En los últimos 18 años, a la par del comienzo del proceso electoral en México, el gobierno federal ha hecho uso discrecional y con fines electorales de recursos públicos, a través de programas sociales.
Para estas elecciones, el aumento del presupuesto para la compra de materiales y suministros en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), comparando 2017 con 2018, fue de 51%.
De acuerdo con la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, para este año, los recursos destinados para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) y “otros” aumentó 141%, si se compara el presupuesto que se destinó al mismo rubro el año anterior.
Mientras estos presupuestos aumentaron, señaló la organización, los fondos de observación electoral, que se ejerce a través del Instituto Nacional Electoral (INE), disminuyeron 81% entre las elecciones federales anteriores, de 2012, y las que se celebrarán en el país este 2018.
En conferencia de prensa, Alberto Serdán, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señaló que “México llega a las campañas electorales en condiciones de alto riesgo para el ejercicio libre del voto, por la debilidad de las instituciones encargadas de la justicia, por el uso discrecional de las partidas presupuestales del gobierno federal y por la debilidad de los programas sociales, cuyo diseño institucional carece de candados eficaces”.
Asimismo, apuntó que “el despliegue de recursos y operativos sospechosos de compra de votos contrasta con la escasa asignación presupuestal que se hace a tareas de observación electoral y a la falta de interés por designar a funcionarios responsables de impartir justicia o socavar su actuación”.
El uso de programas sociales con fines electorales en México “se ha convertido en una práctica común de todos los partidos políticos; en el proceso electoral en curso hemos visto un enorme despliegue de entrega masiva de beneficios, así como capacitación de promotores y operadores de programas sociales”, dijo.
Por ello, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza señaló que los más de 6 mil 491 programas que existen en México en materia de desarrollo social no contribuyen a que el más de 50% de mexicanos que viven en situación de pobreza pueda superar esta condición, pues no operan con las reglas de operación que establece la Ley General de Desarrollo Social, ni cuentan con padrones de beneficiarios o mecanismos de rendición de cuentas efectivos.
De encargados de política social a la boleta electoral
Alberto Serdán explicó que es común que en años electorales se designe a operadores electorales en cargos de administración de programas sociales, e incluso, los anteriores responsables de esos programas son ahora, “sin el menor pudor”, candidatos a cargos de elección popular.
Tal es el caso de José Antonio Meade, quien fue titular de la SEDESOL y hoy es candidato presidencial por la coalición Todos por México, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL).
Otros ejemplos son Luis Miranda, exsubsecretario en la Secretaría de Gobernación (Segob) y extitular de SEDESOL, quien ahora forma parte de los operadores de la campaña de Meade a la presidencia; Paula Hernández Olmos, excoordinadora del programa PROSPERA, y hoy candidata a una diputación federal por el PRI, y Héctor Pablo Ramírez Puga, quien fuera director general de Liconsa, ahora busca una curul en el Senado como candidato de la coalición Todos por México.
En elecciones pasadas, recordó Serdán, también se han dado casos, como el de Ernesto Nemer, quien en 2017 dejó la Subsecretaría de Desarrollo Humano para unirse a la campaña del entonces candidato y hoy gobernador del Estado de México por el PRI, Alfredo del Mazo.
Por su parte, Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales (FEPADE), comentó sobre el tema que, aunque el uso con fines electorales de programas sociales está directamente relacionado con el poder político de algún partido sobre cierto territorio, lo que involucra a varios en este tipo de prácticas, entre 2015 y 2017, el PRI fue el más denunciado.
El exfiscal señaló que, en las elecciones de 2017, el 57% de las denuncias por delitos electorales fueron contra promotoras de programas sociales.
¿Cómo denunciar uso clientelar de programas sociales?
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó la iniciativa “Democracia sin pobreza, sí queremos”, que tiene como objetivo visibilizar el uso clientelar de programas sociales, y cómo esa práctica contribuye a que las condiciones económicas de millones de mexicanos no mejoren.
A través del sitio Democracia sin pobreza, las ciudadanas y ciudadanos podrán reportar el uso clientelar de los programas sociales; la organización analizará los reportes que reciba, así como las denuncias que se realicen a través de medios de comunicación, para documentar la existencia de actos que pudieran constituir un delito electoral.
Queremos que los ciudadanos de todo el país reporten el uso electoral de los programas sociales : @albertoserdan https://t.co/Z93KZP1lJr pic.twitter.com/354vnFEpRf
— Cohesión Social (@FrenteaPobreza) April 4, 2018
De acuerdo con Alberto Serdán, el trabajo “a pie” de documentación de uso clientelar de programas sociales se realizará en los estados de Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz y Estado de México, debido a que, por sus altos niveles de pobreza, son más propensos a que se desarrollen este tipo de prácticas.
Para realizar una denuncia por uso de programas sociales con fines electorales o para conocer más de la iniciativa de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, visita el sitio www.democraciasinpobreza.mx.
