Aprueba el TEPJF que los independientes obtengan del financiamiento privado el tope de gasto de campaña
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Cuartoscuro.

Aprueba el TEPJF que los independientes obtengan del financiamiento privado el tope de gasto de campaña

Los donadores privados de las campañas de los candidatos sin partido a la presidencia de la República podrán aportar un máximo de 2 millones 145 mil pesos.
Cuartoscuro.
Por Ernesto Aroche Aguilar
26 de abril, 2018
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó que los candidatos independientes obtengan el total de su financiamiento de donaciones privadas, al considerar inconstitucional el tope del 10% que establecía la ley electoral en su artículo 399.

En la sentencia que se aprobó también se estableció que para evitar que los privados puedan influir en la toma de decisiones de los candidatos independientes se limitará la aportación individual privada el monto al que equivalga al 0.5% del tope de gastos de la campaña que se trate.

Para poner un ejemplo, en el caso de la elección presidencial los donadores privados de las campañas de los independientes podrán aportar un máximo de 2 millones 145 mil pesos, pues el tope de campaña es de 429.6 millones de pesos.

La sentencia de la sala superior del TEPJF se tomó luego de que la candidata independiente Margarita Zavala renunciara al financiamiento público y presentara un recurso legal para que le permitieran obtener su financiamiento a través de privados.

A la queja de Margarita Zavala también se sumaron las quejas que presentaron los candidatos independientes al senado Pablo Salazar Mendiguchía y Manuel Clouthier, y la candidata a diputada federal independiente Luisa María Calderón Hinojosa.

Durante la sesión el magistrado José Luis Vargas señaló la inequidad en la que estaban participando los candidatos independientes por los montos de financiamiento al que tienen derecho a diferencia de los “márgenes financieros a los que tienen acceso los partidos políticos, se ven francamente limitados en el proceso de campaña”.

Con las reglas que estableció el INE, mientras los candidatos de los partidos políticos pueden gastar hasta 429 millones de pesos, los independientes sólo podían aspirar a obtener entre financiamiento público y privado un máximo de gasto de 49 millones de pesos, lo que generar una situación de inequidad financiera.

Al respecto Janine Otálora, magistrada presidente del TEPJF dijo que la decisión “no implica dar un cheque en blanco a los candidatos independientes. El hecho de que se amplíen las posibilidades de financiamiento privado de ninguna forma implica que no existan fiscalización del destino y uso de los recursos que reciban por esta vía”.

Y recordó que “los recurso que obtengan deberán tener un origen lícito, y están obligados a rechazar los donativos en efectivo, metales, piedras preciosas o en especie provenientes de entes prohibidos por la normatividad, y no podrán recibir recursos de personas no identificadas”.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera, ponente a cargo del caso, explicó que la sentencia obliga al INE a emitir un nuevo acuerdo en donde se establezca que el limite al financiamiento privado será el necesario para que los independientes obtengan el recurso necesario para competir en igualdad de condiciones frente a los candidatos partidistas.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó que los candidatos independientes obtengan el total de su financiamiento de donaciones privadas, al considerar inconstitucional el tope del 10% que establecía la ley electoral en su artículo 399.

En la sentencia que se aprobó también se estableció que para evitar que los privados puedan influir en la toma de decisiones de los candidatos independientes se limitará la aportación individual privada el monto al que equivalga al 0.5% del tope de gastos de la campaña que se trate.

Para poner un ejemplo, en el caso de la elección presidencial los donadores privados de las campañas de los independientes podrán aportar un máximo de 2 millones 145 mil pesos, pues el tope de campaña es de 429.6 millones de pesos.

La sentencia de la sala superior del TEPJF se tomó luego de que la candidata independiente Margarita Zavala renunciara al financiamiento público y presentara un recurso legal para que le permitieran obtener su financiamiento a través de privados.

A la queja de Margarita Zavala también se sumaron las quejas que presentaron los candidatos independientes al senado Pablo Salazar Mendiguchía y Manuel Clouthier, y la candidata a diputada federal independiente Luisa María Calderón Hinojosa.

Durante la sesión el magistrado José Luis Vargas señaló la inequidad en la que estaban participando los candidatos independientes por los montos de financiamiento al que tienen derecho a diferencia de los “márgenes financieros a los que tienen acceso los partidos políticos, se ven francamente limitados en el proceso de campaña”.

Con las reglas que estableció el INE, mientras los candidatos de los partidos políticos pueden gastar hasta 429 millones de pesos, los independientes sólo podían aspirar a obtener entre financiamiento público y privado un máximo de gasto de 49 millones de pesos, lo que generar una situación de inequidad financiera.

Al respecto Janine Otálora, magistrada presidente del TEPJF dijo que la decisión “no implica dar un cheque en blanco a los candidatos independientes. El hecho de que se amplíen las posibilidades de financiamiento privado de ninguna forma implica que no existan fiscalización del destino y uso de los recursos que reciban por esta vía”.

