¿Puede Lula seguir siendo candidato a la presidencia de Brasil aunque esté en la cárcel?
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¿Puede Lula seguir siendo candidato a la presidencia de Brasil aunque esté en la cárcel?

Lula da Silva sigue siendo el candidato del Partido de los Trabajadores para las elecciones que se celebrarán en el próximo mes de octubre. Pero, ¿puede un preso aspirar a la presidencia de Brasil?
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Por BBC Mundo
9 de abril, 2018
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Pese a estar en la cárcel y condenado a algo más de 12 años de prisión, Lula da Silva sigue siendo el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones que se celebrarán en el próximo mes de octubre.

Pero, ¿puede un preso aspirar a la presidencia de Brasil? ¿Y hacer campaña desde la cárcel?

“No será el PT quien haga renunciar a Lula a la candidatura”, le dijo a BBC Brasil el pasado sábado el vicepresidente nacional de la formación, Alexandre Padilha.

“La ley establece que en agosto deben registrarse las candidaturas. El nombre de Lula estará allí. Vamos a seguir lo que dice la ley y después será el Tribunal Superior Electoral (TSE) quien tenga que avalarlo. Lula seguirá siendo nuestro candidato, encarcelado o no”.

El TSE podría tumbar la candidatura basándose en la Ley de Ficha Limpia que convierte en inelegibles a quienes hayan sido condenados en segunda instancia. Es el caso del expresidente brasileño y candidato del PT.

Partidarios de Lula.

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El Partido de los Trabajadores de Lula lo mantiene como candidato a la presidencia y es, según las encuestas, el que tiene el mayor apoyo en intención de voto.

Un proceso largo

Aún así, el proceso no es automático. Según varios juristas consultados por BBC Brasil el análisis de las candidaturas puede llevar semanas porque el Ministerio Público y la defensa necesitan tiempo para hacer sus alegatos.

El plazo límite para que el TSE se pronuncie es el 17 de septiembre.

“El análisis de la Justicia Electoral puede tomar entre 20 y 25 días. Durante ese tiempo, el candidato tiene todo el derecho a hacer campaña”, explica Lara Ferreira, profesora de Derecho Constitucional en la facultad Dom Helder Câmara.

Campaña entre rejas

La legislación, eso sí, no prevé cómo Lula podría hacer campaña estando en prisión.

Los especialistas en Derecho Electoral con los que ha hablado BBC Brasil aseguran que será el juez encargado de la situación carcelaria de Lula el que decida si le deja salir de prisión durante unas horas para que haga campaña.

O también podría permitir la entrada de un equipo audiovisual al penal.

“Si el juez se niega, el preso podrá recurrir a instancias superiores”, explica Alberto Rollo, abogado en el área electoral.

Lula acompañado de sus abogados.

AFP
El expresidente de Brasil se entregó el sábado después de que el viernes expirase el plazo para entregarse voluntariamennte.

Escenarios posibles

También existe la posibilidad de que Lula sea puesto en libertad antes de que comience la campaña el 16 de agosto.

Esto podría ocurrir si el Tribunal Supremo Federal revisa su decisión de encarcelar a Lula tras ser condenado en segunda instancia.

La Corte podría reevaluar el tema esta misma semana, ya que uno de sus ministros, Marco Aurélio Mello, dijo que llevará la discusión al plenario que se celebra el miércoles.

Por otro lado, si el Tribunal Superior Electoral rechaza el registro de la candidatura de Lula, el PT todavía puede recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo Federal.

De esta forma se alargaría el proceso. En caso de que no haya un pronunciamiento por parte de los magistrados antes de las elecciones, que tendrán lugar en octubre, Lula podrá concurrir en la carrera presidencial.

Partidaria de Lula para que sea presidente en 2018.

EPA
El tribunal electoral brasileño decidirá a partir de agosto si admite la candidatura de Lula.

Si queda entre los dos primeros en la primera vuelta pero es retirado de las elecciones antes de la segunda, sus votos serían anulados y el candidato en tercer lugar ocuparía el lugar de Lula, explica el abogado Marcelo Peregrino, exjuez del Tribunal Regional Electoral de Santa Catarina (en el sur de Brasil).

