Quiénes eran los 3 estudiantes de cine asesinados y ¿por qué los jóvenes están siendo víctimas de la violencia?
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Quiénes eran los 3 estudiantes de cine asesinados y ¿por qué los jóvenes están siendo víctimas de la violencia?

La administración de Enrique Peña Nieto llega a sus últimos meses de gobierno este 2018 con la cifra más alta de homicidios desde que se iniciaron los registros oficiales en 1997.
26 de abril, 2018
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El asesinato de tres estudiantes de cine en Jalisco se suma a los más de 200 mil homicidios que el país ha registrado en la última década.

Pero los detalles que han ofrecido las autoridades acerca de cómo murieron a manos de los criminales que los secuestraron, asesinaron y disolvieron sus cuerpos en ácido, ha generado gran indignación.

Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz fueron raptados por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación el 19 de marzo pasado, según las investigaciones.

Los tres universitarios volvían a sus casas después de realizar una proyecto escolar a las afueras de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, cuando fueron interceptados por criminales.

Resultaron ser víctimas de una presunta “confusión” con integrantes de un grupo rival del CJNG, según la investigación de la Fiscalía de Jalisco.

¿Qué se sabe de estos tres estudiantes asesinados?, ¿por qué los jóvenes están siendo víctimas -y también victimarios- en la violencia del crimen organizado?

Una protesta en Guadalajara

AFP
La desaparición de los tres estudiantes de cine generó protestas masivas en Guadalajara y Ciudad de México.

Javier Salomón Aceves Gastélum

Salomón Aceves tenía 25 años. Le decían de cariño “Salo”. Era originario de la ciudad de Mexicali y era estudiante de cine en la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara (CAAV).

Su hermana Michelle escribió un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook en el que lo describió como una persona muy dedicada, que mostraba pasión por la cinematografía

“Me pone triste que hayan apagado tus sueños así nada más. Yo sé que tenías futuro, se notaba en el cómo sostenías tu cámara, como dirigías”, escribió.

“Sobre ti había colores, una luz que resplandecía en tus ojos de tantas ideas e imaginación que tenías. Tú nunca estabas en blanco“.

Otra de sus pasiones era tocar la batería.

Lo hacía con la banda Betray Me, la cual también publicó un mensaje de despedida: “Hasta siempre hermano, siempre vivirás en nuestros corazones. Fuiste y serás parte esencial de este proyecto”.

Marco Francisco García Ávalos

Prefería firmar como Marco Ávalos. Era originario de Tepic, la capital del estado de Nayarit, y tenía 20 años.

Apenas estaba cursando el segundo cuatrimestres de la CAAV y su talento se enfocaba en la edición de video y el manejo de programas de postproducción, según han dicho sus compañeros a la prensa de Jalisco.

“Su sueño era ser el mejor director y nadie lo dudaba, porque todos sabíamos lo talentoso que era y el don que tenía para comunicarse con la gente”, dijo su amiga Aylin Michelle al diario El País.

También lo describió como el chico que “le daba lo divertido” a las reuniones de amigos.

Jesús Daniel Díaz García

Daniel Díaz

Daniel Díaz/CAAV
Daniel Díaz compartía varios de sus trabajos a través de su cuenta de YouTube.

Daniel Díaz era originario de la ciudad de Los Cabos, en Baja California Sur. También tenía 20 años y era alumno del CAAV.

A menudo compartía sus trabajos audiovisuales en la plataforma Proyecta de su escuela.

Pero también le gustaba jugar fútbol. De hecho, cuando fue secuestrado, usaba muletas por una lesión que sufrió al jugar balompié.

Sus compañeros lo recuerdan por su alegría y por ser una persona muy tranquila.

“Nosotros hacíamos tarea juntos, nos juntábamos en mi casa, en mi departamento para hacer tareas, para hacer videos, para hacer guiones”, dijo una de sus compañeras al diario Mural.

Varios de los trabajos que hicieron los tres estudiantes juntos los compartían a través de YouTube.

 

¿Qué dice este crimen de la situación del país?

El gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó con índices delictivos a la baja, principalmente en el renglón de los homicidios que marcaron negativamente el sexenio de Felipe Calderón.

De acuerdo con analistas consultados por BBC Mundo, eso generó una percepción de que la seguridad en el país estaba mejorando.

Sin embargo, la administración llega a sus últimos meses de gobierno este 2018 con la cifra más alta de homicidios en un gobierno de seis años desde que se iniciaron los registros oficiales en 1997.

