Índice de impunidad crece en 26 de 32 estados del país; solo 4 de cada 100 denuncias tienen resultados
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Cuartoscuro

Índice de impunidad crece en 26 de 32 estados del país; solo 4 de cada 100 denuncias tienen resultados

El informe advierte “colapso” en sistema de justicia de México: hay déficit de jueces, policías y fiscales. 9 de cada 10 delitos ni siquiera se denuncian.
Cuartoscuro
13 de marzo, 2018
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Los índices de impunidad en México siguen en ascenso. En 26 de los 32 estados se agravó el porcentaje de delitos que no se esclarecen y, en promedio, menos del 4 por ciento de las denuncias tiene algún resultado. ¿El motivo? El país tiene la mitad de los policías que como mínimo se necesitan, también hay déficit de fiscales que indaguen delitos, y tenemos cuatro veces menos jueces que el resto del mundo, entre otras cosas.

Los resultados del Índice Global de Impunidad México 2018 que se presentan hoy, muestran datos contundentes: 93 de cada 100 delitos que se cometen en el país ni siquiera se denuncian. Y en la minoría de los ilícitos que se sí reportan ante un Ministerio Público, las investigaciones no llegan, casi nunca, a una sentencia contra los implicados

El estudio, elaborado por cuarto año consecutivo por la Universidad de las Américas de Puebla(UDLAP) utiliza 32 variables relacionadas con la eficiencia y la estructura del sistema de justicia, para calcular un indicador de impunidad tanto a nivel internacional, así como nacional y por estado.

El índice de impunidad promedio nacional es de 69.84 puntos, un incremento respecto al año pasado que era de 67.42 puntos. Esto coloca a México como el cuarto país a nivel mundial con mayor impunidad y el peor del continente americano.

En 2016, año que toma como base el estudio para medir los resultados de la investigación de los delitos se identifica, de entrada, que el 93.7 por ciento de los delitos no se denuncian y por lo tanto quedan impunes de forma automática.

Pero en cuanto a los que sí se denuncian, el resultado tampoco es tan distinto.

En 2016 se abrieron un millón 532 mil 313 averiguaciones y carpetas de investigación en las agencias del Ministerio Público de todo el país por denuncias de algún delito. En ese mismo lapso 172 mil 695  carpetas fueron consignadas/judicializadas ante un juez penal y hubo 54 mil 818 sentencias (contando condenatorias y absolutorios).

Lo anterior significa que apenas en el 11 por ciento de los delitos que sí se denuncian (y que de por si son minoría) terminan con una investigación que es enviada ante el juez, y menos del 4 por ciento de ellos finaliza con alguna sentencia, es decir, con algún resultado.

“Nuestro país vive un momento crítico, producto del profundo deterioro en el desempeño de las insti­tuciones de seguridad y justicia (…) El nuevo Índice Global no sólo confirma los resultados presentados por la versión publicada en 2016, muestra además que, al hacer caso omiso de nuestras recomendaciones, las autoridades permi­tieron que el nivel de impunidad estatal aumentara en –prácticamente– todo el país” indica el estudio.

Un cáncer que se extiende

La impunidad es un problema que se generaliza en todo el país y va en crecimiento. En 26 de los 32 estados creció el índice de impunidad que mide el estudio y, de acuerdo con una escala elaborada por los autores del mismo, con excepción de Campeche y Ciudad de México todos los demás estados se encuentran en condiciones de alta o muy alta impunidad.

“Mientras que en 2016 un total de trece estados se ubicaban en niveles muy altos de impunidad y seis en impunidad baja o media, en 2018 el grupo con el peor desempeño aumenta hasta dieciséis estados y solamente dos casos se encuentran en impunidad baja o media”

La situación más crítica es la del estado de México con un índice de impunidad de 80.06 puntos, cuatro puntos más respecto a la medición pasada que era de 76.48 puntos, y prácticamente 11 puntos por encima del promedio nacional.