Si, llegado el momento de la segunda vuelta, el TSE aún no ha tomado una decisión y Lula gana las elecciones, el Tribunal tiene derecho a eliminar su candidatura aún después de que haya sido elegido presidente.

“En ese caso, el presidente de la Cámara será el que asuma la presidencia de la República y convocaría elecciones en un plazo de 90 días”, destaca Peregrino.

Cuestión prioritaria

Para Peregrino cualquiera de estos escenarios es posible, ya que el máximo tribunal electoral no es muy rápido en sus decisiones y Lula tiene la posibilidad de alargar el proceso recurriendo al Supremo.

Alberto Rollo, otro experto jurista, es de opinión contraria. Él cree que la justicia daría prioridad al tema de Lula precisamente por estar en juego el cargo más importante del país.

El juez Edson Eachin

AFP
Edson Fachin es uno de los magistrados del Tribunal Supremo Federal que dictaminó que Lula podía empezar a cumplir su pena a más de 12 años de cárcel por corrupción.

“Sería muy grave dejar eso indefinido, no por Lula, sino por el cargo que se disputa”.

En caso de que la candidatura del expresidente sea eliminada antes de la segunda vuelta, el PT puede sustituir a su candidato.

A día de hoy los nombres con más fuerza son Fernando Haddad (exalcalde de Sao Paulo) y Jaques Wagner (exgobernador del estado de Bahía).

Lula también puede intentar anular su incapacidad de ser elegido. Este supuesto lo recoge la propia ley de Ficha Limpia que, admite la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia o el Supremo.

La aceptación de este recurso, coinciden los juristas, sería extraña.

Luiz Inázio lula da Silva, expresidente de Brasil.

Getty Images
El expresidente siempre ha defendido su inocencia.

Lula está condenado a una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso de un departamento de tres pisos de Guarajá, en el estado de Sao Paulo.

El expresidente niega que el inmueble se lo haya regalado el conglomerado empresarial OAS y asegura que es víctima de una persecución.

Ninguno de los juristas consultados por BBC Brasil pudo señalar un precedente de un caso similar en el que una persona que ya está en la cárcel después de ser condenada en segunda instancia hiciese campaña desde prisión.

El TSE no contestó a BBC Brasil para participar en este reportaje.


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AFP

Cuerpos en lista de espera: En México no hay suficientes crematorios para los miles de muertos por COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha provocado la saturación del sistema funerario. Las muertes se multiplicaron y los hornos crematorios trabajan a tope.
AFP
Por Andrea Vega, Alberto Pradilla, Arturo Daen y César Reveles
25 de mayo, 2020
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La esposa de Marcelino falleció este domingo 24 de mayo alrededor de las 2 de la madruga en el Hospital General de Ticomán, en la Ciudad de México. La señora ingresó hace 14 días con tos y fiebre.

“A las 11 de la mañana de este sábado, en los informes telefónicos, me dijeron que estaba estable y en la madrugada me llaman para decirme que ya había fallecido. Es de no creerse. No le hicieron la prueba de la enfermedad esa pero en el acta de defunción pusieron neumonía y entre paréntesis Covid”, dice Marcelino entre lágrimas.

Su familia, que lo acompaña hoy en la entrada del crematorio público de la Alcaldía de Cuajimalpa, lo acompañó también en la odisea de conseguir un lugar para cremar el cuerpo.

“Fuimos a tres funerarias, en las tres nos dijeron que no había crematorio disponible para la incineración, que pondrían a mi esposa en lista de espera y hasta dentro de 72 horas habría lugar para incinerarla. Se iba a tener que quedar en el hospital porque no dan el cuerpo si no tienes ya agendada la cita para la cremación, así que seguimos buscando”, cuenta Marcelino.

Entérate: México ya está entre los 10 países con más fallecimientos por COVID

Fue hasta la cuarta funeraria que visitaron donde les dijeron que podían conseguirles un espacio antes de las 72 horas en el crematorio de la Alcaldía de Cuajimalpa. “No sé cómo lo consiguieron pero qué bueno porque ya hemos pasado por mucho”, dice Marcelino antes de volverse a romper.

