A primera hora del viernes, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue extraditado de Italia a Estados Unidos. El matamorense llegó a Texas por la tarde y comparecerá ante el magistrado Ronald Morgan el lunes 23 de abril, a las 13:30 horas, en Brownsville.
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas celebró el envío del político mexicano por las autoridades italianas. En un comunicado explicó que el mexicano es acusado de extorsión, tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude bancario, imputaciones producto de una investigación que abarcó varios años.
El titular de la oficina de Cooperación internacional del Ministerio de Justicia de Italia, Stefano Opilio, explicó que el ministro de Justicia, Andrea Orlando, firmó el decreto el jueves. El trámite se agilizó después de que la Sexta Sección Penal Corte de Casación de Italia rechazó el envío a México.
Agentes de la Policía de frontera italiana escoltaron al acusado hasta el aeropuerto romano de Fiumicino. Allí personal del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service) recibió al político mexicano para trasladarlo en un vuelo comercial a Estados Unidos.
La policía italiana detuvo a Tomás Yarrington el 9 de abril de 2017. El tamaulipeco cenó en un restaurante del centro de Florencia. Al salir, caminó junto a otro hombre de origen polaco por la Piazza della Signoria. A los pocos metros 3 hombres y una mujer, agentes italianos, lo rodearon. Él los saludó, mostró una credencial de conducir con un nombre falso, pero corroboraron su identidad.
Los gobiernos de Estados Unidos y de México presentaron solicitudes de extradición ante la autoridad italiana. Sin embargo, los magistrados italianos argumentaron que el imputado no viniera a México, por existir una crónica, constante y sistemática violación de los derechos humanos en las cárceles.
Señalaron también la presencia de actos de tortura, documentados por organizaciones acreditadas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “México está en incapacidad de ofrecer garantías en relación a la incolumidad (integridad) de Yarrington”, dijo el abogado Luca Marafioti. El italiano ayer dejó de defender al mexicano.
Investigación de larga data
Más de quince años duró la investigación contra Yarrington Ruvalcaba. Los titulares de los Distritos Sur y Oeste de Texas, Ryan K. Patrick y John F. Bash, respectivamente, anunciaron la recepción al imputado. Los agentes especiales Shane Folden, Will R. Glaspy, Andy Tsui y Christopher Combs elogiaron el trabajo de la indagatoria.
El caso que llevó a la captura del exgobernador reside en la División de Brownsville del Distrito Sur de Texas. Yarrington, de 61 años, y Fernando Alejandro Cano Martínez, de 61 años, propietario de la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, son acusados de lavar dinero, defraudar y conspirar para hacer declaraciones falsas a bancos estadounidenses.
Además, solamente Yarrington es imputado por narcotráfico, cargo que se vincula con posible fraude bancario y transacciones ilegales de dinero obtenido por sobornos de los principales narcotraficantes que operaban en Tamaulipas. A cambio, supuestamente Yarrington permitió que operaran libremente.
Según la acusación formal, de 2007 a 2009, presuntamente, el político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) participó en el contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del puerto de Veracruz hacia los Estados Unidos.
En rueda de prensa, Shane Folden enfatizó que la HSI “persigue agresivamente a organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para la seguridad nacional de los EE. UU., para incluir a funcionarios públicos corruptos que utilizan su posición e influencia para promover la actividad ilícita”.
Las autoridades estadounidenses comenzaron a observar a Yarrington por Fernando Cano. Las investigaciones señalan que el empresario constructor pagó para recibir contratos de obras públicas y adquirir bienes inmuebles durante el mandato de Yarrington. El gobierno americano asegura que el político recibió los pagos por la obra pública asignada a la constructora de Cano en la última parte de 2004.
“…parte de esos fondos se usaron para comprar un avión Sabreliner 60 en enero de 2005. Como parte de esa compra, se transfirieron 300 mil dólares a una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Otra porción de los fondos presuntamente robados, 5 millones de pesos mexicanos, fue transferida a Cano en la primavera de 2005, según la acusación”, refiere la fiscalía.
A Yarrington y Cano se les involucra en la adquisición de terrenos, casas, automóviles, cuentas bancarias y aviones en los condados de Bexar, Cameron, Hidalgo y Hays. Para la compra usaron nombres de empresas establecidas a partir de 2005 en territorio del sur de Estados Unidos. En estos movimientos se presume la utilización de de más de 7 millones de dólares.
El modus operandi para comprar activos detectado por las corporaciones de justicia y seguridad para evadir el cerco anti lavado fue generar transacciones estructuradas de 10 mil dólares o menos, con el objetivo de eludir la presentación de Informes de Transacciones Monetarias por parte del banco.
El gobierno de los Estados Unidos reconoció la asistencia del gobierno de México, los agentes norteamericanos en Roma y la Ciudad de México, el Ministerio del Interior italiano, la Interpol Roma y el Servicio Central de Operaciones de la Policía Nacional Italiana en la extradición de Yarrington.
Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Investigaciones Criminales de Ingresos Internos (IRS-CI) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), participaron en las indagatorias que datan de actividades presuntamente ilícitas a partir de 1998.
