policías y la responsabilidad de políticos.

Ayotzinapa
Padres de los 43 dicen no descansarán hasta saber la verdad. Cuartoscuro

A más de tres años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa las familias no tienen certeza sobre el paradero de sus hijos, aún hay dos sobrevivientes con secuelas físicas por las heridas, y una “verdad histórica sin sustento científico”. Pese a ello, el gobierno quiere dar carpetazo al caso, advierten padres de los jóvenes desaparecidos.

“Si el gobierno de verdad tuvieran un poquito de vergüenza, investigarían los nombres que les dieron los expertos internacionales: los tres policías federales, los nueve policías de Huitzuco, a exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, al exgobernador, Ángel Aguirre, al Ejército, pero no quieren tocar las otras líneas de investigación. Lo que están queriendo es el famoso carpetazo, pero no lo vamos a permitir”, asegura Mario González, padre del normalista César Manuel González.

El gobierno federal insiste en la teoría sobre la incineración de los cuerpos en el basurero de del municipio de Cocula, Guerrero. Por eso, dice Mario González, la PGR presenta a cada detenido “menor” como si fuera el autor intelectual, como es el caso de Erick Uriel “N”, aprehendido el lunes 12 de marzo, y evade la investigación sobre la participación de policías y la responsabilidad de políticos.

Por ello, durante la presentación del informe “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”, coordinado por Fundar, Centro de Análisis e información, los padres afirmaron que continuarán con las movilizaciones pese al dolor que significa no saber qué ha sido de sus hijos en los últimos 41 meses.

Durante el acto, Mario Patrón, director del centro de derechos humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, aseguró que al insistir en la “verdad histórica” –en la que supuestamente los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado– sólo es una estrategia del gobierno Federal por “administrar el caso” y un atentado contra las familias porque en realidad de trata de una “mentira histórica”.

El activista dijo que el informe presentado este miércoles 14 de marzo no fue aceptado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto porque “no está dispuesto a asumir los costos de esa mentira”, ni tampoco a poner en el centro a las víctimas, como lo recomendaron los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Atender dichas recomendaciones, dijo Mario Patrón, significaría “el compromiso de asumir que hay pactos de impunidad y silencio y redes ilícitas de poder que se tendrían que desentrañar y salir a la luz, por eso el gobierno no lo hace”.

Sin embargo, los padres siguen teniendo la misma petición al gobierno federal desde el 26 de septiembre de 2014, cuando sus hijos desaparecieron: “sólo les pedimos la verdad porque ya no tenemos vida. Nos vamos muriendo poco a poco”, dijo Hilda Hernández, madre de César Manuel González.

Aunque para Haydeé Pérez Garrido, directora de Fundar, “el Estado evidencia su falta de voluntad política para cumplir con las recomendaciones del GIEI y confirma que su única intención sigue siendo administrar políticamente las demandas de verdad y justicia de las madres y padres de Ayotzinapa, así como las miles de víctimas de desaparición forzada de nuestro país”. 

Los sobrevivientes 

Aunque la desaparición de los 43 estudiantes ha sido el centro de atención del caso, hay más víctimas que aún padecen secuelas: los heridos y los jóvenes que también sufrieron el ataque del 26 y 27 de septiembre y pudieron salir con vida, quienes pese al estrés postraumático que presentaban ni siquiera se reconocían como víctimas, dijo Ximena Antillón, coordinadora del informe en el que participaron 11 especialistas más.

El ataque que los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa sufrieron no tenía antecedentes y jamás imaginaron que serían objeto de agresiones de tal intensidad y extrema crueldad. Por eso es que los sobrevivientes experimentaron incredulidad, confusión, choque o pasmo, temor intenso, desesperanza e indefensión frente a las amenazas contra su vida, advierte el informe.

Además del ataque, también se observa una secuencia traumática por la exposición de la imagen de Julio César Mondragón, con signos de tortura y crueldad extrema, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas; el manejo de las investigaciones por las autoridades, la estigmatización y la impunidad que persiste en el caso.

Después de las entrevistas con los jóvenes que permanecen en la normal o que incluso regresaron a sus casas, los especialistas confirmaron que sufrían “culpa del sobreviviente” e impotencia por no haber podido salvar a sus compañeros asesinados y desaparecidos.

Otra situación enfrentan los sobrevivientes que fueron heridos. Edgar Andrés Varga se había desplazado a Iguala para ayudar a sus compañeros que habían sufrido el primer ataque, la noche del 26 de septiembre, pero cuando llegó al cruce de Juan N. Álvarez y Periférico Norte para tranquilizar a otros estudiantes, tomar fotos y preservar las evidencias, fue herido en la cara en un nuevo ataque que lo tomó por sorpresa.

Edgar se ha recuperado lentamente, pero no solamente se siente psicológicamente marcado por la experiencia, sino que la bala que impactó su rostro causó también secuelas físicas que le generan un conflicto frente a su nueva imagen. “La verdad yo nunca voy a estar conforme a como voy a quedar. Como dicen los médicos, ‘como te hizo dios nunca vas a quedar’”, dijo el joven a los especialistas.

Además, la atención que han recibido de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas “ha sido excesivamente burocrática y lenta”, por lo cual su familia ha tenido que resolver los gastos relacionados con el traslado y acompañamiento a Edgar en la Ciudad de México, lo que les ha causado una carga económica mayor.

En tanto, Aldo Gutiérrez, se encuentra en estado vegetativo debido a la herida de bala que recibió en la cabeza. En el hospital requiere de atención en salud altamente especializada y cuidados permanentes por parte de la familia.

De ahí que la familia ha vivido una “sobrecarga de tareas”, porque tiene que viajar constantemente desde Ayutla a la Ciudad de México, donde se encuentra internado. Y aunque han solicitado su traslado a su casa, ninguna autoridad lo ha hecho.

El cuidado de  Aldo ha sido la tarea más importante para la familia desde septiembre de 2014, lo que, según las especialistas, ha sido una forma de afronta esa situación traumática, dolorosa y desgastante. Sin embargo, esto no impide que a lo largo de estos dos años se manifiesten impactos psicosociales en la familia relacionados con el desgaste que implica la tensión entre el rol de cuidadores y seguir adelante con su propia vida.

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