Por número de fallecimientos causados por COVID por cada 100 mil habitantes, Baja California tiene la posición número uno a nivel nacional, Ciudad de México está en el lugar dos, Quintana Roo es el tercero y después le siguen Tabasco y Sinaloa.

En el Valle de México, que integra a la capital y al Estado de México, se está cremando al 90% de los fallecidos. Las familias que en estos días pierden un integrante, deben agregar a su pena la de ir de una funeraria a otra buscando lugar para incinerar a su difunto.

Antes del coronavirus, los empleados del crematorio público de la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México, terminaban su jornada a las 5 de la tarde. Ahora se dividen en tres turnos para inhumar y cremar las 24 horas del día, de lunes a domingo.

Roberto Palomo Regino, jefe de la Unidad Departamental de Panteones de Xochimilco, cuenta a Animal Político que les envían cuerpos de todas las alcaldías, de casos confirmados y sospechosos de coronavirus. Están saturados de trabajo, con un promedio de 30 inhumaciones o cremaciones al día.

Antes del COVID solían hacer cuatro inhumaciones y no más de cinco incineraciones por día.

En abril cremaron a 84 personas con sospecha o caso confirmado de COVID-19. En mayo, la cifra subió a 288. Además, han inhumado 76 cuerpos desde el inicio de la epidemia, solo de afectados por el nuevo coronavirus o con la sospecha de serlo.

“Estamos llenos completamente”, menciona. Aunque asegura que no tienen cuerpos apilados afuera de los crematorios. Las incineraciones las trabajan con una programación anticipada. Desde el jueves 21 de mayo, tenían la agenda llena por los próximos cuatro días. Y para ese entonces ya tendrán otras en lista de espera.

Donde los cuerpos sí esperan es en los hospitales. De acuerdo a los lineamientos emitidos por el gobierno federal para el manejo de cadáveres, para la entrega del cuerpo por parte del personal de la institución de salud, la familia debe contar ya con un plan de disposición final del fallecido y con los servicios funerarios contratados.

Palomo Regino cree que son los mismos hospitales los que están provocando un problema.

En los hospitales le están diciendo a la gente que debe cremar a sus fallecidos, acusa, cuando no es obligatorio hacerlo en caso de muertes por COVID-19. También está la posibilidad de inhumar, un proceso más sencillo para los trabajadores funerarios, con las medidas de higiene correspondientes, agrega.

Personal de funerarias (sobre todo irregulares o que no cuentan con cuartos fríos para el resguardo de los cuerpos) que rondan las clínicas o los juzgados diciendo a la gente que cuando un familiar muere por COVID tiene sólo cuatro horas para cremarlo también están provocando ese cuello de botella.

Ellos, señala Palomo Regino, explotan la desesperación de la gente para que les contrate el servicio, aunque luego esos establecimientos no tienen un lugar definido para cremaciones.

Lee: ’15 mil y te doy el certificado de defunción’: así operan ‘coyotes’ ante muertes con síntomas de COVID-19

Una primera versión emitida por las autoridades federales de la guía para el manejo de cadáveres sí recomendaba la incineración de los fallecidos por COVID.

Después el gobierno federal corrigió. En una de las conferencias vespertinas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell explicó que, para respetar la Ley de Víctimas, en un país con al menos 61 mil personas desaparecidas, esa recomendación se enmendaría. Así fue.

Para entonces, la idea de la incineración ya se había esparcido en un país que no tiene los suficientes crematorios para responder a una demanda como la que ha desatado la pandemia de COVID-19.

De acuerdo a datos de INEGI, existen 5,924 unidades económicas en toda la República dedicadas a servicios funerarios. El Estado de México y la capital tienen el mayor número, con 688 y 420.

Sin embargo, no todas las funerarias cuentan con crematorios. De hecho, únicamente existen alrededor de 500 en todo el país, de acuerdo a cálculos de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (ANDF).

Hasta ahora no se habían necesitado más, ya que las personas preferían inhumar a sus familiares fallecidos. Aunque hay excepciones. En el Valle de México, por ejemplo, siete de cada diez muertos eran cremados antes de la pandemia. Ahora son nueve de cada diez. Y los hornos no dan abasto.

