Índice de impunidad crece en 26 de 32 estados del país; solo 4 de cada 100 denuncias tienen resultados
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Índice de impunidad crece en 26 de 32 estados del país; solo 4 de cada 100 denuncias tienen resultados

El informe advierte “colapso” en sistema de justicia de México: hay déficit de jueces, policías y fiscales. 9 de cada 10 delitos ni siquiera se denuncian.
Cuartoscuro
13 de marzo, 2018
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Los índices de impunidad en México siguen en ascenso. En 26 de los 32 estados se agravó el porcentaje de delitos que no se esclarecen y, en promedio, menos del 4 por ciento de las denuncias tiene algún resultado. ¿El motivo? El país tiene la mitad de los policías que como mínimo se necesitan, también hay déficit de fiscales que indaguen delitos, y tenemos cuatro veces menos jueces que el resto del mundo, entre otras cosas.

Los resultados del Índice Global de Impunidad México 2018 que se presentan hoy, muestran datos contundentes: 93 de cada 100 delitos que se cometen en el país ni siquiera se denuncian. Y en la minoría de los ilícitos que se sí reportan ante un Ministerio Público, las investigaciones no llegan, casi nunca, a una sentencia contra los implicados

El estudio, elaborado por cuarto año consecutivo por la Universidad de las Américas de Puebla(UDLAP) utiliza 32 variables relacionadas con la eficiencia y la estructura del sistema de justicia, para calcular un indicador de impunidad tanto a nivel internacional, así como nacional y por estado.

El índice de impunidad promedio nacional es de 69.84 puntos, un incremento respecto al año pasado que era de 67.42 puntos. Esto coloca a México como el cuarto país a nivel mundial con mayor impunidad y el peor del continente americano.

En 2016, año que toma como base el estudio para medir los resultados de la investigación de los delitos se identifica, de entrada, que el 93.7 por ciento de los delitos no se denuncian y por lo tanto quedan impunes de forma automática.

Pero en cuanto a los que sí se denuncian, el resultado tampoco es tan distinto.

En 2016 se abrieron un millón 532 mil 313 averiguaciones y carpetas de investigación en las agencias del Ministerio Público de todo el país por denuncias de algún delito. En ese mismo lapso 172 mil 695  carpetas fueron consignadas/judicializadas ante un juez penal y hubo 54 mil 818 sentencias (contando condenatorias y absolutorios).

Lo anterior significa que apenas en el 11 por ciento de los delitos que sí se denuncian (y que de por si son minoría) terminan con una investigación que es enviada ante el juez, y menos del 4 por ciento de ellos finaliza con alguna sentencia, es decir, con algún resultado.

“Nuestro país vive un momento crítico, producto del profundo deterioro en el desempeño de las insti­tuciones de seguridad y justicia (…) El nuevo Índice Global no sólo confirma los resultados presentados por la versión publicada en 2016, muestra además que, al hacer caso omiso de nuestras recomendaciones, las autoridades permi­tieron que el nivel de impunidad estatal aumentara en –prácticamente– todo el país” indica el estudio.

Un cáncer que se extiende

La impunidad es un problema que se generaliza en todo el país y va en crecimiento. En 26 de los 32 estados creció el índice de impunidad que mide el estudio y, de acuerdo con una escala elaborada por los autores del mismo, con excepción de Campeche y Ciudad de México todos los demás estados se encuentran en condiciones de alta o muy alta impunidad.

“Mientras que en 2016 un total de trece estados se ubicaban en niveles muy altos de impunidad y seis en impunidad baja o media, en 2018 el grupo con el peor desempeño aumenta hasta dieciséis estados y solamente dos casos se encuentran en impunidad baja o media”

La situación más crítica es la del estado de México con un índice de impunidad de 80.06 puntos, cuatro puntos más respecto a la medición pasada que era de 76.48 puntos, y prácticamente 11 puntos por encima del promedio nacional.

En el estado de México se iniciaron en 2016, un total de 202 mil 205 carpetas de investigación por cualquier delio. En ese mismo lapso 16 mil 863 carpetas fueron consignadas, que equivale l 8.33 por ciento de las iniciadas, mientras que se dictaron mil 209 sentencias, apenas un 0.59 por ciento respecto al total de casos iniciados.

