Acusaciones de corrupción entre reinas de la belleza provocan suspensión de Miss Venezuela
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Acusaciones de corrupción entre reinas de la belleza provocan suspensión de Miss Venezuela

La organización del certamen anunció una "revisión interna" después de que surgieran denuncias de que algunas de las participantes se beneficiaban irregularmente de su cercanía a Diego Salazar, el primo encarcelado del expresidente de PDVSA.
AFP
22 de marzo, 2018
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Los organizadores del concurso de belleza Miss Venezuela anunciaron este miércoleslau suspensión temporal del certamen y una revisión total de su funcionamiento y estructura.

El anuncio llegó después de que varias exparticipantes se acusaran unas a las otras en las redes sociales de haberse beneficiado económicamente de su cercanía con altos dirigentes venezolanos.

“Se ha tomado la decisión de iniciar una revisión interna para determinar si algunos de sus relacionados, durante el curso de sus gestiones, ha incurrido en actividades que quebranten los valores y la ética del certamen”, señaló un comunicado el Grupo Cisneros, la empresa que lo organiza.

Hasta que se complete, “tanto los castings de Miss Venezuela como de Mister Venezuela quedarán temporalmente suspendidos”.

El escándalo estalló la semana pasada con acusaciones de antiguas concursantes, como la presentadora Annarella Bono o Hannelly Quintero.

Ambas reprocharon a otras modelos beneficiarse de sus vínculos con Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, el expresidente de PDVSA, la petrolera estatal,.

Salazar está ahora encarcelado en Venezuela acusado de operaciones de lavado de dinero.

Participantes en el concurso Miss Venezuela.
AFP

Algunas misses han acusado a otras de beneficiarse de su cercanía a altos dirigentes venezolanos.

Bono afirmó que algunas de las reinas de la belleza son “enchufadas”, como se refieren en el país sudamericano a quienes se aprovechan de su cercanía a los círculos oficiales.

Quintero difundió una fotografía de un supuesto acto de la “Fundación Diego Salazar” dedicada a la ayuda a la infancia, en la que aparecían Stefanía Fernández y Vanessa Goncalves, vencedoras en los concursos de 2008 y 2010, respectivamente.

“Repartían a los más necesitados y a ellas les llenaban la cuenta en dólares sacados del desangre de PDVSA”, escribió Quintero al pie de la imagen.

Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía venezolana investiga la desviación de fondos de PDVSA en los últimos años.

Quintero sostuvo además que las misses cercanas a Salazar obtuvieron dádivas como autos, apartamentos o lujosos viajes.

Sus comentarios dieron pie a airadas reacciones en las redes de otras misses, que se enzarzaron en comentarios sobre el rédito obtenido de su proximidad a la dirigencia chavista.

Otras concursantes de ediciones anteriores aseguraron que algunas modelos habrían mantenido relaciones sexuales con altos cargos a cambio de favores.

El canal Venevisión y el Grupo Cisneros, que gestionan el concurso, negaron toda relación con las supuestas prácticas irregulares de algunas de sus estrellas. Negaron haber tenido conocimiento de que se hubieran producido.

Una candidata a Miss Venezuela se peina frente al espejo.

AFP
La organización no concretó cuándo el concurso retomará su actividad.

A la espera de que culmine el proceso de revisión previsto, la organización afirmó en el comunicado emitido “se enfocará en la reestructuración del certamen, y reforzará su código de ética, reglas de participación y cada uno de sus controles internos con el fin de asegurar que hechos como los que han sido atribuidos a terceros en redes sociales, no tengan cabida alrededor del concurso”.

Jonathan Blum, presidente de Cisneros Media, que controla el extenso entramado mediático del Grupo Cisneros, dijo a la agencia Efe que no podía concretar cuándo Miss Venezuela volvería a la normalidad.

“Mientras más rápido podamos hacerlo (la revisión), mejor, pero en este momento no puedo decir si son 30 días o si son 5 meses”.

El concurso de belleza Miss Venezuela fue durante muchos años el reflejo de la época de abundancia en que vivió el país en las décadas de 1970 y 1980.

Dotado con un extraordinario presupuesto, era un acontecimiento televisivo enormemente popular y creó la potente industria de la belleza en el país.

Pero en los últimos años, el certamen cayó en la misma crisis en la que se halla sumida Venezuela.

Con menos medios y menos audiencia, la última polémica supone un problema añadido.

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Cuartoscuro

Acompañar abortos no es delito, abortar tampoco debería serlo, responde médica denunciada en Puebla

La médica Aïssata Si enfrenta una demanda de un estudiante de Puebla, por “promover” abortos; ella responde que no le importa que la juzguen por lo que hace, pero espera que se despenalice la interrupción del embarazo en el estado.
Cuartoscuro
14 de abril, 2021
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Cuando Aïssata Si González terminó la carrera de Medicina, una amiga suya tuvo un embarazo no deseado y decidió interrumpirlo. La ayudó a investigar qué tenía que hacer y a tener una receta para comprar el medicamento necesario, misoprostol. Pero ahí se dio cuenta de que quienes ofrecen acompañar abortos suelen ser feministas y no médicas, así que se sintió con la obligación moral de hacer algo.