“Con más de 5 mil unidades en el país, las funerarias estamos lejos de estar rebasadas por el número de fallecimientos por COVID. Ningún estado nos ha reportado un problema así. Si una funeraria ya está al 100% de su capacidad hay otras que pueden atender a los deudos”, subraya Roberto García, vicepresidente de la ANDF. El problema es conseguir lugar para incinerar el cuerpo.

En un país con una demanda baja de cremaciones, ni las autoridades ni los privados se habían preocupado por elevar el número de hornos.

En Baja California y Sinaloa, primer y quinto estados con más fallecimientos por COVID por cada 100 mil habitantes, los gobiernos locales no tienen un solo crematorio público, todos son privados.

En Ciudad de México, hace 10 años, el gobierno local invirtió en hornos que se quedaron subutilizados, dice García. “Y esos son equipos muy caros, porque no deben contaminar. Un horno debe arrojar al ambiente menos emisiones que un puesto de hamburguesas”.

Cuando se ven imágenes de un crematorio que saca humo es por algún descuido en la operación. “Toda exposición al fuego de la materia si se hace de forma acelerada, arroja mucho humo, es como cuando se le sube la flama a la comida. Pero en realidad el proceso de incineración debe ser muy ecológico, por eso los hornos son costosos”, explica el directivo de la ANDF.

La inversión en estos equipos va desde los 90 mil dólares hasta los 200 mil por cada horno. “Por eso los gobiernos no invierten en esto, aunque no solo es el precio, para qué hacen el desembolso si después los hornos van a estar subutilizados”.

“Sí es posible que haya cuerpos en los hospitales, pero es porque la familia tarda en encontrar un servicio funerario por esto de que andan dando vueltas buscando donde lo hagan más rápido, en 12 o 24 horas. En eso pueden perder hasta un día, y al final no encuentran quien lo haga en ese lapso por la saturación en los hornos”.

Lo otro que retrasa los servicios es que a las familias les cuesta reunir la cantidad para pagarlo (el costo está en 14 mil pesos en promedio) aunque en el caso de la Ciudad de México, las autoridades han costeado 560 hasta el 20 de mayo, de acuerdo a información del gobierno local.

También está la opción de hacerlo en crematorio público donde el servicio es gratuito, cuando los decesos se reportan al sistema C5, pero ahí el problema es el tiempo de espera.

La opción más tradicional, la de inhumar, se está encontrando con facilidades por parte de las instituciones. En Sinaloa, por ejemplo, explica Erik Martínez, encargado de la funeraria Mission, una situación que ayuda a que no haya saturación de cadáveres en ese estado es que por orden del gobierno los panteones están cerrando hasta las 12 de la noche.

Esto permite que el cuerpo sea inhumado el mismo día en que fallece. “Con esta disposición, aunque yo reciba el cuerpo hasta las 6 o 7 de la noche tengo tiempo de cremarlo o sepultarlo el mismo día, ya que prepararlo solo me toma media hora (…) esto ha ayudado a que no lleguemos al límite”.

Palomo Regino, jefe de la Unidad Departamental de Panteones de Xochimilco, dice que al menos en esa alcaldía los camposantos tampoco están saturados.

Tijuana, las dos epidemias y el panteón 13

Baja California es la entidad del país con la mayor tasa muertes a causa de COVID-19 por cada 100 mil habitantes. Hasta el 21 de mayo habían fallecido cerca de 600 personas, la mayoría de ellas en Tijuana.

Además el estado padece desde hace años otra epidemia, la de la violencia. De marzo a abril, incluso con el país en cuarentena, Tijuana fue la ciudad que tuvo más asesinatos de toda la República, 310.

Ante esa cantidad de decesos, los servicios funerarios han tenido que operar al máximo de su capacidad. Las autoridades hicieron adecuaciones para tener listas más fosas y además activaron operativos de revisión, con el fin de evitar abusos y asegurar un trato indigno de los cadáveres.

En el directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi, aparece el dato de que en todo Baja California hay 155 establecimientos de servicios funerarios, entre cementerios, velatorios, oficinas de atención a familiares de fallecidos y sitios de cremación.

