Índice de impunidad crece en 26 de 32 estados del país; solo 4 de cada 100 denuncias tienen resultados
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Cuartoscuro

Índice de impunidad crece en 26 de 32 estados del país; solo 4 de cada 100 denuncias tienen resultados

El informe advierte “colapso” en sistema de justicia de México: hay déficit de jueces, policías y fiscales. 9 de cada 10 delitos ni siquiera se denuncian.
Cuartoscuro
13 de marzo, 2018
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Los índices de impunidad en México siguen en ascenso. En 26 de los 32 estados se agravó el porcentaje de delitos que no se esclarecen y, en promedio, menos del 4 por ciento de las denuncias tiene algún resultado. ¿El motivo? El país tiene la mitad de los policías que como mínimo se necesitan, también hay déficit de fiscales que indaguen delitos, y tenemos cuatro veces menos jueces que el resto del mundo, entre otras cosas.

Los resultados del Índice Global de Impunidad México 2018 que se presentan hoy, muestran datos contundentes: 93 de cada 100 delitos que se cometen en el país ni siquiera se denuncian. Y en la minoría de los ilícitos que se sí reportan ante un Ministerio Público, las investigaciones no llegan, casi nunca, a una sentencia contra los implicados

El estudio, elaborado por cuarto año consecutivo por la Universidad de las Américas de Puebla(UDLAP) utiliza 32 variables relacionadas con la eficiencia y la estructura del sistema de justicia, para calcular un indicador de impunidad tanto a nivel internacional, así como nacional y por estado.

El índice de impunidad promedio nacional es de 69.84 puntos, un incremento respecto al año pasado que era de 67.42 puntos. Esto coloca a México como el cuarto país a nivel mundial con mayor impunidad y el peor del continente americano.

En 2016, año que toma como base el estudio para medir los resultados de la investigación de los delitos se identifica, de entrada, que el 93.7 por ciento de los delitos no se denuncian y por lo tanto quedan impunes de forma automática.

Pero en cuanto a los que sí se denuncian, el resultado tampoco es tan distinto.

En 2016 se abrieron un millón 532 mil 313 averiguaciones y carpetas de investigación en las agencias del Ministerio Público de todo el país por denuncias de algún delito. En ese mismo lapso 172 mil 695  carpetas fueron consignadas/judicializadas ante un juez penal y hubo 54 mil 818 sentencias (contando condenatorias y absolutorios).

Lo anterior significa que apenas en el 11 por ciento de los delitos que sí se denuncian (y que de por si son minoría) terminan con una investigación que es enviada ante el juez, y menos del 4 por ciento de ellos finaliza con alguna sentencia, es decir, con algún resultado.

“Nuestro país vive un momento crítico, producto del profundo deterioro en el desempeño de las insti­tuciones de seguridad y justicia (…) El nuevo Índice Global no sólo confirma los resultados presentados por la versión publicada en 2016, muestra además que, al hacer caso omiso de nuestras recomendaciones, las autoridades permi­tieron que el nivel de impunidad estatal aumentara en –prácticamente– todo el país” indica el estudio.

Un cáncer que se extiende

La impunidad es un problema que se generaliza en todo el país y va en crecimiento. En 26 de los 32 estados creció el índice de impunidad que mide el estudio y, de acuerdo con una escala elaborada por los autores del mismo, con excepción de Campeche y Ciudad de México todos los demás estados se encuentran en condiciones de alta o muy alta impunidad.

“Mientras que en 2016 un total de trece estados se ubicaban en niveles muy altos de impunidad y seis en impunidad baja o media, en 2018 el grupo con el peor desempeño aumenta hasta dieciséis estados y solamente dos casos se encuentran en impunidad baja o media”

La situación más crítica es la del estado de México con un índice de impunidad de 80.06 puntos, cuatro puntos más respecto a la medición pasada que era de 76.48 puntos, y prácticamente 11 puntos por encima del promedio nacional.

En el estado de México se iniciaron en 2016, un total de 202 mil 205 carpetas de investigación por cualquier delio. En ese mismo lapso 16 mil 863 carpetas fueron consignadas, que equivale l 8.33 por ciento de las iniciadas, mientras que se dictaron mil 209 sentencias, apenas un 0.59 por ciento respecto al total de casos iniciados.

En resumen, de cada 200 denuncias en el estado de México apenas una termina en una sentencia condenatoria.

“Esto habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos pero también de problemas estructurales. No cuenta con suficientes jueces y magistrados, además de que se redujo su estado de fuerza policial. Finalmente, es la segunda entidad con la mayor cifra negra (delitos no denunciados) del país” indica el estudio.

