Por falta de acuerdos envían #LeyChayote a Mesa Directiva del Senado; hubo votación empatada

De las tres comisiones legislativas, una votó a favor, otra empató y una más votó en contra del dictamen, que debe estar aprobada por el Congreso de la Unión a más tardar el 30 de abril por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Foto: Andrea Vega

Los senadores no llegaron a ningún acuerdo sobre la Ley de Comunicación Social, llamada también #LeyChayote, que busca regular el gasto en comunicación social de los entes públicos.

El resultado de las votaciones de los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía y, de Estudios Legislativos, fue de empate.

Las comisiones turnaron a la Mesa Directiva del Senado el dictamen a la minuta que expide la Ley General de Comunicación Social, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política, quien decidirá si se somete o no al Pleno.

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En la comisión de Gobernación hubo siete votos a favor y cuatro en contra; en la de Radio y Televisión hubo un empate de siete votos a favor y siete votos en contra, mientras que en la Comisión de Estudios Legislativos hubo dos votos a favor y tres en contra.

El presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Raúl Aarón Pozos Lanz, informó que, siguiendo el reglamento del Congreso, lo que corresponde es remitir el dictamen a la Mesa Directiva.

Senadoras y senadores de oposición cuestionaron el proceso legislativo argumentando que se intentó someter a votación el mismo dictamen de la sesión anterior y que no generó consenso.

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La Ley General de Comunicación Social debe estar aprobada por el Congreso de la Unión a más tardar el 30 de abril por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Organizaciones sociales denuncian que esta ley incentivaría el uso proselitista de la publicidad oficial que afectaría la equidad de la contienda electoral, además promueve un gasto discrecional y excesivo.

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Se prevé que la Ley General de Comunicación Social entre en vigor el 1 de enero de 2019 y será aplicable a cualquier campaña de comunicación social pagada con recursos públicos que sea transmitida en territorio nacional o en el extranjero.

 

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