En Tijuana aparecen 62 unidades económicas de ese ámbitos. Entre ellas, hay 13 panteones públicos y cinco privados. Jesús Salvador García, jefe del Departamento de Panteones de Tijuana, explicó a Animal Político que de los 13 panteones públicos de la ciudad solo hay uno activo, porque el resto ya estaban llenos desde antes del inicio de la pandemia.

En el panteón número 13, detalló, ante el aumento de muertes por la pandemia se habilitó un área que ya tenían disponible para establecer entre 2,500 y 3,000 fosas adicionales.

Desde abril a la fecha, dijo, habían inhumado en ese panteón 239 cuerpos de personas que tenían COVID-19. El funcionario detalló que ese tipo de restos los reciben con féretros sellados con plástico, para evitar posibles infecciones de los trabajadores funerarios al manipularlos.

Esa cifra de 239 cadáveres, representaría casi el 60% del total de fallecidos por COVID-19 que registraba el gobierno de Baja California en la ciudad de Tijuana hasta el 21 de mayo, 405.

Además de los muertos por COVID-19, en el panteón 13 también reciben fallecidos por otras causas, entre ellas víctimas de asesinatos, la otra epidemia que azota a esta ciudad fronteriza.

La decena que trabajadores que labora en el panteón 13, dice García, están estresados y cansados, ante el aumento en la carga de trabajo (con días de hasta 14 entierros), aunque en la semana reciente, apunta, ha bajado la cantidad de inhumaciones, lo que sería un indicio de que la epidemia está dando una tregua a Tijuana.

Desde el inicio de la epidemia, se han presentado al menos dos episodios de irregularidades graves en funerarias de la ciudad de Tijuana.

En los primeros días del mes se conoció el caso de la funeraria Monte Ararat, un establecimiento en medio de un par de carnicerías que tenía apilados cuerpos de personas que murieron por COVID-19, sin la refrigeración adecuada, en el piso e incluso dentro de cajas de cartón.

Otro caso este mismo mes fue el de la funeraria De la Cruz, también en el centro de Tijuana. “Los cuerpos estaban en una cochera, habilitada como zona COVID, había 11 cuerpos COVID juntos unos con otros, como si fueran bolsas desechables”, relató a Animal Político Julio Omega, director jurídico de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Ambas funerarias no tenían servicio de cremación, recurrían a un tercer negocio para que cumpliera esa tarea. Ante la alta demanda tenían los restos en espera, incumpliendo con disposiciones sanitarias de que los cadáveres deberán inhumarse o incinerarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte.

Estos dos establecimientos, acusó en entrevista el delegado federal para Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, inexplicablemente tenían permisos sanitarios, aunque ahora ambos negocios ya tienen sellos de suspensión.

Casos como los ya mencionados surgen ante el aumento de decesos por COVID-19, el apremio y la necesidad de la gente de contar con servicios funerarios y el hecho de que en una ciudad como Tijuana -donde se han dado la mayoría de muertes por coronavirus (405 de las 590 en Baja California, hasta el 20 de mayo)- si bien hay al menos una veintena de funerarias solo existen siete hornos crematorios, todos ellos de la iniciativa privada, según apuntó el delegado Ruiz Uribe.

En total según Ruiz Uribe, Baja California cuenta con 17 hornos crematorios de funerarias, el resto se ubica en Mexicali (7) y Ensenada (3).

El funcionario afirmó que la capacidad para cremar no está rebasada, aunque sí cree que las funerarias con este servicio en Tijuana están operando al tope de su capacidad. Incluso refirió que hay pláticas para que a las funerarias que sí tienen hornos se les permita cremar más cuerpos en un día.

“La cremación va acompañada de un permiso de funcionamiento del horno, de determinadas horas, es un permiso que se les entrega desde Cofepris, y lo que estamos tratando de lograr es que se les amplíen las horas de posibilidad de cremación”, mencionó.

Julio Omega, de Cofperis, cree que el servicio sí que está rebasado, por lo que hay cuerpos en espera.

Las autoridades consultadas indicaron que continuarán las revisiones a funerarias. Según el delegado Ruiz Uribe, tienen ubicadas al menos otras siete funerarias “patito” o irregulares, que podrían defraudar a familiares de personas que murieron por COVID-19 o hacer un mal manejo de cadáveres.