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Aunque los grupos feministas están reconocidos para hacer esa labor por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), aclara, al toparse con los mitos y desinformación que promueven grupos antiaborto decidió aprovechar su mayor conocimiento de las medicinas y sus efectos para orientar a mujeres, difundir información confiable y desmentir fake news sobre el tema en redes sociales, lo que después se convirtió en la página Medicina por el Derecho a Decidir.

Seis años después y ya dedicada de tiempo completo a auxiliar a entre 25 y 30 mujeres al día, se enfrenta a que un Estudiante de Derecho de Puebla anunció el pasado viernes que las denunció legalmente a ella y a una de las 13 chicas de su red de acompañamiento por “promover” la interrupción del embarazo.

Aïssata dice en entrevista que no le importaría si de verdad pudieran juzgarla por lo que hace; lo que importa es que se discuta que los abortos no deberían ser considerados ilegales. Una discusión que justamente se está llevando en el Congreso del Estado en parlamento abierto (es decir, con participación ciudadana).

La médica explica que la mayoría de los procedimientos se realizan en casa, justo así, con un medicamento y el seguimiento adecuado, y que es absurdo cómo pretenden acusarla, ya que si bien practicar un aborto está criminalizado, dar acompañamiento no.

“La Ley federal dice que se penaliza a quien cause aborto, porque esa ley es de mil novecientos treinta y tantos, cuando los abortos se hacían instrumentados, y esto me lo han dicho muchísimos abogados, pero ¿cómo van a comprobar que una mujer compró las pastillas de misoprostol, se las introdujo y abortó, si no hay evidencia de nada, todo sería circunstancial? Y la siguiente cuestión es, ¿y qué sería ‘causar’ el aborto? Porque si tú agarras las pastillas y tú se las metes en la boca, pues tú lo estás causando; pero si tú solo estás del otro lado de la línea dando una consulta de telemedicina, diciéndoles cuáles son las características de un aborto seguro y cuáles son los datos de alarma, pues ¿qué te pueden hacer?”, señala.

El Código Penal de Puebla castiga actualmente con uno a tres años de prisión a la mujer que tenga un aborto voluntario y “al que hiciere abortar a una mujer”, excepto si el embarazo fue por violación, pone en peligro la vida de la embarazada o el producto tiene graves malformaciones.

Este año ya hay una carpeta de investigación abierta en el Estado por este delito en enero pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Durante 2020 se reportaron 6, una cifra menor al 1% de las 633 registrada en todo el país.

Una investigación publicada recientemente por CIMAC reveló que de 2009 a 2019 fueron sentenciadas 11 mujeres por el delito de aborto, de acuerdo con información entregada vía transparencia por el Tribunal de Justicia del Estado, aunque hubo otras seis mujeres encarceladas por “homicidio en razón de parentesco”, que se castiga con más de 20 años de prisión.

Aïssata asegura que el hecho de que el aborto esté considerado ilegal no ha detenido a ninguna mujer que no quiera tener un hijo a tomar acciones para evitarlo y lo que está pasando en Puebla —donde ya ni siquiera vive— es que están viajando a la Ciudad de México a acceder a abortos legales. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud de la capital, Puebla es la segunda entidad, después del Estado de México, de donde más usuarias acuden a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE): mil 458 mujeres de 2007 a diciembre de 2020.

Lee más: Por qué el derecho de las mujeres al aborto seguro no es algo que necesite consultarse, como dice AMLO

Segunda denuncia en menos de un año

Esta no es la primera vez que un hombre intenta denunciar a mujeres por acompañar procedimientos de interrupción del embarazo. En septiembre pasado, el diputado local de Nuevo León Carlos Leal presentó una iniciativa para castigar la difusión de información sobre el tema y dijo que había denunciado a Vanessa Jiménez, vocera de la red Necesito Abortar.

Pero siete meses después, ella confirma a Animal Político que nunca procedió la supuesta denuncia, ni siquiera fue notificada ni citada porque hubiera algo legal en su contra.

“El delito de aborto aquí en Nuevo León aplica por ejemplo si alguien obligara a abortar a una mujer. Pero brindar información, hablar de los procedimientos de aborto, hablar de los protocolos, entender el funcionamiento de cómo es el misoprostol, pues eso no es delito ni aquí ni en ninguna parte de México”, asegura.

“En este país, a todos nos asiste el derecho de tener la más alta calidad posible en cuanto a derechos de salud se trate, y la información es un derecho básico de todas las personas. Vaya, hablar de aborto, les guste o no, es un derecho”.

En Nuevo León se han presentado tan solo en enero y febrero 20 carpetas de investigación por el delito de aborto, con las mismas excepciones que en Puebla, y ahí se castiga con seis meses a un año de prisión. El año pasado fueron 100 carpetas en la entidad, el 16% del total de denuncias por esta causa en el país. Aunque según la investigación de CIMAC, ninguna ha terminado en condena en más de una década.

Vanessa asegura que las demandas como la que intentan contra Aïssata y hace tiempo contra ella, o en su estado las iniciativas de ley para endurecer las penas que ha presentado Leal, más bien son actos de intimidación y con intenciones de promoción política para ganar notoriedad. Lo que le preocupa es que los medios retomen declaraciones de los grupos antiaborto que en realidad están plagadas de datos falsos.

Por ello, ambas activistas señalan que seguirán adelante en su lucha, primero por dar a conocer información confiable a las mujeres, y segundo, porque finalmente se despenalice el aborto.

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