Ley de Seguridad Interior autoriza uso de fuerzas armadas sin supervisión, alerta ONU-DH

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó estar “preocupado” por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, pues "no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos".

La Ley de Seguridad Interior “autoriza el uso de las fuerzas armadas en actividades de seguridad sin las adecuadas garantías ni supervisión”, señala ONU-DH.
La Ley de Seguridad Interior “autoriza el uso de las fuerzas armadas en actividades de seguridad sin las adecuadas garantías ni supervisión”, señala ONU-DH. Cuartoscuro

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó estar “preocupado” por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en México, y urgió al Estado a crear una Fiscalía General de la República “efectiva e independiente”.

Durante la presentación del informe de actividades de la Oficina de la ONU, Al Hussein señaló que la LSI “autoriza el uso de las fuerzas armadas en actividades de seguridad sin las adecuadas garantías ni supervisión, lo cual no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos.

El Alto Comisionado reconoció al país por la entrada en vigor de las leyes contra la tortura y contra la desaparición forzada, aunque señaló que a ONU-DH le preocupa la sistemática detención de migrantes en el país y su regreso expedito, “socavando seriamente las garantías del debido proceso y el principio de no devolución”.


Al Hussein anunció que en los próximos días emitirá un informe “con elementos sobre la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, ocurrida hace más de tres años”.

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En diciembre de 2017, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Senado, a pesar de que, a través de distintos medios, organizaciones sociales, organismos internacionales, activistas, académicos y ciudadanos expresaron su rechazo a la misma.

La Organización de las Naciones Unidas consideró su aprobación como un “grave riesgo para los derechos humanos en México”.

El organismo internacional dijo haber constatado “cómo la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad no han contribuido a mejorar la situación de seguridad en el país; por el contrario, ha agravado problemáticas como la desaparición de personas, la tortura y los malos tratos, y las ejecuciones extrajudiciales”.

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Además de la ONU, otros organismos que se han pronunciado contra la aprobación de la LSI son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

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