En cuanto a los precios de las cremaciones, en abril fue clausurada en Tijuana la funeraria San Gabriel, por cobrar entre 25 mil y 35 mil pesos por una cremación. Ante ese hecho, autoridades federales y locales dialogaron con el resto de las funerarias privadas en la entidad para establecer que como límite cobraran 7 mil pesos. Según el delegado federal, aceptaron el acuerdo.

Sin embargo, un reporte de Profeco indicó que en promedio en el mes de mayo una cremación en Tijuana tenía un costo de 17,740 pesos.

Un solo horno público en Tabasco

“Estamos saturados, cada día se han incrementado más los servicios. De la semana pasada para acá tenemos de siete a diez servicios diarios, entre cremación e inhumación, cuando antes hacíamos apenas dos”.

Felipa de la Rosa Lorenzo trabaja en la funeraria del Instituto de la Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) y reconoce que los últimos diez días han sido muy duros. “Se han doblado los servicios, los fallecimientos se han incrementado de forma muy significativa”, explica.

Tabasco es el cuarto estado con mayor número de víctimas debido a la COVID-19. Desde que inició la pandemia se registraron 275 fallecimientos.

El ISSET es la única institución pública que cuenta con horno crematorio en Villahermosa. El otro es propiedad de Recinto Memorial, una institución privada. Hay, además, otros dos que no están funcionando: uno del DIF y otro de una empresa particular.

Dice De la Rosa Lorenzo que el incremento de muertos provocados por la enfermedad les ha obligado a rechazar algunos clientes. “Les negamos la cremación, aunque les damos la posibilidad de inhumarlos”, explica.

Desde abril, el gobierno del estado permite enterrar a los muertos por COVID-19 siempre y cuando sea doce horas después del fallecimiento y sin velatorio. Aunque la mujer admite que debido a la saturación en las oficinas en las que se realizan los trámites de oficialidad y jurisdicción sanitaria alargan el proceso. No obstante, dice que el proceso no se alarga más de un día.

Animal Político preguntó al gobierno del estado de Tabasco pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.

“Estamos cremando mañana, tarde y noche. Tratamos de respetar el protocolo de las doce horas pero a veces no alcanza el tiempo”, afirma. Una cremación puede durar hasta cuatro horas, por lo que De la Rosa Lorenzo dice que mantienen el horno operativo durante toda la jornada.

Hasta que la funeraria se hace cargo el cuerpo queda en el hospital, ya que ellos disponen de morgue con refrigeración.

El incremento de los fallecimientos no ha provocado por el momento que los cuerpos queden varios días en las cámaras frigoríficas de los centros médicos, como ocurre en otros estados como la Ciudad de México o Baja California.

En las funerarias operadas por instituciones públicas como el ISSET se ha multiplicado el trabajo. Sin embargo, hay instituciones privadas que han detectado un descenso en la demanda. Alegan que tienen que utilizar trajes especiales, lo que encarece el precio del servicio. “Vienen, preguntan por el presupuesto y no vuelven a llamar. Supongo que irán a funerarias públicas que son más económicas”, dice José Rubén Alcántara, trabajador de Funerales de Tabasco.

“Llevo 20 años en este oficio y nunca vi una situación igual”, afirma.

“La gente no tiene los recursos económicos para poder solventar un servicio funerario. Nada más llaman por teléfono para pedir cotizaciones y ahí quedan. Nosotros tratamos de ajustar, pero más barato no podemos poner”, dice.

“Un servicio de cremación costaba antes entre 9 mil y 10 mil pesos. Ahora subió a los 15 mil por el equipo de protección, que cuesta entre 2 mil 500 y 5 mil”, asegura.

“Tabasco es de las entidades donde más cara es la cremación”, explica Alcántara.

En opinión del empleado de la funeraria, la pandemia ha llegado en momento crítico para la economía del estado. Y eso impacta en las funerarias, al menos en las privadas, que han incrementado tarifas pero se encuentran con que los bolsillos no pueden hacerse cargo de un gasto tan elevado.

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