La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la ley de Publicidad Oficial.
[contextly_sidebar id=”awIc1ldRfqHXEUJIhrjMlizS4pZn4Uso”]Con 15 votos a favor, 8 en contra y una abstención, los legisladores que integran la Comisión (entre ellos, el diputado de Morena Jerónimo Alejandro Oljeda Anguiano) enviaron al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de ley para regularizar la publicidad oficial, luego de que la Corte ordenara al Congreso expedir una ley en la materia.
Con 15 votos a favor 8 en contra y 1 abstención se aprueba el dictamen y se va a pleno de la @Mx_Diputados #MediosLibres pic.twitter.com/sbsiaQs6No
— Publicidad Oficial (@PubliOficial) April 3, 2018
De acuerdo con organizaciones presentes en la discusión de la Comisión de Gobernación, la bancada de los diputados del PRI solicitaron votar el orden general del día; por su parte, los legisladores de la bancada de Acción Nacional se pronunciaron contra el dictamen.
Juan Pablo Piña, diputado del PAN, apuntó que el dictamen no cuenta con transparencia sobre el uso de los recursos públicos ni de las sanciones que se prevean para la aplicación de esta ley.
El diputado Macedonio Tamez, de Movimiento Ciudadano, votó en contra del dictamen y señaló que no se le puede dejar el control sobre la regulación de la publicidad oficial a la Secretaría de Gobernación (Segob).
En principio, el diputado de Morena Ojeda Anguiano se pronunció en contra del dictamen y pidió escuchar a las organizaciones sociales que rechazan el contenido de la iniciativa. Sin embargo, al final votó a favor, mientras que sus compañeros de partido abandonaron la sala antes de la votación, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.
Los integrantes de la Comisión de Gobernación acordaron que las reservas del dictamen se enviarán a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde se buscarán acuerdos para discutirlos en el pleno.
Integrantes de la #ComisiónDeGobernación de la @Mx_Diputados acordaron que las reservas del dictamen que expide la #LeyGeneralDeComunicaciónSocial se enviarán a #Jucopo para construir un acuerdo para su discusión en el #Pleno
— Noticias Congreso (@NoticiaCongreso) April 3, 2018
El colectivo publicidad oficial, conformado por las organizaciones Artículo 19 México y Fundar, reiteró su postura contra el dictamen aprobado y denunció que la discusión de la iniciativa en la Comisión de Gobernación es una simulación que solo busca cumplir con un formalismo para no caer en el desacato de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Artículo 19 y Fundar acusan que el dictamen que se votará ante el pleno de la Cámara de Diputados no atiende los problemas que supone la publicidad oficial como mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su uso para fines proselitistas, entre otros.
De acuerdo con el colectivo Publicidad oficial, “el documento institucionaliza malas prácticas y atenta directamente contra un estado democrático y de derecho, pues las disposiciones previstas en él violan directamente la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte”.
Los puntos críticos de la iniciativa que se discutirá ante el pleno de la Cámara, las organizaciones destacan que éste incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial; permite la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de recursos; centraliza más el control del gasto en publicidad oficial, y no fomenta el pluralismo ni la diversidad.
Asimismo, señalan las organizaciones, la iniciativa no propone transparencia y regulación de la medición de audiencia, lo que perjudica a los medios de comunicación.
En noviembre de 2017, la SCJN aprobó el proyecto que ordena al Congreso a emitir una ley que regule la publicidad oficial, que tiene que estar lista antes del 30 de abril de este año.
Esta resolución deriva de la revisión de un amparo promovido por la organización defensora de la libertad Artículo 19, que señala que el artículo tercero transitorio de la llamada “reforma político-electoral”, aprobada desde febrero de 2014, ordenaba que se debía emitir una ley específica para regular la contratación de publicidad oficial.
De acuerdo con la SCJN, la ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión.
