Carlos cuenta que tomó la decisión de abandonar Venezuela parado frente a un bote de basura. El atardecer caía sobre una ciudad del país de la que prefiere no dar más señas, cuando se quedó observando fijamente las bolsas negras que se acumulaban en el interior del cubo y un latigazo de ansiedad irreprimible le cruzó el estómago.

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“Esa tarde no tenía ni un centavo en los bolsillos —explica el venezolano—. Ya no sabía qué llevar a casa para comer, ni a quién pedirle ayuda porque muchos de nuestros familiares estaban pasando exactamente por lo mismo que nosotros”.

Un día, después de meses en los que él y su pareja decidieron racionar su dieta a una comida al día para que sus hijos pudieran alimentarse, al menos dos, a base de arroz y plátano, se vio tentado: “Se me pasó por la cabeza buscar comida en la basura” —murmura Carlos con la voz apagada.

De 1 a 4 mil solicitudes de refugio

El pasado 26 de febrero el canciller Jorge Arreaza aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que en Venezuela no hay hambre.

A pesar de la negación del canciller, las fotografías de familias venezolanas huyendo a través de los puentes internacionales muestran un éxodo. Una huida masiva que la ONU y múltiples organizaciones civiles llevan años advirtiendo en informes en los que documentan que el país afronta una “grave escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos”.

Las estadísticas oficiales mexicanas así lo muestran: en 2013, solo un venezolano pidió asilo en México, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). En 2016, la cifra aumentó a 361. Y en 2017, las peticiones de asilo se dispararon a 4,042. De hecho, Venezuela ya es el segundo país que más solicitudes de refugio hace a México, muy cerca de Honduras; país que siempre ha ocupado la primera posición debido a la interminables guerra entre las pandillas de la mara.

Carolina Carreño es coordinadora de Atención y Servicios de Sin Fronteras, una organización civil que se dedica a dar asesoría legal a personas migrantes y a personas que buscan refugio en México. En entrevista, Carreño expone que este boom de solicitudes de asilo de venezolanos comenzó a fraguarse lentamente en 2015, cuando llegaron a cuentagotas los primeros defensores de derechos humanos que denunciaban ser objeto de persecución política por el régimen chavista, ahora con Nicolás Maduro en el poder.

Desde entonces, el perfil de venezolanos que eligen a México como destino de refugio se ha ampliado a profesionistas de nivel educativo alto, clase media, que huyeron para garantizar su alimentación. Y a muchas otras personas que buscan acceder a medicamentos por los que en Venezuela tendrían que pagar precios desorbitados en el mercado negro.

Ante la pregunta de por qué cada vez más venezolanos están mirando hacia México, Carreño señala que se debe principalmente a una cuestión de afinidad cultural y social entre ambos países, y a que en muchos casos los venezolanos que llegan al país ya tienen amigos o familiares viviendo aquí, lo cual hace más fácil el proceso de integración. Por el momento, la respuesta de la Comar frente al éxodo venezolano está siendo positiva: de las 912 solicitudes de refugio que concluyeron procedimiento en 2017, prácticamente el 100 por ciento fueron aceptadas. Solo se rechazaron cinco.

El aeropuerto, tierra de nadie

Estas estadísticas, sin embargo, no significan en automático que el camino hacia el refugio esté siendo sencillo.

Carolina Carreño plantea que si bien la dinámica es muy diferente a la de los migrantes centroamericanos, quienes en su intento por alcanzar los Estados Unidos son objeto de violaciones a derechos humanos recurrentes en México, los venezolanos también enfrentan “grandes retos”.

El primero, pasar los filtros del Instituto Nacional de Migración (INM) en los aeropuertos. Principalmente, en el de la Ciudad de México y el de Cancún, donde Sin Fronteras ha documentado varios casos en el que “familias completas” han sido rechazadas por migración hasta tres veces y retornadas a Venezuela sin la oportunidad de pedir refugio.

