Cómo son los BlackBerry ultraseguros que usan cárteles del narcotráfico en México según el FBI
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Phantom Secure

Cómo son los BlackBerry ultraseguros que usan cárteles del narcotráfico en México según el FBI

El fundador y director ejecutivo de la compañía canadiense Phantom Secure ha sido detenido y acusado de ayudar al narcotráfico mexicano a traficar drogas en todo el mundo. La clave está en los teléfonos que supuestamente le facilitó para hacer sus comunicaciones más seguras.
Phantom Secure
Por BBC Mundo
16 de marzo, 2018
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El director ejecutivo de una empresa que creó teléfonos ultraseguros presuntamente utilizados por algunos de los mayores criminales del mundo ha sido detenido por el Buró de Investigaciones Federales de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Justicia arrestó la semana pasada a Vincent Ramos Bellingham, Washington, junto a otras cuatro personas vinculadas a Phantom Secure, una compañía con sede en Canadá.

Ramos, el fundador de la firma de telefonía, es el único que, por ahora, permanece bajo custodia, según declaró el FBI en una nota de prensa emitida este jueves.

La firma está en el punto de mira por haber ganado “decenas de millones de dólares” vendiendo celulares BlackBerry modificados y personalizados para el Cártel de Sinaloa, según los investigadores.

Esta es la primera vez que la agencia gubernamental estadounidense acusa a una empresa de fabricar tecnología encriptada para el uso de delincuentes.

Esquema del cartel de Sinaloa en 2005

Getty Images
El Cártel de Sinaloa es considerado como la organización narcotraficante más antigua de México.

Los cargos incluyen crimen organizado y conspiración para ayudar a la venta de drogas. Ambos crímenes tienen una pena máxima de cadena perpetua en el país norteamericano.

“Phantom Secure fue diseñada para facilitar el tráfico de drogas en todo el mundo“, le dijo a la BBC el fiscal federal estadounidense Adam Braverman.

“Estos traficantes, incluidos los miembros del Cártel de Sinaloa, habrán usado esos dispositivos completamente cifrados para promover sus actividades de tráfico de drogas y evitar así el escrutinio de la aplicación de la ley”.

Sin cámara ni internet

Las comunicaciones a través de los teléfonos de Phantom Secure se gestionaban automáticamente a través de servidores en Panamá y Hong Kong, de acuerdo con los documentos judiciales, haciendo que los datos fueran más difíciles de rastrear.

Phantom Secure también eliminaba algunos elementos y funcionalidades clave del teléfono, como el micrófono, el GPS, las cámaras (frontal y trasera), el acceso a internet y las aplicaciones de mensajería.

También imposibilitaba las comunicaciones por voz y la grabación de video. Después, instalaba un software PGP, el cual permite cifrar cada uno de los datos.

De esa manera, el aparato servía únicamente para enviar mensajes de texto, pero de manera cifrada y ultrasegura, más aun que una BlackBerry convencional.

“Otras organizaciones”

Ni BlackBerry ni Phantom Secure quisieron hacer comentarios sobre este asunto cuando fueron preguntados por la BBC.

Los investigadores no explicaron si BlackBerry colaboró con ellos para destapar el caso. Pero Braveman asegura que BlackBerry no es la única compañía cuyos teléfonos modificados se usan para temas ilegales.

Policías vigilan una carretera en Puerto Vallarta, Jalisco.

AFP
Los investigadores consideran que este sistema les permite a los traficantes de drogas esquivar las leyes y evitar ser arrestados por las fuerzas policiales.

“Sabemos que hay unas cuantas organizaciones que se dedican a eso. Continuaremos investigando no solo a Phantom Secure, sino también a cualquier otra empresa de este tipo que preste dispositivos de comunicación a organizaciones criminales”, le contó a la BBC.

El abogado añadió que aunque prácticamente cualquier teléfono inteligente disponible en el mercado ofrece encriptación difícil de quebrar —además de aplicaciones de Facebook, Google y Apple— Phantom Secure debería ser considerada culpable por cómo la usan sus clientes.

“La diferencia es que esta empresa fue diseñada específicamente para ayudar al tráfico internacional de drogas”, sostiene Braveman.

“La única manera en que puedes obtener uno de esos teléfonos es si otra persona te avala“.

El fiscal estadounidense se refiere a que para que uno pueda hacerse cliente de esta empresa, otro usuario debe responder por él. Este sistema, según las autoridades, sería una manera de intentar evitar que las fuerzas policiales se apropien de los dispositivos.

Phantom Secure se define en su sitio web como “el servicio de comunicaciones más confiable del mundo”.

Sus dispositivos se venden por suscripción y cuestan entre US$2.000 y US$3.000 por unos seis meses de uso.

comunicaciones cifradas

Getty Images
Este tipo de celulares son especialmente útiles para evitar el seguimiento de datos por parte de organizaciones.