En resumen, de cada 200 denuncias en el estado de México apenas una termina en una sentencia condenatoria.

“Esto habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos pero también de problemas estructurales. No cuenta con suficientes jueces y magistrados, además de que se redujo su estado de fuerza policial. Finalmente, es la segunda entidad con la mayor cifra negra (delitos no denunciados) del país” indica el estudio.

Luego del estado de México, los otro nueve estados dentro de los 10 que tienen los índices de impunidad más altos son Tamaulipas (78.88), Baja California (78.08), Coahuila (77.88), Quintana Roo (77.33),  Guerrero (76.08), Aguascalientes (75.85), Veracruz (75.62), Puebla (75.59) y Oaxaca (75.12).

El informe destaca el caso de ocho estados en donde el índice de impunidad creció más de cinco puntos, lo cual califica como muy grave. Se trata de Aguascalientes (+7.48 puntos), Tlaxcala (+7.37 puntos), Nayarit (+6.65 puntos), Puebla (+6.4 puntos), Chiapas (+5.68 puntos), Guanajuato (+5.66 puntos), y Tamaulipas (+5.49 puntos).

En contraparte solo hubo seis estados en donde se registró un descenso en el índice de impunidad: Morelos, Campeche, Colima, Michoacán, Querétaro y Yucatán.

“Los resultados anteriores nos llevan a una media nacional de impunidad, en 69.84, que es lejana a la media internacional estimada para el índice global de impunidad, que se encuentra en 55.3; adicional­mente, el máximo entre las entidades alcanza el 80.063 mientras que a nivel global tenemos un máximo de 74.6. De la misma manera, el mínimo en México alcanza apenas el 45.068 mientras que a nivel global esta cifra baja hasta 36” indica el análisis.

Al borde del colapso

El Índice Global de Impunidad México 2018 advierte que el sistema de justicia en México se encuentra al borde del “colapso”. Mientras que a nivel internacional existe un promedio de 16 jueces por cada cien mil habitantes, en México el promedio es de 3.9 jueces, es decir cuatro veces menos.

De ahí que haya estados, señala el informe, que en términos prácticos “no tienen un sistema de justicia”. Los casos más críticos son Puebla con un promedio de 1.5 jueces por cada cien mil habitantes; estado de México con 2.32 jueces; Hidalgo con 2.5; Nuevo León con 2.56; Baja California con 2.73; Coahuila con 2.74; Tlaxcala con 2.82; Yucatán con 2.97; Tamaulipas con 3.08; Michoacán con 3.2; Sonora con 3.31 y Aguascalientes con un promedio de 3.34 jueces por cada cien mil habitantes.

En policías estatales también existe un déficit grave pues prácticamente hay menos de la mitad de los que se necesitan, según el Modelo Óptimo de Función Policial elaborado por el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública,

“Salvo la Ciudad de México (4.2) y Tabasco (1.8), todos los estados de la República se encuentran por debajo del estándar nacional de policías estatales con resultado aprobatorio de la evaluación de control de confianza. El estado real de fuerza operativo es de 120,001 policías estatales. México nece­sita un estado de fuerza real operativo de policías estatales de al menos 235,944 elementos” indica el estudio.

Y a México también le falta personal que investigue los delitos. En los últimos dos años el promedio de agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes cayó de 33.9 a 31.1; mientras que la tasa de policías de investigación (ministeriales) bajó de 5.31 a 4.97 solamente.

Las entidades con el menor número de agencias del Ministerio Público por cada cien mil habitan­tes son: Estado de México  con apenas 1.01 por cada cien mil personas, Tlaxcala con 1.25, Yucatán  con 1.27, Puebla con 1.73, Baja California con 1.98, Quintana Roo con 2.03, Ciudad de México con 2.27,  Querétaro con 2.29, Sonora con 2.34 y Aguascalientes con 2.49.

“Los ministerios públicos estatales están sufriendo un deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de los delitos y de la población en el país.” Indica el análisis.