Luego del estado de México, los otro nueve estados dentro de los 10 que tienen los índices de impunidad más altos son Tamaulipas (78.88), Baja California (78.08), Coahuila (77.88), Quintana Roo (77.33),  Guerrero (76.08), Aguascalientes (75.85), Veracruz (75.62), Puebla (75.59) y Oaxaca (75.12).

El informe destaca el caso de ocho estados en donde el índice de impunidad creció más de cinco puntos, lo cual califica como muy grave. Se trata de Aguascalientes (+7.48 puntos), Tlaxcala (+7.37 puntos), Nayarit (+6.65 puntos), Puebla (+6.4 puntos), Chiapas (+5.68 puntos), Guanajuato (+5.66 puntos), y Tamaulipas (+5.49 puntos).

En contraparte solo hubo seis estados en donde se registró un descenso en el índice de impunidad: Morelos, Campeche, Colima, Michoacán, Querétaro y Yucatán.

“Los resultados anteriores nos llevan a una media nacional de impunidad, en 69.84, que es lejana a la media internacional estimada para el índice global de impunidad, que se encuentra en 55.3; adicional­mente, el máximo entre las entidades alcanza el 80.063 mientras que a nivel global tenemos un máximo de 74.6. De la misma manera, el mínimo en México alcanza apenas el 45.068 mientras que a nivel global esta cifra baja hasta 36” indica el análisis.

Al borde del colapso

El Índice Global de Impunidad México 2018 advierte que el sistema de justicia en México se encuentra al borde del “colapso”. Mientras que a nivel internacional existe un promedio de 16 jueces por cada cien mil habitantes, en México el promedio es de 3.9 jueces, es decir cuatro veces menos.

De ahí que haya estados, señala el informe, que en términos prácticos “no tienen un sistema de justicia”. Los casos más críticos son Puebla con un promedio de 1.5 jueces por cada cien mil habitantes; estado de México con 2.32 jueces; Hidalgo con 2.5; Nuevo León con 2.56; Baja California con 2.73; Coahuila con 2.74; Tlaxcala con 2.82; Yucatán con 2.97; Tamaulipas con 3.08; Michoacán con 3.2; Sonora con 3.31 y Aguascalientes con un promedio de 3.34 jueces por cada cien mil habitantes.

En policías estatales también existe un déficit grave pues prácticamente hay menos de la mitad de los que se necesitan, según el Modelo Óptimo de Función Policial elaborado por el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública,

“Salvo la Ciudad de México (4.2) y Tabasco (1.8), todos los estados de la República se encuentran por debajo del estándar nacional de policías estatales con resultado aprobatorio de la evaluación de control de confianza. El estado real de fuerza operativo es de 120,001 policías estatales. México nece­sita un estado de fuerza real operativo de policías estatales de al menos 235,944 elementos” indica el estudio.

Y a México también le falta personal que investigue los delitos. En los últimos dos años el promedio de agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes cayó de 33.9 a 31.1; mientras que la tasa de policías de investigación (ministeriales) bajó de 5.31 a 4.97 solamente.

Las entidades con el menor número de agencias del Ministerio Público por cada cien mil habitan­tes son: Estado de México  con apenas 1.01 por cada cien mil personas, Tlaxcala con 1.25, Yucatán  con 1.27, Puebla con 1.73, Baja California con 1.98, Quintana Roo con 2.03, Ciudad de México con 2.27,  Querétaro con 2.29, Sonora con 2.34 y Aguascalientes con 2.49.

“Los ministerios públicos estatales están sufriendo un deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de los delitos y de la población en el país.” Indica el análisis.

Piden a candidatos acciones, no palabras

Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas (UDLAP), hizo un llamado a los candidatos a la presidencia para que asumen el compromiso de combatir la impunidad en México, pero con acciones y estrategias concretas y no solo con promesas de campaña.

Los resultados del informe, explica Derbez en la introducción del mismo, ponen en evidencia que hasta ahora las autoridades han hecho caso omiso a esta problemática pues el “deterioro” del sistema de justicia no ha hecho más que profundizarse en los últimos años. Y aunque el tema de “impunidad” ha sido referido por los candidatos, el exhorto es para que no se quede solo en promesas electorales.

“Hace­mos un llamado a quienes hoy compiten en la elección presidencial 2018 para que, a lo largo de la cam­paña política –que iniciará el 31 de marzo–, propongan acciones concretas para eliminar la impunidad en el periodo 2018-2024” indica Derbez en el estudio.

