Extraditan a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, de Italia a Estados Unidos
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Cuartoscuro

Extraditan a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, de Italia a Estados Unidos

El exgobernador de Tamaulipas fue capturado en abril del año pasado en Florencia, Italia, y es acusado de narcotráfico, así como lavado de dinero.
Cuartoscuro
Por Carlos Manuel Juárez
20 de abril, 2018
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A primera hora del viernes, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue extraditado de Italia a Estados Unidos. El matamorense llegó a Texas por la tarde y comparecerá ante el magistrado Ronald Morgan el lunes 23 de abril, a las 13:30 horas, en Brownsville.

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas celebró el envío del político mexicano por las autoridades italianas. En un comunicado explicó que el mexicano es acusado de extorsión, tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude bancario, imputaciones producto de una investigación que abarcó varios años.

El titular de la oficina de Cooperación internacional del Ministerio de Justicia de Italia, Stefano Opilio, explicó que el ministro de Justicia, Andrea Orlando, firmó el decreto el jueves. El trámite se agilizó después de que la Sexta Sección Penal Corte de Casación de Italia rechazó el envío a México.

Agentes de la Policía de frontera italiana escoltaron al acusado hasta el aeropuerto romano de Fiumicino. Allí personal del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service) recibió al político mexicano para trasladarlo en un vuelo comercial a Estados Unidos.

Leer: Italia niega a México la extradición de Yarrington por las violaciones a derechos que hay en cárceles mexicanas

La policía italiana detuvo a Tomás Yarrington el 9 de abril de 2017. El tamaulipeco cenó en un restaurante del centro de Florencia. Al salir, caminó junto a otro hombre de origen polaco por la Piazza della Signoria. A los pocos metros 3 hombres y una mujer, agentes italianos, lo rodearon. Él los saludó, mostró una credencial de conducir con un nombre falso, pero corroboraron su identidad.

Los gobiernos de Estados Unidos y de México presentaron solicitudes de extradición ante la autoridad italiana. Sin embargo, los magistrados italianos argumentaron que el imputado no viniera a México, por existir una crónica, constante y sistemática violación de los derechos humanos en las cárceles.

Señalaron también la presencia de actos de tortura, documentados por organizaciones acreditadas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “México está en incapacidad de ofrecer garantías en relación a la incolumidad (integridad) de Yarrington”, dijo el abogado  Luca Marafioti. El italiano ayer dejó de defender al mexicano.

Investigación de larga data

Más de quince años duró la investigación contra Yarrington Ruvalcaba. Los titulares de los Distritos Sur y Oeste de Texas, Ryan K. Patrick y John F. Bash, respectivamente, anunciaron la recepción al imputado. Los agentes especiales  Shane Folden, Will R. Glaspy, Andy Tsui y Christopher Combs elogiaron el trabajo de la indagatoria.

El caso que llevó a la captura del exgobernador reside en la División de Brownsville del Distrito Sur de Texas. Yarrington, de 61 años, y Fernando Alejandro Cano Martínez, de 61 años, propietario de la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, son acusados de lavar dinero, defraudar y conspirar para hacer declaraciones falsas a bancos estadounidenses.

Además, solamente Yarrington es imputado por narcotráfico, cargo que se vincula con posible fraude bancario y transacciones ilegales de dinero obtenido por sobornos de los principales narcotraficantes que operaban en Tamaulipas. A cambio, supuestamente Yarrington permitió que operaran libremente.

Según la acusación formal, de 2007 a 2009, presuntamente, el político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) participó en el contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del puerto de Veracruz hacia los Estados Unidos.

En rueda de prensa, Shane Folden enfatizó que la HSI “persigue agresivamente a organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para la seguridad nacional de los EE. UU., para incluir a funcionarios públicos corruptos que utilizan su posición e influencia para promover la actividad ilícita”.

Las autoridades estadounidenses comenzaron a observar a Yarrington por Fernando Cano. Las investigaciones señalan que el empresario constructor pagó para recibir contratos de obras públicas y adquirir bienes inmuebles durante el mandato de Yarrington. El gobierno americano asegura que el político recibió los pagos por la  obra pública asignada a la constructora de Cano en la última parte de 2004.

“…parte de esos fondos se usaron para comprar un avión Sabreliner 60 en enero de 2005. Como parte de esa compra, se transfirieron 300 mil dólares a una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Otra porción de los fondos presuntamente robados, 5 millones de pesos mexicanos, fue transferida a Cano en la primavera de 2005, según la acusación”, refiere la fiscalía.

A Yarrington y Cano se les involucra en la adquisición de terrenos, casas, automóviles, cuentas bancarias y aviones en los condados de Bexar, Cameron, Hidalgo y Hays. Para la compra usaron nombres de empresas establecidas a partir de 2005 en territorio del sur de Estados Unidos. En estos movimientos se presume la utilización de  de más de 7 millones de dólares.