Para el académico y experto en seguridad nacional Javier Oliva, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el caso de los tres estudiantes asesinados en Jalisco es “síntoma de cómo la violencia en México está muy lejos, muy lejos -enfatiza- de descender o estar controlada”.

En particular, el tipo de violencia usada en contra de Salomón, Marco y Daniel, refleja los niveles de crueldad que han alcanzado las organizaciones criminales, dice el académico a BBC Mundo.

“Nos remite a cómo ha ido escalando la sevicia, que es una palabra muy fuerte en español: una crueldad extrema, inhumana, si es que la crueldad puede ser catalogada de otra manera”, señala.

Protesta en Guadalajara

AFP
Las manifestaciones tras el caso de los 3 estudiantes asesinados nuevamente han demandado acciones de las autoridades contra la violencia.

Por su parte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), una ONG que monitorea los índices de inseguridad en el país, señala que este tipo de crímenes son los que exponen la falta de control del territorio mexicano por parte del gobierno.

En este caso, los universitarios realizaban un proyecto escolar y fueron secuestrados en Tonalá, un municipio conurbado de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México.

“Si hay algo que desnuda la debilidad del Estado son las desapariciones, porque donde hay desapariciones, el Estado no controla el territorio”, indica Rivas en conversación con BBC Mundo.

El analista considera que el hecho de que haya pasado más de un mes desde que los jóvenes desaparecieron para que las autoridades encontraran evidencias de qué pasó con ellos muestra las falencias de la autoridad.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, había pedido un plazo de 15 días para resolver la desaparición de los jóvenes, pero los resultados fueron presentados luego de 34 días.

“El Estado es incapaz de tener una respuesta temprana y pronta. Hay debilidad para investigar los delitos, hay violación de los derechos de las personas y falta de acceso a la verdad y la justicia para las personas”, explica.

¿Por qué los jóvenes?

Como las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican, de alrededor de 210 mil homicidios que ocurrieron de 2007 a 2016, más de 107 mil fueron de personas entre 15 y 34 años.

En promedio por cada mujer que fue asesinada, ocho víctimas fueron hombres.

Si bien una parte de ello se explica por el hecho de que el grueso de la población mexicana es joven, el director del ONC también señala que las condiciones sociales y económicas hacen propicio el que sean reclutados.

Uno de los victimarios confesos de los 3 estudiantes era un chico de 20 años, quien está detenido y fue identificado por las autoridades como Omar N.

“Los jóvenes están más expuestos en su vida cotidiana”, señala Rivas, pues además de que padecen de la falta de respeto a sus derechos humanos, también carecen de espacios de estudio y trabajo.

“Pueden entrar al narcotráfico o a la delincuencia organizada porque es el mercado que más fácilmente les recibe, en donde hay ingresos potencialmente mayores que en un mercado laboral lícito. Pero también hay quienes ingresan por ser obligados”, indica.

Además de los homicidios, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas muestra que de 34 mil personas que están en calidad de desaparecidas en México, el 35% son menores de 29 años.

“No es posible continuar así”, expresaron este miércoles en un inusual comunicado conjunto la UNAM y la Universidad de Guadalajara, dos de las principales instituciones de educación superior de México.

Cada uno de ellos representa una investigación fallida, una familia destrozada y una esperanza perdida. La escalada de violencia y la impunidad rampante está presente en todos los rincones de nuestra nación”.

Y añadieron: “Exigimos acciones inmediatas para frenar y erradicar esta violencia que a todos nos agravia e indigna”.

 

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Cuartoscuro Archivo

El Ejército, con historial de quejas e investigaciones en su contra, y ahora con aval legal para seguridad pública

La Sedena es la institución que acumuló más quejas entre 2006 y 2019 por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.
Cuartoscuro Archivo
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Una orden presidencial de Andrés Manuel López Obrador legaliza que el Ejército haga labores de seguridad pública durante los próximos cinco años.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es, por otra parte, la institución que más quejas ha recibido ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, según datos recabados por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Entérate: ‘Hablan de mala fe, exageran’, dice AMLO a quienes critican acuerdo que da a fuerzas armadas tareas de seguridad

La orden que regula el rol de los militares indica que el único control al que serán sometidos es el órgano interno de cada institución, lo que ha sido criticado por las ONG, porque consideran que facilita la impunidad.

