Este jueves se presentó ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) el caso de desaparición forzada de Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado, de quienes lo último que se conoció, en diciembre de 2009, es que fueron detenidos por militares en Buenaventura, Chihuahua.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), organismo que presentó el caso ante el tribunal internacional, existen elementos para presumir que se trató de una desaparición forzada, y de que las investigaciones por el delito no derivaron en una sanción, como consecuencia de múltiples mecanismos de encubrimiento y obstrucción.
Este es el primer caso de desaparición forzada, cometida durante la estrategia de combate al narcotráfico iniciada durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que llega ante un tribunal internacional.
Los testigos del caso refieren que el 29 de diciembre de 2009, entre las 8 y 9 de la noche, José Ángel Alvarado y Nitzia Paola Alvarado se encontraban a bordo de una camioneta estacionada afuera de la casa de Adela Beltrán, suegra de José Ángel, en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, cuando fueron obligados por diez personas uniformadas como militares a abordar un vehículo particular, donde se los llevaron con rumbo desconocido.
Minutos después, personas con uniformes militares irrumpieron con violencia en la vivienda de Rocío Irene Alvarado, ubicada también en Buenaventura, Chihuahua, donde se encontraba en compañía de dos de sus hermanos, de su madre y de su hija. Los soldados la detuvieron y la obligaron a abordar un vehículo donde se la llevaron.
De acuerdo con la madre de Rocío Irene, durante la detención, los militares señalaron que se trataba de una diligencia en el marco del Operativo Chihuahua; desde entonces, se desconoce del paradero de los tres detenidos.
Como respuesta a las acusaciones realizadas ante la Corte por parte de los familiares de los desaparecidos, la Ministerio Público Mariana Colín, encargada de la carpeta de investigación del caso en PGR, señaló que el Estado mexicano no reconoce la participación de militares en la desaparición, sino de miembros del crimen organizado uniformados, porque “ya no había presencia militar en la zona” cuando se dio la supuesta detención.
Según la Ministerio Público, Mariana Colín Ayala, encargada de de la carpeta de investigación del Caso Alvarado en @PGR_mx “ya no había presencia militar en la zona” cuando se da la desaparición de la familia Alvarado.
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Nueve años de búsqueda sin resultados
La misma noche en la que Nitzia Paola, Rocío Irene y José Ángel fueron detenidos, sus familiares siguieron el supuesto convoy que los llevaba, hasta que los perdieron de vista, y acudieron ante el comandante de la policía del poblado de Benito Juárez, para dar aviso de los hechos, pero no pudieron localizarlos.
Al día siguiente, acudieron a buscar a las víctimas al 35 Batallón de Infantería, donde negaron que hubieran recibido a sus familiares, por lo que denunciaron ante la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) los hechos, teniendo como respuesta que, si los soldados los habían detenido serían puestos a disposición de las autoridades en un plazo de 72 horas, lo que no ocurrió.
El 31 de diciembre de 2009 los familiares denunciaron ante la AFI la privación ilegal de la libertad de los tres detenidos, y se percataron que en el patio del edificio institucional se encontraba la camioneta en la que Paola, Rocío y José fueron detenidos; el vehículo se encontraba “bajo custodia del estado”.
Ante la falta de respuesta, el 6 de enero de 2010 presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Por estos hechos, el 4 de enero de 2010, el hermano de José Ángel Ángel Alvarado presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por la presunta comisión de desaparición forzada.
En junio de 2011, la CNDH emitió la recomendación 43/2011, dirigida a la Sedena, la Policía Federal y el entonces gobernador de Chihuahua, por violaciones a los derechos humanos a la legalidad y la seguridad jurídica, a la libertad, a la integridad física y seguridad personal, al acceso a la justicia y al debido proceso, por la detención arbitraria y desaparición forzada de las tres víctimas.
El contenido de la recomendación fue aceptado por el gobierno de Chihuahua; por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública determinó no aceptarla, y la Sedena manifestó que la aceptaba, pero aclaró que “las acciones para su cumplimiento, relativas a la investigación de hechos y reparación del daño, quedarán sujetas al resultado de las investigaciones ministeriales y administrativas de las autoridades competentes”.
Debido a las amenazas y hostigamiento por parte de diferentes instituciones de gobierno, once miembros de la familia de Nitzia Paola, Rocío Irene y José Ángel tuvieron que pedir asilo político en los Estados Unidos, donde viven actualmente.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), organización que acompaña a la familia de las víctimas, señaló que la respuesta del Estado mexicano, sobre que la desaparición fue realizada por el crimen organizado, es una estrategia para legitimar la militarización en México, y acusó al gobierno de negar su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad ante instancias internacionales.
La estrategia del Estado diciendo que fue el crimen organizado el responsable de la desaparición en el Caso Alvarado, en el fondo busca legitimar la estrategia de militarización en México. #MilitarizaciónAlaCorte #FueElEjército pic.twitter.com/cGdekj6eak
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