Nuevo túnel de Línea 12 fractura 150 viviendas; CDMX culpa a fugas domésticas
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Nuevo túnel de Línea 12 fractura 150 viviendas; CDMX culpa a fugas domésticas

"Desde el arranque de la obra, a mediados de 2016, hemos tenido casas fracturadas, se han caídos castillos y losas", explicó la dueña de una de las viviendas dañadas, en la colonia Primera Victoria.
Por Paris Martínez y Laura Brugés
5 de marzo, 2018
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Junto a la sede de la jefatura delegacional en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, está la colonia Primera Victoria, una zona habitacional, “proletaria”, conformada por casas de techos y paredes fracturadas, que se sostienen por polines, tal como lucen algunas zonas de la ciudad afectadas por los recientes sismos de septiembre de 2017.

Sin embargo, las fisuras y grietas que caracterizan estas viviendas no fueron provocadas por los pasados temblores, tal como aclaran sus habitantes, sino por el túnel que las autoridades capitalinas perforan bajo sus pies, a 30 metros de profundidad, como parte de las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro, con las que se busca conectar la estación Mixcoac con la terminal Observatorio.

“Desde el arranque de la obra, a mediados de 2016, hemos tenido casas fracturadas, se han caído castillos y losas, se han cuarteado pisos y paredes –explica la señora Ruth Martha Cid, dueña de una de las primeras casas dañadas–, y como va pasando el tiempo y va avanzando el túnel, va aumentando el número de viviendas fracturadas y apuntaladas”.

Por esta problemática, en el último mes, un centenar de vecinos acudió a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para presentar queja formal por los daños en su vivienda, sin embargo, los habitantes de Primera Victoria aclararon que el número de casas dañadas es mayor.

“Ya son alrededor de 150 las casas con daños, y en ellas viven un promedio de 600 familias, porque en cada predio hay hasta cuatro familias –informó el señor Bernardo Gómez, otro de los vecinos afectados–. Los daños avanzan conforme avanza el túnel, y va aumentando el número de afectados”.

La señora Graciela Chavarría, muestra las grietas en su casa en la colonia Primera Victoria, misma que fue apuntalada por las autoridades con madera de desecho, y que impregna toda la vivienda con olor a materia fecal.

Luego de un año de protestas vecinales, que han incluido el cierre de calles y la toma de la zona de obras, el gobierno de la Ciudad de México (encabezado por Miguel Ángel Mancera) aceptó en noviembre de 2017 realizar un estudio de suelo en la colonia Primera Victoria, mismo que fue encargado a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Dicho estudio (del que Animal Político posee una copia) confirmó que el subsuelo de esta colonia presenta fracturas en todas las calles en donde se realizaron mediciones de tomografía eléctrica y geo-radar, y destaca que algunas de estas fracturas han alcanzado la superficie.

Asimismo, confirmó que el terreno de la colonia Primera Victoria, bajo el cual se perfora el túnel del Metro, no es de firmeza regular, sino que está conformado por estratos blandos, mismos que presentan saturación de agua.

Este estudio de la UNAM no incluyó ningún procedimiento orientado a determinar cómo afectan las obras del Metro a esta zona de suelo blando, ni cuál es la razón de que las casas erigidas ahí se estén fracturando, y sólo sirvió para determinar la firmeza y conformación del terreno.

Aún así, el estudio concluye que la saturación de agua “probablemente está acelerando el proceso de deformación y fisuramiento de las viviendas y las zonas aledañas”, y subraya, sin evidencia alguna, que “es muy posible que esta saturación de agua en las zonas más afectadas se deba a tuberías rotas o cisternas dañadas”.

Aunque dichas conclusiones no están soportadas por ninguno de los procedimientos de medición realizados por la UNAM, es con base en este estudio que el gobierno de la Ciudad de México anunció, el pasado 2 de marzo, que “con base en los datos disponibles, la obra de ampliación de la Línea 12 del Metro no ha influido en los cambios experimentados en las viviendas”.

Así, oficialmente, el que las casas se estén fracturando, al mismo tiempo que se excava un túnel bajo ellas, es sólo una coincidencia.

La disposición de las casas que han sufrido agrietamientos sigue la misma ruta que el túnel de la Línea 12, que pasa 30 metros por debajo de estas viviendas.

La disposición de las casas que han sufrido agrietamientos sigue la misma ruta que el túnel de la Línea 12, que pasa 30 metros por debajo de estas viviendas.

Administración de crisis

Aunque el gobierno de la Ciudad de México descartó oficialmente que los daños a estas viviendas sean causados por las obras de la Línea 12, a través de una “tarjeta informativa” emitida el pasado 2 de marzo por la Secretaría de Obras, en dicho documento se reconoce que se han entregado “apoyos económicos y rehabilitación de viviendas” que han presentado afectaciones.

