A seis meses de los sismos de septiembre pasado que afectaron el centro y sur del país, la información sobre los recursos destinados a la reconstrucción y atención de damnificados, ya sea de recursos públicos como de donaciones privadas, es irregular e incompleta, de acuerdo con un informe realizado por seis organizaciones no gubernamentales para la plataforma #Epicentro.
Los datos, destacan organizaciones como Transparencia Mexicana y Fundar, están incompletos o cambian de un periodo a otro e incluso no concuerdan entre sí, lo que impide confirmar o cruzar datos.
En algunos casos la última actualización se hizo a finales de diciembre pasado, como sucede con la información que la SEP publica sobre daños y reconstrucción en escuelas públicas.
El estudio señala también que en la última actualización de la base de datos sobre apoyos a viviendas, elaborada por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), desapareció la información sobre las cantidades transferidas, las fechas de depósito y el monto del retiro realizado por las y los beneficiarios.
Y aunque el estudio no lo señala, dicha información fue uno de los insumos que permitió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la organización periodística Mexicanos Contra la Corrupción detectar la clonación de tarjetas y cobros indebidos de recursos públicos.
El estudio se divide en tres secciones: primero analiza la información publicada en el portal Fuerza México que puso en línea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte de la plataforma Transparencia Presupuestaria; después se revisan los recursos aportado por partidos políticos, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura; y por último se revisa la información de las donaciones internacionales.
Casi un millón de viviendas dañadas
De acuerdo con la información que se obtuvo para el estudio, los sismo de septiembre dejaron como saldo 955 mil 621 viviendas dañadas, 63% catalogadas como pérdida total y 37% con daño parcial.
El estudio reporta que con base en la información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se han entregado 3 mil 13 millones de pesos, aunque cuando se revisa el dinero que ha sido retirado de las tarjetas la suma de datos reportados es de 3 mil 836 millones.
“Con los riesgos que implica hacer inferencias con información incompleta –dice el estudio—, algunas dudas se presentan: ¿Por qué los montos totales no coincidían en la versión previa de la base de datos, y continúan sin coincidir?, ¿por qué no se conservaron los mismos campos de información para analizar los montos de depósitos y retiros pero ahora en las ocho entidades que presenta la nueva versión de la base de datos? y, sobre todo, ¿cuáles son los criterios para bajar y subir información en la plataforma Fuerza México, y modificar el formato y los campos de información en las distintas bases de datos?”
Y agrega: “La inconsistencia en los campos de información de las diferentes bases de datos no permite conocer si una misma beneficiaria o beneficiario recibió apoyos para vivienda y algún tipo de préstamo. Estos son, entonces, los cruces de información necesarios (…) para conocer si los recursos están llegando a quién realmente los necesita”.
También se señala que muchos de los reportes “no cuentan con detalles de daños, no tienen respaldo fotográfico o fechas de verificación” de los reportes. Y en los casos en los se subieron los dictámenes técnicos más de la mitad de las páginas llevan a páginas de error.
En el caso de la SEP el 44% de las ligas para dictámenes técnicos lleva a una página de error y 18% requieren dos o más intentos para poder ver su contenido; en el caso de la infraestructura a cargo del sector salud el 99% de los casos no cuenta con un dictamen en línea, pero es la Secretaría de Cultura la que de plano no ofrece ni uno solo dictamen ni respaldo fotográfico pues el 100% de sus reportes caen en esa irregularidad.
El reporte también señala que es “importante conocer los diagnósticos definitivos de los diversos sectores, para comprender los criterios de asignación de recursos y la toma de decisiones. Así tal vez se entendería por qué en Ciudad de México, al sector Naval se le autorizaron casi 319 millones de pesos, en tanto que a Veracruz sólo 174 mil pesos. Inclusive, a la Ciudad de México se le autorizaron casi 17 millones más que a Oaxaca y Chiapas juntos en este mismo rubro”.
Más de 2,500 millones de pesos de partidos y SCJN
De acuerdo con la información recabada por el estudio de #Epicentro fueron cinco los partidos políticos que reintegraron o renunciaron al financiamiento público para destinarlo a tareas de reconstrucción.