El modus operandi para comprar activos detectado por las corporaciones de justicia y seguridad para evadir el cerco anti lavado fue generar transacciones estructuradas de 10 mil dólares o menos, con el objetivo de eludir la presentación de Informes de Transacciones Monetarias por parte del banco.

El gobierno de los Estados Unidos reconoció la asistencia del gobierno de México, los agentes norteamericanos en Roma y la Ciudad de México, el Ministerio del Interior italiano, la Interpol Roma y el Servicio Central de Operaciones de la Policía Nacional Italiana en la extradición de Yarrington.

Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la  Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Investigaciones Criminales de Ingresos Internos (IRS-CI) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), participaron en las indagatorias que datan de actividades presuntamente ilícitas a partir de 1998.

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Las 24 horas de ataques sincronizados del narco en Ecuador que dejaron 6 muertos y llevaron a un nuevo estado de excepción

Los tiroteos por parte de grupos del crimen organizado en Ecuador se han atribuido al traslado de presos del Penal del Litoral, en Guayaquil.
2 de noviembre, 2022
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Dos provincias de Ecuador vivieron 24 horas de terror cuando bandas armadas realizaron ataques sincronizados que fueron calificados por el presidente Guillermo Lasso como “una declaración de guerra” contra el estado de Derecho, el gobierno y la ciudadanía.

El mandatario decretó un nuevo estado de excepción en Guayas y Esmeraldas por 45 días, que implica un toque de queda desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana.

Según informó el diario El Universo, hasta el momento hay cinco policías muertos, atacados a tiros mientras patrullaban las calles de estas dos provincias, y un civil, quien falleció, por una herida de bala en la cabeza.

La mayoría de los ataques se produjeron entre la una y las tres y media de la madrugada, e incluyeron detonaciones de artefactos explosivos y coches bomba en los alrededores de gasolineras, terminales de autobuses y comisarías.

Como indicó en septiembre la enviada especial de BBC Mundo a Guayaquil Valentina Oropeza, “el Ministerio del Interior y la Policía Nacional han registrado 145 atentados con explosivos en Ecuador entre enero y agosto de este año, un récord en la historia del país. 72 de ellos, casi la mitad, han ocurrido en Guayaquil”.

Los atentados continuaron en horas de la tarde, por ejemplo frente al edificio municipal de Durán, ciudad vecina a Guayaquil, que tiene la segunda tasa de homicidios más alta del país, según informó el medio GK.

Traslados “por reparaciones”

Los ataques habrían sido -según la prensa local- una respuesta de grupos vinculados al narcotráfico a un traslado de cientos de presos del Penal del Litoral, ubicado en Guayaquil y escenario de motines sangrientos en los últimos dos años (unos 120 internos murieron en esta cárcel en septiembre de 2021).

El diario El Universo informó de panfletos atribuidos a las bandas Los Lobos y Los Tiguerones que advertían el lunes pasado con hacer uso de su poder logístico y armamento si “tocaban” a su gente de los pabellones 8 y 9 de esa penitenciaría.

Familiares de presos en el el Penal del Litoral

Getty Images
Familiares de presos en el el Penal del Litoral se autoconvocaron desde el lunes afuera de la penitenciaría.

Se desconoce aún a qué otros centros de rehabilitación fueron llevados los presos, cuyo traslado fue atribuido por el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores) a “reparaciones en los pabellones”.

“No sabemos a dónde los llevan, los mandan a morir”, dijo a este diario uno de los familiares que desde la noche del 31 de octubre se autoconvocaron en las afueras del Penal del Litoral ante las primeras noticias de los traslados y con temor a nuevas masacres carcelarias que han dejado más de 400 muertos en Ecuador desde 2020.

Mientras, en un centro de rehabilitación de Esmeraldas siete funcionarios penitenciarios fueron secuestrados por los presos y más tarde liberados.

“Incomodidad”

En este marco de violencia, el presidente suspendió sus vacaciones familiares a Orlando, Estados Unidos, por las que había sido criticado en redes sociales debido a la situación de violencia en el país, y se trasladó a Guayaquil -capital de la provincia del Guayas- para encabezar la respuesta del gobierno a esta última ola de atentados.

Según Lasso, lo ocurrido en estas 24 horas muestra “claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional está dispuesta a traspasar”.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

Getty Images
El presidente Lasso ha decretado varios estados de excepción desde 2020 pero la violencia no se detiene en el país.

“La narcodelincuencia se siente incómoda y manifiesta su malestar con violencia”, añadió el mandatario, atribuyendo la reacción de las bandas armadas al combate de su gobierno al tráfico de drogas.

Como informó Valentina Oropeza, en 2022 Ecuador figura como el tercer país donde se incauta más cocaína después de Colombia y Estados Unidos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga.

Guayaquil, el mayor puerto marítimo del país, también es el principal puerto de salida de la droga que navega por el Pacífico hacia el norte del continente americano.


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