El Poder Judicial de la Federación aseguró este domingo que son infundadas las acusaciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, respecto a que los magistrados hayan demostrado sumisión ante el presidente Enrique Peña Nieto, al resolver que un juez federal y no uno local lleve el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y el presunto desvío de 250 millones de pesos para campañas priistas, en 2016.
Corral señaló el sábado pasado que esa resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, fue absurda y contraria a derecho, una muestra de justicia selectiva.
“Con esta acción se trata de cubrir con el manto de la impunidad a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, pieza clave en la red de corrupción, que inmiscuye a políticos de primer nivel, cercanos al presidente Enrique Peña Nieto”, expresó Corral en un video.
“Se confirma… la maniobra del gobierno de Peña Nieto para torcer la ley, y garantizar impunidad al exsecretario general del PRI, e impedir que Chihuahua continúe con sus investigaciones y acciones de combate a la corrupción”, agregó.
El Poder Judicial de la Federación arrebata a #Chihuahua el caso Alejandro Gutiérrez. No nos dejaremos. https://t.co/vloyVHfgLT
— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) April 7, 2018
Ante ello, el Poder Judicial respondió que los órganos jurisdiccionales que lo integran son independientes, ajenos a injerencias de cualquier otro órgano del Estado, o actor privado.
“Su único compromiso es con la Constitución y con nadie más. No dictan resoluciones por popularidad o por agradar a entes o actores políticos. Tampoco se amedrentan ante las amenazas o campañas mediáticas”, expresó sobre la actuación de jueces y magistrados federales.
“Es de lamentar que quien no es capaz de convencer por la vía del Derecho, busque hacerlo cuestionando el actuar independiente de los juzgadores”, agregó el Poder Judicial.
Los casos, concluyó en su mensaje, “no se ganan con discursos, sino con argumentos jurídicos”.
Este lunes, la Secretaría de Gobernación rechazó también las acusaciones del gobernador de Chihuahua. En un comunicado dijo que “las afirmaciones de Corral muestran un profundo desdén por las instituciones, las leyes y el pacto federal, al desconocer las resoluciones emitidas por un órgano constitucionalmente competente, que resolvió con base en pruebas y no a deseos personales o presiones políticas”.
Agregó que “es falso que exista subordinación del Poder Judicial Federal al Poder Ejecutivo Federal, como sí ocurrió en el caso de Chihuahua con la destitución del presidente del Tribunal de Justicia y del fiscal General del Estado, violentando la Constitución de la entidad, como lo acreditó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 3 de abril de 2018, dictada en ese asunto”.
El caso de presuntos desvíos durante el gobierno de César Duarte para campañas priistas implica al ex secretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez, a Antonio Tarín y a Gerardo Villegas.
El Décimo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México resolvió que sea el juez federal Gerardo Moreno García -juez que también lleva el juicio contra el exgobernador Javier Duarte- quien se haga cargo del proceso, considerando que los recursos presuntamente desviados del erario eran del ramo educativo, de naturaleza federal.
“Los recursos económicos fueron otorgados mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre el Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Estado de Chihuahua, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esos recursos mantienen su naturaleza jurídica de federales”, resolvió el tribunal, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.
Asociación de magistrados le responde a Corral
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C., también le respondió al gobernador de Chihuahua y rechazó las acusaciones y calificativos, pues aunque, aseguran, están acostumbrados a la crítica, replicaron que las expresiones “buscan crear una sospecha de subordinación de la actuación de nuestros tribunales a otro Poder del Estado”, por lo que “deben ser contundentemente rechazadas”.
