Gobierno mexicano tiene que garantizar la vida e integridad de Marco Antonio, exige la CIDH

Padres del menor aseguran que su salud ha mejorado, está a un 75% dice su padre. Abogados acusan falta de acceso a los expedientes del caso y filtración de información de las autoridades a los medios de comunicación.

Gobierno mexicano tiene que garantizar la vida e integridad de Marco Antonio, exige la CIDH
Los padres del joven estuvieron acompañados de sus abogados. Especial.

Los padres de Marco Antonio Sánchez, el menor de 17 años que fue detenido por policías y capitalinos y desapareció por cinco días en enero pasado, anunciaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para proteger la integridad del joven, que cumple ya dos meses en el Instituto Nacional de Neurología.

Durante conferencia de prensa y en compañía de los abogados Simón Hernández León y Juan Martín Pérez García, los padres de Marco también dieron a conocer que su hijo presenta una mejoría en su estado de salud.

“Mi hijo, ya puede salir al parque del hospital. La atención que le han dado ha sido buena. Ya le urge salir, pero todavía hay secuelas, su plática no es la correcta, hay un 70 0 75% de mejoría, pero ya conversa por medio del celular con sus amigos en redes sociales e incluso tiene relación con gente del extranjero con la que se comunica en inglés. Marco saldrá de esta y pondrá a cada quien en su lugar”, comentó su padre Marco Antonio Sánchez Chávez.

El abogado Simón Hernández confirmó que ahora el caso es llevado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), toda vez que la familia hizo la petición tras las “irregularidades” detectadas en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

“En la Ciudad de México no hay condiciones para una investigación imparcial, por lo que la Procuraduría General de la República ya tiene semanas con una carpeta de investigación por desaparición forzada. Vimos incapacidad de las autoridades en la búsqueda, localización e investigación del caso, por ello también decidimos llevar el caso a la CNDH”, dijo el abogado.

En sus medidas cautelares la CIDH solicita al Estado Mexicano que; adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y la salud de Marco, tomando en cuenta su condición de adolescente. Además de “adoptar las medidas requeridas por el beneficiario y sus representantes respecto a la atención médica y psicológica que le sea brindada”.

La CIDH plantea en el documento que el Gobierno de México tiene 15 días a partir del 2 de abril para adoptar las medidas solicitadas “y actualizar la información del caso de manera periódica”.

Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de la Organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quien estuvo presente por medio de videoconferencia, acotó que las medidas cautelares son una medida de protección que reforzarán la seguridad de Marco y resarcirán de alguna forma los daños que ha tenido por el trato que recibió y la forma en la q se le ha estigmatizado.

Resaltó que lo más importante al hacer valer estas medidas, es garantizar los derechos de Marco y proteger su salud mental. “Esperemos que esta decisión de la Comisión permita que Marco tenga la mejor atención posible y que se esclarezcan los hechos”, puntualizó.

Sin acceso a su expediente

Los abogados de Marco denunciaron que las autoridades han obstaculizado o impedido el acceso al expediente del caso y médico del joven y acusaron que ha habido filtración de información a los medios de comunicación sobre su proceso médico.

Comentaron que no han acudido a la Comisión Nacional de arbitraje Médico (Conamed) pues confiaron en el equipo de médicos independientes que llevan el caso de Marco.

El pasado 8 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX (SSP-CDMX), informó que el menor trató de escapar del Instituto Nacional de Neurología. Al respecto su padre comentó Marco salió del instituto médico pero no pensaba escapar, sino simplemente fueron sus deseos de salir de la habitación.

Además de la falta de acceso a los expedientes, los padres y abogados del  joven comentaron que Marco “ha sido revictimizado, pues se ha dado a conocer que fue sujetado y sometido a fuertes tratamientos médicos” ante los problemas psiquiátricos que presentó.

“Es lamentable que lejos de investigar el caso y los posibles actos de tortura se esté investigando la vida privada de un adolecente”, comentaron los abogados.

También aseguraron que a estas alturas la PGR cuenta con los elementos necesarios para ejercer acción penal en contra de los policías que lo detuvieron pero no han actuado.

“Hay un contexto político electoral que condiciona cualquier investigación. Desde el inicio no hubo disposición de las autoridades de la ciudad para investigar el caso como desaparición forzada”, por ello se acudió a las instancias federales.

Sus padres finalizaron diciendo que hasta el momento, el menor no ha sido diagnosticado ni les han explicado el motivo de su desorientación. Únicamente les han informado en distintas etapas que Marco presenta psicosis y bipolaridad.

Marco Antonio fue detenido el pasado 23 de enero por policías de la Ciudad de México, después del arresto estuvo desaparecido por 5 días. La noche del 27 de enero, el menor fue localizado en el Estado de México. Después de ser encontrado, lo trasladaron al Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Navarro y el 29 de enero ingresado al Insituto Nacional de Pediatría.

Fue hasta el 7 de febrero que Marco fue llevado al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, lugar donde aún permanece.

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