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Roe vs. Wade: el mapa que muestra dónde estará prohibido o restringido abortar en Estados Unidos

Te explicamos qué estados serán los primeros en limitar la interrupción del embarazo ahora que se anuló Roe vs. Wade, en cuáles existe ya legislación que la restringe y cuáles han actuado para fortalecer o ampliar el acceso al aborto.
24 de junio, 2022
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Era la crónica de una muerte anunciada: lo adelantó un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos filtrado el 2 de mayo.

Ahora, revocada Roe vs. Wade, la decisión histórica de 1973 que garantizaba el derecho constitucional al aborto en EE.UU., queda en manos de los estados legislar si la interrupción del embarazo es legal o no y bajo qué circunstancias.

Y muchos ya han puesto en marcha la maquinaria legal para limitar la práctica.

Los primeros que se prevé que prohíban o restrinjan el aborto son los 17 estados señalados en este mapa:

Mapa estados Estados Unidos con leyes gatillo, de activación o desencadenantes para restringir el aborto.

BBC

De estos territorios, 13 tienen listos las llamadas leyes desencadenante ogatillo:

  • Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

Conocidas también como leyes de activación, fueron diseñadas para entrar en vigencia automáticamente o mediante una acción estatal rápida una vez eliminada la protección constitucional.

Y en al menos otros cuatro estados podrían revivir las prohibiciones del aborto anteriores a Roe vs. Wade o tendrían nuevas leyes que no han sido bloqueadas por tribunales:

  • Alabama, Arizona, Florida y Wisconsin.

A eso se suman las legislaciones relacionadas con el fin de la gestación que los estados han ido discutiendo en los últimos años. En total, el Instituto Guttmacher, una organización privada sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, prevé que podrían ser 26 los estados en los que se terminaría eventualmente restringiendo el procedimiento.

Y en aquellos en los que exista más de una ley sobre el tema, serán los funcionarios locales los que decidirán qué prohibición aplicar.

Si todas estas normas estatales terminaran por entrar en vigor, limitarían el aborto a partir de:

  • La concepción: Alabama, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Idaho, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin y Wyoming.
  • La sexta semana: Carolina del Sur, Georgia e Iowa.
  • La semana 13: Arizona, Carolina del Norte y Virginia Occidental.

Estados en los que ya se prohibía

Sin embargo, la existencia de Roe vs. Wade tampoco garantizó que se respetara el acceso al aborto en todo el país.

El precedente legal, que imposibilitaba a los estados prohibir el procedimiento mientras el feto no fuera viable fuera del útero (lo que hoy se considera ocurre alrededor de la semana 23 de embarazo), ya fue desafiado por Texas y Oklahoma con sendas leyes antes de ser invalidado.

Mapa estados Estados Unidos con leyes en vigor para restringir o prohibir el aborto.

BBC

La primera en entrar en vigor fue la de Texas, en septiembre del año pasado.

Desde entonces, la llamada “ley del latido” prohíbe interrumpir la gestación si el doctor puede detectar actividad cardíaca embrionaria o fetal, lo que ocurre usualmente a partir de la sexta semana, un punto en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

No contempla excepciones para los casos de incesto o violación, aunque sí para cuando la vida de la mujer está en peligro, y persigue a quienes practican el aborto, no a quien se somete a él.

Inspirada en esa legislación, Oklahoma aprobó en mayo una aún más restrictiva, la más limitante del país hasta el momento: prohíbe el aborto desde el momento de la fecundación, salvo en casos en los que la vida de la madre esté amenazada o el embarazo sea consecuencia de una violación o del incesto.

Y ahora, con las “leyes gatillo” que ambos estados tienen ya listas, el acceso al aborto quedaría aún más limitado.

Tres excepciones

En las leyes estatales la prohibición no es absoluta y en la mayoría se contemplan excepciones, aunque se limitan a cuando la salud o la vida de la mujer corre riesgo, o a los casos de violación o incesto.

Son salvedades que están actualmente codificadas en la Enmienda Hyde —una disposición legislativa aprobada en 1976 y en vigor desde 1980— como las únicas razones por las que el gobierno federal pagará los abortos a través de Medicaid, el programa a través del cual las personas de menos ingresos reciben servicios de salud.

Manifestantes marchan frente a la Corte Suprema de Estados Unidos para pedir protección al derecho al aborto el 28 de mayo de 2022 en Washington DC.

Getty Images

Ya las contempló en 1959 el American Law Institute, un grupo independiente de juristas, cuando comenzó a redactar una legislación modelo sobre el delito del aborto.

Y han sido apoyadas durante décadas incluso por aquellos que trabajaron para conseguir la revocación de Roe vs. Wade, así como por la mayoría de los estadounidenses (incluidos los de los estados mayoritariamente republicanos), tal como han mostrado año tras año las encuestas.