Piden a candidatos acciones, no palabras

Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas (UDLAP), hizo un llamado a los candidatos a la presidencia para que asumen el compromiso de combatir la impunidad en México, pero con acciones y estrategias concretas y no solo con promesas de campaña.

Los resultados del informe, explica Derbez en la introducción del mismo, ponen en evidencia que hasta ahora las autoridades han hecho caso omiso a esta problemática pues el “deterioro” del sistema de justicia no ha hecho más que profundizarse en los últimos años. Y aunque el tema de “impunidad” ha sido referido por los candidatos, el exhorto es para que no se quede solo en promesas electorales.

“Hace­mos un llamado a quienes hoy compiten en la elección presidencial 2018 para que, a lo largo de la cam­paña política –que iniciará el 31 de marzo–, propongan acciones concretas para eliminar la impunidad en el periodo 2018-2024” indica Derbez en el estudio.

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El poderoso cardenal y las otras 9 personas que enfrentan un insólito juicio en el Vaticano por malversación

Angelo Becciu, antiguo asesor del Papa, es una de 10 personas que comparecen ante un tribunal acusado de delitos financieros.
27 de julio, 2021
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El cardenal Angelo Becciu es el clérigo de mayor rango que se sienta en el banquillo por presuntos delitos financieros.

Junto a Beccio otras 9 personas enfrentan el juicio que inicia este 27 de julio en el Vaticano por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

El influyente cardenal de 73 años, que niega las acusaciones, fue forzado a dimitir el pasado septiembre, pero mantiene su título.

Las acusaciones están relacionadas a la compra multimillonaria de una propiedad en Londres con fondos de la Iglesia.

Becciu era un cercano asesor del papa Francisco que anteriormente había ocupado un cargo clave en el Secretariado de Estado del Vaticano, que administra las donaciones de la Iglesia.

El cardenal deberá responder preguntas sobre una controvertida inversión en un edificio de lujo en Londres que conllevó pérdidas durante su tiempo a cargo del Secretariado: desde entonces, la transacción ha estado bajo una investigación financiera.

El pago de US$200 millones por un edificio de apartamentos en la elegante avenida Sloane de Londres se hizo con dinero de la Iglesia a través de fondos y compañías en paraísos fiscales, una transacción que el cardenal había defendido en el pasado.

En un comunicado emitido a principios de mes por personas allegadas, el cardenal expresó que era “la víctima de una conspiración” y manifestó su “absoluta inocencia”, informó la agencia AFP.


¿Mayor escrutinio de la Santa Sede?

Análisis de John McManus, experto en temas religiosos de la BBC

Llegar al fondo de la problemática relación entre el Vaticano y sus finanzas se ha convertido en tema central del Vaticano bajo el papa Francisco.

En paralelo con su deseo de convertir a la Iglesia en un santuario donde todos, no importa cuán imperfectos, puedan encontrar un lugar, está su labor para lograr que el Vaticano sea un destino especialmente hostil para aquellos que busquen usarlo para enriquecerse.

Los supuestos crímenes enumerados ahora todavía tienen que ser probados en el tribunal.

Pero el simple hecho de que el Papa estuviera dispuesto al proceso y el juicio de un cardenal que no sólo era un alto miembro de la jerarquía en el Vaticano, sino también un amigo de Francisco, es una señal de su clara intención de que cuando se trata de delitos financieros, está preparado para tomar medidas sin precedentes para limpiar la reputación de la Iglesia.

El riesgo para el Papa, y para la iglesia, es que este juicio abrirá la posible mala gestión de las finanzas de la Santa Sede a un mayor escrutinio público.


Edificio en la avenida Sloane, Londres

Getty Images
El edificio en el que el cardenal Becciu invirtió el dinero del Vaticano queda en la elegante avenida Sloane, de Londres.

Dos antiguos directores de la unidad de inteligencia financiera del Vaticano están entre los diez imputados.

Enfrentan cargos de malversación, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

Una mujer italiana que trabajó para el cardenal Becciu fue acusada de malversación el año pasado.

Se espera que el juicio dure dos meses. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de prisión o multas.


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