El documento emitido por la Secretaría de Obras no aclara por qué han realizado dichas acciones, si oficialmente la obra no es culpable.

Lo que sí se subraya en la tarjeta informativa del gobierno capitalino es que desde el inicio de la obra “se han realizado mesas de trabajo con vecinos (de la delegación Álvaro Obregón) para informar del proyecto y atender sus peticiones”, así como que “los compromisos asumidos en las reuniones con los vecinos se han cumplido cabalmente”.

La versión de los vecinos, sin embargo, es muy diferente.

“En primera –señala el señor Bernardo Gómez–, nunca nos informaron de la obra: de repente nomás vimos que empezaron a hacer cambios en el sentido de las calles, y luego nos dimos cuenta que era para que pudieran acceder las máquinas. Los trabajos arrancaron en 2016, y nosotros tuvimos que cerrar una avenida, para lograr que las autoridades nos dijeran de qué se trataba todo esto”.

El señor Bernardo ha vivido en esta colonia toda su vida. Hoy habita el terreno que antes fue de sus padres, y en él viven también sus tres hijos, adultos ya, todos con sus familias. En su casa, además, atiende desde hace 20 años una tienda de abarrotes, de la que dependen él, uno de sus hijos, y un empleado.

“Tres familias dependemos de ese negocio –explica Bernardo–, y a mí las autoridades ya me advirtieron que me van a expropiar. Quieren mi terreno, pero no a su precio comercial, quieren pagármelo al valor catastral, que es 50% menor a su valor real… es decir, a mí el gobierno de la Ciudad de México no sólo me está violando mi derecho a la vivienda, sino mi derecho al trabajo, porque si me despojan de mi casa, me despojan también de mi medio de subsistencia”.

La expropiación, denuncia, además ha sido usada como forma de coacción en contra suya.

“Como las autoridades han visto que yo soy uno de los más movidos, a mi se me han acercado y me han dicho ‘tú sepárate del movimiento, tú debes empezar a ver tu caso particular para llegar al mejor arreglo, tú tienes que negociar'”.

Incluso, señaló, las autoridades capitalinas han intentado obstruir la presentación de un amparo colectivo en su contra, negándose a expedir constancias de residencia a los vecinos que han acudido a la jefatura delegacional en Álvaro Obregón para tramitar dicho documento.

“Durante todo este tiempo –concluyó el señor Bernardo–, desde 2016 para acá, el gobierno de la Ciudad de México sólo ha estado administrando la crisis, no quieren reconocer los daños que han provocado en esta colonia por la ampliación de la Línea 12, y menos repararlos”.

Los ejemplos de compromisos incumplidos por la autoridad abundan.

La señora Ruth Martha Cid, dueña de una de las primeras cuatro casas con daños, da una muestra.

“Yo soy madre soltera –narra–. Yo tengo un jovencito de 18 años que trabaja y está terminando la escuela, una muchachita que está por terminar la prepa, y el menor, que está en secundaria… Mi casa está enfrente de donde empezaron a trabajar, y desde el primer momento fue vivir bajo ruido y vibración permanente, no se podía ni dormir, porque trabajaban todo el día y toda la noche: mis hijos bajaron su rendimiento escolar, y finalmente tuve que mandarlos a casa de mi hermana”.

Luego, a las pocas semanas, “se cuarteó una trabe de mi casa, y luego la otra trabe, y después se fracturó la loza, todo en muy poco tiempo. Denuncié lo que estaba pasando, y las autoridades mandaron a hacer un estudio, y ese estudio decía que éramos cuatro las casas con daños graves, y en riesgo”.

Aunque las autoridades ofrecieron apoyo económico a la señora Ruth para que pudiera rentar un inmueble, en tanto su vivienda era restaurada, pasaron ocho meses antes de que ese dinero le fuera entregado.

“Me dijeron que la casa estaba en muy malas condiciones, la llenaron de polines, y luego tuve que vivir otros ocho meses ahí, porque las autoridades no me cumplían lo del pago de la renta para poderme yo salir de ahí –detalla Ruth–, luego vino el temblor de septiembre de 2017, y lo que nos ofrecieron fue inscribirnos en el programa de apoyo para damnificados del sismo, para que recibiéramos 3 mil pesos al mes, por tres meses. Pero nosotros no somos damnificados del sismo, somos damnificados de la Línea 12, y nuestro problema viene de mucho antes”.

