[contextly_sidebar id=”qZQ9EeSWI08VCKfGX5iXizG933MWsf0c”]Con 53 votos a favor, 15 en contra y una abstención, el Senado aprobó el dictamen por el que se adiciona un artículo a la Ley General de Salud y que contempla la objeción de conciencia, una iniciativa que permite al personal médico y de enfermería negarse a brindar cualquier servicio que vaya en contra de sus valores éticos y morales, como en el caso del aborto y la eutanasia.
De acuerdo con el dictamen aprobado, se permitirá que los profesionales, técnicos, auxiliares y prestadores de servicio social que formen parte del Sistema Nacional de Salud puedan “excusarse de participar y/o cooperar” en programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contradigan sus valores o principios éticos.
El llamado derecho de objeción de conciencia se podrá ejercer “en cualquier momento” y no está limitado por la actuación del personal médico en situaciones pasadas, sin embargo siempre estará sujeto a no poner en riesgo la salud o la vida del paciente, y a que no constituya un delito, “en caso contrario incurrirá en causal de responsabilidad profesional”, según el documento.
También precisa que la Secretaría de Salud será quien emita los lineamientos para manifestar la objeción de conciencia y tendrá la obligación de contar en todos los casos con “personal no objetor” que reciba y atienda al paciente par ano negar el derecho a la atención médica.
El dictamen aprobado fue turnado al presidente Enrique Peña Nieto para su aprobación.
Durante el debate, senadores de oposición manifestaron su rechazo a la iniciativa, pues consideran que es un retroceso a los derechos humanos, principalmente al de las mujeres.
La senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez se manifestó en contra y argumentó que se trata de una reforma que va contra la progresividad de los derechos de las personas. Incluso, acusó que el PRI mantuvo un “pacto” con el Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados para aprobar esta reforma.
¡Lo hicieron de nuevo! Esta vez violentando los derechos de las mujeres y el estado laico. https://t.co/2uHnJHuwjm
— Martha Tagle (@MarthaTagle) 22 de marzo de 2018
Angélica de la Peña, legisladora del PRD, explicó que la objeción de conciencia tiene fundamento jurídico en diferentes naciones, pero que en este caso se busca contrarrestar los derechos fundamentales de las mujeres mexicanas para frenar su derecho a abortar, por lo que insistió en que el cambio en la ley “es un retroceso tratar de imponer ideologías al derecho de cada mujer sobre su persona”.
▶ #Video Esta minuta está dirigida a contrarrestar la progresividad de derechos de mujeres: Sen. @angelicadelap. https://t.co/sJ6Engey5t
— Senado de México (@senadomexicano) 22 de marzo de 2018
Senadores panistas, como Francisco Salvador López Brito y Víctor Hermosillo y Celada defendieron el proyecto con el argumento de “garantizar el derecho de los trabajadores de la salud para abstenerse de prestar sus servicios”.
“Como se acepta el hecho de no ir a la guerra porque no quiere asesinar a otro ser humano, también se debe aceptar que un médico no admita asesinar a un nonato”, expuso Hermosillo al defender la iniciativa.
De acuerdo con César Palacios, doctor en Ética de la Ciencia por la Universidad de Manchester (Reino Unido) y actual investigador asociado del Centre of Medical Law and Ethics, del King´s College London, el problema con esta iniciativa es que está tan mal redactada que va a impactar muchas partes de la práctica médica. “Tan sencillo como puede ser que te encuentres un médico que no cree en las vacunas, como pasa en Estados Unidos o en Europa, y, de acuerdo a esta ley, él podría objetar proveerlas”.
Organizaciones que defienden derechos sexuales y reproductivos aglutinadas en la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y el Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), han acusado que iniciativas como la adición del Artículo 10 Bis son parte de una agenda de los grupos conservadores del país.
