Médicos que exigen la liberación de un doctor acusado de homicidio convocan a paro nacional
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Médicos que exigen la liberación de un doctor acusado de homicidio convocan a paro nacional

La madre del menor que murió expresó su preocupación a que, debido a las protestas que han realizado médicos en el país, los jueces que tienen el caso accedan a liberar al ortopedista detenido; médicos convocan a paro nacional este 13 de abril.
Cuartoscuro
10 de abril, 2018
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Personal médico exigió la liberación del doctor Luis M., quien se encuentra detenido acusado de homicidio doloso por una supuesta negligencia médica, y amenazaron que de no ser así comenzarán un paro de labores en hospitales de todo el país, a partir del próximo 13 de abril.

Con el hashtag #El13NosParamos, miembros del movimiento #YoSoyMédico17 informaron a través de redes sociales que “a partir del día 13 de abril del 2018, solo funcionarán las áreas críticas (de los hospitales): urgencias, terapias intensivas y quirófano de urgencia y demás servicios que crean necesarios”.

Los convocantes del paro señalaron que solicitarán que los jefes de servicio permanezcan laborando, o deleguen a un solo médico, y pidieron a la población que si no tienen “una verdadera urgencia, por favor no acuda a un hospital”.

Los miembros de #YoSoyMédico17 invitaron al personal de enfermería a participar en el paro nacional, y que otros médicos exigieran en colegios, asociaciones, federaciones y otras organizaciones de personal de la salud a unirse a la protesta, “o de lo contrario el gremio desconocerá su periodo por falta de humanidad hacia nuestros colegas criminalizados”.

“No tenía intención de asesinar al niño”

El doctor Luis M. fue detenido el pasado 2 de abril, acusado por homicidio doloso, tras la muerte de un niño de tres años por presunta negligencia médica en Oaxaca.

De acuerdo con Radio Fórmula, el hermano del acusado, Maximino Pérez, exigió un proceso justo, e insistió en que Luis M. no tenía intención de asesinar al paciente.

“Mi hermano atendió a un lesionado por un accidente. Él estaba trabajando, llega el paciente con una afectación, lo opera y ocurrió la reacción; no se sabe qué pasó, no podemos decir qué fue, por eso queremos que en este proceso participen expertos que determinen las causas de lo ocurrido”, dijo.

Por su parte, la madre del menor que murió, Daniela Trujillo, advirtió que el gremio de los médicos está presionando para influir en el juicio contra el médico Luis Alberto.

La madre dijo no tener duda de la responsabilidad del doctor ortopedista en la muerte de su hijo, e indicó que se trató de un homicidio, porque él conocía los riesgos que corría el menor y aun así lo operó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radiofórmula, Daniela Trujillo detalló que Edward, su hijo, no murió por una sobredosis de anestesia, sino que se broncoaspiró porque el médico no atendió que el niño no estaba en ayunas en el momento de la cirugía.

La madre expresó su preocupación de que, debido a las protestas que han realizado médicos en 70 ciudades del país, los jueces que tienen el caso se sientan presionados y accedan a lo que ellos pidan (la liberación de Luis M.).

“Nosotros hemos dicho que si el doctor es inocente, que lo compruebe”, dijo.

El pasado 8 de abril, médicos de varias ciudades del país salieron a marchar para exigir que no se criminalice su labor, y la liberación de Luis M.

Luis M. es acusado del homicidio del menor Edward L., quien el pasado 27 de noviembre de 2017 acudió a una clínica particular de la capital de Oaxaca para ser operado del brazo izquierdo, y horas más tarde de la cirugía murió.

Tras una investigación, el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, dio conocer que existían elementos para sostener que el traumatólogo Luis M., quien aplicó la anestesia al menor, incurrió en homicidio intencional, con agravante de responsabilidad médica, por lo que se le dictó prisión preventiva.

Según la Fiscalía de Oaxaca, el médico no tomó todas las medidas de precaución necesarias para evitar la muerte del menor, por lo que podría enfrentar una condena de entre 8 y 20 años de prisión, en caso de ser encontrado culpable.

Con información deRadio Fórmula.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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