Luego de que Ruth se negara a recibir los 3 mil pesos para damnificados del sismo, por considerarlo una medida irregular, las autoridades convinieron otorgarle 5 mil pesos para el pago de una renta.

“Yo me salí con mis hijos, me fui a rentar –señala Ruth–, pero sólo me dieron ese dinero una vez, ya no me dieron para la siguiente renta, entonces, tuve que volverme a mi casa fracturada y llena de polines”.

El olor del apoyo

La casa de la señora Graciela Chavarría, en la colonia Primera Victoria, es de poco mas de tres metros de ancho, por 15 metros de largo, y en ella reside con un hijo con parálisis cerebral, y sus dos hijas, madres solteras, así como los niños pequeños de éstas.

Es una casa profunda pero estrecha, y esta sensación se acentúa, luego de que todas las paredes del costado izquierdo tuvieron que ser apuntaladas con una doble hilera de polines. El inmueble es de tres plantas y todas las paredes del costado izquierdo, así como la pared de fondo, en los tres niveles construidos, están fracturadas.

“Tuvimos que echar todos los muebles a un lado para que hicieran el apuntalamiento los de la Secretaría de Obras –explica la señora Graciela–, tuve que levanta mi cama y ahora duermo casi en el suelo. Vivimos con el miedo de que la casa se nos venga encima, y no tengo manera de irme a otro lado con mis hijos, porque trabajamos y apenas salimos adelante”.

Al fondo de la vivienda, en la recámara que está en la planta baja, apuntalada en dos de sus cuatro paredes, permanece su hijo, con discapacidad.

“El tiene parálisis cerebral, no camina y no habla, y lo cuidamos entre mis hijas y yo. Él aquí es donde lo pasa la mayor parte de tiempo, y aquí precisamente los trabajadores de Obras hicieron el apuntalamiento con material de desperdicio… de ahí proviene el mal olor”, aclara la señora Graciela, durante el recorrido por su vivienda.

Efectivamente, la madera con la que las autoridades apuntalaron esta parte de la vivienda desprende un olor a materia fecal, que inunda toda la casa.

“Yo les reclamé a los ingenieros –afirma la señora Graciela–, les pregunté ¿de dónde sacaron esa madera, de la basura? Pero sólo me respondieron que era eso o nada…”

Aunque la autoridad negó que todos estos daños fueran causados por la excavación del túnel de la Línea 12, aseguró que “existe un compromiso por parte del Gobierno de la Ciudad de México para resolver la problemática de la zona y mejorar las condiciones de las viviendas de los vecinos afectados”.

Esas acciones, ofreció, “comenzarán una vez que se hayan completado los estudios correspondientes”.

El plazo para que concluyan dichos estudios, sin embargo, no fue establecido por el gobierno capitalino.

Excavación realizada por las autoridades capitalinas en la colonia Primera Victoria, como parte de las obras de ampliación de la Línea 12.

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El país que quiere castigar el sexo fuera del matrimonio con prisión

El parlamento de Indonesia aprobó un nuevo Código Penal que castiga el adulterio y las críticas contra las altas autoridades, como el presidente del país, con cárcel.
6 de diciembre, 2022
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Un año en prisión. Ese es el castigo al que se arriesgan aquellos indonesios que mantengan relaciones fuera del matrimonio.

El parlamento del país asiático aprobó un nuevo código penal, el cual se prevé que entrará en vigor plenamente en tres años, en el que no solo se penaliza el adulterio, sino que también la blasfemia, renunciar a la religión y las críticas a las altas autoridades del Estado.

Los cambios se producen después de un aumento del conservadurismo religioso en el país musulmán más poblado del planeta.

Los críticos ven las leyes como un “desastre” para los derechos humanos y un posible golpe para el turismo y la inversión pues también se castigará a los extranjeros.

Varios grupos, en su mayoría jóvenes, protestaron contra la legislación en Yakarta esta semana y se espera que las nuevas leyes sean impugnadas en los tribunales.

Apretando las tuercas

La nueva legislación también prohíbe que dos personas no casadas vivan juntas y castiga este comportamiento con hasta seis meses de cárcel.

Una mujer a punto de ser flagelada en Aceh, Indonesia.

Getty Images
Organizaciones de Derechos Humanos advierten que millones de personas en Indonesia están en riesgo de ser castigados, porque sus uniones no están formalizadas.

Ajeng, una mujer musulmana de 28 años que vive en la ciudad de Depok, en Java Occidental, dijo que ahora su libertad estaba en riesgo, pues no se ha casado con el hombre con el que ha estado viviendo durante los últimos cinco años.

“Con la nueva ley, ambos podemos ir a la cárcel si uno de la familia decide hacer una denuncia en la policía“, le dijo a la BBC.