Entre 2006, año en el que Felipe Calderón dio inicio a la denominada “guerra contra las drogas”, y 2019, la CNDH registró 386 expedientes de queja por desaparición forzada o involuntaria de personas que presuntamente fueron cometidas por las autoridades federales. Casi la mitad de ellas, el 47.9%, señalaba a Sedena, mientras que el 30% responsabilizaba a la Secretaría de Marina (Semar).

En este periodo, la CNDH emitió 20 recomendaciones. La mayoría de ellas estaban dirigidas a Sedena (6), Fiscalía (6 también) y Semar (5).

Desde que Calderón decidió militarizar la seguridad pública y sacar a los soldados a la calle se registraron más de 7 mil detenciones de civiles cada año, realizadas tanto por elementos de la Sedena como de Semar.

A su vez, el Ejército estuvo involucrado en casi 5 mil 500 enfrentamientos armados y la Marina en casi 400.

Según datos ofrecidos por la institución en una respuesta a una solicitud de información, en 2019 fueron desplegados 62 mil 954 militares, lo que rebasa las cifras de años anteriores. Anualmente desde el inicio de la “guerra al narcotráfico”, el promedio de elementos de Sedena desplegados era de 50 mil y el de Semar de 8 mil.

Entre 2006 y 2019 la CNDH recibió 20 quejas por ejecución sumaria o extrajudicial. De estas, doce señalaban al Ejército, seis a la Policía Federal, tres a la Procuraduría General de la República (actual Fiscalía), dos a la Marina y una a la Comisión Nacional de Seguridad.

La última fecha actualizada que ofreció Sedena sobre el número de muertos y heridos en enfrentamientos es 2014. Con ese corte habría 3 mil 907 presuntos agresores muertos desde 2007 y más de 3 mil puestos a disposición ministerial.

El Ejército también encabeza la lista de sentencias condenatorias por delito de homicidio cometido por servidor público. Un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) recoge 48 condenas y 18 absoluciones. De las que la institución logró obtener una versión pública digitalizada, 23 habían sido dictadas a elementos de la Sedena, 4 a la Semar y 11 a oficiales de la Policía Federal.

En relación a la tortura, la CNDH registró que casi la mitad de las 11 mil 500 quejas por torturas y trato cruel, inhumano y degradante estaban dirigidas al Ejército. Detrás de los militares, los más señalados eran Policía Federal, Fiscalía y Marina.

Estas quejas no se traducen después en investigaciones. La Fiscalía Especial para el Delito de Tortura dijo que tiene 4,655 expedientes desde 2015. De ellos solo 0.55% fue judicializado.

Nuevamente, el Ejército está a la cabeza en número de investigaciones sobre su personal, seguido de Semar, Pemex, INM, Policía Federal, Aduanas y prisiones.

Específicamente existen 1,609 investigaciones en contra de Sedena.

Desde su despliegue en junio de 2019 a diciembre de 2019, la Guardia Nacional ha sido señalada en 49 quejas como autoridad presuntamente responsable de cometer violaciones de derechos humanos, de las cuales 7 se refieren a actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

Por su parte, López Obrador defendió su decisión y aseguró que se trata de un mero trámite, que el despliegue del Ejército durante toda su legislatura ya estaba contemplado en la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional.

“Necesitamos del profesionalismo de la Marina y el Ejercito para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia. “No quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, sería un rotundo fracaso; por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo que nos deben ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública. Estoy convencido de que es necesario y, como no tengo problema de conciencia, por eso puedo plantearlo”, afirmó.

En opinión del mandatario, las críticas a la medida vienen por “desinformación” o “mala fe”.

Desde la sociedad civil, sin embargo, se multiplican los pronunciamientos contrarios a la última decisión presidencial.

“Ni Calderón ni Peña se atrevieron a esto. Supone la entrega de la división de poderes entre lo civil y militar y la entrega de poder a los militares”, dijo José Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH. “Mintió a los votantes de que iba a ser distinto cuando criticó la politica militarizante”, dijo.

Desde el Centro Pro de Derechos Humanos, Luis Tapia consideró que la decisión presidencial puede tener un punto positivo, que es el de la seguridad jurídica, pero también puede normalizar la presencia de los soldados en las calles.

Recordó Tapia que, además de todas las quejas registradas, la CNDH tiene presentadas impugnaciones contra la Ley Nacional de Guardia Nacional, Ley Nacional Registro de Detenciones y Ley Nacional sobre el uso de la fuerza.

“Están en la Suprema Corte y tienen que ser resueltas por el pleno. Hay condiciones para que esto suceda y sería un momento propicio”, afirmó.

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