Sin embargo, estas leyes estatales no hacen excepciones para las víctimas de violación o incesto:

  • Alabama, Arkansas, Dakota del Sur, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misuri, Oklahoma, Ohio, Tennessee y Texas.

El senador estatal que patrocinó la legislación de Arkansas, Jason Rapert, republicano y presidente de la Asociación Nacional de Legisladores Cristianos, dijo que fue su fe lo que lo impulsó a ello.

Mujer con un cartel durante una marcha antiabortista en Dallas, Texas, el 15 de enero de 2022.

Getty Images

Explicó que había escuchado testimonios de víctimas de violación e incesto que expresaron “la angustia mental por la que pasaron cuando lidiaron con el hecho de que terminaron con la vida de su propio bebé” y que ahora se oponen al aborto. “Lo que ha hecho Texas es absolutamente increíble”, dijo Rapert en septiembre refiriéndose a la “ley del latido”.

Por su parte, la legislación de Misisipi —que prohíbe abortar más allá de la semana 15 y a cuyo favor votó la Corte Suprema, invalidando así de facto Roe vs. Wadepermite poner fin a la gestación en casos de violación pero no especifica el incesto.

Y si bien todas las prohibiciones permiten una excepción para salvar la vida de la mujer, solo la de estos estados citan la protección de su salud (“evitar un daño físico severo a la madre”):

  • Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Kentucky, Michigan, Misuri, Virginia Occidental y Wyoming.

Para hacer la salvedad, los estados requerirían que tanto los médicos como los pacientes proporcionen documentación para justificar el procedimiento, en la que se incluya información como la edad gestacional del feto, la indicación de la actividad cardíaca y los registros médicos que atestiguan, como apunta la ley de Oklahoma, “el estado médico” o la condición de la mujer embarazada que impide su cumplimiento.

Protección al aborto

Paralelamente, hay estados que se han movido para fortalecer las protecciones existentes o ampliar el acceso al aborto este año.

Una activista proaborto y una antiabortista fuera de una clínica de Planned Parenthood en la ciudad de Nueva York el 4 de junio de 2022.

Getty Images

De acuerdo al Instituto Guttmacher, estos cuatro estados han codificado el derecho al aborto a lo largo del embarazo sin la interferencia del Estado:

  • Colorado, el Distrito de Columbia, Nueva Jersey y Vermont.

Y 12 explícitamente lo permiten mientras el feto no sea viable fuera del útero o la intervención sea necesaria para proteger la vida o la salud de la embarazada:

  • California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington y la capital federal del país.

Estos continuarían brindando el procedimiento no solo a las mujeres de su jurisdicción, sino a aquellas provenientes de territorios en donde esté prohibido.

Ya entre 2012 y 2017 al menos 276.000 mujeres terminaron sus embarazos fuera de su estado de origen, según un análisis realizado en 2019 por Associated Press en base a datos de informes estatales y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.

Asimismo, representantes de organizaciones con clínicas en Texas le confirmaron a BBC Mundo que desde que la “ley del latido” entró en vigor han tenido que rechazar “cientos, miles de pacientes porque no son elegibles”, mientras los centros de salud que ofrecen servicios de interrupción del embarazo en Nuevo México, Kansas, Colorado, Misuri y Oklahoma han visto un incremento considerable de pacientes texanas.

Según datos recolectados por Planned Parenthood, una organización estadounidense sin ánimo de lucro que ofrece servicios de salud reproductiva, de educación sexual, de planificación familiar y de aborto en EE.UU. y en el mundo, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, el incremento era ya de un 800% en comparación con ese mismo periodo en 2020.

El Instituto Guttmacher calcula que unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían en estados sin acceso al aborto.

Perfil promedio de quien aborta

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en 2019 se llevaron a cabo 630.000 abortos en EE.UU., aunque en base a sus propios cálculos el Instituto Guttmacher asegura que la cifra real se acerca más a los 860.000.

En cuanto al perfil promedio de la mujer que buscó terminar el embarazo, los CDC indican que el 92,8% lo hizo durante el primer trimestre.

Perfil promedio de quien aborta en Estados Unidos

BBC

Según esa misma fuente, mayoría de quienes abortaron no estaban casadas, aunque podían estar viviendo en pareja en el momento en el que se sometieron al procedimiento.

Aproximadamente una de cada 10 mujeres que pusieron fin a la gestación eran adolescentes, aunque la mayoría tenía entre 20 y 30 años.

En torno al 60% había dado a luz antes, y casi el 60 % nunca antes había tenido un aborto.

Gráfico perfil promedio de quien aborta en Estados Unidos

BBC

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