En el estado de México se iniciaron en 2016, un total de 202 mil 205 carpetas de investigación por cualquier delio. En ese mismo lapso 16 mil 863 carpetas fueron consignadas, que equivale l 8.33 por ciento de las iniciadas, mientras que se dictaron mil 209 sentencias, apenas un 0.59 por ciento respecto al total de casos iniciados.

En resumen, de cada 200 denuncias en el estado de México apenas una termina en una sentencia condenatoria.

“Esto habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos pero también de problemas estructurales. No cuenta con suficientes jueces y magistrados, además de que se redujo su estado de fuerza policial. Finalmente, es la segunda entidad con la mayor cifra negra (delitos no denunciados) del país” indica el estudio.

Luego del estado de México, los otro nueve estados dentro de los 10 que tienen los índices de impunidad más altos son Tamaulipas (78.88), Baja California (78.08), Coahuila (77.88), Quintana Roo (77.33),  Guerrero (76.08), Aguascalientes (75.85), Veracruz (75.62), Puebla (75.59) y Oaxaca (75.12).

El informe destaca el caso de ocho estados en donde el índice de impunidad creció más de cinco puntos, lo cual califica como muy grave. Se trata de Aguascalientes (+7.48 puntos), Tlaxcala (+7.37 puntos), Nayarit (+6.65 puntos), Puebla (+6.4 puntos), Chiapas (+5.68 puntos), Guanajuato (+5.66 puntos), y Tamaulipas (+5.49 puntos).

En contraparte solo hubo seis estados en donde se registró un descenso en el índice de impunidad: Morelos, Campeche, Colima, Michoacán, Querétaro y Yucatán.

“Los resultados anteriores nos llevan a una media nacional de impunidad, en 69.84, que es lejana a la media internacional estimada para el índice global de impunidad, que se encuentra en 55.3; adicional­mente, el máximo entre las entidades alcanza el 80.063 mientras que a nivel global tenemos un máximo de 74.6. De la misma manera, el mínimo en México alcanza apenas el 45.068 mientras que a nivel global esta cifra baja hasta 36” indica el análisis.

Al borde del colapso

El Índice Global de Impunidad México 2018 advierte que el sistema de justicia en México se encuentra al borde del “colapso”. Mientras que a nivel internacional existe un promedio de 16 jueces por cada cien mil habitantes, en México el promedio es de 3.9 jueces, es decir cuatro veces menos.

De ahí que haya estados, señala el informe, que en términos prácticos “no tienen un sistema de justicia”. Los casos más críticos son Puebla con un promedio de 1.5 jueces por cada cien mil habitantes; estado de México con 2.32 jueces; Hidalgo con 2.5; Nuevo León con 2.56; Baja California con 2.73; Coahuila con 2.74; Tlaxcala con 2.82; Yucatán con 2.97; Tamaulipas con 3.08; Michoacán con 3.2; Sonora con 3.31 y Aguascalientes con un promedio de 3.34 jueces por cada cien mil habitantes.

En policías estatales también existe un déficit grave pues prácticamente hay menos de la mitad de los que se necesitan, según el Modelo Óptimo de Función Policial elaborado por el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública,

“Salvo la Ciudad de México (4.2) y Tabasco (1.8), todos los estados de la República se encuentran por debajo del estándar nacional de policías estatales con resultado aprobatorio de la evaluación de control de confianza. El estado real de fuerza operativo es de 120,001 policías estatales. México nece­sita un estado de fuerza real operativo de policías estatales de al menos 235,944 elementos” indica el estudio.

Y a México también le falta personal que investigue los delitos. En los últimos dos años el promedio de agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes cayó de 33.9 a 31.1; mientras que la tasa de policías de investigación (ministeriales) bajó de 5.31 a 4.97 solamente.

Las entidades con el menor número de agencias del Ministerio Público por cada cien mil habitan­tes son: Estado de México  con apenas 1.01 por cada cien mil personas, Tlaxcala con 1.25, Yucatán  con 1.27, Puebla con 1.73, Baja California con 1.98, Quintana Roo con 2.03, Ciudad de México con 2.27,  Querétaro con 2.29, Sonora con 2.34 y Aguascalientes con 2.49.