Uno de esos casos que acompañó Sin Fronteras es el de Enrique, quien decidió salir de Caracas con destino a México para continuar con su tratamiento de antirretrovirales para controlar el VIH y salvar su vida. No tenía ni los 26 años cumplidos.

En marzo de 2017 tomó un vuelo de Copa Airlines que lo dejó en el aeropuerto de Cancún. Viajaba con documentos que señalaban que deseaba pedir asilo al Estado mexicano, pero al pasar por el filtro de migración los agentes del INM no lo canalizaron con la Comar, como es su obligación, sino a un retén migratorio.

Enrique manifestó que no podía volver a Venezuela porque existe una crisis de medicinas y alimentos, lo que le hacía imposible cuidarse y seguir una dieta adecuada para atender su condición de portador de VIH. Así que solicitó que lo dejaran entrar a México “por motivos humanitarios”.

Pero el elemento del INM ni siquiera hojeó los documentos que portaba Enrique. Tampoco le permitió hacer una llamada a una persona de confianza o a su consulado, como lo estipula la ley. Solo le dijo que “ya había sido inadmitido” y que “no se podía hacer nada”.

En otras palabras: acababa de ser rechazado.

A partir de ese instante, Enrique fue escoltado a un cuarto pequeño en la zona de tránsito del aeropuerto. El espacio consistía en unas colchonetas sucias en el suelo y un baño pestilente que no servía.

Al día siguiente, Enrique subió a un avión sin que le dieran algún documento o explicación sobre su situación jurídica, y fue expulsado.

Incomunicación total y agresiones verbales

“El aeropuerto en México es tierra de nadie”, sentencia Ramary, otra venezolana entrevistada. “Migración nos está devolviendo sin motivo. Nos dejan incomunicados en un cuarto durante horas para que cuando alguien en México busque cómo ayudarte, tú ya estés de vuelta en Venezuela”.

Quejas como las de Ramary no son aisladas. Ya en 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 42/2015 dirigida al INM, en la que documentó y denunció que 17 funcionarios del INM en el aeropuerto capitalino cometieron violaciones de derechos humanos en contra de 20 extranjeros de diferentes nacionalidades y un mexicano.

“Incomunicación total, entrevistas en los filtros de revisión migratoria sin la presencia de un abogado ni traductor, agresiones verbales por personal migratorio, y segundas revisiones por hasta más de cuatro horas”, son algunos de los señalamientos que expuso la CNDH. El INM, por su parte, recuerda en entrevista con Newsweek en Español y Animal Político que existen requisitos legales que los extranjeros deben conocer antes de viajar a México y que deben cumplir.

“Los rechazos de personas extranjeras en aeropuerto se producen únicamente cuando estos no reúnen las condiciones que establece la ley para ingresar a México”, subraya el Instituto.

Tanto en el caso de los venezolanos, como en el de otras nacionalidades, el INM asegura que muchos rechazos se deben a que “desde la primera vez que tratan de ingresar al país mienten a la autoridad migratoria”, alegando que quieren acceder como turistas con una “carta de invitación de un particular” que no es válida ante la autoridad y “sin un boleto de salida”.

“Si desde un principio la persona que llega a México en un avión le dice al INM que viene a buscar refugio, en ese momento se le canaliza a la autoridad competente, que es la Comar. Pero lo que hacen es que no son claros en su declaración, porque en muchas ocasiones mienten o falsean información”, hace hincapié el Instituto.

Para evitar estos rechazos, Sin Fronteras ha elaborado infografías que están disponibles en su página web (www.sinfronteras.org.mx), con información sobre cómo solicitar asilo correctamente en cualquier aeropuerto mexicano, cuáles son los derechos de las personas extranjeras, y cuáles son también los motivos por los que el INM puede impedir la entrada a México, incluido el de tratar de engañar a un agente migratorio.