Entre 2017 y parte de 2018 esos cinco partidos destinaron 410 millones de pesos, siendo el PRI el que aportó la mayor cantidad 258 millones de pesos. Aunque la cifra deberá crecer pues “el PAN informó al INE que aportará 200 millones de pesos en total y que habrá de completarse al finalizar el primer trimestre del año 2018”, en el reporte sólo se consideraron 80 millones de ese instituto político.
La distribución fue de la siguiente manera:
Partido Monto
PRI 258,617,034
PAN 80,000,000*
MC 50,998,015
PVEM 10,563,198
PES 10,203,134
*Cifra parcial
El problema, dice el estudio es que el portal Fuerza México “no se hace mención de estas transferencias”. El estudio agrega: “La transparencia y publicidad en la información de las transferencias de partidos políticos a estos fondos y su ejecución resultan de particular relevancia en el sentido de que puedan servir como inhibidor de una promoción o propaganda partidista en el marco del proceso electoral 2018”.
En la intención de apoyar a los damnificados también se involucró Morena, que creó un Fideicomiso llamado “Por los demás”, a ese instrumento financiero se le van a destinar 103 millones en apoyo a 45 mil damnificados en Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y la Ciudad de México a partir de las donaciones de simpatizantes, militantes y ciudadanos.
El problema es que los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de este fideicomiso no están claramente definidos “ya que no se encuentra evidencia documental sobre los ingresos o egresos del mismo, ni de los criterios o diagnósticos para la selección y entrega de apoyos a las y los beneficiarios”.
En tanto la SCJN y el CJF transfirieron a la SHCP 2,183 millones de pesos derivados de ahorros en diversas áreas a fin de que se canalizaran al Fonden; “sin embargo, tanto esta transferencia como lo reintegrado por los partidos políticos no están publicadas en el portal de Fuerza México”.
Donativos sin rastro
#Epicentro contabilizó un total de 3 mil 117 millones de pesos, 17.6 millones de dólares, 13 mil 194 libras y 500 mil pesos filipinos en donaciones de particulares y organizaciones internacionales.
Pero ese recurso no se ha canalizado al gobierno de México como tal, sino a diversas donatarias o fideicomisos nacionales autorizados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), o a organizaciones o fundaciones internacionales, como Cruz Roja, World Vision México y la Nunciatura Apostólica en México.
“El problema, señala el informe, es que el 32% de los donativos no han especificado a dónde irá el apoyo, ya sea porque están en proceso de diagnóstico, de convocatorias, o porque el donativo fue anunciado, pero no hay información pública que permita saber si se concretó.
“En caso de donaciones internacionales de empresas privadas que anunciaron el apoyo a varios países que sufrieron desastres, en ningún caso se ha informado el desglose del porcentaje o monto destinado para México ni su destino final dentro del país.
“En sólo 4 de 54 de los donativos identificados para la reconstrucción se plantea llevar a cabo auditorías específicas por parte de despachos externos o comités técnicos para verificar la situación financiera y los resultados de los proyectos seleccionados.
De acuerdo con la información del SAT las donatarias y/o fideicomisos que recibieron la mayor cantidad de donativos fueron la Fundación Carlos Slim, Cruz Roja Mexicana, Fundación BBVA Bancomer, Fomento Social Banamex A.C. y Fideicomiso Fuerza México. Estas cinco donatarias, de un total de 591, concentran el 51% de los recursos.
Solo dos donatarias de este grupo han reportado el ejercicio de recursos al mes de febrero de 2018: la Fundación Carlos Slim (cuya cifra en el informe publicado en su página web al 14 de febrero es por 29 millones de pesos, 1.15% del total de donativos recaudados y aportados con recursos propios), y la Fundación BBVA Bancomer con un ejercicio de 10 millones de pesos, 5.08% del total.
El resto de donatarias y fideicomisos de este grupo no ha hecho público el ejercicio de recursos a la fecha ni los ingresos obtenidos por los intereses.
Por ello, piden a la autoridad que solicite a las donatarias que aclaren cuándo se han transferido recursos a otras donatarias; que las donatarias y fideicomisos den a conocer el desglose de lo recaudado, lo donado o multiplicado con recursos propios y si existen ingresos obtenidos de los intereses generados por las donaciones/aportaciones, y que que identifiquen el destino de los recursos y que den a conocer informes sobre el avance físico y financiero de las obras y proyectos ejecutados.
