Padres de una menor fallecida en el Colegio Rébsamen, que se derrumbó tras el sismo del pasado 19 de septiembre, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por las presuntas omisiones de las autoridades encargadas de corroborar la seguridad del inmueble, así como de las que el día del temblor actuaron de manera “desorganizada e insensible” en el rescate de víctimas y con sus familias.
Noé Franco, abogado de los padres, explicó a Animal Político que la queja fue interpuesta ante el organismo nacional, pues se acusan irregularidades por parte de instituciones federales, entre las que están la Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal y la Secretaría de Gobernación (Segob), por la forma en la que actuaron durante las labores de rescate posteriores al sismo.
Franco agregó que también señalan a dependencias de la Ciudad de México, como Protección Civil capitalina y delegación Tlalpan, por las presuntas irregularidades con las que permitieron operar al colegio colapsado.
#19s: autoridades desorganizadas y poco sensibles
El 19 de septiembre, los padres de la menor llegaron al Colegio Rébsamen a buscarla, un par de horas después del sismo, y de acuerdo con su testimonio, en el sitio había “desorden y falta de coordinación” por parte del personal del Heroico cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes trabajaban en labores de rescate.
Además, señalaron, a pesar de que el ciclo escolar había comenzado un mes antes, al arribar al lugar, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dijeron no contar con las listas de los alumnos inscritos, ni del personal adscrito al plantel, lo que dificultó el reconocimiento de las personas que rescataban, así como el control sobre las que estaban en calidad de desaparecidas.
De acuerdo con el padre, pasados los minutos, al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, aunque algunos de ellos “se encontraban dispersos en las instalaciones del Colegio, como los patios y sus alrededores, y otros, incluso, estaban tomándose ‘selfies’ y bromeando”.
“Los de la Secretaría de Marina pidieron planos de la escuela, pero nadie les pudo entregar copia de los mismos, ya que se encontraban dentro del edificio derrumbado, por lo que hice un mapa de cómo estaban las instalaciones del Colegio, aunque horas después me pidieron que hiciera otro, porque al parecer habían perdido el primero”, relató.
Además de la falta de coordinación, el padre dijo que, cuando tuvo que acudir a reconocer el cuerpo de su hija, se percató de que el manejo de los cadáveres rescatados fue “inadecuado”, pues no había control del área en la que los concentraban.
Otra de las irregularidades en el actuar del personal presente durante las labores de rescate en el Colegio Rébsamen fue que no existían listas oficiales con los nombres de las personas rescatadas, con vida o sin vida, ni certeza sobre el paradero de quienes fueron reportados como desaparecidos.
En su opinión, “el trato que recibimos por parte del personal de Marina, la Sedena, Protección Civil y equipos médicos no fue el adecuado, no fueron sensatos con lo que estábamos viviendo, además de que era evidente la falta de capacitación que tenían para actuar de manera coordinada en una emergencia como esa”.
“Una buena coordinación hubiese podido lograr que se avanzara más con las labores de rescate en poco tiempo y salvar vidas”, dijo.
Por su parte, la madre de la menor fallecida comentó que, después del sismo, las autoridades capitalinas y federales solo los buscaron para ofrecerles apoyo con el pago de los gastos funerarios, y en una ocasión les expresaron la intención de brindarles atención psicológica, en caso de que la solicitaran.
“No estoy enojada con la directora”
Doce días antes del derrumbe del Colegio Rébsamen, el 7 de septiembre de 2017, en la Ciudad de México y otros estados del país se percibió un sismo de 8.2 grados.
De acuerdo con la madre, a la mañana siguiente, el 8 de septiembre, a través de un chat grupal en WhatsApp, las autoridades de la escuela les informaron a los padres de familia que se había realizado una revisión a las instalaciones del plantel, las cuales no habían sufrido daño, por lo que no les pareció raro que recibieran a los alumnos.
Ahora, ella se pregunta si, de haberse permitido abrir las puertas únicamente a las escuelas que contaran con un dictamen de seguridad estructural oficial, como ocurrió luego del sismo del 19 de septiembre, se hubieran podido salvar vidas.
Aunque mucha gente no coincide con ella, dice que no está enojada con la directora de la escuela. “Me queda claro que sí tiene responsabilidad en lo que pasa, pero no creo que haya sido únicamente su culpa. Además, mi hija era muy feliz ahí”.
Para ella, que metan a la cárcel a la directora del Colegio Rébsamen “no me va a regresar a mi hija”.
“Lo que yo quiero es que ninguna mamá o papá vuelva a pasar por algo así, y yo creo que si la CNDH emite una recomendación se puede tratar de que las cosas cambien y una tragedia así no vuelva a repetirse”, expresó.
Estos padres de familia presentaron la queja ante la CNDH por la presunta violación a los derechos humanos a la vida; a la integridad personal, física y psíquica; derecho a la educación; derecho a la protección y garantía de los derechos humanos en la protección civil, y el derecho a la legalidad y la seguridad jurídica.
Consultada por Animal Político, la CNDH explicó que la queja se encuentra en trámite, y que esta es independiente del expediente que el organismo está elaborando sobre las quejas que han recibido, de diferentes estados, y por presuntas violaciones de los derechos humanos por el sismo del 19 de septiembre en el país.
Enrique Guadarrama, segundo visitador de la CNDH, que realiza las investigaciones relacionadas con esta queja indicó que esta está centrándose en las medidas cautelares solicitadas a las autoridades para preservar el inmueble y que se realicen las pruebas periciales para conocer el estado que guardaba antes del sismo, así como lo relativo a las carpetas de investigación que está llevando la Procuraduría General de Justicia capitalina.
También investigan la legalidad de los permisos con los que trabajaba el colegio, su situación ante la Secretaría de Educación Pública, la verificación de su programa de protección civil, así como la atención que se brindó durante las labores de rescate y la que se tuvo con familiares de las víctimas de manera posterior.
De acuerdo con el doctor Guadarrama, la CNDH indaga, además de lo relativo a presuntas violaciones a derechos humanos, la responsabilidad de la empresa en lo sucedido, por la forma en la que el inmueble fue construido, y si hubo o no esquemas de corrupción al momento de tramitar los permisos para que este se realizara.
“Creemos que es importante hacer este análisis, porque una cosa es el fenómeno natural, que puede ser muy devastador, pero también hay que conocer hasta dónde la actuación de servidores públicos pudo tener importancia para que se diera la caída del edificio”, concluyó.