“Los ministerios públicos estatales están sufriendo un deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de los delitos y de la población en el país.” Indica el análisis.

Piden a candidatos acciones, no palabras

Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas (UDLAP), hizo un llamado a los candidatos a la presidencia para que asumen el compromiso de combatir la impunidad en México, pero con acciones y estrategias concretas y no solo con promesas de campaña.

Los resultados del informe, explica Derbez en la introducción del mismo, ponen en evidencia que hasta ahora las autoridades han hecho caso omiso a esta problemática pues el “deterioro” del sistema de justicia no ha hecho más que profundizarse en los últimos años. Y aunque el tema de “impunidad” ha sido referido por los candidatos, el exhorto es para que no se quede solo en promesas electorales.

“Hace­mos un llamado a quienes hoy compiten en la elección presidencial 2018 para que, a lo largo de la cam­paña política –que iniciará el 31 de marzo–, propongan acciones concretas para eliminar la impunidad en el periodo 2018-2024” indica Derbez en el estudio.

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El caso de Antonia Barra, la joven de 21 años que se suicidó tras ser violada y que estremece a Chile

A mediados de septiembre, Antonia Barra, de 21 años, fue violada. Tres semanas después, se suicidó. El fallo, que descartó la prisión preventiva del acusado, ha desatado indignación en Chile.
23 de julio, 2020
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Antonia Barra

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Antonia Barra fue violada en la mañana del 18 de septiembre de 2019. Un mes después, se suicidó.

Antonia Barra no llegó a conocer al colectivo feminista Las Tesis, pero este miércoles su grito iba dedicado a ella.

Ni la pandemia global ni la distancia social pudieron impedir que miles de mujeres salieran a las calles de varias ciudades de Chile a corear el famoso himno feminista “¡El violador eres tú!”, dar cacerolazos, hacer barricadas y manifestarse con la misma consigna: justicia para Antonia.

El caso de Antonia lleva tiempo haciendo ruido en los medios chilenos, pero este miércoles la indignación creció aún más tras saberse que el juez, que acreditó la violación, ordenó sin embargo el arresto domiciliario del acusado, Martín Pradenas, pero no su prisión preventiva.

La joven fue violada a mediados de septiembre pasado. Casi un mes después, se suicidó. Tenía 21 años.

El rechazo a la prisión preventiva de Pradenas, de 28 años, se argumentó en que no había pruebas suficientes que evidenciaran el delito y en la buena conducta del acusado, investigado por cinco casos de abuso sexual y violación a otras jóvenes.

“La chispa que enciende la movilización ciudadana, porque se entiende que esto es una instancia en medio de un proceso judicial, no su sentencia definitiva, es el argumento del juez, que resulta indignante y que no se hace cargo de la gravedad del caso“, le cuenta a BBC Mundo desde Santiago de Chile la periodista Paula Molina.

Además, el juez del caso, Federico Gutiérrez, definió que dos de las cinco acusaciones -ocurridas entre 2010 (a una joven de 16) y 2014 (a otra de 19 años)- están prescritas. En Chile, este tipo de delitos prescriben transcurridos cinco años.

“Eso es algo que indigna porque sabemos que a las víctimas les toma muchos años denunciar. Al mandar a prescripción lo que denuncian hace que todo el proceso sea inútil. Además, resulta difícil de entender cuando parece existir un continuo de delitos similares, como se denuncia en este caso”, explica Molina.

Durante la audiencia judicial, que fue transmitida en vivo, se emitió un video de Antonia y Martín, que después se publicó en la televisión nacional, en el que se ve cómo él tira de ella mientras caminan.

“Al ver el video donde aparece el acusado junto a la víctima, que va a ser violada y que se va a quitar la vida, el juez dice: ‘Yo solo veo a una pareja caminando’. Es una señal muy potente de cómo la justicia chilena no ve o elige no ver lo que ocurre en estos delitos“, explica Molina.

El Poder Judicial transmitió la audiencia en directo.

