La Constructora Norberto Odebrecht, su director en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, así como su director de finanzas, Gleiber José de Faria, fueron sancionados e inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por supuestos pagos de sobornos y simulaciones e incumplimientos en un contrato de casi 2 mil millones de pesos.
Luis Alberto de Meneses Weyll fue la persona que denunció ante las autoridades de Brasil, al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin de recibir un soborno por 10 millones de dólares en 2012 a cambio de su apoyo para otorgar contratos de obra pública. En aquel año, Lozoya, se desempeñaba como coordinador internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
En un comunicado, la SFP señaló que en su expediente de investigación no constan las declaraciones de Luis Alberto de Meneses Weyll, “las cuales fueron rendidas ante las autoridades brasileñas” en materia penal.
“Las investigaciones de la SFP se realizaron en el ámbito de sus atribuciones, como fue la revisión del proceso y ejecución de contratos suscritos con la empresa constructora y sus filiales”, indicó la Secretaría.
“Por tanto, las sanciones impuestas por esta autoridad son estrictamente en el ámbito administrativo y son autónomas a las investigaciones que se realicen por probables conductas delictivas, como sería un supuesto cohecho, las cuales corresponden a las instancias en materia penal”, agregó.
De acuerdo con el diario Reforma, la inhabilitación impuesta por la SFP es por dos años y tres meses y además de ser la primera contra una empresa, es el primer caso en que se sanciona también a sus directivos.
La razón por la que se impone esta sanción es por las simulaciones e incumplimientos en un contrato de mil 811 millones de pesos, el cual data del 12 de noviembre de 2015 y fue firmado para la construcción de accesos y obras externas en la refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula, Hidalgo.
La empresa Construcción Internacional de México habría funcionado como cesionaria del contrato y recibió las obligaciones. Por lo tanto, según la SFP, “simuló” el cumplimiento del mismo, delito también imputado a los directivos Weyll y De Faria, detalla Reforma.
La Constructora Norberto Odebrecht “durante la ejecución del contrato DCPA-OPGCP-DGTRI-A-3-15 en su carácter de cedente, evadió el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo”, de acuerdo con la SFP.
El contrato habría sido responsabilidad en México de Emilio Lozoya, que al momento de firma fungía como el director general de Pemex.
En agosto de 2017, tres altos exejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht, declararon ante la justicia brasileña, que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), recibió sobornos por al menos 10 millones de dólares, a cambio de su apoyo como funcionario en México para otorgar contratos de obra pública.
Ese mismo mes Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que en plena contienda electoral de 2012, Odebrecht transfirió al menos 3 millones 140 mil dólares a una empresa de Islas Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya.
El exdirectivo rechazó las imputaciones de los ejecutivos de Odebrecht.
El 16 de octubre, al renunciar como titular de la PGR, Raúl Cervantes aseguró que la investigación que realizaban sobre Lozoya había concluido. Sin embargo, la Coordinación General de Investigación de la PGR continuó con la indagación.
A pesar de las declaraciones recaídas en su contra, el pasado 2 de marzo, una jueza federal prohibió a la PGR, por tiempo indefinido, solicitar una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, aunque la investigación sobre su persona por enriquecimiento ilícito y cohecho sigue en curso. Dicha suspensión será hasta que no se dicte una sentencia en el juicio de garantías.
Mientras tanto, Odebrecht ha recibido al menos otras dos inhabilitaciones por un convenio de febrero de 2014 para el acondicionamiento de sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas en Tula, firmado por mil 465 millones de pesos.
En las sanciones anunciadas este miércoles por la SFP, ascienden multas por 543.5 millones de pesos a cada una de las empresas involucradas.
Estos castigos de la SFP, son independientes a las indagatorias de la PGR sobre el funcionario mexicano, sobre las cuales no se han dado a conocer mayores avances.
