Ante la violencia e impunidad que padece México, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, conminó a las autoridades mexicanas a “asegurar la independencia de la Fiscalía General de la República mediante el nombramiento de un Fiscal General sin vínculos partidistas y con amplio reconocimiento social”.
[contextly_sidebar id=”cGAlW0b9RIZe04ewOGydAOmr9eZiApYq”]En en el reporte presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su sesión 37 de trabajo, que terminó el viernes pasado, Frost también recomendó a México “revisar la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, a fin de asegurar que las tareas de seguridad doméstica queden en manos de corporaciones civiles, debidamente capacitadas y sujetas a mecanismos de responsabilidad ordinarios y no militares”.
Las defensoras de derechos humanos en México enfrentan amenazas particulares de violencia física y homicidios, no sólo por su trabajo como defensoras, sino por su condición de ser mujer, se indicó en otro punto del informe.
“Los homicidios y ejecuciones de defensoras de derechos humanos a menudo se basan en el género”, mencionó Frost
El relator expresó “grave preocupación por el contexto actual de impunidad y violencia en México”, señalando que afecta gravemente a las personas defensoras de derechos humanos y a periodistas.
“El principal obstáculo para la protección de estas personas son las fallas sistemáticas en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos, que resultan en impunidad en la mayoría de los casos”, apuntó Frost.
“Asimismo, la ineficacia en la prevención del delito y en las medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos contribuye al grave entorno de inseguridad que se vive en México. Un nivel continuo y elevado de impunidad legitima los actos de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos, paralizando su labor e interfiriendo con el ejercicio del derecho a defender derechos humanos”, agregó.
El relator especial urgió al gobierno de México a fortalecer sus cuerpos de seguridad y el sistema de procuración de justicia, “no mediante el aumento del número de efectivos o el empleo de fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior, sino mediante la implementación de medidas efectivas para erradicar la corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, las fiscalías, y el poder judicial”.