Y recordó que “los recurso que obtengan deberán tener un origen lícito, y están obligados a rechazar los donativos en efectivo, metales, piedras preciosas o en especie provenientes de entes prohibidos por la normatividad, y no podrán recibir recursos de personas no identificadas”.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera, ponente a cargo del caso, explicó que la sentencia obliga al INE a emitir un nuevo acuerdo en donde se establezca que el limite al financiamiento privado será el necesario para que los independientes obtengan el recurso necesario para competir en igualdad de condiciones frente a los candidatos partidistas.

Gastos de campaña partidos vs independientes

Tope de gasto de campaña presidencial: 429 millones 633 mil 417 pesos.

Financiamiento para partidos: 2 mil 148 millones 166 mil 623 pesos (todos los partidos, todas las candidaturas).

Financiamiento para independientes por candidato: 7 millones 160 mil pesos.

Recaudación privada del 10% del tope: 42 millones 963 mil pesos.

Monto total de gasto posible de los independientes: 50 millones 123 mil pesos.

Monto total de gasto posible de los independientes tras la sentencia: 422 millones de pesos (tanto Margarita Zavala como Jaime Rodríguez renunciaron al financiamiento público).

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'Solo sí es sí': por qué muchos agresores sexuales en España podrán salir de prisión antes de tiempo bajo una nueva ley

Un agujero legal en la nueva legislación sobre la libertad sexual en España ha abierto la puerta a la rebaja de la pena a personas ya condenadas por agresión sexual.
18 de noviembre, 2022
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Lleva en vigor apenas un mes, pero la polémica no abandona a la nueva ley española conocida como del “solo sí es sí”.

Un “agujero legal” en La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que impulsó el sector más izquierdista del gobierno español, ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.

Desde que comenzó a aplicarse, una quincena de agresores condenados con la legislación antigua han obtenido una rebaja automática en sus penas, entre ellos un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Tres de ellos han sido excarcelados.

El cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un Código al otro.

Esta es una disposición que suelen adjuntar las nuevas leyes que modifican el Código Penal español.

La ley de Libertad Sexual ha eliminado la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, toda interacción sexual sin consentimiento se considera una agresión.

Sin embargo, esta refundición de conductas también ha ampliado el rango de las penas que se aplican a estos comportamientos, que pueden ser muy distintos.

En algunos supuestos, las penas mínimas y las máximas son más bajas.

Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.

Perspectiva de género

Para la ministra española de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el problema radica en que “hay jueces que no están cumpliendo con la ley” por “machismo“, y ha pedido que se refuerce la formación en igualdad en el sistema judicial.

La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

EPA
La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Según la ministra, la ley está bien redactada y el problema se encuentra en la aplicación e interpretación de la misma por jueces a los que les falta “perspectiva de género”.

La titular de Derechos Sociales y líder del partido izquierdista, Ione Belarra, también ha dicho que los jueces están aplicando “mal” la nueva ley, y ha acusado a una parte de la magistratura de erigirse como “oposición al gobierno de coalición, y especialmente al ministerio de Igualdad”.

Ante las críticas, los jueces aseguran que ellos mantienen un compromiso con las víctimas, pero que la nueva ley puede dar lugar a interpretaciones.

El Consejo General del Poder Judicial, conocido como “gobierno de los jueces”, ya había advertido en un informe antes de que se aprobara la ley que ésta podría dar lugar a “una revisión de las condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas”.

Varias agrupaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que reúne al mayor número de juristas en España, han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por sus ataques a los jueces y por generar “una alarma innecesaria y devastadora” entre las víctimas.

En el Gobierno de coalición, los socialistas se han abierto a revisar la ley del “solo sí es sí”.

“Si hay que abordar una reforma para conseguir un respaldo más sólido a las víctimas, habrá que abordarla”, ha dicho la ministra socialista de Educación, Pilar Alegría.

La ley, sostiene, se aprobó para la protección integral de las víctimas.

El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que corresponde a los jueces y fiscales “unificar” la doctrina al respecto.

Origen

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tiene su origen en el polémico caso conocido como de “la manada“, que generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

En este caso, cinco hombres violaron a una joven de 18 años en un portal de Pamplona y fueron condenados a penas de 15 años.

Paradójicamente, la nueva ley podría rebajar la condena de alguno de ellos.

Su abogado ya ha dicho que, a la luz del nuevo código, pedirá la reducción de la pena de al menos uno de los condenados.

La ley se conoce como de “solo sí es sí” por uno de sus postulados más importantes y, a la vez, más polémicos: la del consentimiento antes de cualquier agresión sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse.

La nueva norma también castiga el acoso callejero y la violencia sexual digital, entre otros delitos.


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