La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades del Hospital General de Cuernavaca violaron los derechos humanos de Marimar, cuando en 2016, médicos se negaron a practicarle un aborto, por un embarazo que fue producto de una violación sexual; esta es la primera ocasión en la que los ministros se pronuncian sobre la negación de este servicio.
Por primera vez la @SCJN se pronuncia sobre la negación de servicios de aborto por violencia sexual: Es una violación a los derechos humanos y se debe reparar esta violación de manera oportuna, integral y efectiva. pic.twitter.com/7V0mS7mWhZ
— GIRE (@GIRE_mx) April 4, 2018
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en febrero de 2016, Marimar, quien entonces tenía 17 años, fue víctima de una violación sexual y, producto de ella, resultó embarazada, por lo que acudió al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, para solicitar una interrupción legal del embarazo; sin embargo, el Comité de Bioética de la institución se lo negó.
La NOM 046 y la Ley General de Víctimas indican que el aborto y los servicios de anticoncepción en casos de violación están permitidos en todo el país, por lo que, acompañada por GIRE, Marimar y su mamá presentaron una demanda de amparo contra el hospital.
El caso fue atraído por la SCJN y este miércoles 4 de abril, por unanimidad de 5 votos, la Segunda Sala resolvió conceder el amparo a Marimar y reconoció que negar el servicio médico de interrupción del embarazo producto de una violación sexual constituye una violación a sus derechos reproductivos.
GIRE informó que, entre otras cosas, la demanda de amparo resalta la obligación, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, de reparar las violaciones que sufrieron la víctima y su familia, de manera oportuna, integral y efectiva.
La organización destacó que esta resolución es relevante, pues según el informe Violencia sin interrupción, las violaciones a derechos humanos y los obstáculos que viven las víctimas de violencia sexual son una constante en todo el país.
El informe señala es común que el personal médico suponga que el acceso de una niña o mujer víctima de violación a servicios de aborto es un delito y actúan bajo esa creencia, negándolo o entorpeciéndolo.
En ocasiones, indica el documento, ocurre que, a sabiendas de que el marco legal impone la obligación de prestar el servicio de aborto seguro en casos de violación sexual sin requisito alguno, existe personal de salud que antepone sus creencias religiosas o morales por encima de los derechos de niñas y mujeres.
De acuerdo con GIRE, “es urgente que las autoridades de salud, de procuración e impartición de justicia apliquen la normativa vigente en materia de acceso a servicios de interrupción del embarazo por violación sexual y así garanticen los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la igualdad y no discriminación y a una vida libre de violencia”.