Mayoría de solicitudes en trámite

Además de los filtros en aeropuertos, el otro gran reto que están enfrentando los venezolanos para acceder al refugio es la capacidad reducida de la Comar para atender un aluvión de solicitudes.

Así lo muestran también las cifras oficiales: de 4,042 peticiones de venezolanos, siguen en trámite 3,067; es decir, el 76 por ciento. Casi 8 de cada 10. Mientras que de las 14,596 solicitudes que, en total, recibió la Comar el año pasado, 7,719 siguen también en trámite; el 52 por ciento.

Este retraso puede explicarse por varios factores. El primero: los sismos del pasado mes de septiembre ocasionaron daños estructurales en la sede central de Comar en la Ciudad de México, lo que obligó a suspender temporalmente los plazos de análisis de miles de casos y a tener que trasladarse a las instalaciones del INM en la capital para reiniciar labores.

Sin embargo, otros factores son ajenos a los caprichos de la naturaleza.

Entre 2013 y 2017 el número de solicitudes de asilo se disparó más de 1000 por ciento: se pasó de 1,296 al inicio del sexenio de Peña Nieto, a 14,596 el año pasado, cuando se registró la cifra más alta de la que se tenga registro. En contraste, el presupuesto de Comar se ha mantenido “congelado” por debajo de los 26 millones de pesos, mientras que el INM contará con más de 1,700 millones de pesos para este 2018.

Otro dato: el personal de Comar que estudia las solicitudes de asilo y determina la suerte de miles de personas continúa siendo reducido: en 2015, 15 funcionarios distribuidos en tres oficinas en el país —CDMX, Veracruz y Chiapas— tenían la tarea de entrevistar, analizar, y decidir sobre 2,424 peticiones. En 2018, según consta en el Portal de Obligaciones de Transparencia, son apenas 20 para atender más de 14,000 casos.

Todos estos factores están provocando que, aunque la ley establece que el procedimiento para acceder a la condición de refugiado dura 45 días hábiles, en la práctica esté durando varios meses más.

Lo que dice el papel y la realidad

“La Comar te vende el trámite como algo sencillo de 45 días y nada de eso es real”, critica Samuel, quien cuenta que inició su proceso en agosto del año pasado y más de medio año después su caso sigue “en el limbo”.

“Ya he perdido muchas oportunidades de trabajo y mientras no me den el refugio tampoco puedo ayudar a mi familia”, agrega.

Incluso, venezolanos como Carlos advierten que aun teniendo en el bolsillo el documento que lo acredita como refugiado, los retos no se acaban ahí.

“La Comar nos dijo que una vez que tuviéramos la residencia permanente, ya teníamos los mismos derechos que cualquier mexicano, con excepción de votar. Pero en la práctica eso no es cierto”, dice Carlos, quien cuenta que abrir una simple cuenta bancaria fue una odisea “porque los bancos no conocen las formas migratorias”.

“El acceso a la salud pública también fue muy complicado —añade—. Llegaba con la residencia permanente al centro de salud y todos empezaban a mirarse las caras porque no sabían qué era eso y me acababan mandando al Seguro Popular”.

Aun así, Carlos recuerda aquella tarde en la que estuvo tentado de buscar comida en la basura, y no duda en aseverar que el camino mereció la pena.

“En México hay problemas de violencia, claro, y tampoco estamos a nuestras anchas a nivel económico —admite—. Pero la diferencia con nuestra vida en Venezuela es abismal. Cuando llegamos a México en 2016 teníamos cerca de un año de no usar papel higiénico, y meses sin probar el azúcar ni los cereales. Ahora vamos con los niños al supermercado y nos quedamos maravillados de ver productos en los estantes”.

En definitiva, dice Carlos, siguen angustiados por la familia que se quedó en Venezuela, pero el haber logrado la condición de refugiados les ha devuelto parte de su vida.

Aunque suene a tópico, concluye el venezolano con una sonrisa, lo cierto es que México se convirtió en una nueva oportunidad. “En una puerta abierta a un mejor futuro”.