“¿Qué pasa si hay un familiar que tiene un problema conmigo y decide enviarme a la cárcel?”, inquirió.

La mujer, quien en 2019 participó en las primeras protestas que se desató la propuesta, afirmó: “Creo que vivir juntos o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no es un delito”.

“En mi religión, se considera un pecado. Pero no creo que el código penal deba basarse en una determinada religión“, agregó.

Sin embargo, el martes, el parlamento aprobó por unanimidad el nuevo instrumento de más de 600 artículos e incorpora algunas disposiciones de la ley islámica.

A todos por igual

Grupos y organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que las nuevas disposiciones afectan de manera desproporcionada a las mujeres, las personas LGBT y las minorías étnicas.

Un hombre esperando ser golpeado.

AFP Contributor
En la provincia de Aceh, desde hace algún tiempo, hombres y mujeres acusados de adulterio vienen siendo sometidos flagelados públicamente en aplicación de la sharía (ley islámica).

El hecho de que las normas se apliquen por igual a los locales y a los extranjeros que viven en Indonesia o que visitan destinos turísticos como Bali ha disparado las alarmas entre los empresarios.

Muchas firmas se han opuesto a la legislación, porque temen que espante a la llegada de visitantes e inversiones.

La directora para Asia de Human Rights Watch, Elaine Pearson, dijo a la BBC que el nuevo Código Penal supone un “gran revés para un país que ha tratado de presentarse como una democracia musulmana moderna“.

Por su parte, el investigador Andreas Harsano advirtió que en Indonesia hay millones de parejas sin certificados de matrimonio “especialmente entre los pueblos indígenas o musulmanes en áreas rurales”, los cuales se han casado en ceremonias religiosas específicas.

“Estas personas, en teoría, estarían infringiendo la ley y su convivencia podría ser castigada con hasta seis meses de prisión”, dijo.

Un activista con una bandera LGBTI en el partido Portugal vs. Uruguay.

Getty Images
La celebración del Mundial de Fútbol ha puesto en la palestra la estricta legislación en materia de relaciones sexuales de Qatar.

Siguiendo el ejemplo de…

Con su decisión los legisladores indonesios han incluido a su país en la lista de países que castigan el adulterio, las relaciones prematrimoniales y entre parejas del mismo sexo.

Debido al Mundial de Fútbol la estricta legislación moral de Qatar ha vuelto a la palestra. Sin embargo, el país del Golfo Pérsico no es el único que tiene normativas de esta naturaleza. Afganistán, Somalia, Irán, Egipto, Bangladesh, Brunei, zonas de Pakistán y Arabia Saudita penalizan con cárcel o incluso castigos físicos como la lapidación o los latigazos el sexo fuera del matrimonio.

Pero no solo países de mayoría musulmana tienen legislaciones de esta naturaleza, pues Filipinas también castiga el adulterio y en el caso de las mujeres hasta con seis años de cárcel.

Dejando atrás el pasado colonial

Desde la transición democrática en 1998, en Indonesia se han introducido leyes cada vez más estrictas sobre el sexo y el comportamientos sociales basadas en la religión en algunas partes del país de 267 millones de habitantes.

Un hombre tras ser flagelado por adultero.

Getty Images
La nueva legislación permite a las familias denunciar ante las las autoridades a aquellos parientes que convivan o tengan sexo con otra persona, sin estar casados.

La provincia de Aceh ya hace cumplir la sharía (ley islámica) y se castiga a las personas por apostar, beber alcohol y reunirse con miembros del sexo opuesto.

Muchos grupos islámicos han estado presionando para tener más influencia en la configuración de las políticas públicas en los últimos años.

Los legisladores, por su parte, han celebrado la revisión de las leyes que se remontan a la época colonial holandés.

“Es hora de que tomemos una decisión histórica y dejemos atrás el Código Penal colonial que heredamos”, dijo al parlamento la ministra de derecho, Yasonna Laoly.

Estaba previsto que un borrador anterior se aprobara en 2019, pero éste provocó protestas en todo el país con decenas de miles de personas participando en las manifestaciones.

Muchos, incluidos estudiantes, salieron a las calles y hubo enfrentamientos con la policía en Yakarta.

Ajeng dijo que muchos indonesios que no se vieron afectados por la ley también protestaron en 2019 porque “la gente no quiere que sus impuestos se usen para enviar a la gente a la cárcel solo por sexo”.

“La gente está enfadada porque les están quitando su libertad. Indonesia tiene muchos problemas como la pobreza, el cambio climático y la corrupción, pero en lugar de resolver un problema, han creado un proyecto de ley que solo aumenta el problema”, remató.


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