Poder Judicial
El Poder Judicial transmitió la audiencia en vivo. A la izda., el juez Federico Gutiérrez.

Pradenas contó en un video de YouTube publicado el 17 de julio que en las imágenes que distribuyeron “se puede ver cómo con Antonia nos damos besos, abrazamos, y después nos vamos como personas normales”.

Meses antes había confirmado que tuvieron relaciones sexuales, pero dijo que fueron consensuadas.

El padre de Antonia, Alejandro Barra, no pierde la esperanza.

“Seguimos adelante. Lo importante es que el delito de mi hija ha sido considerado y trabajaremos para que en el caso sea juzgado como corresponde este individuo”, añadió Barra.

El juicio comenzó el martes 21 de julio. El juzgado estableció 120 días para la investigación de los hechos.

¿Qué se sabe sobre el caso de Antonia Barra?

En la mañana del 18 de septiembre de 2019 Antonia Barra despertó en una cabaña (un alojamiento turístico) en Pucón, en el sur de Chile. Pradenas yacía sobre ella. Después de gritarle que se apartara, se vistió y se fue.

Había viajado a esa ciudad junto a su amiga Consuelo y su novio, con quienes fue a una discoteca. Allí habría comenzado el acoso de Pradenas, registrado en las cámaras de seguridad.

Los mensajes de texto y audio que la joven mandó a varios amigos por WhatsApp y que fueron publicados por la Fiscalía dan cuenta de su relato.

Antonia Barra

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Antonia guardó silencio durante casi un mes por miedo a la reacción de sus padres, según su propio relato.

En ellos cuenta que fue violada por Pradenas y que no quiso denunciarlo por miedo a la reacción de sus padres.

Antonia guardó silencio hasta el 12 de octubre de 2019. Ese día llamó por teléfono a su exnovio, Rodrigo Canario, y relató la agresión sexual que había sufrido. Él la insultó y, además, grabó la llamada y la reenvió.

Un día después, ella le mandó un mensaje de despedida. Después se quitó la vida.

“Hastío”

El caso de Antonia Barra ocurre en medio del estallido social que se inició el 18 de octubre del año pasado y que ha tenido una repercusión especial. “Hay un hastío con lo que se percibe como abusos en general en la sociedad chilena”, dice Molina.

“En esa reacción inmediata, intensa, a lo que se planteó en la audiencia del juicio hubo esa sensación en mucha gente. De alguna manera, es como la misma pulsión del 18 de octubre y de las últimas manifestaciones que hemos vivido. Hay muchas personas que no están dispuestas a callar cuando consideran que algo es injusto“.

La periodista chilena considera que el caso de Antonia Barra pone de relieve que “existe la percepción de que el acoso sexual a las mujeres es una cuestión muy generalizada en Chile”.

Mujeres en Santiago de Chile coreografiando "Un violador en tu camino". Diciembre de 2019.

JAVIER TORRES/Getty Images
Mujeres en Santiago de Chile coreografiando “Un violador en tu camino”.

“Precisamente un día antes de la audiencia judicial se publicó una radiografía del acoso en Chile donde se decía que más del 90 por ciento de las mujeres vive situación de acoso de distinto tipo en el país. Eso crea una identificación de parte de muchas mujeres con las víctimas”, añade Molina, que se refiere a una encuesta nacional en la que participaron más de 1.200 mujeres.

Pero el contexto de la fuerza actual del movimiento feminista en Chile también influye.

“Precisamente, la última gran manifestación antes de la pandemia fue la del 8 de marzo, y no solo hubo activistas o militantes, sino mujeres que, pensando distinto en muchos temas, coinciden en que es momento de que las mujeres reivindiquen la total igualdad de derechos. Eso también ha movilizado una toma de conciencia en muchas mujeres“, opina la colaboradora de BBC Mundo.

“También en otros países hay una sensación generalizada de que en los procesos judiciales todo el peso de la prueba recae sobre las mujeres, y de que el mismo proceso judicial revictimiza a las mujeres y las cuestiona de una manera que no se condice con la agresión que denuncian”.


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