Los agentes estadounidenses calculan que hay unos 20.000 teléfonos modificados Phantom Secure en circulación en todo el mundo.

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley se han sentido frustradas en repetidas ocasiones por cómo tecnología encriptada dificulta el acceso a las comunicaciones entre sospechosos.

En 2016, Apple se negó a proporcionar una herramienta para permitirle al FBI desbloquear un teléfono que perteneció a Syed Rizwan Farook, un hombre acusado del tiroteo masivo en San Bernardino, California, en el que murieron 14 personas.

En un comunicado, un vocero del FBI reiteró la preocupación de la agencia de que los delincuentes puedan “pasar desapercibidos” y esconderse detrás de tecnologías sofisticadas.

“Cuando los criminales se refugian en la oscuridad y las fuerzas del orden no pueden monitorear sus teléfonos o acceder a las pruebas, los crímenes no pueden ser resueltos y eso puede resultar en vidas perdidas”.

En cambio, los activistas por la privacidad argumentan que eliminar o simplemente debilitar el cifrado supondría un riesgo en cuanto al robo de datos y la vigilancia, no solo para los delincuentes, sino para todo el mundo.

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Cuartoscuro

Fallece tras accidente fiscal de FGR responsable del caso Javier Duarte

El percance por el que murió ocurrió hace dos semanas, cuando Martha Estela Ramos se dirigía a una diligencia a la ciudad de Tampico, Tamaulipas.
Cuartoscuro
3 de septiembre, 2020
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La agente del Ministerio Público de la Federación, Martha Estela Ramos Castillo, quien encabezó la indagatoria que hoy mantiene en prisión al exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, pero quien luego fue denunciada por supuestos hechos irregulares en el mismo proceso, perdió la vida tras un accidente vehicular.

Fuentes con conocimiento del caso indicaron a Animal Político que el percance ocurrió hace dos semanas, cuando Ramos se dirigía a un asunto familiar a la ciudad de Tampico, Tamaulipas. La funcionaria sobrevivió, pero fue reportada en estado delicado, por lo que se decidió trasladarla a un centro hospitalario en Toluca, Estado de México.

Durante varios días estuvo convaleciente hasta que murió esta semana. Sus restos fueron cremados el miércoles. Personas cercanas a ella indicaron que además padecía problemas de hipertensión y había presentado síntomas de posible COVID, sin que llegara a confirmarse.

Animal Político solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) información oficial sobre las circunstancias del fallecimiento de la funcionaria, pero hasta el momento de esta publicación no se ha proporcionado información. De hecho, la FGR no ha hecho ninguna manifestación pública o de condolencia sobre la muerte de su fiscal.

Ramos Castillo, quien llevaba mas de una década de servicio en la institución, encabezó la integración de la carpeta de investigación por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Ello por el presunto desvío de recursos públicos a través de redes de prestanombres y empresas fantasma.

Dicha indagatoria es la que permitió detener, extraditar y procesar a Duarte. Aunque en la audiencia inicial del caso Ramos y el resto de los fiscales tuvieron complicaciones al presentar la imputación, finalmente lograron obtener la vinculación a proceso en contra del conocido político priista.

Luego de casi un año de proceso Ramos Castillo presentó la acusación formal ante un juez federal en la que pidió un condena de 25 año de prisión en contra de Duarte, de los cuales 15 eran por lavado de dinero y 10 por delincuencia organizada.

Sin embargo, de forma posterior a dicha acusación, la fiscal con aval de sus superiores entabló una negociación con Duarte y su equipo de defensa en la que se acordó que el exgobernador se declarara culpable y rechazara defenderse en juicio. A cambio, Duarte logro que se le retirara el delito de delincuencia organizada. Finalmente fue condenado a nueve años de prisión.

Esta es la única condena que hoy mantiene al exgobernador privado de su libertad en el Reclusorio Norte.

Unas semanas después de que se dictara dicha sentencia la organización civil TOJIL: Estrategia contra la Impunidad presentó una denuncia penal bajo el argumento de que la negociación que permitió a Duarte la sentencia reducida era improcedente y resultado de posible corrupción. Incluso, el propio exgobernador señalaría después que supuestamente fue extorsionado para aceptar este trato.

Tras la denuncia de TOJIL, la entonces PGR inició una carpeta de investigación a través de su Fiscalía de Asuntos internos identificando como probable responsable solo a la fiscal Ramos Castillo, situación que en su momento fue señalada como insuficiente por las abogadas denunciantes.

Hasta la fecha se desconoce el estado en que se encuentra dicha investigación. TOJIL intentó a través de una demanda de amparo que la FGR le reconociera la calidad de “víctima” y participar en la indagatoria, pero un juez desestimó ese reclamo.

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